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Pedro Javier Rojas Guevara
Ser migrante, tener coronavirus y vivir en un pagadiario
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Autoaislarse en un alojamiento donde los inquilinos generalmente viven hacinados es imposible, además de un riesgo inminente para los que no están contagiados.
Michel Ramos1 llegó a Colombia hace un poco más de dos años. Vino con su madre, su sobrino y su hija Anahí de año y medio, luego de que su hermana muriera por una bala perdida durante las protestas en Caracas. Buscaba una vida mejor y especialmente atención médica para Anahí, que para ese momento tenía problemas de salud. El año pasado Michel tuvo un hijo con un colombiano. Se llama Jonás, tiene cinco meses y, al igual que su mamá y su hermanita, todo parece indicar que tiene coronavirus.
Los tres viven en un pagadiario en el barrio Santa Isabel, al sur de Bogotá, y desde que comenzó la emergencia por covid-19, el colombiano que administra ese lugar ha intentado sacarlos a ellos y a los 32 huéspedes restantes (casi todos venezolanos) en varias ocasiones. A pesar de que existe una directriz presidencial que los exonera de pagar arriendo durante la emergencia y que prohíbe su desalojo, el colombiano se ha empeñado tanto en hacerlo que, en días pasados, Michel y otros huéspedes acudieron a la Policía.
Allí la respuesta fue peor. En dos ocasiones, los agentes del CAI Santa Isabel les dijeron que debían negociar con el arrendador, que la Policía no podía hacer nada y que la “ley” que por ahora los libra del pago es solo para colombianos, ignorando no solo que en estos hospedajes también viven colombianos (muchos de ellos víctimas del conflicto armado y desplazados), sino que además los hijos de venezolanos nacidos en Colombia desde enero de 2015 tienen nacionalidad colombiana. Jonás, el hijo de Michel, es uno de ellos.
Finalmente, después de mucho aguantar los intentos de expulsión por parte del arrendador, el pasado 19 de abril, Michel, su familia y el resto de inquilinos de este pagadiario fueron expulsados. ¿La razón? El día anterior un médico y una ambulancia llegaron al lugar para tomarle la prueba de covid-19 a Michel y a su hija.
Desde hacía diez días Michel tenía síntomas del virus. Comenzó con una fiebre manejable que a los tres días escaló a 40 y la postró en la cama. Su madre, que duerme en la habitación contigua con su otro nieto y que sabe que Michel permanece en contacto con sus dos hijos (además de amamantar al pequeño), llamó al 123 el 8 de abril y le dijeron que enviarían una ambulancia que nunca llegó. El 13 de abril volvieron a llamar y de nuevo les dijeron que enviarían una ambulancia que tampoco llegó.
En vista de eso y de que los síntomas seguían, personas de la Fundación Karol Wojtyla, que ayuda a migrantes en condición de vulnerabilidad, presionó a la Secretaría de Salud a través de un contacto para que, efectivamente, enviara la ambulancia.
El 18 de abril la ambulancia por fin llegó y el médico que les practicó la prueba a Michel y a su hija les dijo que debían permanecer en la habitación y que en cinco días podrían consultar el resultado de la prueba. (¿Cómo? ¿Por internet? Si la mayoría de migrantes no tienen acceso a este y mucho menos cuando sus fuentes de ingresos se agotaron con la cuarentena).
No obstante, al día siguiente, el administrador del pagadiario expulsó a todos los inquilinos, incluida Michel y su familia. Quizás porque sabía el lío que se le vendría encima si las 35 personas que alojaba terminaban contagiadas.
Desde entonces, así como la mayoría de inquilinos expulsados, Michel y su familia migraron a un pagadiario en el barrio El Restrepo donde hay más hacinamiento. Con ayuda de la Fundación pudo arrendar una habitación para ella y sus bebés, pero cada vez que va al baño corre el riesgo de contagiar a alguien. Hoy, 17 días después de que le hicieran la prueba, no sabe si dio positivo.
Entonces, ¿cómo deben pasar la cuarentena las personas que viven en pagadiarios y que, en su mayoría, son migrantes venezolanos?
El balance general que Presidencia publicó de la situación de los migrantes y el covid-19 advierte que la ruta de atención a los migrantes venezolanos con posible contagio o contagiados es la misma que la de cualquier ciudadano colombiano y que las respuestas frente a esta emergencia no tienen nacionalidad. Tan es así, que la cifra de migrantes venezolanos con coronavirus es clasificada y funcionarios del gobierno aseguran que es mínima.
Sin embargo, si uno mira el caso de Michel, cuesta creer que las condiciones en que viven muchos migrantes no sean proclives al contagio por covid-19. El balance mismo reconoce que existen dificultades para los migrantes que necesitan aislamiento en casa porque no cuentan con las condiciones para autoaislarse.
Y los lineamientos que el Ministerio de Salud estableció para la prevención y manejo de casos de coronavirus en población migrante establecen que se deben “disponer y/o acondicionar espacios para el aislamiento preventivo o por contagio de coronavirus para las personas migrantes que no tengan un lugar de residencia y/o estén en una situación irregular en el país”.
Cuando le pregunté a la Gerencia para la Migración desde Venezuela cómo deben autoaislarse los migrantes con coronavirus que viven en pagadiarios me respondieron que es una medida que depende de cada ente territorial pero que debe ceñirse a los lineamientos: “utilizar habitaciones o zonas aisladas del resto de personas, usuarios y trabajadores del servicio sociosanitario”.
Hablé entonces con un funcionario de la Secretaría de Salud de Bogotá, la autoridad a la que le compete el caso de Michel, y la respuesta fue la siguiente: “así como a una persona que estaba en San Andrés de vacaciones le toca en un hotel o a alguien le puede tocar en un motel, ellos (los migrantes que viven en pagadiarios) deben pagar una habitación privada y pasar allí el aislamiento”.
Pero, ¿cómo paga uno una habitación privada cuando vive de vender dulces en la calle y llevamos más de un mes en cuarentena obligatoria?
Nota: Aunque a diferencia de Michel puede que haya muchos otros migrantes que sí recibieron la atención médica a tiempo y están a salvo (porque sin duda el gobierno nacional y los entes territoriales están tratando de responder como pueden), el que un solo caso no sea atendido pone en riesgo a cientos de personas, como pueden estarlo los inquilinos del primer y segundo pagadiario en que Michel ha estado con síntomas de covid19.
1Nombre cambiado por seguridad.
Foto: Esteban Vega La-Rotta
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