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Si las Farc realmente reconocen su responsabilidad, será histórico
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Esta columna fue escrita en coautoría con Mariana Casij*
El pasado 26 de enero la JEP estableció que entre 1993 y 2012 las antiguas Farc-EP llevaron a cabo secuestros a gran escala de civiles y miembros de la fuerza pública, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Estos cobijan a más de 2500 víctimas de todas las regiones del país, de las cuales 170 eran policías y soldados.
El auto determinó que los miembros del secretariado tenían poder de mando en la organización y que, por tanto, son directamente responsables de crímenes internacionales como la toma de rehenes, homicidio, tortura, violencia sexual, entre otros.
El trabajo de la JEP también busca explicar cómo funcionaban las estructuras, lógicas y objetivos criminales de las Farc. En el auto, la JEP estableció que el secuestro no era algo aislado sino que hacía parte de diferentes políticas para financiar y expandir la organización, para desestabilizar y controlar entidades del Estado y para ejercer control social y territorial, entre otros.
Al final, la JEP les dio un plazo de 30 días a Timochenko, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Julián Gallo y Rodrigo Granda, entre otros, para decidir si aceptan su responsabilidad por los delitos de los que se les acusa.
¿Por qué sería histórico?
Hasta el momento, y luego de más de 50 años de espera para algunas de las víctimas que de otra manera difícilmente habrían podido ver a los responsables rindiendo cuentas por el secuestro, las Farc han hecho dos pronunciamientos sin precedentes.
En el primero, de septiembre de 2020, piden disculpas públicas por el delito de secuestro: manifiestan arrepentimiento y reconocen el dolor de sus víctimas. En el segundo, hecho esta semana, reiteraron que reconocerán su responsabilidad ante la JEP e invitan a los demás actores del conflicto a hacer lo mismo.
Pero eso, que políticamente ha sido supremamente valioso, jurídicamente y ante el proceso de justicia transicional que tienen en la JEP no es suficiente.
Si quieren acceder a las sanciones propias (las menos severas), cada uno de los miembros del extinto secretariado que está siendo acusado tiene que reconocer individualmente verdad y responsabilidad respecto de todos los delitos y las políticas por los que la JEP los acusa.
Por ejemplo, los ex miembros del secretariado tendrán que reconocer toda la verdad y aceptar su responsabilidad por el secuestro como mecanismo de financiación de las Farc para forzar intercambios de miembros de la fuerza pública con guerrilleros encarcelados y como forma de control social y territorial, entre otros.
Las sanciones a las que pueden acceder si reconocen su responsabilidad y además cumplen con las demás obligaciones que tienen -como reparar y no volver a delinquir – no implicarían ir a la cárcel. Consistirían en 5 a 8 años de restricción de sus derechos en un territorio determinado y durante los cuales deberán ejecutar obras como la búsqueda de los desaparecidos y el desminado. Si no reconocen, ahí sí vendría la cárcel y hasta de 20 años.
Más allá de lo jurídico, esto tiene un valor histórico inmenso para Colombia y es además inédito en el mundo. Esta sería la primera vez que una guerrilla como las Farc reconoce su responsabilidad por crímenes internacionales ante un tribunal de justicia y dentro de un proceso de justicia transicional.
A manera de ejemplo, tanto el Ejército Republicano Irlandés (IRA) en Irlanda como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) en El Salvador, se transformaron en actores políticos dejando en el cajón la rendición de cuentas de los responsables de crímenes y sin responder ante la justicia o ante una comisión de la verdad.
Ahora, lo que pase con los ex miembros del secretariado de las FARC en el caso de secuestro puede también marcar la parada para los casos que vienen y en particular para el de los falsos positivos.
¿Cómo impacta lo que sigue en la JEP?
Esta semana, la JEP estableció que por lo menos 6.402 personas (y no 2.248 como se pensaba según los reportes de la Fiscalía General de la Nación) fueron víctimas en el caso que se concentra en los falsos positivos.
Además, identificó que el 66 por ciento del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, y que en el periodo de 2002 a 2008 se registró el 78 por ciento del total de la victimización histórica.
Respecto de este caso, que por ahora abarca lo ocurrido en Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, se puede esperar que en los próximos meses la JEP saque un auto similar al del secuestro.
Si lo hace, será el turno de los imputados en este caso de reconocer su responsabilidad y dar la cara a las víctimas como parte del requisito para acceder a las sanciones menos severas de la JEP.
Por todo lo anterior, los pasos que den los antiguos miembros del Secretariado de las Farc hacia un reconocimiento exhaustivo y detallado de lo ocurrido con el secuestro serán determinantes para obtener el beneficio penal que están buscando. También lo serán para demostrar ese “compromiso y voluntad en rendir cuentas ante la justicia” que han manifestado públicamente. Más aún ahora que el proceso es público y la sociedad entera podrá ser testigo de lo que ocurra.
En su último comunicado, las Farc manifestaron estar preocupados por que otros actores del conflicto igualmente reconozcan su responsabilidad. Su reconocimiento podría convertirse en la mejor invitación y la mayor presión posible para que eso ocurra.
*Mariana Casij es Asociada del Instituto para las Transiciones Integrales IFIT.
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