Situación de DDHH de las mujeres rurales en el Norte del Cauca

Esta entrevista a Sandra Peña fue realizada en conjunto con María Isabel Cajas y Valeria Piedrahita Perea. 

Según ONU Mujeres, América Latina y el Caribe es la región más peligrosa del mundo para las mujeres. Las dimensiones de violencia son devastadoras y se ven reflejadas en las tasas de diferentes hechos victimizantes y feminicidios. Colombia, lastimosamente, no es una excepción a la regla. Según el informe “El Progreso de las Mujeres en América Latina y el Caribe 2017”, el país ocupa el segundo puesto en este tipo de violencia del continente.

Actualmente, se está haciendo un llamado al Gobierno colombiano a que declare la emergencia nacional debido a la crisis humanitaria producto de las violencias que sistemáticamente afectan a las mujeres, al existir una transgresión recurrente en contra de su integridad y derechos. De acuerdo al boletín de feminicidios Vivas Nos Queremos–Colombia, desde inicios del año 2020 hasta el mes de agosto se han registrado 359 feminicidios en todo el territorio. Además, según Medicina Legal, en lo que va corrido del presente año (hasta mayo), se han presentado 16.473 casos de violencia intrafamiliar y 6.400 exámenes médicos legales por presuntos delitos sexuales.

Esta situación se agudiza tras el aislamiento obligatorio preventivo decretado por el Gobierno nacional como medida de contingencia al covid, ya que, en el marco de la emergencia sanitaria, la violencia intrafamiliar, especialmente contra la mujer, presenta cifras alarmantes. Muestra de ello son los datos presentados por la Fundación Pares, al revelar que desde el 25 de marzo hasta el 22 de junio de 2020 se han presentado 103 feminicidios.

Al mismo tiempo, se han registrado preocupantes cifras de violencia política hacia la mujer en razón de género, pues según Indepaz, desde el 1 de enero hasta el 13 de septiembre de 2020, han sido asesinadas 20 mujeres debido a los liderazgos que realizaban en sus territorios.

Asimismo, el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia reveló que, tras la firma del Acuerdo de Paz, el año 2019 fue el más violento contra los liderazgos sociales: de 108 personas asesinadas, 15 fueron mujeres y 2 integrantes de población Lgbti, donde el 75 por ciento de los casos fueron perpetrados en zonas rurales, caracterizadas por tener un alto índice de pobreza multidimensional. El Cauca es uno de los departamentos más golpeados por este flagelo. 

Ahora bien, aterrizando lo anterior al norte del Cauca, es necesario destacar lo revelado por la Mesa Territorial de Garantías, en tanto indican que, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta mayo de 2020, se han asesinado a 26 mujeres (y 189 hombres) lideresas y defensoras de los derechos humanos.

Así las cosas, para efectos del presente artículo, se evidenciará la situación de violencia hacia las mujeres en esta zona, pues además de ser una de las regiones históricamente más golpeadas por la violencia armada, y, en la actualidad por la reconfiguración del conflicto armado por presencia de nuevos actores armados en la región, también se evidencian afectaciones diferenciales hacia este grupo poblacional. A pesar de lo anterior, esta región se caracteriza por el trabajo comunitario y colaborativo de mujeres rurales de distintos orígenes y cosmovisiones que apuestan a la construcción de paz y a la reivindicación de la vida y de sus derechos.

De esta forma, se dará cuenta de las aproximaciones conceptuales de la violencia de género, así como a la violencia política hacia la mujer en razón de género. Posteriormente, se evidenciará la violencia contra la mujer en el norte del Cauca en el marco del conflicto armado y en lo concerniente a la actual emergencia sanitaria. Se partirá de la base de la experiencia y testimonio de la lideresa social Sandra Peña del municipio de Buenos Aires, así como lo discutido en el Conversatorio Mujeres, Transformación Social y Ruralidad, adelantado por el Instituto de Estudios Interculturales-IEI de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

El norte del Cauca está conformada por Buenos Aires, Suárez, Villa Rica, Caloto, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Guachené, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribío, ubicados entre las Cordilleras Central y Occidental. Igualmente, la región se caracteriza por tener una alta convergencia étnica, pues cuenta con presencia de comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, quienes lideran importantes procesos organizativos.                                                                                                                                               

 ¿Qué es la violencia de género?

La alarmante situación que flagela a las mujeres en el país y en el mundo tiene un nombre: violencia de género o violencia hacia la mujer. Hacer uso de esos conceptos es reconocer que los distintos crímenes perpetrados contra las mujeres son una problemática de Estado y que, por lo tanto, deben ser tratados como tal. El género se entiende así como un orden social que determina las funciones, roles, valores, comportamientos, actividades y atributos que se otorgan a los hombres y a las mujeres.

Partiendo de lo anterior, la violencia de género/contra la mujer es entendida como cualquier acción o conducta que se desarrolla a partir de las relaciones de ?poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino, y por su parte, sub-valoran lo relacionado con lo femenino.

Así, este concepto sobrepasa otros términos o acercamientos a dicho fenómeno, como lo son la violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Esto, debido al reconocimiento de quién es la víctima, el agresor y el motivo de esa violencia, y por contemplar la existencia de otros espacios no domésticos ni familiares en los que las mujeres también son violentadas.

La conceptualización de la violencia de género se origina pues con el propósito de hacer referencia a las violencias que sistemáticamente han vivido las mujeres como consecuencia del sistema patriarcal, el cual establece relaciones asimétricas entre hombres y mujeres que termina subordinado a estas últimas. La violencia de género es entonces toda acción u omisión ejercida contra la mujer en razón de su género, y se manifiesta a través del asesinato, amenaza y/o agresión física, psicológica, sexual, económica y/o patrimonial.

La violencia política en razón del género, una manifestación de la violencia contra la mujer

La violencia de género se manifiesta de diferentes formas y es utilizada como un mecanismo de dominación y control, tanto en el ámbito público de las vidas de las mujeres, así como en el privado. En consecuencia, como es fundamental el reconocimiento de la violencia que histórica y sistemáticamente han padecido las mujeres con el uso de los términos de violencia de género o violencia hacia la mujer, es elemental distinguir entre la violencia política hacia las mujeres en razón de género, y violencia hacia las mujeres (o violencia de género).

La violencia política hacia las mujeres en razón de género, a diferencia de la violencia de género o contra la mujer, hace referencia a las violencias que tienen como objetivo reducir o frenar el goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres por ser mujeres. En ese sentido, esta manifestación de violencia se expresa en su asesinato por participar en espacios políticos, así como en la agresión física, sexual o psicológica. Lo anterior, con el fin de perjudicar sus aspiraciones, complacencia y ejercicio de sus derechos políticos. 

El porqué de la violencia

Las cifras inicialmente reveladas exponen de alguna forma la situación histórica de violencia que han sufrido las mujeres en el país, por lo que los siguientes factores podrían explicar la razón de su recurrente perpetración.

El primero de ellos tiene que ver con la agresión o violencia sistemática de hombres sobre mujeres; debido a la modernización de las tecnologías, el acompañamiento psicosocial, los avances en los canales de denuncia, así como la concientización y/o empoderamiento femenino, eventos son cada vez más visibles y, en este orden de ideas, las cifras siguen mostrando un incremento.

Un segundo elemento se relaciona con la sociedad patriarcal en la que convivimos, llevando a un sometimiento histórico de la mujer tras la división sexual del trabajo, fundamentado a su vez en las condiciones biológicas entre un género y otro. En ese sentido, nuestras dinámicas sociales se han sustentado en la “capacidad” de provisión económica del hombre, mientras que a la mujer se le han asignado las tareas del hogar, limitando sus capacidades organizativas, productivas e intelectuales.

El tercer y último aspecto podría vincularse con la inoperancia de las instituciones del Estado para generar una trazabilidad de los hechos denunciados, y en este orden de ideas, adoptar medidas integrales para la mitigación de la violencia de género. Si bien ha habido un avance en las líneas de atención y recepción, la respuesta institucional a estos acontecimientos no ha sido suficiente, ya que obviando la crisis sanitaria actual, debido a la reducción aún más evidente de la capacidad de acción y de recursos humanos del Estado, la violencia contra la mujer no ha tenido la atención necesaria. Pues pese a que la mayoría de casos son denunciados por las mismas víctimas, en los últimos diez años han ocurrido más de 2500 feminicidios en Colombia, siendo en su mayoría advertidos ante los órganos competentes.

Esta percepción de ineficacia de las instituciones para tramitar la violencia de género se evidencia en lo manifestado por Sandra Peña, pues indica que es necesario “trabajar más en el acceso a la justicia, y capacitar a los funcionarios en este aspecto. (Además), debe consolidarse la Secretaría de la Mujer en los municipios, no a través de enlaces, sino con las propias instituciones (…) es necesario que estas funcionen y tengan presupuesto para realizar campañas de prevención y concientización sobre los tipos de violencias a niñas, mujeres y comunidad Lgbti”.

Adicionalmente, vale la pena indicar que desde la firma del Acuerdo de Paz hasta mayo de 2020, se ha registrado un aumento de los homicidios de mujeres defensoras de derechos humanos y lideresas sociales, poniendo en evidencia que, debido a la presencia de actores armados en el territorio se exacerba la violencia y se niega el diálogo como un mediador de los conflictos. A esto se añade la doble discriminación que sufren ciertas poblaciones basadas en condiciones étnicas, culturales y de género, propias de mujeres rurales, quienes sobrellevan las limitaciones respecto al acceso a políticas, programas, bienes y servicios del Estado.

En este punto es importante reiterar la corresponsabilidad del Estado, en lo que respecta a la violencia política hacia las mujeres en razón de género, debido a los vacíos de implementación del Acuerdo de Paz, así como en la puesta en marcha de instrumentos como el Plan de Acción Oportuna-PAO. Este y otras iniciativas gubernamentales no solo han desconocido el carácter humano, colectivo y preventivo de la protección de líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos acordadas en La Habana, sino que, además, es inefectivo en su propósito; pues desde la posesión del presidente Iván Duque hasta mayo de 2020, se han asesinado a 21 mujeres y 128 hombres en el departamento del Cauca.

El enfoque de seguridad –militarista– que ha impulsado esta administración no ha servido para el cese de la violencia contra liderazgos políticos y comunitarios en el departamento; a pesar de que el Cauca cuenta con 618 miembros de la Fuerza Pública por cada 100.000 habitantes; una tasa de 32 homicidios por cada 100.000; y 1.3 miembros de las Fuerzas Militares por cada kilómetro cuadrado, las condiciones de inseguridad son descomunales. 

Es así como dichos liderazgos y particularmente las mujeres rurales han sufrido una doble victimización en el marco del conflicto. Por un lado, su agencia/cuerpo es usado como botín de guerra por parte de los actores armados, y por otro, al representar una amenaza para su control territorial, son blancos de amenazas y todo tipo de hechos victimizantes contra sus vidas y la de sus familiares.

En otras palabras, “las agresiones y amenazas a las lideresas suelen concentrarse en su cuerpo y sexualidad, lo que además de generar riesgos diferenciados, se constituye en actos crueles y violentos que buscan castigarlas por ejercer liderazgos en sus comunidades”. 

Las voces de las mujeres lideresas de la región confirman lo anterior. Según los planteamientos de Sandra Peña, las mujeres se ven afectadas de muchas formas, ya que sus cuerpos se convierten en botín de guerra. El ser mujer implica tener que vivir el reclutamiento forzado de hijos, o el secuestro y asesinato de sus esposos. Adicionalmente, las mujeres que quedan viudas no solo les toca enfrentar el duelo por estos hechos, sino, además, la carga económica y el tener que adoptar las responsabilidades por completo del hogar.

Dichas agresiones corresponden así al sistema patriarcal, mencionado previamente, en el que los valores y roles atribuidos a las mujeres contienen una relación inherente al ser madres y a su cuerpo y, por tanto, el daño que pretenden causar se direcciona a la afectación de su núcleo familiar y a su agencia.

Por otro lado, es importante señalar el nexo que existe entre los liderazgos victimizados con la gestión y apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz (AP) -principalmente, respecto a la Reforma Rural Integral (RRI) y al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Ya que, además de volverse flanco de ataques por su respaldo a la construcción de una paz territorial, pone en evidencia el contenido sexista de la violencia contra lideresas, pues los ataques contra estas se ejerce como castigo por su trabajo público en espacios organizativos, lo que demuestra la existencia de riesgos diferenciados entre hombres y mujeres para el ejercicio de liderazgos sociales en el territorio.

Finalmente, vale la pena añadir que la situación de vulnerabilidad estructural y de desprotección es aún más evidente para mujeres lideresas indígenas y afrodescendientes. Tal como lo señala el Instituto Krock, aproximadamente el 24 por ciento de las agresiones en el 2018 fueron contra estos liderazgos, debido a la defensa y oposición que estas mujeres y sus comunidades ejercen en contra del establecimiento de economías ilegales y/o de carácter extractivista en el territorio.

En la ruralidad, también es importante evidenciar que los liderazgos campesinos cuentan altos índices de victimización pues, desde la firma del AP, en el departamento del Cauca se han asesinado a 57 campesinos y campesinas.

Radicalización de la violencia en épocas de pandemia

Si bien la violencia contra la mujer ha sido una constante histórica en el departamento del Cauca y en Colombia en su conjunto, la crisis sanitaria actual ha reforzado la situación de vulnerabilidad de líderes y lideresas sociales. No solo por lo anteriormente mencionado, sino también debido al aprovechamiento del contexto por parte de grupos armados y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico para reforzar su control territorial y consolidar su dominio sobre rutas estratégicas del tráfico de estupefacientes.

Pese al aislamiento obligatorio preventivo, los homicidios y agresiones a los derechos humanos siguen en aumento, por lo que diferentes organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional, han hecho un llamado para que la administración central y las locales, aseguren la implementación de medidas de protección integral, con base a las fuentes de riesgo y a lo acordado en La Habana.

Desde lo que va corrido de la pandemia ha habido 20 asesinatos de líderes y lideresas sociales, así como desplazamientos forzados de 119 familias, incluidos 7 adultos mayores, 79 niñas, 81 niños, 118 hombres y 115 mujeres en el Municipio de Argelia, y más de 280 personas desplazadas en los corregimientos de San Juan de Micay y Huisitó, en el municipio de El Tambo. 

Otra arista importante a considerar tiene que ver con la exacerbación de las brechas de género, pues además de ser las mujeres caucanas mayoritariamente trabajadoras, la emergencia sanitaria ha hecho evidente el desbalance entre hombres y mujeres respecto a las tareas de cuidado y del hogar, sin mencionar la intensificación de la violencia intrafamiliar.

En el marco del aislamiento preventivo decretado en marzo, hasta el 5 de mayo de 2020, en el Cauca, se han reportado 12 llamadas para orientación de la Ruta de Atención, 93 casos de violencia intrafamiliar, 11 hechos de violencia sexual y 3 de acceso carnal violento, 1 caso de acoso cibernético y 1 feminicidio. Estos hechos han ocurrido en su mayoría, en la zona norte del departamento que, como se ha reiterado, se caracteriza por diversas dinámicas de violencia, así como por ejercicios de construcción de paz y de tejido social, paradójicamente, jalonado por colectivos de mujeres.

No es en vano que lideresas como Rosana Mejía de Aconc, Aida Quilcué de la Onic, Nury Martínez de Fensuagro, Miyela Riascos como vocera del Comité Ejecutivo del Paro Cívico de Buenaventura, entre muchas otras, coincidan en que han sido las mujeres las gestoras de escenarios importantes de toma de decisiones y de construcción de paz desde y para sus territorios. Y que si bien se han encontrado trabas en el camino, su unión se direcciona hacia una articulación intercultural, basada en la construcción conjunta para recrear sus proyectos de vida y el de sus familias, pero teniendo como base el respeto por las visiones, perspectivas y culturas que la integran.

Adicionalmente, en el marco del Conversatorio Mujeres, Transformación Social y Ruralidad, las lideresas mencionadas señalaron que debido a la pandemia tanto las mujeres rurales como el campo en su generalidad, se ha visto solo como una despensa, haciendo cada vez más evidentes las inequidades entre la ruralidad y la ciudad, y en la que se ha cargado negativamente a la clase trabajadora.

Conclusiones

Las experiencias descritas por la lideresa entrevistada, así como el Conversatorio en mención, han evidenciado la vulnerabilidad de las mujeres rurales en Colombia especialmente en la zona norte del departamento del Cauca. Las distintas discriminaciones y violaciones a sus derechos, responde a un racismo estructural e histórico que ha padecido nuestro país y que se encuentra permeado en distintos niveles, escenarios, e instituciones.

Dicho racismo se agudiza debido al modelo de desarrollo predominante, así como por la existencia de economías de carácter ilegal que no solo afectan directamente el buen vivir y la cosmovisión de las mujeres y las comunidades rurales, sino también refuerzan la estructura patriarcal tendiente a dividir y dictaminar las responsabilidades entre un género y otro.

En ese sentido, y con miras a gestar una transformación social integral, esta debe ir orientada hacia el respeto de la diversidad, lo que implica una mirada intercultural de las oportunidades/problemas, y un trabajo mancomunado entre hombres, mujeres, niños, niñas, organizaciones, Estado, el sector privado y la comunidad internacional. La transformación, por tanto, se da en dos niveles, hacia adentro y hacia fuera, teniendo en cuenta la importancia de consolidar el empoderamiento económica de las mujeres rurales, relacionado a la soberanía alimentaria, así como sobre una articulación efectiva entre el campo y la ciudad, mencionando además, el reconocimiento y valoración de los trabajos de cuidado como eje fundamental para la generación de la vida. 

Vale la pena evidenciar que el modelo patriarcal se sostiene bajo la lógica de guerra impuesto en muchos de los territorios rurales, vigente aún a pesar de la firma del AP en 2016. Lo anterior cobra vital relevancia en territorios del norte del Cauca, toda vez que muchos de estos municipios evidencian índices alto de vulnerabilidad a los DD.HH., por la disputa de nuevos y viejos actores armados en el contexto de lo que hemos llamado reconfiguración del conflicto armado.

La sociedad tiene un reto mayor; exaltar el papel de la mujer rurales como hacedoras de iniciativas de construcción de paz y de reconciliación, y cómo ellas enfrentan la lógica de guerra y defienden la cultura de protección y defensa de la vida, en muchos de estos territorios.

Aunque el panorama ciertamente impone retos de cara a la transformación y al reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad, es imperativo mencionar que, comparado con dinámicas pasadas, se evidencia en la última década un incremento de la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, y acciones colectivas y de reconocimiento de derechos. En especial de las mujeres rurales, que se ha dado justamente por el fortalecimiento y construcción de confianza entre mujeres y demás integrantes de las organizaciones, así como por el apoyo de sus familias, y de una consciencia cada vez mayor de la sociedad civil. Vale la pena resaltar todas las acciones con impacto en los territorios rurales del Cauca en el marco de la conmemoración del 8 de marzo o del 25 de noviembre.

En definitiva, a pesar de ser el norte del Cauca una de las zonas más golpeadas por la violencia armada, y caracterizarse por una situación de violencia estructural hacia las mujeres rurales, esta región también se distingue por el trabajo comunitario y colaborativo, aunque a muchos liderazgos sociales “les haya tocado hacer caminos de vida en el marco de la guerra”. Tal como lo expresó Sandra, las mujeres en el departamento se articulan en el territorio de diferentes maneras, y una de estas, es desde las organizaciones sociales compuestas por mujeres de distintos orígenes y cosmovisiones, desde las cuales se consolidan ejercicios orientados hacia la construcción de paz y a la reivindicación de la vida y de sus derechos.

Es muy importante que los programas evidenciados a facilitar la construcción de paz territorial adopten el enfoque de género, tal como lo plantea el AP, y lo han dicho durante años los colectivos y organizaciones de mujeres. Es pertinente que alrededor del Pdet y del Pnis se prioricen programas enfocados en el empoderamiento económico de la mujer rural y en las apuestas de reconciliación lideradas por mujeres.

Por último, queda por mencionar la importancia de reconocer el llamado realizado por diferentes organizaciones, colectivos, y movimientos de mujeres, para que el Gobierno colombiano declare emergencia nacional debido a la crisis humanitaria producto de las violencias que sistemáticamente nos afectan y que afectan a las mujeres rurales. Lo anterior, para que las agresiones de las que somos víctimas, sean tratadas de manera integral y poder evitar la re-victimización y/o la propagación de cualquier manifestación de violencia.