Un campo que carece de seguridad social

Mar 03, 2021

Santiago Flórez Gómez

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El problema es que se parte de la premisa de que el empleado gane al menos un salario mínimo, pero el 72 por ciento de los trabajadores del área rural tienen un ingreso inferior a este.

Es tan extensa la lista de males que aquejan a los pobladores rurales que muchas veces se pasa por alto un tema que es básico para su bienestar: el campo carece de seguridad social. En la zona rural la informalidad es del 85 por ciento, es decir, sólo 15 de 100 trabajadores están cotizando pensión. Los trabajadores rurales que cuentan con seguridad social son en su mayoría empleados que no desarrollan su actividad en el sector agropecuario -principalmente funcionarios públicos o empleados del sector comercial o minero-. Gran parte de quienes están ocupados en el sector agropecuario se agrupan en trabajadores por cuenta propia y jornaleros: del primer grupo sólo 2 por ciento cotiza a pensión y del segundo grupo la cifra apenas alcanza el 11 por ciento.

El problema radica en que el sistema de seguridad social parte de la premisa de que el empleado gane por lo menos un salario mínimo, pero este requisito poco se cumple en la zona rural. Los últimos datos demuestran que el 72 por ciento de los trabajadores del área rural tienen un ingreso mensual inferior al salario mínimo, mientras en el área urbana el 35 por ciento tiene un ingreso mensual inferior a un salario mínimo, según datos del Dane.

Esta situación evidencia otro ejemplo de políticas públicas que se hacen y se imponen ignorando las particularidades y dinámicas del campo. El sesgo urbano de las políticas y las leyes van en detrimento del campo; al desconocer los distintos contratos laborales que existen en la ruralidad se tiene a la gran mayoría de los pobladores rurales sin acceso a pensión. Por eso es necesario pensar en un sistema que sea acorde a las dinámicas del mercado laborar rural. Por ejemplo, uno que tenga en cuenta la estacionalidad de las cosechas; que un jornalero puede tener más de un empleador en una semana de trabajo, incluso más de uno en un día; o que los riesgos laborales en el campo son muy distintos a los que implican los trabajos urbanos.

Por este vacío entre la normatividad y la realidad, y las precarias condiciones laborales, en la Reforma Rural Integral de los Acuerdos de Paz se estableció el punto 1.3.3.5: “Formalización laboral rural y protección social, donde se señala que el Gobierno Nacional fortalecerá al máximo el sistema de protección y seguridad social de la población rural, con un enfoque diferencial y teniendo en cuenta la situación particular de las mujeres. El Gobierno Nacional creará e implementará el Plan progresivo de protección social y de garantía de derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales”. Pero lo cierto es que estos acuerdos se han quedado sin liderazgo en el alto nivel, y por lo tanto se han convertido en planes escritos con una ejecución incipiente y sin respaldo presupuestario.

En la práctica, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) ha sido el gremio que más ha presionado para que se haga una reforma rural laboral, en particular, que se pueda pagar por día de trabajo un jornal diario integral rural que incluiría el acceso a pensión y salud. La propuesta de flexibilización laboral es muy similar a la que se realizó en Perú, que fue un pilar fundamental para atraer inversión y convertirse hoy en día en un importante jugador agroexportador. La ley 27360 del 2000 creó el concepto de remuneración diaria, incluyendo el pago de vacaciones, festivos, y un aporte al seguro de salud del 4 por ciento hecho por el empleador -normalmente es del 8 por ciento-.

El problema de esta propuesta, como ocurre con la mayoría de reformas laborales, es que los trabajadores entienden la palabra “flexibilización” como una precarización de sus condiciones laborales -muchas veces con razón-. Además, el jornalero puede ver reducido sus ingresos en el presente, y aunque es por su bienestar futuro, muchas veces lo entiende como una desmejora en sus ingresos. También hay que tener en cuenta que las empresas de pensiones privadas pueden ver engorrosa la aprobación de esta reforma laboral, pues ello implicaría captar sumas pequeñas dispersas por todo el país y con una frecuencia irregular, lo que representa unos costos operativos y administrativos que podrían ser más altos que los beneficios.

A pesar de estos problemas, la solución que ofrece la SAC, en caso de llevarse a buen término, es muy favorable para los inversionistas, pues da claridad sobre los costos formales laborales. Está comprobado cómo esta reforma es un elemento clave para la atracción de inversión. Por otro lado, se formalizaría a la mayoría de los jornaleros que constituyen el 12,4 por ciento del total de empleo rural.

No obstante, la gran pregunta que queda es cómo hacer que en esa reforma se incluya a los trabajadores por cuenta propia que constituyen el 53,5 por ciento del grueso de la fuerza laboral rural. ¿Cómo hacer que personas con ingresos raquíticos sean parte del sistema pensional? ¿Qué alternativas existen para protegerlos en su vejez?

Parte de la respuesta la ha dado Colpensiones con los Beneficios Económicos Periódicos (Beps). Este es un programa de ahorro voluntario flexible que busca proteger a trabajadores a quienes sus ingresos no alcanzan para cotizar pensión, con un subsidio del 20 por ciento adicional del valor ahorrado -aportes desde cinco mil pesos-. Otra parte de la respuesta es el Artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, donde se establece un piso mínimo de protección. Son herramientas que permiten llevar a los trabajadores que no están formalizados a una seguridad social contributiva. Pero acá vuelven a surgir preguntas: ¿cómo puede contribuir quien recibe ingresos que no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas? ¿Qué incentivo tiene para contribuir?

La respuesta es fácil de escribir pero muy difícil de ejecutar -como todo lo propuesto para el campo desde la ciudad-. Gran parte de los problemas sociales en el campo se resolverían mejorando sus ingresos, y una de las mejores formas de hacerlo es proveyendo infraestructura de calidad. Por otro lado se debe crear y sostener un estímulo que, por cada peso ahorrado, el Estado, como mínimo, lo doblará. Sólo con mejores ingresos y estímulos para ahorrar para la vejez podemos resolver otro problema estructural que aqueja a los habitantes rurales.

Es hora de que vayamos más allá de diagnosticar males; es el momento de irlos resolviendo.