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Con amagos de disidencias dentro de la coalición, revolcón de gabinete y precampaña electoral a 2018, el Gobierno quiere sacar 13 leyes para implementar el Acuerdo con las Farc.
Arranca el ‘Congreso de nadie’
El cuarto año del Congreso es, históricamente, el de mayor ausentismo. El Gobierno y las bancadas de la coalición buscan revertir la tendencia y sacar trece leyes para reglamentar el Acuerdo con las Farc.
En el Congreso hay un refrán que es común entre las bancadas cada vez que arranca un cuatrenio, a propósito de cómo repartirán las fuerzas con el Gobierno para sacar las leyes: “el primer año es del Gobierno, el segundo es compartido, el tercero es del Congreso y el cuarto es de nadie”.
Hoy arranca entonces el Congreso de nadie.
No solamente será de nadie porque a partir de hoy los congresistas estarán más interesados en lograr su reelección haciendo correrías por sus regiones, que en permanecer en los debates (con el agregado de que hay diez precandidatos presidenciales que son senadores), sino porque este será el octavo año del gobierno de Juan Manuel Santos, lo que implica un desgaste en la relación Gobierno-partidos.
A eso se suman las crisis de los partidos de la coalición, como la de La U; los que están pensando en sus propias candidaturas presidenciales sin la sombrilla de Santos como Cambio Radical, y la división de los conservadores entre santistas y uribistas, lo que impediría que el Gobierno tenga esta vez unas mayorías cómodas.
Y en este contexto, está la urgencia del Gobierno de sacar al menos siete proyectos que le faltan para la implementación del Acuerdo de paz con las Farc.
Lo que viene
Con un Congreso en campaña y un Gobierno de salida, a lo máximo que aspira el Gobierno es a sacar vía Fast Track los proyectos que faltan para reglamentar lo que falta del Acuerdo.
“Vamos a aspirar a que todos los proyectos se tramiten. Los gobiernos a estas alturas están de salida. A excepción del de César Gaviria (que hasta 1994 reglamentó apartes de la Constitución), nosotros seremos los únicos que a estas alturas sigamos presentando proyectos”, nos dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera.
Entre los siete proyectos nuevos que tienen prioridad están el que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); la reforma política; una norma de reservas forestales; el que garantiza la participación y movilización ciudadana; la de desarrollo rural que aterriza el punto 1 del acuerdo; uno para formalizar la tierra rural; y un régimen especial de penas para los pequeños cultivadores de droga.
”Aspiramos a tramitar todos los proyectos”
Entre los seis proyectos que ya están en carrera, se cuentan las 16 circunscripciones para 2018 para igual número de nuevas curules en la Cámara por 8 años, el que garantiza el monopolio de las armas por parte del Estado (un proyecto que pidieron las Farc para evitar lo que llaman la expansión del paramilitarismo) y el que legaliza la entrada de 1.300 ex guerrilleros escoltas a la Unidad de Protección.
Pero desde hace un mes los partidos han manifestado sus molestias con algunos de estos proyectos, que son clave para que Santos cumpla su promesa de dejar lista la reglamentación de lo acordado con las Farc el próximo año.
Las objeciones responden en parte a pataletas burocráticas (como lo contamos con La U), y también a cálculos electorales.
Por ejemplo, el de las circunscripciones especiales no gusta entre los partidos conservador, La U y Centro Democrático, porque quieren que las colectividades participen en esas elecciones (que son exclusivas de organizaciones víctimas de la violencia).
”No podemos dejarlos colgados (a las Farc) con las normas”
Ese proyecto volverá al Congreso la próxima semana para su votación en Senado y después pasará a Cámara, donde el debate será más difícil, porque afecta directamente a los congresistas que dependen de su circunscripción regional para ser elegidos, como por ejemplo los del Meta, del Valle y una parte de Antioquia.
Respecto a la reforma política, que está en discusión entre partidos y Gobierno desde marzo y solo hasta mayo pudo ser radicada, algunas de sus normas no cuentan ni siquiera con el respaldo del Presidente, como la lista semicerrada para 2018 en el Congreso y la completamente cerrada a partir de 2019.
Como contamos, Santos le dijo a su bancada de La U que esta propuesta de que los votantes voten por el logo del partido y no por los aspirantes al Senado y Cámara de manera individual en 2018 solo beneficiaría al Centro Democrático de Uribe, pese a que el propio Santos había defendido la lista cerrada porque “disciplinaba y ponía orden interno” a las colectividades.
Otro punto en discordia es la posibilidad de hacer coaliciones entre partidos en las listas al Congreso, una norma que ya es constitucional desde la ley de equilibrio de poderes y que en la reforma política quedaría reglamentada.
Lo que quiere el Gobierno es que esta norma blinde a las colectividades pequeñas para que puedan armar listas en coalición para el Congreso y así no pierdan representación en 2018. A su favor están el Polo, los Verdes, el Mira y los movimientos Compromiso Ciudadano (de Sergio Fajardo) y Progresistas (de Gustavo Petro).
Pero partidos como los conservadores, La U y Centro Democrático, quieren que esa norma se amplíe para todos los partidos, y así quedar más fortalecidos de cara a marzo.
“Si eso funciona, nosotros podríamos hacer una coalición con los conservadores para lanzar listas en algunas regiones”, nos dijo el representante uribista Santiago Valencia, cuyo partido nunca ha votado proyectos que reglamentan el Acuerdo.
Otro punto son los arreglos que le quieren meter a la misma, por parte de las colectividades. Y es que la llamada disidencia de La U ya tiene más aliados para incorporar a la reforma la ley que permita el transfuguismo. Una jugada que el Gobierno cree inconveniente.
“Todo ese esfuerzo que hemos hecho en el país para hacer una política sería se iría para atrás con esa ley”, dijo el ministro Rivera.
De aprobarse el transfuguismo que quiere La U, saldría ganando el Centro Democrático, cuyas bases son del autodenominado partido del presidente Santos y algunas del conservatismo.
Pese a la estocada de la Casa de Nariño a la lista cerrada, a las diferencias entre bancadas pequeñas y grandes para dar vía libre a las coaliciones y a la amenaza de una reforma que permita el voltearepismo a ocho meses de las elecciones, el ministro Rivera nos dijo que en una reunión de mañana con los ponentes de la reforma “daremos el debate” de esos temas para que haya una ponencia concertada y con aval del Gobierno.
De otro modo, la pelea por esas normas las darán en la plenaria, ya que con las nuevas normas de la Corte al Fast Track, ya los congresistas no necesitan el aval del Gobierno para aprobar sus propuestas, por lo que los debates serán a voto limpio.
Los últimos aliados
Aunque reconoce que será un desafío, el Gobierno cree que con los aliados que todavía tiene puede sacar los proyectos para cumplir con la reglamentación y mantener la tendencia de aprobación entre 52 y 60 votos en el Senado.
“Esto es como el fútbol. Usted gana un partido 1-0 o 3-0 y tiene los 3 puntos. Si pasamos las leyes con 51 votos o más el resultado es el mismo, la ley pasó”, nos dijo Rivera.
Otros creen que el compromiso está ya adquirido con el Gobierno y con las Farc ya sin armas.
“Después de la dejación de armas, uno no los puede dejar colgados (con las normas)”, nos dijo el senador y director conservador Hernán Andrade.
De todos modos, para evitar un rompimiento de la Unidad Nacional, el Gobierno ha movido sus fichas para evitar que las crisis internas impacten en la votación de los proyectos.
Por un lado apoyando las elecciones en Senado y Cámara de los dos próximos presidentes, el conservador Efraín Cepeda y Rodrigo Lara, que han “apoyado sistemáticamente la paz”, como dijo Rivera.
Efraín Cepeda es uno de los congresistas más cercanos a la Casa de Nariño. Él hace parte de una bancada que ha apoyado al Gobierno (con Hernán Andrade, Miriam Paredes, Juan Diego Gómez, Roberto Gerléin, entre otros), pese a que las bases del partido conservador se dividieron en el plebiscito. Como hemos contado, dentro del partido crece la tendencia para tomar distancia del Gobierno Nacional, por un lado con la decisión de elegir candidato único a la Presidencia y por el otro, por la alianza que un sector impulsa para una alianza con el uribismo en las elecciones a 2018, dos movidas que ayudan al sector conservador del No de Marta Lucía Ramírez y Andrés Pastrana. El vargasllerista Rodrigo Lara fue uno de los pocos de su bancada en apoyar polémicos proyectos como el de la JEP, que fue criticado por el jefe de su partido, el candidato Germán Vargas y fue objeto de debate en las plenarias por parte de los senadores Germán Varón y Carlos Galán. El director del partido, Jorge Enrique Vélez, ha dicho que no votará la reforma política, por ejemplo. Pero en el Gobierno aún ven como aliados de Cambio a los senadores Varón, Galán y Motoa. Los otros (Juan Carlos Restrepo, Rosmery Martínez, Antonio Guerra y Bernabé Celis), se han alejado del Gobierno en votaciones clave, como la de la elección de magistrados de la Corte Constitucional
Por el otro, buscando un salvavidas a la crisis interna de La U.
Dos fuentes del partido nos dijeron, por aparte, que desde la Casa de Nariño pidieron ambientar la posible llegada del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri a la colectividad. Y la prueba que dan de ello es que desde inicio de esta semana los senadores Mauricio Lizcano, Armando Benedetti y Roy Barreras han pedido en redes que Iragorri deje el Ministerio para asumir la dirección de La U y organizarlo de cara a las elecciones al Congreso.
Sin embargo, dos fuentes de Palacio, y otras dos del Ministerio, nos dijeron, por aparte, que por ahora es un ruido y que no le quedaría bien a Iragorri llegar al partido en plena crisis agraria (por el brote de aftosa en el ganado y porque todavía no hay reglamentación del punto agrario del Acuerdo, que le corresponde a su cartera). Pero la renuncia protocolaria que el ministro Iragorri y demás miembros del gabinete entregaron ayer podría ambientar su salida.
Con o sin Iragorri para asumir el mando, algo que se resolvería de aquí a cuando el presidente Juan Manuel Santos defina si lo saca del gabinete, la reventada interna de La U pone en riesgo la unidad y garantía que había en la coalición de Gobierno, ya que pone una de las mayorías de los votos en el Congreso (57), con los liberales (58), seguidos por los conservadores (46), y Cambio (25).
Así, es entonces, la foto del Congreso de nadie que arranca hoy con la misión de hacerle honor a su compromiso de hace cuatro años de ser la Legislatura para la Paz.
