Así las Farc muestren sus minas, no hay cómo sacarlas

Colombia se comprometió a liberar de minas todo su territorio antes de 2021, pero no sabemos cuál es la situación real porque nunca se ha medido. “Todas son especulaciones, sin una base científica”, dice una persona que trabaja en prevención.

Técnicamente Colombia no es uno de los países con mayor número, ya que -a diferencia de Afganistán o Mozambique- no son millones de minas aunque sí miles desperdigadas por unos 700 municipios. Con 11.777 víctimas oficialmente reconocidas por la Unidad de Víctimas, es uno de los países más afectados.

Para llenar ese vacío se acordó crear una línea base que permita gradualmente identificar las zonas con precisión, para luego diseñar una estrategia con metas fijas y presentársela a los potenciales donantes internacionales. La idea era llevar esa propuesta de mapeo de minas a la tercera conferencia de revisión de la Convención de Ottawa en Maputo (Mozambique) en junio, aunque al final el Daicma -que hace pasó de ser Programa (Paicma) a dirección- terminó sacándola de su plan de acción.

“Hay que saber la dimensión del problema, porque mientras tanto todo son golpes a ciegas”, dice otra persona del sector.

En 2010 Colombia pidió una prórroga de diez años para cumplir con la Convención de Ottawa y firmó dos compromisos: incrementar la capacidad del Batallón de Desminado Humanitario del Ejército -que no da abasto hoy- y vincular a organizaciones de la sociedad civil en las tareas de desminado. Cuatro años después, no ha cumplido ninguna de las dos promesas y, como dice un experto en minas, “sale en los acuerdos de La Habana, pero nadie mira si hay desminadores”.

El Batallón militar de desminado, que debería crecer en dos pelotones cada año, hasta ahora solo ha sumado tres en cuatro años por falta de recursos. Aunque ha mejorado en calidad y ha aumentado su efectividad, dos personas que conocen el sector dicen que su ritmo es aún demasiado lento y que las ONGs de desminado son más rápidas.

Defensa le dijo a La Silla que una de las principales razones para no haber logrado ese ritmo de crecimiento del Batallón es que les ha tocado también brindarle protección a los funcionarios de la Unidad de Restitución que hacen trabajo de campo identificando predios. Y aclaró que también están desminando en lugares puntuales donde las comunidades identifican minas, así no estén en los municipios priorizados.

El problema es que la entrada al país de esas ONGs internacionales va aún más cruda, debido a que el proceso de acreditación se está demorando dos años y a que ha encontrado mucha resistencia entre los militares (muchos de los cuales incluso no ven con buenos ojos que el Ejército desmine).

A la británica Halo Trust, la mayor en desminado en el mundo y con una larga experiencia en Afganistán y Camboya, le tomó dos años surtir el proceso y ya está trabajando en un par de municipios del Oriente antioqueño. Ya tienen 150 personas, casi todos colombianos (algo importante ya que una de las reticencias entre los militares es que sean extranjeros los que asuman el desminado).

Las otras están lejos de arrancar. La Fundación Suiza para el Desminado (FSD) -que trabaja en siete países- superó hace un año las primeras dos fases pero pidió un plazo de un año para la fase de evaluación en terreno, que requiere reclutar desminadores, entrenarlos y comprar equipos, por falta de plata. Ayuda Popular Noruega (NPA) -que está en 18 países- está preparando los papeles, mientras que la francesa Handicap International está pensando arrancar. El Grupo de Desminado Danés (DDG) que manifestó interés en 2012 no ha empezado.

Otras dos, la multinacional de seguridad G4S y el consorcio Indra-atex (entre la española Indra y la Asociación de Técnicos en Explosivos colombiana), fueron desestimadas tras año y medio de proceso. Y la inglesa Mines Advisory Group (MAG) estuvo un par de años en el país pero se fue ante los retrasos.

Encima de eso, el proceso estuvo frenado durante un año, después de un informe de la Procuraduría a finales de 2011 que argumentaba que traer a civiles a desminar violaba los derechos humanos. Al Gobierno le tomó seis meses persuadir a Alejandro Ordóñez que, por el contrario, no desminar aumenta el nivel de riesgo de la población y que solo en Afganistán hay 8 mil civiles haciéndolo.

Por eso el reto para Colón será agilizar los trámites, que en otros países demoran unos meses, para que los civiles puedan desminar.

Que no tengamos una foto exacta de las minas en Colombia es, en parte, el resultado de una idea que hizo carrera en el Gobierno en los últimos dos años.

El proceso de desminado comprende dos etapas: primero se hacen una serie de estudios llamados 'no técnicos', que permiten ubicar las minas y trazar unos polígonos de las áreas afectadas. Tras esa etapa de diagnóstico, vienen el despeje y la destrucción de las minas. Normalmente ambas tareas se hacen a distintos ritmos (ya que el despeje es más demorado), pero desde que arrancó el gobierno Santos I no se puede hacer uno sin el otro inmediatamente después.

El argumento del Ministerio de Defensa -donde el desminado está a cargo del vice Jorge Bedoya- y también de Ávila es que no se deben hacer estudios técnicos si no hay plata para desminar, porque -si le llega a suceder algo a alguien- el Estado podría ser penalmente responsable. Esa idea, que en derecho se llama 'quedar en posición de garante', viene de una sentencia del Consejo de Estado en 2012 que condenó a las Fuerzas Militares por la muerte de un soldado que pisó una mina sembrada por el propio Ejército frente a una base.

No hacer más estudios ha impedido que en muchas regiones se puedan encontrar y señalizar las zonas sospechosas y, por lo tanto, educar a las comunidades que viven allí sobre los riesgos. Eso es un retroceso porque ubicar las minas ya es un gran paso, que no se puede dar por lo que uno describe como la filosofía del “es mejor no saber para no ser responsable”. (Una discusión similar también se dio en el primer gobierno de Álvaro Uribe, cuando el Paicma sostenía que señalizar las minas ya le podría acarrear responsabilidad al Estado).

“El desminado es en realidad un problema de información. Si uno sabe, no va y se le para encima [a la mina]. El estudio no le dice en qué lugar exacto, pero sí que en estos 10 mil metros cuadrados no te pares. Solo saber que en esos 10 mil metros es una ganancia. Lo importante es que esas comunidades estén informadas de dónde está el riesgo”, dice una persona que conoce el sector. Y que también cuestiona la interpretación jurídica de esa sentencia, argumentando que la condena al Estado es por no hacer nada y que prevenir ya es actuar.

Bajo esa lógica, hay todavía 300 mil metros cuadrados de minas, identificados desde hace varios años, que siguen esperando el desminado.

El desminado también va lento porque no hay plata internacional para hacerlo, en parte porque -como ha contado La Silla- la cooperación que recibe Colombia se ha venido reduciendo a raíz de la crisis financiera en los países donantes y a nuestro nuevo estatus como país de renta medio alta.

Pero también por esa falta de una estrategia clara a mediano y largo plazo, que hace que los países no vean incentivos para donar y escojan otros temas del posconflicto que pueden garantizar más resultados, como la restitución de tierras en el caso de los gringos o las víctimas mujeres en el de los suecos.

Eso dificulta la entrada de nuevas ONG de desminado, ya que la sola fase de evaluación de terreno -donde entrenan y arman su primer equipo- cuesta aproximadamente 500 mil dólares, que inicialmente esperaban recibir de la cooperación y que ahora deben poner de su bolsillo. Como el Gobierno solo les asigna un par de municipios a la vez y solo tras estar acreditados, es muy difícil que puedan pedir plata. Las excepciones son Halo Trust (que tiene su propio capital) y la Ayuda Popular Noruega, que tiene la ventaja de que -al ser uno de los dos garantes del proceso de paz en La Habana- su gobierno está interesado.

Esa falta de recursos es otra de las razones por las que muchos sectores militares son reticentes al desminado hecho por civiles, aunque en realidad no compiten por plata. Esto porque los países que tienden a donar a ONGs desminadoras -como Suiza, Noruega o el Reino Unido- son distintos a los que, como Estados Unidos o Canadá, apoyan a las Fuerzas Armadas.

De todos modos, la entrada de los civiles sí ayudaría a bajar algunos costos, ya que esas ONG suelen comprar sus equipos fuera del país a un precio de costo mientras que los militares lo hacen acá a un costo dos o tres veces mayor (ya que son importados). Es así como un detector de metales sencillo cuesta acá 15 millones de pesos, pero la mitad afuera. Con un radar de penetración el costo es tres o cuatro veces eso.

En este momento el Daicma tiene una lista con 72 municipios prioritarios para desminar, que paradójicamente no reflejan la foto real del impacto por minas en el país.

Eso sucede porque la mayoría no está entre los más afectados. Muchos, como El Cocuy (Boyacá), no tienen reportes desde los tempranos años noventa y en algunos casos ni siquiera de incidentes, sino de incautaciones de minas artesanales a personas. No están zonas cruciales como el Catatumbo, Caquetá, el Bajo Cauca antioqueño o Putumayo. Como dice Álvaro Jiménez de la Campaña Colombiana contra Minas, “están poniendo el remedio donde no está el dolor”.

El criterio para escogerlos de primero es que son municipios seguros y sin presencia de guerrillas o paras. O “verdes” según el semáforo de Defensa que determina dónde se puede proceder y que termina dejando por fuera casi todo el país, cuya situación de orden público es “roja” o “amarilla”.

Halo Trust, por ejemplo, está trabajando en los municipios antioqueños de San Rafael, Nariño y Carmen de Viboral, todos con números bajos. En La Unión terminó tras un mes, sin encontrar nada. Y aunque es importante liberar todo el territorio, como prometió Colombia, muchas personas proponen que se mezclen esos municipios de menor riesgo con otros seguros pero muy afectados. Eso incentivaría más a las ONG, que necesitan mostrar resultados a sus donantes y que hoy solo pueden escoger de una veintena que le propuso el antiguo Paicma.

"El desminado tiene que dejar de ser visto como un problema de seguridad nacional y más bien como un tema humanitario", dice Álvaro Jiménez de la Campaña Colombiana contra Minas, la mayor ONG de prevención y monitoreo del país. "Santos va a tener que decidir si quiere una paz militarizada donde no pierdan espacio los militares o una donde se enfrenten los problemas de fondo de la mejor manera".

Pero para involucrar más a los civiles Colón tendrá que vencer las reticencias de los militares, que son al final -con su visto bueno obligatorio- quienes tienen la última palabra sobre dónde se desmina y quiénes pueden hacerlo.

El mapa de los 72 municipios tiene otro problema: obliga a desminar todo el área municipal para poder declararla libre de minas, sin permitir escoger aquellas zonas donde se sabe que está el problema. De ahí que hoy solo haya cuatro libres de minas en todo el país.

Esa es otra de las mayores peleas en el sector, con muchos expertos recomendando que se pueda seleccionar -o 'microfocalizar'- ciertas veredas estratégicas para trabajar, como lo hace la Unidad de Restitución también con el aval obligatorio de seguridad de Defensa. Y como se desmina en la mayoría de países, donde se habla de predios y tareas.

Si se combina la estrategia de hacer estudios no técnicos, se podría liberar territorios más rápido y a un menor costo. El caso de San Francisco lo muestra: tras seis años desminando, este municipio antioqueño está cerca de ser declarado libre. Allí hubo 16 veredas sin ningún impacto, que hubiesen podido ser liberadas desde 2008 con estudios y sin llevar todo un pelotón.

Porque, a este ritmo, liberar 700 antes de 2021 -con o sin proceso de paz- pinta muy difícil.

Durante todo el gobierno Santos I -pero sobre todo durante el último año y medio- el Paicma fue perdiendo a la camada de técnicos expertos en temas de minas, muchos de los cuales habían incluso tenido capacitaciones en Camboya. La mayoría se fueron por no compartir las decisiones de Ávila y muchos dejaron del todo los temas de minas.

Solamente entre octubre y noviembre del año pasado, renunciaron las tres personas que lideraban los tres temas centrales en minas y que seguían a Ávila en jerarquía: el coordinador de desminado Pablo Parra, el director de los programas de prevención César Laverde y la encargada de las víctimas de minas Diana Sorzano.

A ellos se les suman todos los técnicos que se fueron en los dos años anteriores: Ana María Díaz, Verónica Ríos y Angélica Serrato en víctimas, Kathy Paton y María Angélica Jaramillo en desminado, María Elisa Pinto en prevención y María Andrea Leyva, quien estructuró el proyecto de cooperación de la Unión Europea que ha sostenido todo el programa. Es decir, Colón tendrá que llegar a armar equipo técnico.

La restitución de tierras, una de las banderas de Santos, encontró en las minas un enemigo tan poderoso como los despojadores.

Esto porque -como contó La Silla- un número muy alto de solicitudes de restitución está paralizado por estar en zonas con presencia comprobada o sospechada de minas, que ponen en jaque el regreso de las víctimas, la seguridad de los funcionarios de la Unidad de Restitución y el desarrollo económico de esas zonas. De hecho, dada la precariedad de los datos de minas, han descubierto nuevas áreas sospechosas en sus visitas de campo.

La Unidad que dirige Ricardo Sabogal no ha podido avanzar -pese a que la seguridad ya lo permite- en el Catatumbo, el sur del Tolima y el sur del Meta, todas zonas con altos índices de despojo y presencia histórica de las Farc y el ELN, los dos grupos que han usado las minas como armas estratégicas de guerra. En otras como Putumayo o Cauca ni la restitución ni el desminado han avanzado por el conflicto.

En lugares como el Oriente antioqueño, el Paicma y Restitución han priorizado el desminado de zonas que pasarían luego a restitución, aunque todavía hay mucha falta de coordinación entre todas las entidades del Estado involucradas. De todos modos, quien decide si se puede restituir -igual que desminar- sigue siendo el Ejército.

Aunque la información sobre dónde están las minas es bastante precaria, sigue siendo el único indicio oficial que tienen muchas veces las comunidades locales en áreas minadas. Por eso muchos en el sector cuestionan la decisión que tomó hace un año y medio el Paicma de retirar de su página web la base de datos donde organizaciones de víctimas de minas, alcaldías o líderes de resguardos y consejos comunitarios podían consultar con facilidad en qué fechas y lugares se habían registrado accidentes con minas o municiones.

Hoy en día lo único que aparece en la página del Paicma son gráficas que indican el número de incidentes en cada municipio por año, sin que sea posible filtrarlas por fecha o -más importante aún para las comunidades- saber en qué vereda ocurrió.

Con el argumento de que es información de seguridad nacional, esa información ya no está en línea y cualquier persona que quiera consultarla -incluidas las ONG de prevención o las organizaciones de víctimas de minas- tiene que pasar un proceso de acreditación.