Denuncian torturas en centro de detención de la Policía en Soacha

“Yo le dije al Policía que me capturó que no tenía nada que ver, que estaba trabajando. Me pidió el carnet pero no tenía. Yo le dije que si quería que me acompañara hasta la casa. Se molestó más, me dijo cállese y luego me pegó una cachetada”, contó Sepúlveda, un ayudante audiovisual de 27 años de Chaparral, Tolima. 

Horas después estaba en una celda fría de un centro de detención de la Policía en Soacha, bajo el ruido aturdidor de La Curiosidad, un reggaetón popular. Con otras dos canciones, La Curiosidad salía de unos parlantes que los Policías encendían durante largos periodos de tiempo. “Todo el día, todos los días. Eran las mismas canciones que se repetían. Cuando salí, aún escuchaba en mi mente esa canción que se repetía mucho y a uno le entra como desespero”, contó. 

Un portavoz de la Policía negó acusaciones de abusos y señaló que el testimonio de Sepúlveda carecía de credibilidad. Pero su testimonio no es el único. La Silla recogió dos más, que se suman a denuncias anteriores, de abusos similares en el mismo lugar. 

Muchas de las personas reportadas como desaparecidas durante el paro, como contamos en esta historia, habían sido detenidas en las manifestaciones por la Policía. Varios, como en el caso que denuncia Sepúlveda, fueron reportados como tales porque estuvieron incomunicados y sus familias no sabían donde estaban. En algunos casos no existía información sobre ellos pese a que estaban retenidos. Según Sepúlveda, a pesar de estar cinco días bajo custodia, nunca firmó un papel. 

Además, las detenciones arbitrarias de la Policía durante el paro y los presuntos abusos cometidos en los lugares donde las personas son privadas de su libertad, y que se traducen en torturas, han sido denunciados reiteradamente por varias organizaciones de derechos humanos. 

La figura que la Policía ha utilizado para detener a manifestantes se llama “traslado por protección”. Según la ley, la Policía puede detener a una persona por máximo 12 horas si considera que está en un estado de exaltación que pueda representar riesgos para su propia vida o la de terceros. La detención debe hacerse en Centros de Traslado por Protección (CTP), antes conocidos como UPJ. 

Son centros donde se debe garantizar una oferta institucional que permita que el retenido se sienta protegido. Pero por el hacinamiento en centros de reclusión y las restricciones de la pandemia, se han convertido en una especie de cárceles temporales. Ahí coinciden presos condenados y sindicados en traslado a otros penales, y personas detenidas en la calle sin una acusación penal, como Sepúlveda.  

De acuerdo a cifras oficiales, en el marco del paro nacional ha habido 7.070 traslados por protección. Sin embargo, ONG y expertos consultados por La Silla, advierten que hay un patrón de abuso de la figura por parte de la Policía. Estas capturas son utilizadas como formas de castigo, más que de protección. 

La sistematicidad de las denuncias ha generado acciones de entidades de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, que la semana pasada emitió una resolución impartiendo directrices sobre su uso. En el documento, la Defensoría dice explícitamente que ese tipo de traslado “como medida correctiva resulta abiertamente contraria a la Constitución y a los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de Derechos Humanos”.

Cinco días en el CTP de Soacha

El día de su captura Sepúlveda salió de la casa en pantaloneta y tenis pensando en que sería una salida rápida a comer. De estatura media, aparenta menos años de los que tiene, y por su peluqueado al ras por los lados hasta podría pasar por policía.

Después de la cachetada que le dio el Policía que lo capturó, dejó de intentar dar explicaciones, “para qué me iba a hacer cascar de esos manes”, dijo. Luego, cuenta, lo llevaron al CAI de Caldas en Kennedy. 

“Un muchacho que estaba al lado, alcanzó a pedir una recarga por su celular para avisar que lo tenían retenido, me iba a hacer el favor de regalarme un minuto para llamar, pero la Policía se dio cuenta de que yo estaba gestionando eso y me metieron muy rápido a la patrulla”.

Lo montaron con otras cinco personas. El carro empezó a andar en sentido sur. “Ahí me dio susto porque cómo para qué iban hacia el sur, si en Kennedy es a donde nos deberían llevar. Los demás estaban igual que yo”, contó.

Llegaron a una bodega que queda a una cuadra de la autopista sur en Soacha, donde funciona el único CTP de ese municipio de más de medio millón de habitantes. 

A la entrada, no le hicieron formato de ingreso. En la requisa lo golpearon con la tonfa (bolillo) para que se quitara rápido la ropa durante la revisión y lo metieron en una de las cuatro celdas que tiene ese CTP.

En el tiempo que estuvo allí, Daniel dice que fue testigo de varios hechos irregulares. Los recuerda en desorden.

Los policías ofrecían dejar libre al que pudiera pagar: “Pedían plata como por grupitos. Les decían: ‘reúnan ahí plata y luego me avisan’. El man me dijo que arregláramos, que él me facilitaba. y no pues de dónde plata y tampoco tenía cómo comunicarme y prefería pagar el encierro antes que dar plata”. 

También dice que presenció que los policías tenían negocio interno vendiendo cigarrillos a los detenidos. “Eso es como que ellos llevan cosas y las venden ahí internamente para quien quiera comprar. A uno no le quitan la plata cuando entra”.

Aunque asegura que no recuerda nombres, sí dice que podría reconocer caras, porque varios de ellos lo amedrentaron. 

“Cuando yo entré me decían: 'mire ese fue el que tiró la bomba molotov. Usted se queda por terrorismo'. Uno no podía decir que no, porque lo cacheteaban. Solo agachar la cara”. Más tarde, mientras intentaba explicar los detalles dijo: “Ah es que uno no puede decir nada. Si usted se pone a alegarles. Lo meten con los otros para que le peguen. Entonces uno está atemorizado”.

Los “otros” son los detenidos en el CTP que están purgando penas y están judicializados. Aunque ninguna persona con esas características debería estar en un centro de traslado por protección, debido al hacinamiento carcelario hay al menos 20 condenados en ese CTP, según la Policía.

Sepúlveda dice que fue testigo de abusos: “A un man lo esposaron con las manos arriba casi todo un día. Lo tenían de pie, él rogaba que lo soltaran de ahí. Pero solo le dieron un banco para que se sentara después de mucho tiempo”.

Pese a que es un derecho tener acceso a una llamada, su versión es que no le dieron la posibilidad de llamar a alguien para reportar que estaba en ese lugar, tampoco lo remitieron con un abogado para revisar su caso. Además, asegura que durmió en el piso, sentado las cuatro noches que pasó en ese CTP. Todo esto, con los bafles a todo volumen. 

“Ya como a los dos días de estar ahí, yo ya me había empezado a hablar con otro man que estaba ahí más tiempo que yo. Con él dormíamos espalda con espalda para tratar de aguantar el frío. Él se charló con un intendente y le dijo que por favor nos dejara salir”, relata Sepúlveda. “El intendente o subintendente, así era como le decían, que es como buena gente, dijo que listo, pero que para salir teníamos que mover unos escombros de un lado hacia otro”.

De donde estaban, hasta la portería había un trayecto de al menos 50 metros. Empezó a hacerlo el miércoles en la mañana con la expectativa de que ese día cumpliría toda la tarea, pero que no alcanzó. El jueves, dice, se gastó una parte de la mañana haciéndolo y que luego, por fin, le dieron la salida del CTP. 

“Yo salí con las manos todas vueltas nada. Después llamé a reportarme con mi mamá. Ahí me dijeron que me estaban buscando, que mirara Facebook”, cuenta Sepúlveda. "No me dieron un formato ni nada".

Dice que ese día, en medio de la “rabia”, salió a pie hasta el portal de las Américas, a protestar por lo que le había pasado. Antes de ese episodio, Sepúlveda había salido a protestar con regularidad para que le reconocieran derechos a desplazados. Él es desplazado.

Versiones que coinciden sobre abusos en el CTP de Soacha

Hace dos semanas, tras conocer su denuncia, Sepúlveda guió a periodistas de La Silla Vacía hasta la CTP de Soacha. En ese momento para él no era claro que se tratara de un centro formal de detención y recordaba haber estado en una bodega. Es sencillo creer que es un sitio clandestino. La puerta de entrada no está identificada como un Centro de Traslado por Protección, el portón permanece cerrado y solo de vez en cuando se asoma un vigilante de seguridad privada. 

El CTP está ubicado en una calle cerrada, con muy poco tránsito, en medio de la zona industrial de Cazucá, en la autopista sur de Soacha. El sector es conocido como La Despensa. Al lado queda una fábrica de reciclaje, y se mueven algunos vehículos de carga pesada. 

De esta calle solitaria salió un hombre en pantaloneta, camiseta y que caminaba cojeando. Llevaba una botella de jugo de naranja en la mano y estaba llorando. Abordado por las periodistas de La Silla Vacía, contó que había estado detenido en el CTP.

Su nombre es William Olaya Benavides, también tiene 27 años. A él lo capturaron la madrugada de ese 4 de junio en Bosa, en la madrugada, y acababa de salir del CTP, alrededor de 12 horas después. Su relato de lo que ocurrió dentro de ese centro coincide en varios aspectos con el de Daniel Sepúlveda.

Olaya es moreno, delgado, tiene los dientes separados y amarillos. Vive de vender frutas en una carretilla entre Soacha y Bosa. Según su versión, ese día pasadas las 4 de la mañana iba de regreso a su casa luego de acompañar a una sobrina a coger un bus. Lo abordaron dos policías en una moto, le pidieron una requisa y decidieron detenerlo. 

“Me esposaron y con golpes me hicieron caminar hasta la UPJ (nombre anterior de los CTP). Yo les decía por qué me hacían eso si yo no estaba haciendo nada y uno me decía ‘me cayó mal’”, relató Olaya. “Ahí si como dicen: se me enamoraron”.

A él, según cuenta, sí le hicieron un formato en el que quedó registro de su entrada y lo requisaron. Sin embargo, en lugar de dejarlo en la celda destinada a los que están retenidos temporalmente, lo metieron con los presos peligrosos. 

“Los mismos policías abrieron la celda donde hay gente condenada y me metieron. Me pusieron una cobija, y (los presos) me empezaron a pegar, me robaron la chaqueta, el jean, y 20 mil que tenía. Cuando me iban a quitar los zapatos yo empecé a decir que no porque me los había regalado mi mamá. Estaba rogando y ahí el comandante dijo que ya me sacaran y me pasaron a otra celda”, asegura.

Olaya cuenta que en la otra celda también le pegaron pero que esta vez fueron policías: “Entra un policía, me dice: ‘suba las manos’ y me esposan, me echan agua y me empezaron a dar con la punta del bolillo por todo el cuerpo”.   

El día que salió del CTP tenía varias marcas rojas en el cuerpo. Mientras habló del maltrato señaló los lugares en los que dijo había recibido golpes: el dorso, la espalda, las piernas.

También asegura que no le dieron la posibilidad de llamar. Su familia supo que estaba allí porque ese es el CTP más cercano y fueron a buscarlo debido a que después de varias horas no aparecía. A Olaya tampoco le ofrecieron el servicio de un abogado o una personas de la Defensoría para pedirle ayuda. Su hermana fue la que le dejó el jugo que cargaba en las manos.

A Olaya no le hicieron formato de salida, según su relato. Tampoco le hicieron un comparendo por la falta que habría justificado su traslado al CTP de Soacha.

Fernanda Villalobos tiene 20 años, según le dijo a La Silla, también estuvo detenida en el mismo lugar. El 1 de mayo fue retenida mientras estaba en las protestas en Soacha. Dice que su captura fue arbitraria porque no estaba haciendo nada que afectara el orden público en el municipio.

Su relato es que fue golpeada por varios policías, que la montaron a un camión, que uno le echó un spray de pintura que le habían quitado a otro retenido en el cabello mientras la trasladaron. Luego la llevaron a la estación de Quintanares y posteriormente al CTP. 

Asegura que fue víctima de maltratos verbales a la entrada de ese centro, y que fue testigo de cómo policías hicieron comentarios homofóbicos a una mujer trans que llegó junto a ella al centro de protección. No vio personal distinto a la Policía que garantizara los derechos de los retenidos. 

A diferencia de los dos casos anteriores, Villalobos dice que sí le ofrecieron una llamada para que un familiar la recogiera. Pero relata que cuando la fueron a buscar, su tía le contó que policías pedían plata a familiares para soltar retenidos. “Mi tía entró como si fuera familiar de otro de los chicos que estaban allí, se coló. Por eso no pagó nada”. 

Un centro de detención con antecedentes

En marzo de este año, la Red Comunitaria Trans, organización de derechos humanos de la comunidad Lgbtiq+, denunció que una mujer transexual habría sido violada por guardias de la Policía en ese lugar de detención.

El caso fue recogido al detalle por Cero Setenta. Después de ser víctima de insultos y acosos por parte de dos policías vestidos de civil, un tercer hombre, esta vez sí uniformado le dijo que “se la mamara” para dejarla salir. 

“Que si lo hacía ya se acababa ese problema para mí. Yo le contesto que si me saca de ahí que todo bien. Llega otro compañero, me saca de la celda y me tira mis cosas, me rompen el celular y me llevan a la parte de atrás de la CTP a unos parqueaderos donde hay como una especie de camión medio desarmado. Ahí fue donde pasó todo”, asegura la víctima en Cero Setenta.

En el relato continúa: “Agáchese, me dice, y me hace practicarle sexo oral y luego de eso me empuja y caigo de lado contra una llanta grande de camión. Y bueno, ahí me penetró a la fuerza. Luego de eso, el man se levanta, muy eufórico, me dice ‘ah, es que tenía muchas ganas’ y me deja ahí tirada en el parqueadero de la CTP. Yo ni siquiera sabía bien por donde era la salida”. 

La víctima, cuya identidad está protegida, salió de Soacha luego de lo que le sucedió. Ella denunció formalmente en la Fiscalía esos hechos. La investigación está abierta tanto en Fiscalía como en la Inspección General de la Policía. 

A esas denuncias se suman varias quejas que han sido recogidas por organizaciones de derechos humanos en el municipio y por el concejal de Soacha de la Colombia Humana, Heiner Gaitán. 

“He recibido denuncias sobre maltratos físicos y verbales, que los mojan con agua a presión, que ponen a los que son retenidos por protestas junto con personas judicializadas para que en esos ejercicios haya más peligro con las personas que están ahí, que no le dan la posibilidad de contactar con familiares”, aseguró a La Silla el concejal Gaitán. “Toda la reglamentación se la pasan por la faja”.

Sin embargo, en la Personería de Soacha solo hay reportes de tres denuncias: dos por pérdida de objetos personales durante el traslado, y una por una captura presuntamente arbitraria. En la Defensoría de Soacha, de las 37 denuncias sobre presuntos abusos de la Fuerza Pública en el marco de las protestas, ninguna tiene que ver con  presuntas irregularidades en el CTP. 

Sepúlveda le dijo a La Silla que sí denunciará formalmente lo que le sucedió, Olaya teme por represalias y Villa dijo que tenía intenciones de denunciar pero que aún no lo ha hecho.

Según explicó a La Silla Daniela Barón del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Cpdh), hay subregistro de denuncias: “Hay una dificultad para hacer las denuncias formalmente porque no todas las personas quieren denunciar. La mayoría dice que temen represalias. Entonces nosotros hacemos un registro”. 

En la Alcaldía de Soacha, donde tampoco tienen reportes de denuncias sobre el CTP, dieron otra explicación.

“El CTP es un lugar con permanencia constante de la Alcaldía. La Personería y la Defensoría tienen acceso. Hay cámaras de seguridad. Es muy improbable que se presente una violación de derechos humanos. Habría reportes”, le dijo a La Silla Dany Caicedo, secretario de Gobierno de Soacha. “Ahí se hacen actividades permanentes y se vigila que se cumplan los requisitos de la norma”.

Algo similar le dijeron a La Silla en la Policía. El mayor Manuel Guacaneme, comandante de la Estación de León Xlll y delegado por la Policía de Cundinamarca para hablar con La Silla, aseguró que hay vigilancia constante de entes diferentes a la Policía y que por eso la ausencia de denuncias formales. “Deja mucho que pensar de la credibilidad de los relatos”, afirmó. También aseguró que las cámaras de seguridad son garantía de que no hay irregularidades en los procedimientos.

Aunque en la Alcaldía de Soacha le dieron autorización a La Silla para entrar al CTP, cuando los periodistas intentaron hacerlo la Policía se opuso. 

El intendente Camilo Adrián Latorre Rivera, encargado de ese centro, aseguró que no había ningún retenido por protección. Argumentó que consideraba poco prudente que ingresáramos a las zonas de las celdas, porque solo habían personas que ya está purgando una pena o son judicializadas. Tampoco nos dejó revisar las demás instalaciones.

“Ellos llevan 9 o 10 meses, en los cuales piensan de todo. Tienen necesidades”, dijo para no permitir la entrada de La Silla, pero no explicó en qué consistía esa afirmación.

Latorre aseguró que los relatos sobre presuntos abusos de la Policía en este CTP no eran ciertos. Negó que él, o alguno de sus hombres, hubiera obligado a un retenido a cargar escombros durante día y medio. También dijo que no eran ciertas las afirmaciones sobre solicitudes de dinero de policías a retenidos a cambio de su libertad. Y negó que existiera uso de la fuerza desmedido, o que las retenciones superaran las 12 horas.

En todos los casos, según Latorre, los ingresos y la salida de retenidos queda en formatos que deben ser diligenciados por su personal.

Sobre la música a todo volúmen dijo que solo la ponía en el día, y que era para tener “ocupada la mente de los detenidos” y para entretenerlos: “Ellos tienen mucho tiempo para pensar y yo no puedo permitir que se formen ideas de motines”.

El intendente Latorre, así como en el Comando de Soacha y en la Alcaldía, también habló de que el CTP estaba vigilado con cámaras de seguridad. Sin embargo, cuando le preguntamos a la Policía de Soacha, que es la que vigila esas cámaras a través de un circuito cerrado de televisión, si podíamos acceder a ellas para corroborar las denuncias, dijeron que solo era posible “por orden judicial”.

Aunque dos de las capturas que documentó La Silla se dieron en Bogotá y los retenidos llegaron a Soacha, el intendente dijo que “eso no puede ser posible, porque no los hubiera aceptado”. En la Policía Metropolitana de Bogotá no nos dieron una respuesta. Pero, La Silla supo que de manera extraoficial en el Puesto de Mando Unificado, PMU, se ha hablado de al menos ocho casos en los que detenidos en Bogotá han terminado en Soacha.

“Eso genera un vacío porque la administración solo se mete hasta donde tiene jurisdicción. Ha habido casos en los que se le ha hecho el reclamo a la Policía y ellos se lavan las manos también bajo el argumento de la jurisdicción”, explicó una fuente con acceso al PMU de Bogotá que pidió no ser citada porque no está autorizada para dar declaraciones a la prensa. “Sin esas responsabilidades claras hay un mayor riesgo de violación de derechos humanos porque nadie responde”

En un CTP todos los días debe haber un abogado disponible las 24 horas, una enfermera y un trabajador social. La Personería debe hacer visitas continuas y la Defensoría también. Todos garantizan que se respeten los derechos de los retenidos.

Este sábado, día en el que La Silla intentó entrar a las instalaciones, solo estaba en el CTP de Soacha el abogado asignado por la Alcaldía. La enfermera de turno se reportó como enferma, según la explicación que nos dieron, y el trabajador social solo va de lunes a viernes.

El patrón de abusos con los “traslados por protección”

El uso de esa figura ha sido abiertamente cuestionada por ONG nacionales e internacionales.  Estas denuncias fueron hechas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en la visita que hizo al país la semana pasada para verificar si en el país se estaban vulnerando derechos.

En el informe que hizo Human Rights Watch (HRW) esa organización dijo que “documentó múltiples casos de detenciones arbitrarias, incluyendo varios en los que la policía empleó la figura de traslado por protección”.

En el documento que le entregaron a la Cidh las organizaciones Temblores, Indepaz y Paii se señaló que la figura: “ha sido utilizada de manera arbitraria e indiscriminada para justificar legal y administrativamente varias retenciones arbitrarias que violan los derechos de las personas manifestantes”.

Incluso la Defensoría del Pueblo, en el documento que entregó a ese organismo dijo que: “resulta preocupante que muchas de las quejas recibidas por la entidad versan sobre abusos que habrían sido cometidos durante el procedimiento de traslado por protección".

Solo analizando el caso de Bogotá, donde oficialmente se reportan 627 traslados a centros de protección, la Defensoría encontró irregularidades en los registros de salida del 25 por ciento de los ingresados, y en el 16 por ciento de los registros de entrada.

Según cifras de la Fiscalía, en una muestra de 101 personas reportadas como desaparecidas, el 34 por ciento se encontraban privadas de la libertad bajo la figura de centros de  traslado por protección y no habían podido avisar de su paradero.

Todo este panorama tiene un elemento aún más complejo. 

La figura de “traslado por protección” solo debe ser usada en casos excepcionales. El deber ser es que la Policía evalúe la posibilidad de entregar a una persona a su familia antes de trasladarla a cualquier lugar. Pero, en medio de las manifestaciones, según los reportes de la misma Defensoría y de las ONG, se volvió evidente que el procedimiento se usó para contener a los manifestantes.
 
“El tema es que esto se ha convertido en una figura muy compleja, casi que en una suerte de reemplazo operativo de una captura regular. Capturar a alguien implica una serie de pasos que toman tiempo, y no todos los comportamientos permiten capturar a una persona”, dijo a La Silla Alberto Sánchez, experto en seguridad. “El traslado por protección termina reemplazando de una manera muy irregular las capturas”.

Algo similar le dijo a La Silla Manolo Ituarralde, profesor de derecho de la Universidad de Los Andes: “Esos centros están hechos para proteger a una persona en su integridad, y los están usando como centros ilegales de detención, como una forma de desarticular las protestas y de perseguir y coaccionar a las personas que participan en las protestas”. 

Según el informe de la Defensoría del Pueblo del Pueblo a la Cidh, en las seis semanas de movilizaciones se registró que la Policía terminó trasladando a personas que retuvo en las marchas a lugares no autorizados. 

En Bogotá terminaron habilitando estaciones de policía; en Nariño habilitaron un coliseo; en Risaralda remitieron al Comando de la Policía y en Cauca a las URI (solo deben trasladar detenidos). En ninguno se cumplen las condiciones para asegurar que no existiera violaciones de derechos humanos.

Eso sin contar casos como el del uso de las instalaciones de Transmilenio en el Portal de las Américas en Bogotá, que fueron utilizadas para retener e incluso golpear a manifestantes.

La suma de todos esos elementos convirtieron el traslado por protección, en una figura para amparar algunos de los abusos policiales más serios. Aunque hay subregistro en las denuncias, al menos tres personas que dicen haber vivido la pesadilla de haber sido “protegido” por la Policía los denuncian ahora con nombre propio.