El duro golpe que recibió la poderosa Rosa Solís

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de fallar una demanda que amenaza el poder de una de las mujeres más polémicas del Valle del Cauca, que hasta ahora ha sido el ‘palo en la rueda’ de los grandes proyectos de infraestructura en Buenaventura: Rosa Emilia Solís.

Después de un proceso legal que tardó casi seis años en resolverse, el Tribunal decidió anular los títulos de propiedad colectiva de los consejos comunitarios de Gamboa y La Caucana, el primero representado legalmente por Solís y el segundo donde ella ejerce influencia a través de su representante legal y aliada, Marleny Hinestroza.

Aunque la decisión es de primera instancia, por lo que depende del Consejo de Estado si se aplica al final, representa de entrada un duro golpe para Solís, que había cimentado su poder en buena parte sobre el dominio que logró en ambos consejos comunitarios que están localizados en un punto estratégico del primer puerto sobre el Pacífico.

El poder de la propiedad

Rosa Solis es una mujer de Guapi (Cauca) que vive en Buenaventura, pensionada por el Magisterio después de haber sido maestra de escuela durante buena parte de su vida. Desde que salió la Ley 70 de 1993, que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras en las zonas rurales ribereñas del Pacífico, Solís se convirtió en una gran difusora de ella.

Solís también ha jugado un papel clave en la organización de las comunidades negras, sobre todo en el Valle y en Buenaventura, para reclamar sus derechos. Entre esa organización le ha dado gran relevancia a la consulta previa, que por ley exige que antes de que se ponga una piedra de un proyecto o se promulgue una ley que impacte un territorio colectivo, éste debe ser consultado con las comunidades que afecta.

Aunque ese derecho lo tienen todos los consejos comunitarios constituidos, tengan o no títulos de propiedad sobre la tierra, es mucho más fácil para las comunidades afros probar que un proyecto los afecta cuando se quiere hacer sobre un territorio que pueden probar que es suyo.

En el caso de Gamboa y La Caucana, ese territorio está, además, en un lugar estratégico de Buenaventura.

En mayo del 2010, el Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, le adjudicó 2.954 hectáreas de terrenos baldíos de la Nación al consejo comunitario de Gamboa y otras 747 a La Caucana, en un área al norte de la ciudad, que bordea con el casco urbano.

En el Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura, promulgado en 2001 y que sigue vigente, esa zona quedó definida como un área de expansión de la ciudad para el desarrollo industrial.

Allí, por ejemplo, se construyó el recién inaugurado puerto de Aguadulce que tuvo una inversión de 320 millones de dólares y se demoró nueve años en ver la luz después de atravesar un largo proceso de consulta previa con las comunidades que Solís representa, y trámites con entidades locales y nacionales.

Esa consulta previa y otras que Solís ha asesorado, como el de la construcción de la doble calzada de Buga – Buenaventura y el corredor férreo del Pacífico, han hecho visible su poder, que parter de que se conoce al dedillo los intríngulis de la ley 70 y que ha usado el mecanismo para bloquear proyectos claves y elevar el precio de su aprobación, como contó La Silla.

“Ella hace política con ‘p’ minúscula. Puede bloquear un proyecto si no se consulta con ella. Pregunta ‘qué me da a mi y yo le ayudo’ y pide lo de siempre: plata, puestos, contratos. Ella claramente es la exponente de esa tendencia clientelista asociada a la representación de las comunidades afros”,  explicó en octubre a La Silla Pacífico un alto funcionario del gobierno que ya ha tenido que “lidiar” con ella, según dijo.

Sin embargo, con la decisión del Tribunal, ese poder podría quedar en entredicho. 

La decisión

Los consejos comunitarios de Gamboa y la Caucana se crearon en julio del 2006, después de que las comunidades negras que viven en esa zona de Buenaventura lograron que la Alcaldía de Buenaventura los constituyera.

Ese mismo mes, ambos consejos iniciaron los trámites ante el Incoder para que les adjudicaran los territorios donde esas comunidades, 45 familias en Gamboa y 35 en La Caucana, dijeron que tenían un arraigo ancestral.

En la solicitud inicial Gamboa pidió 230 hectáreas y La Caucana 2.500. El proceso arrancó bien: la solicitud se radicó ante el Incoder en agosto, en septiembre se comunicó a través de medios de comunicación y edictos, y se invitó a todos los que pudieran tener interés sobre esa tierra a que asistieran a la visita técnica que se llevó a cabo en octubre.

Ahí estuvieron, además de los representantes legales de ambos consejos comunitarios y el Incoder, los representantes de los consejos comunitarios vecinos, la Procuraduría, la Alcaldía y terceros que tenían títulos de propiedad privados en ese territorio (35 en el caso de Gamboa y 7 en el caso de La Caucana).

A pesar de que según el POT era una zona de expansión de la ciudad, todas las partes llegaron a un acuerdo que permitía dejar parte de esa área para los consejos comunitarios.

En marzo del 2009, sin embargo, los dos consejos comunitarios volvieron a acudir al Incoder, esta vez para que se cambiaran los linderos de los terrenos que se habían solicitado al principio y se aumentara el área total que pedían. Gamboa ya no pidió 230 sino 3.094 hectáreas y Caucana ya no pidió 2.500 sino menos, 1.104 hectáreas.

Aunque es usual que estos cambios se den durante el proceso de solicitud de adjudicación en los consejos comunitarios, esta vez el Incoder realizó una visita técnica al sitio a la que sólo asistieron representantes de Gamboa y La Caucana y funcionarios de esa entidad.

Se quedaron por fuera el procurador delegado, la Alcaldía y los terceros que podrían verse afectados por los nuevos linderos.

En su lugar, el Incoder presentó como prueba de que sí había hecho la tarea, las actas de las anteriores visitas, que tenían linderos diferentes y un área mucho menor en el caso de Gamboa.

Para los magistrados del Tribunal, esa omisión del Incoder es razón suficiente para tumbar los títulos de propiedad porque “no es lo mismo adjudicar 230 hectáreas a más de 2.964”, en el caso de Gamboa, dice la sentencia.

El Tribunal agrega otra prueba: como el trámite quedó mal hecho, después de la adjudicación varias personas fueron al Incoder para presentar sus títulos de propiedad sobre tierras que quedaron incluidas en los terrenos adjudicados, para pedir que los excluyeran.

Sólo en el caso de Gamboa, 13 predios tuvieron que ser excluidos después del área que se le adjudicó al consejo comunitario, y esa decisión la debió el Incoder antes de emitir la resolución.

Incluso, por esa misma razón, el Incoder mandó a uno de sus funcionarios, el entonces director técnico de asuntos étnicos Miguel Antonio Vásquez, a rendir descargos por el error.

En últimas, el argumento del Tribunal es que el Incoder violó el derecho a la participación de todos los involucrados y por lo tanto, esos títulos de propiedad no son válidos. Lo que implica, al menos en primera instancia, que ambos terrenos vuelven a ser baldíos de la Nación.

Las consecuencias

Esta es el área que quiere intervenir el Gobierno en Buenaventura. Foto: DNP

La demanda que presentó el representante legal del consejo comunitario de Bahía Málaga, Hoovert Caravalí, pretendía, además de mostrar las irregularidades en la adjudicación de los predios a favor de los consejos comunitarios de Gamboa y La Caucana, pedir la revocatoria de la constitución de ambos consejos porque según él, las comunidades que pertenecen a él no tienen un arraigo ancestral en el territorio.

Además, pretendía demostrar que dado que Solís llegó al consejo directivo del Incoder en octubre del 2009 y las actas de adjudicación de esos predios se dieron en mayo del 2010, ella incurrió en un conflicto de interés que viciaba el proceso y le quitaba legalidad.

Sin embargo, el Tribunal no tomó decisiones sobre estos dos puntos, argumentando que no es la entidad competente para hacerlo sino que le correspondería a la Alcaldía de Buenaventura que expidió el acta de constitución de los consejos comunitarios, y del Ministerio del Interior que los avaló.

Aún así, La Silla Pacífico supo que hay personas interesadas en darle continuidad a estos procesos, ahora que ya se probó que los consejos comunitarios se hicieron a terrenos a través de procesos que no cumplieron todos los requisitos legales. Con esos argumentos, en el fondo pretenden demostrar que Solís no tiene legitimidad para ocupar cargos claves para las comunidades negras como la representación de éstas en el consejo directivo de la Agencia Nacional de Tierras y en la Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC, la autoridad ambiental del departamento.

Ese proceso puede tardar años y no es posible predecir si tendrá éxito o no.

Aún así, el golpe para Solís si el Consejo de Estado ratifica la decisión del Tribunal será duro, sobre todo porque ella y los dos consejos comunitarios sobre los que influye iban a ser beneficiarios de un proyecto multimillonario que está despegando en Buenaventura donde ya no sólo entrarían como sujetos de consulta previa sino como socios.

Esa es una estrategia novedosa que diseño el Gobierno para incluir a las comunidades afros “en igualdad de condiciones”  a las ganancias que deje el proyecto y evitar el riesgo de demorar su puesta en marcha y tener que pagar un ‘peaje’, como ha ocurrido antes.  

Se trata del Centro de Actividades Económicas de Buenaventura, o Caeb, un plan que pretende construir justo donde están los consejos comunitarios de Gamboa y Caucana la “nueva ciudad de Buenaventura” y que, de entrada, tendrá una inversión de 200 mil millones de pesos del Gobierno nacional para incentivar la inversión privada en el puerto. 

Como contó La Silla, con el Caeb, el gobierno busca planear el desarrollo logístico de la ciudad, lo que implica hacer un POT pensado para el nuevo proyecto, sanear los derechos de propiedad de la tierra en la ciudad para darles seguridad jurídica a sus dueños, construir una nueva infraestructura de agua, energía y saneamiento básico, garantizar la conectividad del Puerto con la ciudad y con el resto del país a partir de carreteras, y líneas férreas y garantizar una oferta de servicios sociales en salud y educación. Es decir, prácticamente crear una nueva Buenaventura.

La segunda fase del proyecto, que caerá en manos de privados que invertirá unos 680 mil millones de pesos, está pensada para hacer desarrollos urbanísticos, plataformas comerciales y de logística, viviendas y vías para la actividad industrial.

La idea era que los dos consejos comunitarios entraran como socios poniendo sus terrenos en una fiducia que creará el proyecto y a cambio, recibir la renta de lo que se ponga encima.

El proyecto se lanzó oficialmente el pasado 9 de febrero. En el acto de lanzamiento, además del director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, y el presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexander Micolta, estuvo Rosa Solís, como una de las invitadas claves.

Ese día, aunque Solís lanzó arengas en contra de la inversión privada en Buenaventura -pues según ella se ha hecho a espaldas de los bonaverenses- firmó un ‘acuerdo de voluntades’ para la realización del proyecto que, palabras más, palabras menos, significaba solamente que no le decía que no al Caeb.

Si la decisión del Tribunal se ratifica, no es evidente que sea necesario incluir a Solís en el macroproyecto porque si no son los dueños de esos predios, ya no tendrían qué poner en la fiducia. Aunque eso no implica que el proyecto no tenga que pasar por un proceso de consulta previa, dado que los consejos comunitarios de Gamboa y Caucana aún existen, esta decisión sí implica que el Caeb no tendrá que lidiar con el sobrecosto que Solís representa.