El lobby del Consejo de Estado para no perder poder

Uno de los puntos más polémicos de la propuesta de la Misión Electoral Especial para hacer una reforma política es crear un tribunal electoral que, entre otras cosas, reemplace a la sección quinta del Consejo de Estado. Para evitar que esto ocurra el presidente del tribunal, Jorge Octavio Ramírez, ha adelantado un intenso lobby con los congresistas de la Unidad Nacional.

Desde que la Misión entregó avances de sus propuestas en Cartagena hace un mes, Ramírez criticó que le quitaran las funciones electorales (y con ellas la Sección Quinta y el enorme poder de hacer los escrutinos finales y decidir qué políticos pierden sus cargos por inhabilidades o nulidades) y en medios ha dicho que esa reforma no tiene que ver con el aterrizaje del punto de participación política de las Farc, que es el motivo para la reforma electoral.

Pero no se ha quedado en declaraciones sino que, según nos dijeron cuatro congresistas de tres partidos y dos funcionarios de Gobierno que saben de sus movidas, está en plena campaña de lobby con los congresistas.

Por eso se reunió con la bancada liberal hace 15 días y les expuso la importancia de que no les quiten la Sección Quinta. “Ellos (los magistrados) tienen opiniones respetables, y ése es el debate”, nos dijo un senador asistente.

Ramírez también ha buscado una reunión con la bancada de La U y ha hablado con congresistas por separado, como el representante Hernán Penagos, a quien le dijo que quiere esa reunión para explicar la posición del tribunal. La reunión se cuadrará en los próximos días.

Y con Cambio Radical ha habido encuentros informales (“no institucionales”, nos dijo un senador) en los que se ha hablado del tema “pero no a profundidad”, nos dijo un directivo.

Ese lobby parece estar funcionando pues anoche los presidentes de los partidos y senadores de la coalición dejaron claro que los congresistas no quieren un nuevo tribunal electoral, aunque hace varias semanas congresistas de La U y el partido Conservador  habían criticado la reforma en general, uno de los puntos en el que su rechazo no era claro era el del tribunal.

En el encuentro de ayer estuvieron los congresistas liberales Horacio Serpa, Rodrigo Villalba y Alejandro Chacón; el conservador Efraín Cepeda; Berner Zambrano y Armando Benedetti de La U; el presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez; el presidente Juan Manuel Santos, el ministro de interior Juan Fernando Cristo y su viceministro Guillermo Rivera.

“Ningún partido lo aprobó”, nos dijo el presidente del Senado, Mauricio Lizano, quien no obstante nos dijo que la decisión no era producto del lobby de los magistrados con los congresistas.

La razón para rechazar el cambio, según Lizcano y Penagos, es que la reforma debe ir encaminada a fortalecer las funciones del Consejo Nacional Electoral y no reemplazarlo por una nueva Corte. La idea es que los magistrados del CNE dejen de representar las bancadas de los partidos y que tenga los recursos que necesitan para investigar las campañas políticas.

A pesar de que Lizcano celebró esta mañana con un trino que la corte electoral desaparecía de la reforma política, la decisión no está tomada.

“Lo que se plantearon fueron alternativas a la corte electoral, en las que la sección quinta del Consejo de Estado no se acaba ni se mueve”, nos dijo un alto funcionario del Gobierno que asistió a la reunión.

Habrá una nueva ronda de discusión con los partidos a partir del lunes de la próxima semana, y se espera que el Ministerio del Interior entregue a los congresistas un texto final de la reforma para que arranque su camino vía fast track. Falta ver si mientras tanto Ramírez los termina de convencer, si es que hace falta.