El pulso no cerrado de la JEP

En la conciliación de la reforma constitucional que crea la Justicia Especial para la Paz (JEP) podría quedar por fuera uno de los artículos que hace que los desmovilizados solo puedan participar en política si cuentan toda la verdad.

En el texto que aprobó este lunes el Senado quedó incluida una proposición del senador Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, que exije que el guerrillero beneficiario de la JEP cumpla con su sanción y mantenga a lo largo de la misma su compromiso de aportar a la verdad y reparación de la víctima a lo largo de la misma. De lo contrario, si no asiste a los requerimientos de las comisiones de la verdad, de la unidad de búsqueda de desaparecidos u otros, los derechos políticos le sean revocados. 

Sin embargo, como en el texto que aprobó la Cámara no estaba ese requisito, ahora hay que conciliar los dos textos. Y ahí podría quedar por fuera.

La conciliación quedó en manos de solo dos congresistas: Roosevelt Rodríguez y Hernán Penagos, ambos de La U. El primero nos confirmó que esa será una de las propuestas que revisarán y que aún no es claro que quedará en el texto final.

Uno de los motivos para que se pueda caer la propuesta es que a las Farc no les gustó ese cambio; en referencia a ella Iván Márquez dijo

Por ningún motivo se puede afectar la Participación Política, esencia del Acuerdo de Paz. Su modificación es como una puñalada en el corazón

— Iván Márquez (@IvanMarquezFARC) March 14, 2017

Lo mismo opinan los representantes de Voces de Paz, agrupación política a la que aterrizaría la guerrilla una vez entregue las armas.

Jairo Estrada, vocero en el Senado nos dijo que todo lo que signifique una revisión del acuerdo firmado (como esta propuesta) no puede ser aprobado en el Congreso.

Para Estrada y dos asesores del Gobierno que consultamos, por aparte, la propuesta de Galán va en contra del espíritu del Acuerdo en torno a que su reglamentación tiene que desarrollarlo y no ir en contra de él.

Galán argumenta que la idea no es “inhabilitarlos porque sí, sino que todos cumplan con  los compromisos de verdad y reparación a las víctimas y los criterios estarán en una ley posterior”

La otra razón es que el cambio podría tener vicios de trámite porque la propuesta apareció en el último debate y no se debatió en las tres votaciones anteriores.

El asesor del Gobierno para el Acuerdo y especialmente para la JEP, el ex ministro Yesid Reyes, nos dijo que con o sin la propuesta de Galán, la guerrilla quedará atada a decir toda la verdad.

“En la ley estatutaria (que reglamenta la JEP y será presentada en las próximas semanas), se dejará claro que el que no diga la verdad ante el Tribunal incurrirá en penas ordinarias de 15 a 20 años de prisión. Ese es el mayor estímulo para que la guerrilla no cometa errores”, nos dijo.

Para Reyes, una pena ordinaria en una cárcel común inhabilitaría inmediatamente a los guerrilleros de participar en política y en la práctica no tendrían cómo hacerlo.

Aunque Galán dice que es mejor que quede en la reforma constitucional para que no queda la sensación de que las Farc lograron tumbarla y así queden como los beneficiarios de la JEP, como el Gobierno tiene el plan de meterlo en la estatutaria y quedan las dudas de procedimiento, no es claro qué va a pasar.

De todos modos, Galán cree que debe quedar ese cambio en la reforma y por ende en la Constitución para que después no le hagan conejo en una ley posterior y la obligatoriedad no quede para la guerrilla.

El martes en la mañana se definirá, en tiempo extra, el destino de este pulso.