En Chocó los pequeños mineros no le creen a Santos

Los medianos y pequeños mineros del Chocó son escépticos de que el Gobierno los va a formalizar, después de que esa haya sida una promesa históricamente incumplida.

“No estamos satanizando a los pequeños mineros que tienen la voluntad de formalizarse y de hacer minería bien hecha. A ellos los queremos ayudar”. Esa fue la promesa que en abril le hizo el presidente Juan Manuel Santos a los 100 mil mineros pequeños y medianos que hay en el país.

Pero en el Chocó, la segunda región con más mineros tradicionales y donde miles trabajan sin el amparo de un título, son muy escépticos de que Santos finalmente los vaya a montar en la locomotora minera.

Son incrédulos porque muchos de ellos vienen intentando legalizarse desde hace una década sin éxito, dentro de una serie de procesos fallidos en los que -como ha contado La Silla- los gobiernos desde César Gaviria hasta Santos nunca le invirtieron los recursos humanos y económicos necesarios para que llegaran a buen puerto.

Es el caso de Coomisanjuan, la mayor asociación de medianos mineros en la región del río San Juan en el centro del Chocó, cuyo proceso lleva 13 años truncado, como lo atestigua un grueso cartapacio de esquinas arrugadas y repleto de documentos, que sus líderes cargan para arriba y para abajo.

La defensa de la pequeña y mediana minería se ha vuelto un tema electoral en el Chocó, como lo muestra el mensaje que les envió en Istmina el candidato liberal a la Gobernación Carlos Alberto 'Domingo' Palacios. 

El Gobierno, bajo la batuta del Ministro de Minas Tomás González, finalmente entendió que la formalización es un proceso largo y gradual que requiere un activo acompañamiento del Estado.

María Isabel Ulloa, la viceministra de Minas, está liderando el programa de formalización y legalización que arrancó con la diferenciación por primera vez de cuatro escalas distintas de minería.

Es un viernes por la tarde y el amplio salón de la oficina de Coomisanjuan, normalmente desolado, ahora está repleto.

Las sillas no alcanzan para sentar a un centenar de mineros de Istmina y los municipios aledaños sobre el río San Juan. Bombas rojas adornan las paredes.

“Nosotros empezamos como mineros tradicionales. Luego pasamos a ser informales. De ahí, a ilegales. Después, criminales. Ya estamos encima de los narcotraficantes. Todo porque no tenemos título. ¿Y por qué? Porque el Gobierno solo tiene interés en dárselos a las multinacionales”, dice Iber López, un educador de Nóvita que anda de candidato liberal a la Asamblea.

No alcanza a terminar cuando ya su público ha irrumpido en aplausos. Se refiere a que, aunque ninguna está trabajando actualmente en Chocó, empresas como Anglogold Ashanti o Continental Gold tienen decenas de títulos mineros en el departamento. Y que ellos sienten que el discurso cada vez más duro del Gobierno contra la minería criminal termina metiéndolos a ellos en ese mismo saco, por no tener un título, y exponiéndolos a uno de los operativos de destrucción de maquinaria.

Después de él, otro conocido político toma el micrófono.

“Están acorralando a los mineros. Es lo mismo con las empresas camaroneras y las forestales: nos quieren meter a las grandes multinacionales, para acabar con la minería, la pesca artesanal y los madereros”, dice Carlos Alberto Palacios.

Aunque acá nadie lo conoce con ese nombre. Para todos él es ‘Domingo’ y es -respaldado por el aval liberal, de La U y el Mais- uno de los dos favoritos a la Gobernación del Chocó.

Los aplausos son atronadores. Muestran cómo la minería se ha metido en el centro del debate electoral en Chocó, aunque -a diferencia del Tolima, donde la oposición al proyecto La Colosa de Anglogold Ashanti es toda una bandera política- acá se trata de defender de los mineros. A los pequeños.

“El Gobierno está interesado en promover a las multinacionales porque le alivian un problema fiscal, pero no se da cuenta que solo apoyando a los mineros locales soluciona el tema social a larzo plazo. Hay cientos de mesas mineras y nunca se ha avanza en lo que la gente realmente espera: que se pueda trabajar legalmente”, dice el representante Nilton Córdoba Manyoma, que fue alcalde del vecino Medio Baudó y vive en Istmina. Y que conoce la problemática minera porque -como dice él- “he vivido toda la vida de la minería, así sea indirectamente”.

Más aplausos. No en vano los medianos y pequeños mineros son el principal renglón de la economía del Chocó y el sector que más empleo da, por encima incluso de los maestros.

Los de San Juan, con tablas de Excel en mano, defienden el argumento económico. Hace cuatro años Fedemichocó -el gremio que reúne a 8 mil mineros chocoanos- hizo un censo propio, ya que sintieron que el que había levantado el Gobierno no reflejaba la realidad de la región.

El resultado es que hay 216 ‘empresas mineras’ (entables) afiliadas a las cinco asociaciones de medianos mineros del departamento, incluyendo los 45 que integraban Coomisanjuan. Según sus cálculos, esos entables generan 3.164 empleos directos en todo el Chocó (1.442 en el San Juan) y benefician a unos 3.944 barequeros.

“Cada uno de ellos tiene una esposa y dos hijos, como mínimo”, apunta Lina Palomeque, la gerente de la cooperativa, añadiendo que su actividad mueve unos 17 mil millones de pesos mensuales en todo el Chocó. Más o menos la mitad de esa plata en combustible y el resto entre salarios, mercado, repuestos y lubricantes.

El problema es que la mayoría de ellos sigue trabajando sin título, sin licencia ambiental y con métodos muy lesivos para el medio ambiente, tumbando la tupida selva chocoana con sus retros, cavando huecos a la orilla de los ríos y raras veces reforestando.

“El Estado es el papá nuestro: nos tiene que educar y sancionar, pero tiene que empezar por la parte de educar. No estamos en contra de las normas, pero por favor que nos den la oportunidad de estar en el marco legal y nos ayuden con las legalizaciones y los títulos. Que nos enseñen desde cómo hacer la contabilidad hasta cómo reforestar”, dice Vicente Jiménez, uno de los líderes mineros más conocidos del Chocó.

Él ha sido uno de los mayores impulsores de que los pequeños mineros se organicen, fundando primero Fedemichocó y luego impulsando el nacimiento de la Conalminercol que los reúne a todos a nivel nacional. Y fue también uno de los líderes del gran paro de pequeños mineros del 2013, que coincidió con el paro agrario que tan duro le costó a Santos y que se conjuró con la promesa de la formalización que hasta este año lanzó el Gobierno.

Después de cuatro años, el gobierno Santos finalmente entendió que la formalización es un proceso largo, muy gradual y que requiere bastantes recursos y acompañamiento del Estado.

“Nuestro objetivo es reivindicar este sector porque este es un país minero. De gran minería pero también de pequeña y mediana minería”, le dijo a La Silla la viceministra de Minas María Isabel Ulloa, explicando que arrancaron con caracterizaciones de cada región para entender mejor sus dinámicas y que el programa, más que regularizar su situación, apunta a darles herramientas en temas como reforestación, contabilidad, seguridad social y formalización laboral.

El primer paso es una “fiscalización diferenciada”, que -a diferencia de los procesos anteriores- entienda la diferencia entre barequeros y retros, entre carboneros en Boyacá, mineros de oro aluvial en el Chocó y mineros de oro de veta en Nariño, entre agromineros que también cultivan café, entre afros e indígenas.

El primer paso para fue el Plan de Desarrollo, que este año incluyó por primera vez -corrigiendo por fin una de las más fuertes críticas que se le ha hecho en el pasado- una distinción entre las distintas categorías de minería: grande, mediana, pequeña y de subsistencia. Ahora el Ministerio de Minas está ultimando los detalles de un decreto que define las características de cada uno de sus grupos, que se publicará en los próximos meses y con el que pondrán en marcha el programa.

Ya hicieron un levantamiento de información de todas las empresas mineras en el país y pusieron la meta de que, al final del gobierno Santos, haya 2.600 unidades productivas en proceso de formalización. Todos pasos que los mineros sienten como pasos hacia adelante.

Aunque hay uno que aún los preocupa: el requisito central para la formalización es que tengan un título minero. Es decir, algo que a los mineros del San Juan les ha sido esquivo en 13 años.

Chocó, la segunda región con la mayor producción de oro del país, es eminentemente un lugar de pequeños y medianos mineros, muchos de los cuales trabajan sin el amparo de un título minero.

Los mineros del río San Juan reconocen que trabajan en condiciones precarias ambientalmente, pero insisten en que el problema es que el Estado nunca los ha acompañado.

El comercio del oro en Istmina viene golpeado desde hace dos años, según los pequeños mineros por la intensificación de los operativos del Gobierno contra la minería criminal que terminan convirtiéndolos a ellos en objetivos.

Hace tres años bastaba con desviarse algunos metros de la carretera que lleva desde Quibdó hasta Istmina para ver los entables, en donde hasta una treintena de mineros trabajaban con el frenesí de un panal.

A lo largo de esos descampados subían y bajaban retroexcavadoras, sus palas cargadas de tierra negra que luego depositaban en unas estructuras metálicas de dos pisos. Otros mineros vigilaban mientras el chorro de agua a presión descendía por una canaleta en zigzag, provocando que el oro -más denso que la tierra- se asentara debajo de una rejilla metálica. A un lado, en cada hueco cavado por las retros, podían barequear hasta un centenar de pequeños mineros.

Esa escena ya no se ve. Por miedo a que en los operativos del Gobierno contra la minería criminal los confundan a ellos, la mayoría de los mineros de la zona ha trasteado sus entables a dos y tres horas de viaje por los ríos San Juan y Nóvita. Más lejos de un potencial operativo (como aquel en que a un socio le quemaron la retro en noviembre de 2013, antes de que -según él- pudiera mostrarles los papeles), aunque también más cerca de las Farc, el ELN y las bacrim que los extorsionan a diario.

Esa es la razón por la que anda de capa caída Coomisanjuan, que -más que una cooperativa- es una agremiación de medianos mineros. En las épocas del boom llegaron a ser 77 socios, cada uno con su entable, sus dos o tres retros y unos 30 mineros empleados. Hoy solo son 18 los que están activos.

A Istmina, la segunda ciudad del Chocó, también le ha pasado factura esa crisis. Con sus dos calles pavimentadas, sus cuatro hoteles, sus bombas de gasolina y decenas de comercializadoras de oro, era el centro pujante del comercio de pepitas doradas, que ahora está reducido a su mínima expresión.

Aún así, en medio de la incertidumbre y de unos precios del oro que llevan tres años caídos (aunque últimamente les ha dado un empujón el alza del dólar), los mineros de Coomisanjuan están intentando revitalizar su asociación. El paso más importante que tienen que dar, dicen, es lograr que sus minas sean legales.

Pero ahí justamente ha estado su mayor escollo.

“Los procesos de formalización han sido un sofisma de distracción. Si uno hace una cocina, es para que la gente coma y no para que deje la comida. El Gobierno hace procesos de legalización pero para que la gente no se legalice. Las barreras parecen pensadas para que no se puedan pasar”, dice Vicente Jiménez, quien tiene otro título en la zona rural de Quibdó pero lleva cuatro años esperando una licencia ambiental que Codechocó no le ha expedido. De hecho, dice, la autoridad ambiental le notificó que perdió sus papeles.

Un minero de la asociación de mineros de Tadó, cercana a donde trabaja Coomisanjuan, muestra la foto de un operativo militar contra la minería criminal en la que -según él- destroyeron su maquinaria sin pedirle siquiera sus papeles. 

Los integrantes de Coomisanjuan, como el ingeniero de minas Jairo Giraldo, cargan a todas partes un grueso cartapacio con los documentos que muestran cómo su proceso viene estancado desde hace 13 años.

La formalización minera fue la promesa que desatascó el paro de pequeños mineros de 2013, pero sus líderes -como Luz Stella Ramírez de la Conalminercol que los agrupa a nivel nacional- son muy escépticos de que se inicie e incluso ya hablan de la posibilidad de un nuevo paro.

Los mineros del alto San Juan se juntaron en 1997 porque sabían que era más fácil legalizarse juntos.

Esto dado que no tienen títulos, sino que trabajan dentro de las tierras colectivas de los consejos comunitarios afro, como parte de unos acuerdos en los que los dueños de los entables les pagan entre el 10 y el 17 por ciento de lo que producen.

Sus pinitos para volverse legales arrancaron en 2001, cuando el gobierno de Andrés Pastrana sacó el actual Código minero -que por primera vez abordaba la situación de la minería de hecho- y le daba a los pequeños mineros un plazo de tres años para hacer los trámites.

Coomisanjuan pidió la legalización de tres áreas donde trabajaban: una de 7486 hectáreas bordeando el río San Juan entre Tadó y Unión Panamericana, otra de 8720 hectáreas subiendo por el mismo río desde Condoto y una tercera de 8169 hectáreas en la zona rural que va desde Condoto hasta el corregimiento de Puerto Meluk en Istmina.

Como en aquel entonces no había oficina de la autoridad minera en el Chocó, llevaron sus papeles en octubre del 2002 a la oficina de la extinta Minercol en Amagá (Antioquia). Lo hicieron apenas unos días después de que apareciera -ya en épocas de Álvaro Uribe- el decreto que reglamentaba el proceso de legalización minera.

Un año después, cumplieron una de las reglas más importantes que les ponía ese proceso: trajeron a un empleado de Coomeva desde Medellín durante una semana y afiliaron a casi 300 explotadores mineros a seguridad social.

En 2005 firmaron un convenio con la Universidad Tecnológica del Chocó, en el que ellos se comprometieron a enganchar a dos estudiantes de último semestre de ingeniería ambiental para que hicieran una pasantía monitoreando las condiciones en las que trabajan en los distintos entables y escribiendo su tesis sobre el tema.

Era su manera de buscar que los mineros trabajaran en una forma menos lesiva para el ambiente. La cooperativa, a cambio, les pagaba un salario mínimo, el transporte, la alimentación y el hospedaje.

El contrato funcionó durante dos años -con uno de los estudiantes turnándose entre los entables de Tadó y Las Ánimas, y el otro entre Condoto e Istmina- hasta que la Universidad se vio obligada a cancelarlo por la ausencia de un título.

Tras varios años en que el proceso estuvo quieto, en abril de 2010 Ingeominas -que había asumido las funciones de Minercol- les anunció que viajaría a Istmina a hacer la inspección conjunta de las áreas con Codechocó, la corporación ambiental del Chocó.

Sus tres informes de visita -que firmaron un ingeniero ambiental de Codechocó y un ingeniero de minas de Ingeominas- determinaron que “es viable técnicamente continuar con los trámites de la solicitud de legalización de minería de hecho” en los tres lugares.

Cuatro meses después, en septiembre de 2010, Ingeominas firmó un contrato con la Universidad de Caldas para hacer el Plan de Trabajos y Obras (PTO) de las tres áreas, como había venido haciendo en otras zonas del Chocó.

Ahí arrancaron de nuevo los problemas. El 28 de octubre de 2011, el profesor Rubén Darío Bedoya de la Universidad le escribió una carta al alcalde condoteño Carlos Zenón, contándole que -cuando su ingeniero Sergio José Castro intentó visitar el área solicitada por Coomisanjuan- una empresa llamada Extracon les había impedido el acceso.

Es poco lo que en la zona saben de esta empresa, que -si se le cree a la rumorología en la zona- la fundó un israelí que se instaló allí hace unos ocho años. Y que, según la poca información pública que hay, está registrada en Cali y la dirige un empresario llamado Nico de Bruyn. Aunque el informe de la Universidad de Caldas no lo menciona, los mineros de Coomisanjuan cuentan que los guardias que les cerraron el paso estaban armados.

Esa escena se repitió un mes después, cuando el geólogo Ubaldo Cossio del Servicio Geológico Colombiano (SCG) -que reemplazó a Ingeominas- intentó visitar la mina.

Con base en el informe de Cossio, el 28 de diciembre la coordinadora en Medellín del SGC le envió una carta al alcalde Zenón, advirtiéndole que Extracon “no posee título minero en el sitio donde se encuentra explotando actualmente” y que sus actividades en la cuenca del San Juan son ilegales, por lo que él debía tomar cartas en el asunto. De paso, le remitió el informe al Procurador General Alejandro Ordóñez, a la Fiscal General Vivianne Morales y a Codechocó.

Como a Zenón apenas le quedaban cuatro días de gobierno, tuvo que mandarle la misma carta al nuevo alcalde Jhonilin Borja tres semanas después. Sin embargo, el alcalde -según los mineros- nunca hizo nada.

“Si la Fiscalía o la Procuraduría, que son la autoridad, no pueden hacer nada, ¿ante quiénes nos quejamos? ¿En quién va a confiar uno?”, dice Jairo Giraldo, un ingeniero de minas antioqueño que trabajó durante tres décadas en el Ministerio de Minas y que hoy los asesora.

Hasta ahí llegó su proceso. Se quedaron sin un Plan de Trabajos y Obras, sin Plan de Manejo Ambiental y sin una visita siquiera en las otras dos áreas. De nuevo quedaban en un limbo.

Hace dos años volvieron a intentar mover su caso. Esta vez con la ayuda de políticos: de la mano de dos senadores vallecaucanos -el polista Alexander López y del liberal Édinson Delgado- estuvieron dos veces en el Congreso (aunque Delgado no volvió a ayudarlos desde que su votación en Istmina en 2014 fue de solo 62 votos).

Y hace dos meses se reunieron -gracias a la gestión del representante liberal chocoano Nilton Córdoba Manyoma- con Natalia Gutiérrez, la presidenta de la Agencia Nacional de Minería que creó Santos y que heredó las funciones de titulación y formalización de Ingeominas.

Su proceso arrancó de nuevo. Pero pronto apareció otro escollo: en julio de este año la Agencia Nacional de Minería les mandó un correo pidiéndoles todos los recibos de pago de regalías de los últimos 14 años.

“Eso es como si le piden a uno el recibo de la luz del 2001, cuando uno lo guarda hasta que paga el siguiente. O como si el día que se va a graduar de bachiller, le dicen ‘tráigame todas sus calificaciones desde transición’. Son unas incongruencias”, dice Jairo Giraldo, sentado en una mesa sobre el río San Juan, a un centenar de metros de la oficina de Coomisanjuan.

Aunque ya están compilando esos recibos, no es un trabajo fácil porque no es la cooperativa la que vende el oro, sino cada uno de sus socios de manera individual.

Consultados por La Silla, la Agencia Nacional de Minería explicó que han tenido dificultades dada la extensión de las tres áreas y que algunos de los consejos comunitarios que viven allá están solicitando parte de esas mismas zonas para trabajar. Y que el próximo paso es una visita que tienen pendiente programar con funcionarios de Codechocó para determinar qué área se podría legalizar y luego contratar los estudios técnicos.

Es decir, aunque parece haber vuelto a un punto por el que ya había pasado, el proceso de los mineros del San Juan volvió a andar después de varios años. Sin embargo, a ellos el escepticismo no los ha abandonado. De hecho, uno de sus temores es que, como las multinacionales han pedido muchos títulos en la zona, ya no haya muchos disponibles para ellos.

“Yo con el Gobierno me siento como cuando un caballo va saltando obstáculos. Cada vez que has superado uno, van sacando nuevos”, dice Gladys Aguirre, una de las empresarias más importantes de Istmina y fundadora de Coomisanjuan. Ella no tiene entables propios, pero es dueña de retros en compañía con varios mineros y es propietaria de una bomba donde muchos de los mineros istmineños compran gasolina y aceite.

“Nosotros queremos demostrarles que si el Gobierno nos apoya, podemos hacer las cosas bien. Pero necesitamos que vengan y se metan con nosotros en las minas y que trabajemos juntos”, añade Aguirre.

En medio del fervor electoral y de los discursos de varios candidatos, uno de los mineros lanza una idea para recuperar esa confianza del Estado: reactivar el convenio con la universidad.

Todos insisten en que quieren trabajar dentro de la legalidad, pero dudan que el Gobierno realmente lo vaya a hacer. Como dice Vicente, “si ellos no nos montan en la locomotora minera, así sea en el último vagón, esto nunca va a andar. Porque no es justo que vengan a nuestra tierra a no dejarnos trabajar y a dejarnos fuera del negocio”.

Ese es el escepticismo, fruto de los acuerdos incumplidos históricamente, contra el que tendrá que luchar Santos si quiere cumplir esta vez su promesa de legalizarlos.