En La Habana, un microcosmos de las víctimas

Consuelo González de Perdomo

Secuestrados por las Farc

El 10 de septiembre de 2001, un día antes del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, la representante liberal y huilense Consuelo González de Perdomo fue secuestrada por las Farc en la vía entre Pitalito y Neiva. Durante los seis años que estuvo en cautiverio perdió a su esposo, se convirtió en abuela y perdió su curul. Finalmente, el 10 de enero de 2008, fue liberada en las selvas del Guaviare junto con Clara Rojas.

González representa a los 31.955 secuestrados que hasta la fecha aparecen en las cuentas de la Unidad de Víctimas y, sobre todo, forma parte de los casos de secuestro con fines políticos cometidos por las Farc. Su nombre era parte de una lista de personas que esta guerrilla consideraba “canjeables“ y en la que había 76 personas, entre políticos y militares. Hasta el 2011, 26 habían sido asesinados.

Y también representa a la clase política del Huila, que con al menos cuatro congresistas o ex congresistas secuestrados por las Farc (Jorge Eduardo Géchem, Orlando Beltrán, Gloria Polanco de Lozada, aparte de González) y un ex gobernador asesinado (Jaime Lozada), fue una de las más golpeadas del país. En total, ese departamento ha puesto 124.794 víctimas.

Marisol Garzón

Magnicidio

El 13 de agosto de 1999, el humorista y periodista Jaime Garzón iba camino a las instalaciones de Radionet cuando fue interceptado por sicarios al mando de Diego Murillo, alias Don Berna, que lo asesinaron. La orden, según se ha podido establecer 15 años después del crimen provino del jefe de las AUC, Carlos Castaño. Marisol Garzón es hermana del satirista más importante que tuvo el país en los últimos 50 años y ha liderado su caso. Este año, el caso por fin avanzó en la justicia cuando se vincularon a la investigación al ex subdirector del extinto DAS, José Miguel Narváez, y al coronel retirado del Ejército, Jorge Eliécer Plazas.

Marisol Garzón simboliza la tragedia de los magnicidios políticos en Colombia en los últimos treinta años, que cobraron la vida de al menos cinco candidatos o ex candidatos presidenciales (Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro y Álvaro Gómez), tres ministros o ex ministros (Enrique Low Murtra, Rodrigo Lara Bonilla y Gilberto Echeverri), un director de periódico nacional (Guillermo Cano), un Procurador general (Carlos Mauro Hoyos) y un arzobispo (Isaías Duarte), así como varios ex altos magistrados, gobernadores y congresistas. Que se suman al total de 252.734 homicidios que registra la Unidad de Víctimas, una cifra que no cuenta a sus familiares (también víctimas).

El de Garzón es además uno de los 142 casos de periodistas asesinados desde 1977 en el país, según cálculos de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

Teresita Gaviria

Desaparición forzada de los paramilitares

El cinco de enero de 1998, uno de los dos hijos de Teresita Gaviria -Cristian Camilo Quiroz- salió de Medellín con unos amigos hacia Bogotá. En el camino pararon en Doradal y allí se lo llevaron paramilitares del Magdalena Medio. Al año siguiente, Teresita y otras madres de desaparecidos hicieron un plantón y así nació la Asociación Madres de la Candelaria, de la que Gaviria se convirtió en representante legal y en una de sus caras más visibles. A comienzos de este año cumplieron 15 años buscando la liberación de sus familiares desaparecidos.

Aunque en Colombia hay registros de más de 42.692 casos de desapariciones forzadas en la Unidad de Víctimas, los paramilitares vinculados a Justicia y Paz sólo han confesado 3.551 crímenes por este delito. Y hasta ahora, sólo hay cinco condenas. Sin embargo, el proceso de desmovilización de los paramilitares que inició en 2005 ha permitido encontrar 4.007 fosas comunes y 4.892 cuerpos, de los cuales un poco menos de la mitad ya han sido devueltos a sus familias según cifras del informe de Memoria Histórica publicado en mayo de este año.

María Choles Toro

Víctimas de violencia sexual

María Choles es una líder de víctimas afro de la zona bananera del Magdalena, que ha sido una de las más convulsas del país desde los años treinta. Ha sido víctima de violencia sexual dos veces: primero de las Farc en 1995, siendo también maltratada y teniendo que salir desplazada a Santa Marta, y luego, tras haber regresado a la zona bananera, de los paramilitares en 2000. El ex jefe para Salvatore Mancuso ya reconoció, en Justicia y Paz, que sus hombres estuvieron involucrados en su victimización. Desde entonces se ha convertido en líder de víctimas de violencia sexual, acompañando a mujeres en procesos civiles como uno que cursa contra ‘Hernán Giraldo’.

Choles es una de las pocas víctimas visibles de la violencia sexual, que sigue siendo el hecho victimizante más invisibilizado de todo el conflicto colombiano. A pesar de que oficialmente en total hay 6,6 millones de víctimas registradas ante la Unidad de Víctimas, había apenas 5.997 personas que han reportado haber sido victimizadas sexualmente en medio del conflicto. Es decir, mucho menos que los siguientes hecho victimizante menos reportados, como reclutamiento de menores y tortura.

“Ella siempre repite la misma frase: ‘mi cuerpo ha recibido dos violencias y ambas me han marcado a mí, a mi cuerpo y a mi familia, indistintamente de la ideología del perpetrador’. Para ella, (ese será su mensaje en La Habana) y para las víctimas “es esencial que avancen los procesos de reparación, tanto los individuales como los colectivos”, cuenta Ángela Cerón, la directora de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombians por la Paz que ha trabajado con ella.

Magdalena es además uno de los departamentos más golpeados por el conflicto: con 410.767 víctimas, solamente lo superan las 1,3 millones en Antioquia y las 506 mil en Bolívar. Y, con un desplazamiento y dos casos de violencia sexual, Choles es una de 40.520 víctimas en el país que suman tres hechos victimizantes.

Marleny Orjuela

Policías y militares retenidos por las Farc

Marleny es una de las líderes de víctimas más visibles de este grupo que va a La Habana por su trabajo incansable como presidenta de la Asociación de Familiares de Policías y Militares Secuestrados por la Guerrilla (Asfamipaz).

No será la primera vez que Orjuela se encuentre con los guerrilleros. Esta contadora pública que se dedicó a conseguir la liberación de los miembros de la Fuerza Pública capturados por las Farc desde que su primo fue retenido en la toma de Miraflores en 1998, se reunió con ellos decenas de veces en El Caguán. Cuando los diálogos de paz de Andrés Pastrana, Orjuela viajaba por tierra para llevarles cartas de sus familiares y utensilios de aseo. También para tratar de persuadir a las Farc de que los dejaran en libertad.

Los primeros soldados y policías cayeron en manos de las Farc en la toma de la base militar de Las Delicias, en el Putumayo, el 30 de agosto de 1996. A partir de ahí, la guerrilla inició una política sistemática de tomarlos de rehenes para intercambiarlos por guerrilleros presos hasta tener a 790 retenidos entre 1996 y 2002. En 2012, fueron dejados en libertad los últimos.

Según lo documentó Cifras y Conceptos para el informe Basta Ya del Centro de Memoria Histórica, entre 1982 y 2010, 1254 uniformados fueron retenidos por las Farc. En la guerrilla han cuestionado si tratándose de militares y policías que cayeron en combate deben ser considerados víctimas. Aunque se podría discutir si deberían ser considerados prisioneros de guerra en el marco de un conflicto armado, dado el maltrato que sufrieron (estuvieron durante años con grilletes metálicos en cuello, brazos y piernas) y el tiempo tan largo que fueron cautivos, su condición de víctimas es evidente.

Juanita Barragán

Reclutamiento forzado

Barragán, de quien no tenemos mayor información, es una antigua guerrillera que llegó a las Farc reclutada a la fuerza cuando solo tenía 13 años y que luego se desmovilizó.

Aunque su historia es común tanto en la guerrilla como en los paramilitares, el reclutamiento forzado es uno de los hechos victimizantes más invisibilizados del conflicto debido a que muchos menores reclutados han permanecido en sus filas durante años y a que -al igual que la violencia sexual- es uno de los más silenciados por las víctimas. Tanto que el registro de la Unidad de Víctimas solo tiene documentados 7.478 casos.

Gloria Luz Gómez

Detenidos y desaparecidos por la Fuerza Pública

Gloria Luz Gómez es hermana de Leonardo Gómez, un líder estudiantil y militante político que desapareció el 4 de marzo de 1983 y cuyo cuerpo fue encontrado días después con signos de tortura. Leonardo desapareció cuando protestaba por las calles de Bogotá un año después de que 13 jóvenes de las universidades Distrital y Nacional de Bogotá corrieran con su misma suerte. Hoy, Gloria es la presidenta nacional de Asfaddes, una organización de víctimas que reúne familiares de detenidos y desaparecidos y que hace movilizaciones y marchas inspiradas en las madres de la Plaza de Mayo de Argentina.

Las víctimas de desapariciones forzadas en Colombia se cuentan desde 1970 pero el hecho se recrudeció a finales de esa década con el Estatuto de Seguridad Nacional que impuso el entonces presidente, Julio César Turbay, y que finalmente fue derogado en junio de 1982. En ese entonces sólo había una víctima reconocida por desaparición: la odontóloga Omaira Montoya, novia de un guerrillero del ELN y que desapareció en 1977.

Aunque el Sirdec, el sistema de información de red de desaparecidos y cadáveres de Medicina Legal, tiene registrados 19.254 desde 1970 hasta 2012, nadie sabe realmente cuántas víctimas hay por este delito. Hasta la fecha, la Unidad de Víctimas cuenta 42.696 desaparecidos donde se suman los casos de todos los victimarios, incluidos los del Estado como en el caso de Gómez. El Centro de Memoria Histórica ha reconstruido 5.016 casos desde 1970 y aún no ha terminado.

De todas formas, Gloria Luz representa a otro grupo de víctimas que no recibirá reparación administrativa por parte de la ley de víctimas porque el hecho ocurrió antes de 1985. En ese grupo, según la Unidad de Víctimas hay 325.091 personas registradas hasta este año.

Esperanza Uribe

Jueces muertos en el conflicto

Uribe es la esposa de Pablo Antonio Beltrán, el juez de San Gil (Santander) asesinado junto a otros 14 funcionarios judiciales en la masacre de La Rochela.

El 18 de enero de 1989, en el corazón del Magdalena Medio santandereano, fueron asesinados doce de quince miembros de una comisión judicial que investigaba una serie de homicidios y desapariciones ocurridos en los municipios de Simácota, Cimitarra y Puerto Parra. Para los paramilitares, los narcotraficantes (especialmente Gonzalo Rodríguez Gacha), los militares que vivían en la zona y los políticos locales, era necesario que estos crímenes quedaran en la impunidad. Se reunieron en la finca 'Las Palmeras' para planear la masacre y en la Carretera Panamericana 15 hombres armados dispararon a los jeeps donde viajaban los jueces. Tres de estos fingieron su muerte y se salvaron para contar esta historia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por acción y omisión en los hechos perpetrados por los paramilitares con la colaboración de la fuerza pública. Pero lo hizo hasta marzo del 2006, 17 años después.

Como lo contó a La Silla Iván Orozco, coordinador en el grupo de Memoria Histórica para el caso de La Rochela, esta masacre es emblemática de los 1.500 hechos vitimizantes a funcionarios judiciales que se han perpetrado en los últimos 30 años, es decir, uno por semana.

Esaú Lemus Maturana

Víctimas Afro

Esaú Lemus, de quien no tenemos mayor información, es un afrodescendiente, defensor de víctimas y víctima de desplazamiento forzado del municipio de Bagadó, Chocó. Además, representa a ese departamento en la Mesa Nacional de Víctimas y es el secretario general de la Asociación de Desplazados Afros del Chocó (Adacho).

Una persona que lo conoce le contó a La Silla que Lemus ha sido doblemente victimizado por las Farc y los paramilitares después de la toma de los primeros en Bagadó en 2003. Allí, Lemus cuenta que los guerrilleros lo acusaron de ser informante de los paras y que esa fue la causa de su desplazamiento.

Lemus representa a las 5.782.092 víctimas de desplazamiento en todo el país y a los 622.559 afrodescendientes registrados en la Unidad de víctimas. Además, hace parte de los 415.238 personas que han sufrido dos hechos victimizantes.

Jessica Hoyos

Sindicalistas asesinados

Es la hija de Jorge Darío Hoyos, un líder sindical antioqueño que fue asesinado en Fusagasugá en 2001. Hoyos no era un dirigente sindical tradicional, sino que se dedicaba a asesorar y formar a los líderes de sindicatos como Fecode, la Uneb bancaria, Sintracarbón o el de Telecom. Por su homicidio fueron condenados en 2003 los dos autores materiales del crimen, ambos paramilitares de las milicias urbanas de las AUC del Casanare, y en 2007 su autor intelectual, el agente de policía Carlos Monroy (que había muerto un año antes).

Jessica, que tenía 16 años cuando su papá fue asesinado, habló del caso de su padre ante el Congreso gringo durante la presidencia de Alvaro Uribe, en momentos en que la violencia contra sindicalistas era uno de los escollos del TLC con Estados Unidos.

El de Hoyos es uno de los casos más visibles de asesinatos contra sindicalistas, que la Escuela Nacional Sindical (ENS) -la principal ONG dedicada a formar líderes sindicales y a monitorear sus niveles de riesgo- cifra en más de 2.800. Es decir, contando sus familias, el sindicalismo ha puesto más de 20 mil víctimas en Colombia.

Reinel Barbosa

Víctimas de minas antipersonal

Barbosa es un campesino de 29 años de La Uribe (Meta), que en 2008 fue víctima de una mina antipersonal, probablemente sembrada por las Farc, después de salir corriendo de un río al oír una explosión. Como consecuencia del impacto, le tuvieron que amputar una pierna. Poco después salió desplazado hacia Bogotá, donde hoy estudia sistemas y se ha convertido en un líder de las víctimas de minas, liderando su propia organización a nivel bogotano (Adisman), creando la primera red nacional de asociaciones de víctimas de minas y además siendo su representante en la Mesa Nacional de Víctimas.

Como Barbosa, hay 11.233 personas que han sido víctimas directas de minas antipersonal, munición sin explotar y artefacto explosivos. Sin embargo, ese registro que lleva la Unidad de Víctimas sólo incluye a las personas que fueron heridas por una mina o que murieron a causa de ella (y que fueron registrados por sus familiares). “Pero no incluye a los familiares ni a la comunidad, que en términos internacionales -la Convención de Ottawa- son también víctimas y que nosotros calculamos en una cifra cercana a las 800 mil personas en Colombia”, dice Álvaro Jiménez, el coordinador de la Campaña Colombiana contra Minas.

Barbosa también es la cara visible de otro grupo de víctimas que tradicionalmente no ha sido muy visible: el de las personas que se encuentran en situación de discapacidad física debido al conflicto. Y que en total son 145.437 personas, o el dos por ciento de todas las víctimas en el país.

Gabriel Bisbicuis

Víctimas indígenas

Bisbicuis es un líder de los awá, una comunidad indígena del sur de Nariño que ha sido duramente golpeada por el conflicto, en buena parte porque viven en una zona fronteriza con Ecuador que se han disputado territorialmente las Farc, el ELN y los paras (y ahora Los Rastrojos). Debido a las minas antipersonal, a los homicidios y a las amenazas durante años les tocó vivir prácticamente confinados en su territorio. Sus niveles de victimización han sido tan altos que en 2009, la Corte Constitucional los declaró como una de las 34 comunidades indígenas que están en riesgo de extinción cultural y física.

“Si hay un pueblo indígena o una comunidad que ha sido especialmente golpeada por las minas han sido ellos. Ellos condensan casi todas las formas de victimización: el desplazamiento, el homicidio en persona protegida, asesinato de niños, minas, bombardeos del Ejército. Han sido revictimizados y requetevictimizados, porque encima han sido acusado muchas veces de apoyar a las Farc”, dice Álvaro Jiménez, el coordinador de la Campaña Colombiana contra Minas, a quien le ha tocado trabajar de cerca con los awá.

Bisbicuis es un ejemplo de la situación de los indígenas en el conflicto, que han puesto ya 136.637 víctimas oficialmente reconocidas. Teniendo en cuenta que el censo de 2005 sitúa la población indígena del país en 1,3 millones, eso significaría que 1 de cada 10 indígenas son víctimas. Además Nariño, con 355.652 personas registradas ante la Unidad de Víctimas, es el cuarto departamento del país con mayor número de víctimas (sólo por detrás de Antioquia, Bolívar y Magdalena).