Esto pasó en el Caribe durante las vacaciones

La primera cumbre por la paz de 2016

Durante dos días, el 7 y el 8 de enero, el presidente Juan Manuel Santos lideró en La Casa del Marqués de Valdehoyos, en Cartagena, la primera cumbre por la paz de 2016. La convocó para evaluar lo que falta para que se firme el acuerdo con las Farc, el 23 de marzo próximo, fecha que él y el jefe de esa guerrilla 'Timochenko' le anunciaron al país en septiembre pasado.

En la cumbre participaron los ministros de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín y para el Posconflicto Rafael Pardo, las dos cabezas visibles del equipo negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle y el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo. También estuvieron el exministro israelí Shlomo Ben Ami, el exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos y el político inglés Jonathan Powel.

El presidente Santos le dijo a los medios que en las reuniones, celebradas a puerta cerrada, se habló sobre los dos puntos pendientes en la agenda de conversaciones. Es decir, ‘fin del conflicto’ e ‘implementación, verificación y refrendación de los acuerdos', así como detalles de la pedagogía del plebiscito, que una vez firmado el acuerdo comenzará en el país.

En sus declaraciones a los medios, Santos también defendió el acuerdo de Justicia Transicional y mencionó las críticas que, en diciembre pasado, hizo la ONG Human Rights Watch por lo pactado con la guerrilla. "El acuerdo no es perfecto, pero es el mejor que jamás se ha logrado", dijo el mandatario. 

Al final de la cumbre le ordenó al equipo negociador meterle el acelerador al proceso, y anunció que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para obtener las facultades con las que podrá iniciar la concentración de las Farc en sitios aún por definirse.

Sur Caribe, el departamento 33 de Colombia

Políticos y ciudadanos de los municipios de los sures del Cesar, Bolivar y Norte de Santander le enviaron en diciembre una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que argumentaron razones sociales, geopolíticas y económicas para querer conformar el departamento 33 de Colombia y llamarse Sur Caribe.

Entre sus motivos para proponer la creación del ente territorial, los firmantes enunciaron dificultades con los órganos de control, problemas de seguridad, crisis en la salud y la poca comunicación eficiente con sus gobiernos departamentales para la toma de decisiones.

Proponen que el nuevo departamento tenga como capital a Aguachica y lo conformen 18 municipios: San Alberto, San Martín, González, Gamarra, La Gloria, Pelaya y Aguachica, hoy jurisdicción del Cesar; La Esperanza y El Carmen, de Norte de Santander, y Santa Rosa, Simití, Morales, San Pablo, Canta Gallo, Regidor, Río Viejo, Norosí y Arenal, de Bolívar.

Los gabinetes ya comienzan a generar ruidos

Aunque los recién posesionados alcaldes y gobernadores del Caribe todavía están conformando su gabinete, algunos de esos nombramientos ya comienzan a generar ruidos por las casas políticas que representan o por sus nexos familiares.

En Cartagena, por ejemplo, Manolo Duque le dio participación al exsenador condenado por parapolítica Javier Cáceres, a través de su hija Luz Estela Cáceres. Ella es la nueva secretaria General de Cartagena. Y a los García - Zuccardi (los exsenadores Juan José García, condenado por corrupción, y Piedad Zuccardi, en juicio por parapolítica) con la dirección del Tránsito, en cabeza de Edilberto Mendoza Goez. 

También en Montería hay ruidos alrededor del secretario de Gobierno Salim Ghisays Martínez, nombrado por el alcalde Marcos Daniel Pineda. Ghisays es el hijo de Pedro Ghisays, uno de los dueños de Apuestas de Córdoba y quien según la Fiscalía -citada por el portal Verdad Abierta- aparece en una lista de presuntos testaferros del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

En Riohacha, el alcalde Fabio Velásquez nombró como secretaria de Obras a Yubizza Pimienta, quien fue secretaria departamental de obras públicas de La Guajira durante la administración del hoy detenido e investigado exgobernador Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, como contó La Caribe. Ella, además, tiene abierta una investigación en la Procuraduría por posibles irregularidades en un contrato celebrado en 2013 por $9 mil millones para la construcción de una escuela.

Mientras que en el gabinete de la gobernadora Oneida Pinto fue nombrado Salustio Solano Cerchar, familiar de Juan Francisco 'Kiko' Gomez, según la revista Semana, como secretario de Obras. 

Las polémicas elecciones de contralores y personeros

Los procesos para escoger a los titulares de las personerías y contralorías se han dado en medio de ruidos por falta de transparencia, en la mayoría de departamentos de la región. Especialmente porque quienes están quedando en esas sillas son cercanos a los mandatarios, como es el caso del nuevo contralor de Barranquilla Fernando Fiorillo, o porque tienen investigaciones pendientes, el recién elegido contralor de Córdoba Emilio Otero.

Fiorillo fue jefe de la oficina de Inspección y Comisarías de la Alcaldía de Barranquilla durante la primera administración de Char y fue considerado uno de los funcionarios estrellas de ese gabinete. Sin embargo, Char debió separarlo del cargo después de que la que revista Cambio denunció que funcionarios de la Oficina de Inspección y Comisarías tenían un ?cartel? para negociar pleitos de tierra.

En cuanto a Emilio Otero, quien fue cinco veces secretario general del Congreso y hace parte del grupo político del senador Bernardo 'Ñoño' Elías, tiene dos investigaciones en la Procuraduría, una de ellas por posibles irregularidades en contratación pública.

En el Cesar la elección de los dos controlares, tanto el departamental y como el de Valledupar, no deja de generar asombro por la evidente cercanía de ambos con los mandatarios a los que tendrán que hacerle control fiscal. El contralor departamental es César Cerchiario De la Rosa, quien fue gerente de la campaña del hoy gobernador Franco Ovalle, mientras que el contralor de Valledupar Álvaro Castilla Fragoso fue financista del alcalde Tuto Uhía.

Otro impuesto más en la Barranquilla charista

El Concejo de Barranquilla aprobó en segundo debate, el 23 de diciembre, el impuesto a la telefonía fija y celular, que comenzarán a pagar los barranquilleros mensualmente en sus facturas, según su nivel de ingresos. El acuerdo establece que esos recursos financiarán distintas obras propuestas por el alcalde Alejandro Char (deporte, cultura, espacio público y arborización) y cubrirán parte de los pasivos pensionales que dejó la extinta empresa de telefonía EDT.

La alcaldesa saliente Elsa Noguera firmó el acuerdo, pese a que el ministro de las TIC David Luna le pidió públicamente objetarlo porque la "facultad de creación de los impuestos está en cabeza única y exclusivamente del legislador (principio de reserva legal y legalidad tributaria) y el Congreso de la República no ha creado dicho tributo y mal hace el Concejo Municipal en crearlo y exigir su cobro".

En el documento que le envió a Noguera, Luna le recordó que situación similar ocurrió hace unos años en Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dejó sin efecto el acuerdo aprobado.

El impuesto no deja de sorprender en Barranquilla por la rapidez con que se dio. Y por eso desde hace dos semanas hay quejas en redes sociales y pronunciamientos de algunos líderes de opinión. 

Horario Brieva, por ejemplo, director de la ONG Protransparencia calificó la medida, en su columna de El Heraldo, como una "mala despedida" de la alcaldesa Noguera con la ciudad. Dijo que Barranquilla no aguanta más carga tributaria (desde que el charismo está en el poder se cobran dos valorizaciones). También criticó que parte de los recursos sean destinados para los pasivos de la EDT, "empresa que saquearon y destruyeron las poderosas familias politiqueras de esta ciudad". 

El economista e investigador de la Universidad del Norte Jairo Parada también se refirió al impuesto en su columna de opinión. Se preguntó sobre la verdadera situación de las finanzas distritales de Barranquilla, porque es inexplicable que una ciudad con finanzas saneadas, como no deja de repetirlo la exalcaldesa Elsa Noguera, requiera de este nuevo impuesto para la financiación de obras.

Los hermanos Daes se ganan millonario contrato en la víspera navideña

La empresa A Construir S.A. de los hermanos José Manuel y Christian Daes, contratistas de Barranquilla y dueños de la empresa Tecnoglass, se ganó el 24 de diciembre la licitación para construir el segundo tramo del par vial con el que Barranquilla busca mejorar su movilidad, especialmente tras la entrada a sus calles del sistema masivo de transporte Transmetro.

A Construir ganó el contrato por $9.477 millones después de competir con otras tres firmas (Consorcio Kellun, Unión Temporal 50K y Unión Temporal Par Vial -2 Barranquilla).

Ante la suspicacia que generó en Barranquilla que el contrato fuera adjudicado la mañana del 24 de diciembre, el gerente de Transmetro Ricardo Restrepo dijo que la fecha correspondió al cronograma de la licitación y calificó el proceso de "transparente".

Como contó La Caribe, los Daes son un poder en ascenso en el Caribe que durante los últimos cinco años, con el charismo en la Alcaldía, ha ganado contratos públicos que suman más de $250 mil millones.

Alerta roja por bajos niveles en ríos

El Fenómeno del Niño hizo que, por recomendación del Ideam, el Gobierno decretara desde el 30 de diciembre la alerta roja en dos de los principales afluentes del país: los ríos Magdalena y Cauca. 

La reducción de las lluvias tiene a ambas vertientes con niveles bajos que no se registraban desde 1973, y a poblaciones del Caribe en vilo, como San Pablo, Canaletal y Pinillos, en Bolívar, o Tamalameque en el Cesar. En esos puntos puede haber desabastecimiento y las embarcaciones, tener problemas de movilidad.

Mientras que en otras poblaciones, aunque la situación no es tan crítica porque tienen entre tres y cuatro metros de profundidad (como en El Banco y Calamar, en Magdalena y Bolívar, respectivamente), los niveles representan la mitad del registro promedio.

Con los ríos en esos niveles, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo advirtió que sufrirán los cultivos de yuca, palma aceitera, arroz, maíz, algodón, caña panelera, plátano, cacao y fríjol.

Además, en el Caribe el intenso verano ya deja hectáreas afectadas en Magdalena, La Guajira, Sucre, Bolívar y Cesar.

Más capturas por irregularidades en el Icbf

Los García - Zuccardi comenzaron su lucha para recuperar la gerencia de Transcaribe

Los García - Zuccardi, uno de los clanes más poderosos del Caribe, comenzaron este nuevo año moviéndose para recuperar la gerencia de Transcaribe. El sistema masivo más atrasado del país, como ha contado La Caribe, tuvo hasta junio pasado como gerente a José López Amarís, quien llegó a ese puesto en 2012 gracias al matrimonio que conforman los exsenadores Juan José García, condenado por corrupción, y Piedad Zuccardi, en juicio por parapolítica.

Amarís presentó la semana pasada ante la Procuraduría General una solicitud con la que busca se declare nula la decisión que tomó la junta directiva de Transcaribe, el 19 de junio de 2015, de sacarlo de la Gerencia. Según el exgerente, su remoción fue ilegal porque se dio estando vigente la Ley de Garantías.

Desde entonces está como gerente encargado Carlos Coronado Yances, quien tiene los días contados en ese puesto porque el nuevo alcalde Manolo Duque dijo que en la próxima junta directiva comenzará a debatirse sobre el proceso de elección del titular.

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Por ahora, Venezuela no enviará gas a Colombia

Aunque así lo pactaron Colombia y Venezuela, el país vecino no enviará por ahora gas a territorio nacional. La petrolera PDVSA debía comenzar a hacerlo el 1 de enero pasado, pero informó que todavía no estaba en condiciones de hacerlo.

“Colombia exportó gas durante aproximadamente ocho años; Venezuela debe hacer lo propio una vez desarrollados sus proyectos de producción”, recordó el Ministerio de Minas el 30 de diciembre, en el comunicado con el que anunció el nuevo incumplimiento.

La noticia tiene en vilo a la industria de la región Caribe, que no cuenta con suficiente abastecimiento de gas por cuenta del Fenómeno del Niño. Esto se debe a que las plantas generadoras de energía térmica, especialmente las que funcionan con gas, están trabajando más para proteger los embalses de agua.

El incumplimiento de PDVSA se suma a la negativa de la multinacional Chevron de aplicar la nueva fórmula que la industria Caribe acordó con el Gobierno, en noviembre pasado, para el precio del gas en boca de pozo. La industria costeña estima que pagará durante 2016 unos $17 mil millones adicionales.