Human Rights Watch le pone la lupa a la impunidad judicial en Tumaco

No hay fiscales, jueces, ni cárceles para tanto crimen

HRW concluye que la Rama Judicial y la Fiscalía no han logrado investigar y procesar los crímenes de las disidencias, bandas criminales y agentes del Estado en el puerto principalmente por la falta de funcionarios.

“Un problema clave es que en el municipio apenas hay un juez especializado para juzgar ciertos delitos graves, incluidos homicidio, secuestro, reclutamiento y narcotráfico”, dice el informe.

Relata que ese único juez, para agosto de este año, tenía 517 casos “y programa audiencias los sábados” para destrabar el juzgado.

Si bien desde 2014 (fecha del informe anterior de la ONG sobre Tumaco), el número de fiscales aumentó de 11 a 19, aún no es suficiente.

De esos 19 funcionarios, solo uno tiene a cargo 1.500 investigaciones de desapariciones forzadas, extorsiones y desplazamientos; dos fiscales más investigan homicidios; dos se encargan de hurtos; otros dos de casos de violaciones sexuales; y otro de imputar a delincuentes capturados en flagrancia.

Los restantes se reparten los casos.

A eso se suma que para todo el Puerto que tiene 200 mil habitantes hay asignados “alrededor de 10 investigadores” del CTI y muchos se ocupan de casos del día a día como allanamientos de viviendas o levantamientos de cuerpos, y no procesos de largo aliento sobre narcotráfico o los grupos armados.

Tampoco hay espacio en la cárcel de Bucheli de Tumaco. Para la mitad del año, reporta HRW, había más de 580 presos y la cárcel tiene cupo para 256.

De hecho, la cárcel termina el año sin director, pues el anterior fue detenido a finales de noviembre por exigir coimas a los presos a cambio de certificados de libertad condicional o prisión domiciliaria.

A inicios de esta semana fue detenida la pareja del exdirector por presunta corrupción en entrega de contratos para la cárcel.  

La ONG reconoce, no obstante, que sí hubo avances en la investigación de los asesinatos de líderes sociales en el municipio, uno de los más afectados por estos crímenes, especialmente tras la salida de las Farc del territorio.

Pero en los delitos que tienen que ver con la fuerza pública, como la de la masacre de El Tandil de octubre de 2017 en la que estarían involucrados al menos dos altos oficiales de la Policía, HRW alerta que habría restricciones judiciales porque “la Policía demoró el acceso de los investigadores a información sobre el operativo”.

Es por esto que la ONG en sus recomendaciones pide al Consejo Superior de la Judicatura destinar más jueces especializados al puerto y a la Fiscalía más fiscales y garantizar su protección.

Precisamente mañana Vivanco presentará el informe ante el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.

Violaciones sexuales, reclutamientos y desapariciones: disparados e invisibilizados

De acuerdo con informes de la Policía recogidos por la ONG, más del 50 por ciento de los 195 homicidios que van hasta octubre de este año ocurrieron por “retaliaciones entre grupos armados” y del total, más del 70 por ciento ocurrieron por la vía del sicariato.

Y si bien es el delito que más llama la atención de Tumaco porque supera a la media nacional, toda vez que por cada cien mil habitantes en Bogotá en 2017 hubo 14 homicidios y en Cali 52, mientras que en el Puerto esa tasa es de 105, otros como la violencia sexual, desmembramientos, desapariciones, reclutamientos y desplazamientos continúan.

Para septiembre la Fiscalía llevaba 42 casos por presuntas desapariciones forzadas, pero la ONG alerta de un posible subregistro por el miedo a retaliaciones si hay denuncias por parte de las víctimas y a las autoridades si investigan, como ocurrió con tres agentes del CTI asesinados en el centro de la ciudad a mitad de año.

Sobre reclutamiento de menores, HRW advierte de al menos 21 casos que estaban en investigación de la Fiscalía a septiembre y los principales autores serían las disidencias de las Guerrillas Unidas del Pacífico (del abatido David), el frente Oliver Sinisterra (de Guacho) o el naciente grupo de Mario Lata, que recoge estructuras urbanas de la primera disidencia.

De acuerdo con las entrevistas hechas a los residentes de Tumaco en ese informe, persiste la presencia de casas de pique en la ciudad, como denunció el semestre pasado la Procuraduría.

Otro caso igual de alarmante es el de violencia sexual.

De enero de 2017 a septiembre de este año hubo 74 víctimas de violaciones o intentos de agresión sexual según recoge el registro único de víctimas que retoma el informe y es “por amplia diferencia la cifra más alta en cualquier municipio de Colombia”. Y eso que puede ser mayor, nuevamente, por el miedo a la denuncia.

En los once de esos casos que recopila el informe, todoslos atacantes estaban armados o con prendas camufladas, tácticas de violencia que, como han contado investigaciones como la de la Fundación Ideas para la Paz de abril, son usadas como formas de control de territorio de barrios y veredas por parte de las disidencias y sus bandas subcontratadas.

Finalmente, la organización denuncia que desde 2017 se han desplazado 9 mil personas víctimas de extorsiones, violaciones, familiares de asesinados, por amenazas o miedo a quedar en medio de fuego cruzado y muchas veces “los grupos armados han prohibido que los civiles denuncien que los han desplazado”.

A lo que se suma que en el Puerto no hay un centro de recepción para estas personas.

Pone la lupa internacional a lo que en el Puerto ya se sabía: el Estado llegó tarde y Guacho no es el único actor ilegal

Como hemos contado en varias historias en La Pacífico que cita la ONG en el informe, como lo han dicho analistas e investigadores de nuestra red de expertos y como ha aparecido en diversas investigaciones, HRW indica que el panorama de ilegalidad en Tumaco no pasa solamente por la disidencia de Guacho y que la respuesta del Estado ante el surgimiento de los grupos disidentes fue tardía.

De hecho, indica que en 2016 la Alcaldía le pidió al Gobierno más presencia militar que solo llegó en septiembre de 2017 con la Operación Atlas.

Si bien para Vivanco “es entendible que el Gobierno se concentre en capturar a Guacho (...) los habitantes necesitan mucho más que eso” para no reciclar la violencia.

Es por eso que recomienda a Duque que las Fuerzas Militares y de Policía implementen “una estrategia eficaz en Tumaco” para la protección de la población, toda vez que las hasta ahora las adelantadas (Atlas de Santos y Diamante de Duque) están basadas netamente en la presencia militar.

Sobre el Frente Oliver Sinisterra de Guacho, HRW indica que podría tener 450 personas según fuentes de la Fiscalía, y que controla varios barrios del Puerto y zonas veredales, como reportamos acá.

Un control similar ejercen en otras zonas las Guerrillas Unidas del Pacífico, ahora al mando de alias Borojó, sobre las que calculan que tiene “como mínimo” 250 personas.

También identifica al grupo de La Nueva Gente al mando de Mario Cabezas o Mario Lata, quien arrancó a sonar con fuerza en Tumaco a mediados de año y que tendría a su mando antiguas estructuras barriales de las GUP (como contamos acá).  

Y en menor medida estarían actuando las Autodefensas Gaitanistas, conocidas también como Clan del Golfo o Urabeños que “solo operan en pocos barrios de la isla central urbana” del Puerto.