La Corte Constitucional, una corte más

Anoche, pocos minutos después de la media noche y después de siete horas de sala plena extraordinaria, el Presidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt anunció que continuaría en ese cargo, a pesar de que varios de sus colegas le pidieron que se retirara del cargo para permitir que la investigación en su contra por presuntamente haber pedido 500 millones de pesos a cambio de un fallo de tutela. Esa decisión le da un duro golpe a la imagen la Corte Constitucional que da un paso más, quizás el definitivo, para pasar de ser un tribunal excepcional a otra corte más.

La reacción inicial de los trasnochadores que estaban pendientes de la decisión de la Corte mostró esa decepción, como lo dijeron desde famosos como el periodista Daniel Coronell

La @CConstitucional ya venía en decadencia pero con este episodio queda reducida al tamaño del Consejo Superior de la Judicatura.

— Daniel Coronell (@DCoronell) marzo 3, 2015

hasta ciudadanos de a pie como Alejandro Reyes

La @CConstitucional perdió gran parte de su legitimidad, ¿y ahora qué? ¿cual podrá ser el camino a trazar? @DCoronell

— Alejandro Reyes (@AReyesRitter) marzo 3, 2015

o Juan Pablo Franco

@DCoronell @jorgepretelt Mucho resistió la @CConstitucional los embates de corrupción que han consumido nuestra justicia

— Juan Pablo Franco P. (@PhiloDoxo) marzo 3, 2015

Y así continuaban las reacciones en Twitter

Tweets sobre @cconstitucional

La Silla supo que los magistrados Jorge Iván Palacio (quien había escrito una dura carta pidiéndole la renuncia a la Corte y proponiendo que todos los magistrados permitieran que su patrimonios fueran escrutados, para restituir la confianza en la Corte), Luis Ernesto Vargas y Mauricio González (quien denunció penalmente a Pretelt por el caso e inició el escándalo) le pidieron a Pretelt que se hiciera a un lado. 

María Victoria Calle, la vicepresidente y quien debe ocupar la presidencia si Pretelt renuncia, se separó de la discusión por ese motivo. Y Gloria Stella Ortiz dijo que si ella estuviera en la posición de Pretelt renunciaría, pero no le pidió a él que lo hiciera.

Pretelt se defendió. Dijo que la denuncia es un infundio, que la única prueba en su contra es la versión del abogado Víctor Pacheco, a quien supuestamente le había pedido el soborno, y que los hechos ciertos son que él no participó en la selección de la tutela del caso y que votó en contra de ella. Además, alegó que tiene derecho a que se presuma su inocencia y que, en todo caso, la Comisión de Acusaciones de la Cámara lo va a investigar.

Los magistrados Martha Sáchica y Luis Guillermo Guerrero respaldaron la posición de Pretelt, especialmente el argumento de la presunción de inocencia. Gabriel Mendoza, quien votó contra la elección de Pretelt, no participó en el debate.

Al final no hubo votación para decidir, pues no había sobre qué votar, pero la percepción es que la Corte quedó fuertemente dividida.

Esa división ya se había notado en la elección de Pretelt, hace cinco semanas. En esa ocasión se rompió la costumbre de que el presidente es elegido por rotación (que se debe en parte a que los nueve magistrados tienen períodos de ocho años y por eso, casi todos tiene la ocasión de ser presidentes), y Pretelt ganó con la mayoría mínima de cinco votos, con tres en blanco y uno negativo.

Pero ahora se profundizó la pelea: Palacio, Vargas y González dejaron constancia expresa de que le pidieron renunciar a la presidencia.

Esa división interna y ese golpe hacia afuera le llegan a la Corte cuando ha venido perdiendo la buena imagen que mantuvo durante años.

Según las encuestas periódicas de Gallup, desde cuando preguntó por primera vez por la Corte en diciembre de 2000 y hasta 2012, su imagen era positiva. Llegó incluso a tener una imagen favorable del 70 por ciento y una negativa del 12, cifras parecidas a las del fenómeno de opinión que era Uribe.

Pero a mediados de 2012 tuvo una abrupta caída, de la que no se ha vuelto a recuperar: nunca ha vuelto a tener una imagen favorable de más de 56 puntos, hace un año y medio no supera los 50, y la diferencia entre la favorable y la desfavorable no supera los diez puntos desde mediados de 2013. 

Ese cambio se ha dado a raíz de tres escándalos.

El primero no fue solo de la Corte, sino de toda la justicia: la caída de junio de 2012 se debió a la fallida Reforma a la Justicia de Santos, que golpeó a todas las altas cortes. 

El segundo, a inicios de 2013, empezó cuando el Consejo de Estado ternó a Alberto Rojas para ser magistrado. Ese caso rompió la inmunidad de la Corte a ese tipo de hechos.

El día antes de que el Senado lo eligiera magistrado, La Silla reveló que había recibido 499 millones de pesos de Elec S.A., una empresa de uno de los mejores amigos de juventud del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, y que no los había declarado a la Dian.

Luego se supo que Zulema Jattin, su vieja aliada política y de quien él había dicho que se había distanciado, apareció almorzando con él al día siguiente de su elección; se supo que había defendido congresistas (algo que había negado en su proceso de elección); y la viuda y madre de tres hijos Isabel Cristina Marín acusó al magistrado electo Rojas de haber cobrado fraudulentamente una indemnización a su nombre y haberse quedado con la plata.

Por eso, su posesión alcanzó a estar en duda y, aunque solo duró un año en el cargo (en junio de 2014 el Consejo de Estado anuló su elección por un vicio de trámite), el asunto debilitó la sensación de que la Corte Constitucional era diferente a los otros tribunales que han vivido escándalos desde hace muchos años.

Ahora, con el caso Pretelt, la Corte entra a su tercer escándalo con la particularidad de que la acusación viene del interior de la Corte, algo inédito y que puede tener consecuencias en el funcionamiento de la más pequeña de las Altas Cortes.

Además, tiene el ingrediente de que el problema no es externo (como en la Reforma a la Justicia) ni viene de la vida previa de un magistrado, sino que lo que está en duda es cómo toma decisiones. Es decir, no es solo un magistrado el que queda en la mira, sino decisiones de la Corte.

En los años recientes el único escándalo similar es el de Henry Villarraga en el Consejo Superior de la Judicatura, que se ha convertido en uno de los argumentos para eliminar ese tribunal, como propuso el Gobierno en el proyecto de ley de Equilibrio de Poderes.

Aunque entre los casos Villarraga y Pretelt hay grandes diferencias, como que en el primero las pruebas eran grabaciones y en el segundo solo hay un testimonio, o que en el primero las decisiones en la sala confirmaban lo que se escuchaba en las grabaciones pero en el segundo no, la situación institucional es delicada.

Más allá de que el Presidente de la Corte es inocente hasta que se pruebe lo contrario (si es que se da el extraño caso de que la Comisión de Acusaciones permite que la investigación avance hasta allá), el daño institucional de la decisión de anoche puede ser muy grande: una Alta Corte va a tener como portavoz oficial una persona investigada penalmente por presutna corrupción como magistrado, algo inédito no solo en la Corte Constitucional sino en las otras cortes.