La Cumbre Agraria: el movimiento político del posconflicto

Aunque la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular nació en marzo pasado en Bogotá y el Gobierno negoció con ella durante el paro agrario que coincidió con las elecciones, hoy será oficialmente reconocida como un actor político que tiene un espacio formal para seguir negociando sus reivindicaciones con el Gobierno.Esta tarde -rodeado por 600 líderes campesinos de todo el país en el Centro de Memoria Histórica- el presidente Juan Manuel Santos instalará formalmente la mesa de negociación del Gobierno con la Cumbre Agraria, un 'nuevo' movimiento que reúne a buena parte de los sectores campesinos de las zonas más abandonadas del país y que jugará un papel clave si se firma un Acuerdo de Paz con las Farc.

“Es un acto simbólico y político porque nos presenta ante la sociedad como interlocutores”, dice César Jerez, el vocero del movimiento de zonas de reserva campesina que también es uno de los líderes más visibles de la Cumbre.

“Este es el momento más importante de los movimientos agrarios en Colombia. Estamos construyendo un proceso de unidad que, si lo logramos consolidar, será definitivo no solo para movilizar a la gente en el campo sino para forjar cambios políticos y de modelo económico allí”, dice Eberto Díaz, que lidera el sindicato agrario Fensuagro y, a través de éste, milita en la Marcha Patriótica.

La cumbre que salió del paro

Cuando en mayo el paro agrario amenazaba con estallarle en la cara Santos a dos semanas de las elecciones, el Gobierno decidió abrir un espacio de negociación con la Cumbre. Como se trataba del actor con mayor fuerza social, eso le permitió desactivar una movilización que podría haberle salido muy costosa en momentos en que estaba 'cabeza a cabeza' con Óscar Iván Zuluaga.

A cambio, Santos se comprometió a crear una 'mesa única nacional' en la que hace tres meses el Gobierno comenzó a negociar, con la mediación de los organismos de la ONU, el pliego de peticiones que reúne los reclamos de los trece grupos que se juntaron para formar la Cumbre en marzo.
 

Ahí están organizaciones políticas como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, campesinas como la Coordinadora Nacional Agraria (CNA) y la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA), étnicas como el Proceso de Comunidades Negras y la ONIC indígena, sindicatos agrarios como Fensuagro y las zonas de reserva campesinas reunidas en Anzorc, además de las decenas de agrupaciones que existen al interior de la Marcha y el Congreso.

Otros grupos -como los papicultores boyacenses liderados por César Pachón- alcanzaron a ir a varias reuniones, aunque al final se bajaron del bus y actualmente le están apostando a un proceso paralelo que, reunido este mismo fin de semana, busca darle forma a una súper Dignidad.

La chispa inicial fue el Pacto Agrario, que lanzó el Gobierno para conjurar el primer paro -'el tal paro que no existió', según Santos- pero que estos sectores campesinos vieron como un “pacto de corbatas y élites” que los excluía. Se fueron encontrando en las mesas de insumos para el proceso de paz que organizaron Naciones Unidas y la Universidad Nacional y, luego -a instancias de la Onic y de la Marcha- se reunieron unos mil campesinos en la Plaza de Artesanos de Bogotá para darle forma al pliego de peticiones. Con ese documento de ocho puntos nació la Cumbre.

“No tenemos desde hace unos treinta o cuarenta años una confluencia de actores campesinos de este tipo. Pasamos de tener doce mesas a una sola”, dice Javier Betancourt, que viene de la Onic y que es el secretario técnico de la Cumbre. 

A pesar de que se juntaron en torno a ocho ejes temáticos, que van desde los derechos políticos que debería tener el campesinado hasta el rechazo total a la locomotora minero-energética, todavía hay algunas diferencias internas, que ellos prefieren describir como “contradicciones”.

Mientras la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos hablan de la necesidad de una Asamblea Constituyente en un futuro cercano similar a la que proponen las Farc en La Habana como resultado de los diálogos de paz, los indígenas y los afro la ven con recelo y con cierto temor de perder los avances que conquistaron con la del 91. También hay todavía muchos conflictos territoriales, más que nada en lugares donde los proyectos de zona de reserva campesina se superponen con los resguardos indígenas y consejos comunitarios afro existentes, como sucede en el Catatumbo y en las montañas del Cauca.

“La cumbre es para eso: para dialogar y resolverlas”, dice José Santos Caicedo, el líder del Proceso de Comunidades Negras (PCN) que reúne a buena parte de los consejos comunitarios y organizaciones afro del país.

El pulso con el gobierno

La primera victoria de la Cumbre fue cuando, presionando con una inminente movilización social, logró que el Gobierno creara por decreto una mesa de negociación. En estos cuatro meses se han reunido una decena de veces, siempre con una nutrida delegación del Gobierno y con altos funcionarios de la ONU -como Fabrizio Hochschild y Alessandro Preti- como mediadores.

Ese diálogo aún no ha avanzado mucho, sobre todo por los vaivenes que supusieron las elecciones y luego el cambio de gabinete, en el que salieron varios de los interlocutores con los que se venían reuniendo como los viceministros Juan Camilo Restrepo y José Noé Ríos. Aún así, Aurelio Iragorri sigue siendo su principal contraparte, aún tras moverse de Interior a Agricultura. 

El punto en el que más han avanzado es el acuerdo para crear un fondo para fortalecer la economía campesina. Aún hay una brecha entre los 2,5 billones de pesos anuales que pide la Cumbre y los 250 mil millones que ofrece el Gobierno, pero ya están pensando en cómo reglamentar su funcionamiento para que sea efectivo y transparente.

También llegaron a un compromiso para ejecutar 30 proyectos de 'infraestructura social' en acueducto, alcantarillado, carreteras, educación y salud en municipios con grandes necesidades, que la Cumbre está en proceso de preseleccionar para presentarle al Gobierno. Su única gran diferencia en esos dos temas es que, dado que solo le quedan tres meses al año, esos recursos entren en una fiducia y puedan ser ejecutados el próximo.

En otros puntos no han llegado a acuerdos, como en la creación de un Cerrem campesino que evalúe, -al igual que con víctimas, sindicalistas o políticos- el nivel de riesgo de sus líderes. O en encontrar una propuesta que permita evaluar la situación jurídica de los líderes campesinos de su línea que fueron encarcelados en el paro de 2013, acusados de rebelión y financiación al terrorismo, así como de los campesinos encarcelados por cultivar o transportar hoja de coca y penalizados como narcos.

Más allá de esos primeros acuerdos puntuales, tanto en la Cumbre como en el Gobierno saben que será una mesa de larga duración en el tiempo, que de todos modos obedece a muchas de las dinámicas de un posconflicto. (De ahí que para el Gobierno fuera tan importante exigir -como quedó consignado en el decreto- que mientras haya una negociación no podrán haber vías de hecho al tiempo para presionarla, como sucedió en el paro de mayo).

Será un proceso de largo aliento porque, a diferencia de la nueva súper Dignidad Agropecuaria, sus reinvindicaciones tienen que ver más con temas como una reforma agraria integral y participación política que con insumos químicos, precios de la papa y créditos.

“Estamos hablando de una negociación de tiempo, de hasta diez años”, le dijo a La Silla el senador polista Alberto Castilla, quien pertenece al Congreso de los Pueblos y llegó al Congreso nacional con los votos que le dio haber sido líder campesino del paro en el Catatumbo.

Uno de esos puntos es una mayor participación política. “Saludamos que Alberto Castilla esté, pero él es una excepción y no la regla. Nosotros necesitamos que lleguen voces al Congreso que le respondan al campesinado como ya sucede con los congresistas indígenas y afro”, dice Eberto Díaz, que se hizo políticamente en la desaparecida Anuc de los años setenta, que de alguna manera la Cumbre busca reemplazar.

Muchos de sus reclamos serán álgidos, como que la consulta previa que tienen afros e indígenas cobije también a las comunidades campesinas y que el campesino sea reconocido como "un sujeto político con derechos diferenciados", como ocurre con las minorías étnicas. Un tema que es muy polémico pues a diferencia de los indígenas o los consejos afro, los campesinos están repartidos por todo el país. Proponen que se les prohíba a los extranjeros tener tierra o que la minería deje de ser considerada un actividad de utilidad pública. Y también algunos temas que el Gobierno no ha querido negociar en La Habana, como la autonomía de las zonas de reserva campesina o el desmonte del latifundio.

De hecho, a todos los sectores campesinos en la Cumbre los une la sintonía con los diálogos de paz con las Farc en La Habana y con una eventual negociación con el ELN, ya que -como ha contado La Silla- muchos de ellos vienen de zonas donde tradicionalmente han tenido presencia e influencia las dos guerrillas. Ellos comparten algunos de los planteamientos de las guerrillas sobre temas como la economía campesina, el rechazo al modelo agroindustrial y al sector extractivo en territorios campesinos.

A pesar de esas coincidencias, insisten con firmeza en que no tienen relación alguna con ninguno de los dos grupos armados y en que su proceso es independiente a la suerte de lo que suceda en La Habana, aunque las similitudes han llevado a que dentro del Gobierno e incluso la propia Cumbre muchos los vean como procesos paralelos o complementarios.

“Que haya coincidencias no significa que seamos una caja de resonancia o un apéndice de La Habana. Somos comunidades campesinas que estamos viviendo el problema, que queremos resolverlo, que le traemos propuestas al Gobierno y que estamos hablando desde la autonomía de las organizaciones sociales”, dice Robert Daza, de la Coordinadora Nacional Agraria y del Congreso de los Pueblos.

Aunque él y otros miembros de Cumbre buscan bajarle el perfil a las coincidencias ideológicas con lo que propone la guerrilla, su idea de una organización rural fuerte coincide con el segundo punto de La Habana sobre la participación política, que contempla que se creen sistemas de participación en lo local -o un diálogo de abajo hacia arriba- para las bases campesinas.

De hecho, una aspecto que atraviesa de principio a fin los acuerdos pactados hasta ahora con las Farc es la idea de darle a las organizaciones ciudadanas de las regiones donde se vayan a implementar los acuerdos un rol protagónico en la decisión de los presupuestos, en la ejecución de las obras y en la veeduría de las mismas. Como después de décadas de estar azotados por la guerra se destruyó el tejido social del campo, una organización como la Cumbre tiene una oportunidad muy grande de convertirse en una gran protagonista política del posconflicto si se firma un Acuerdo de Paz.

“Los procesos de paz están totalmente ligados al auge de los movimientos sociales. La izquierda en este país necesita un referente vigente, en un contexto de una izquierda urbana electoral decadente. El pliego es nuestra primera propuesta en esa dirección”, dice César Jerez. “Nosotros vamos a ser la noticia por mucho tiempo”.

Como le dijo a La Silla una persona del Gobierno cuando se firmó el decreto que creó la mesa, “esos van a ser los puntos de la discusión en los años que vienen. Colombia estaba acostumbrada a que los conflictos agrarios de fondo no se discutieran y, en vez de asustarse porque los sectores más a la izquierda los planteen, hay que tomarlos como un debate democrático y mirarlos en cada territorio”.

La Cumbre, en todo caso, ve su rol como mucho más amplio que el del proceso con las Farc. “Si uno mira nuestros planteamientos y lo que se está negociando en La Habana, casi que el apéndice termina siendo La Habana”, dice Luis Fernando Arias, el consejero mayor de la ONIC que está en este momento en Cuba en el tercer grupo de víctimas que habla con la mesa del proceso de paz.

La foto de Santos esta tarde con la Cumbre mostrará que, con La Habana o sin La Habana, se abrirá un espacio en la política nacional.