La moñona del Fiscal en Santander

Hizo carambola con los poderosos

Los anuncios de Martínez tocaron a tres poderosos de Santander.

El primero y más visible fue el exalcalde Bohórquez, quien fue capturado ayer en la mañana y hoy será imputado por su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado

Aunque todos los detalles de la carga probatoria en su contra se conocerán hasta hoy, varios de los temas que anticipó en el caso de la Iglesia Manantial de Amor, por ahora le dejaron sin piso al exalcalde el discurso que había sostenido desde que salió del cargo.

Según la Fiscalía, las empresas vinculadas a ese carrusel de contratación (ascendió a los $15 mil millones) se constituyeron en la etapa previa a su posesión y recibieron financiación de Leonardo Luna Escalante, quien estuvo en su empalme, es esposo de su tía, Flor Alba Pedraza, y es pastor de esa iglesia.

Como su captura se da al tiempo de la de su entonces secretario de Infraestructura, Clemente León Olaya, la de la directora de la alumbrado público Gloria Durán, y la de seis feligreses de la iglesia (incluido Luna), es probable que en los próximos meses se enciendan ventiladores sobre lo que pasó detrás de cámaras con toda la contratación.

El segundo poderoso es el exgobernador condenado por parapolítica Hugo Aguilar. Más allá de los bienes que están a nombre de sus familiares y que serán embargados en caso de que no tengan cómo soportarlos, Martínez anunció la imputación de su excandidato a la Gobernación y exdirector de Panachi, Carlos Fernando Sánchez, por peculado por apropiación.

Los anuncios preliminares son llamativos porque la Fiscalía anunció que además de las inconsistencias que se conocían sobre el manejo de la corporación, analizó el ingreso de turistas a los parques, algo que hasta ahora no había sido investigado a fondo y que está estrechamente relacionado con el manejo político de la corporación.

El tercero es el superpoderoso contratista del departamento conocido por financiar campañas, Reinaldo Bohórquez, quien además de manejar el controvertido negocio de las basuras en Barrancabermeja con su empresa Rediba, tiene el peaje a la Mesa de los Santos y contrata constantemente con petroleras en todo el país con Construvicol.

Luego de que en septiembre la Fiscalía le imputara cargos a la entonces gerente de Rediba, Liliana Forero, hoy Martínez anunció que también acusará a su hermana, Liliana Bohórquez Rueda, representante legal de Construvicol, por falsedad en documento privado y peculado por apropiación, debido a las irregularidades en la inversión de un anticipo de $13 mil millones para la construcción de la planta de Angelinos, obra que hace parte del proyecto del Embalse de Bucaramanga.

El hecho que este sea el segundo aliado suyo que entra en juicio por presuntas irregularidades en menos de dos meses, muestra que el imperio que había construido alrededor de la contratación pública no es tan impenetrable como se creía hasta ahora en el departamento.

Se catapulta Rodolfo Hernández

Aunque el discurso contra la administración de Lucho se le había empezado a desgastar a Rodolfo, e incluso hasta sus aliados le decían que pasara ese capítulo para dedicarse a gobernar, debido a que se mantuvo y cada vez que pudo lo sacó a relucir, es el principal beneficiado con los réditos políticos de la captura de Bohórquez y sus aliados.

Desde que empezó a gobernar, Hernández no solo denunció que le habían dejado la Alcaldía en la ruina (heredó deudas por más de $300 mil millones), sino que la mayoría de la plata que invirtieron se había ido en gastos inoficiosos y en presunta corrupción, y ahora todas esas quejas no solo se legitiman sino que toman más fuerza. 

Además, la victoria política le llegó con ñapa. 

Con el anuncio del Fiscal de la imputación contra el exgerente del Acueducto, Ludwig Stünkel, por las irregularidades en la planta de Angelinos, revindica la pelea que casó para sacarlo de ese cargo.

Eso de paso lo fortalece aún más frente a la bancada de oposición en el Concejo (con 12 de los 19 concejales) y le da un nuevo baño de popularidad en momentos en los que su favorabilidad está creciendo con su activismo por la protección del páramo de Santurbán.

La nueva coyuntura, si sabe aprovecharla, también le podría dar margen de maniobra para terminar de despegar sus principales promesas de campaña, que incluyen los 20 mil hogares felices (algo que ya reconoció no logrará completamente), las canchas en los barrios más vulnerables, las ciclorutas y la recomposición de Metrolínea. 

Tavera entra en la mira de la Fiscalía

Como la audiencia de imputación contra la secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, el coordinador de ese proyecto Aníbal González, y la representante legal Surcolombiana de Inversiones, Luisa Fernanda Flórez, fue a puerta cerrada, hasta hoy se conoció parte del arsenal de pruebas de la Fiscalía por las irregularidades en la ejecución del programa de alimentación escolar de Santander en 2016.

Las inconsistencias en la ejecución de los $35 mil millones que costó el programa en el primer año de la administración de Didier Tavera, van desde el direccionamiento de la licitación, pasan por la falsificación de facturas con proveedores ficticios e incluyen hasta la inversión no justificada de al menos $2 mil millones. 

Sobre eso último, Martínez dio a conocer que parte de esos dineros terminaron en una fiducia para pagar un apartamento en Bucaramanga y en la cuenta de Catalina Trujillo, hermana de Germán Trujillo, quien, como contó La Silla en 2016, era el verdadero dueño del contrato.

Como Surcolombiana, además de ese contrato, firmó otro más en 2017 también en medio de denuncias sobre presuntas irregularidades, el Fiscal ya anunció que lo investigará. 

Eso le pega directamente a Tavera, porque más allá de que dos de sus funcionarios ya están implicados en presuntos hechos de corrupción, él conoció las denuncias de primera mano y de hecho defendió el programa a capa y espada. 

Tanto que, como contó La Silla, dijo varias mentiras en medios para tratar de desvincular las presuntas irregularidades de su administración.

Ahora con la carga probatoria de la Fiscalía contra sus funcionarios se cae su discurso y de paso queda advertido de que se viene otro capítulo por las actuaciones de su administración con el PAE departamental.

El embate se junta con las elecciones de 2018 y 2019

Como Lucho ha sido defendido a ultranza por los liberales, específicamente por los concejales de ese partido, su captura y la de su entonces funcionario seguramente les pasará factura en las legislativas del próximo año y en las locales de 2019.

Dado que la campaña de los NiNi (el Polo, Alianza Verde y Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo), está cimentada en la lucha contra la corrupción y que ese discurso será el que utilizarán todos sus candidatos en las regiones, el golpe de imagen que reciben los liberales tiene todo para hacer parte de los discursos de campaña de la línea independiente y su caballito de batalla en la pelea por los votos.

Además, como Bohórquez era del grupo del senador liberal Jaime Durán, los votos que le movería en marzo a él y a su fórmula Édgar ‘el Pote’ Gómez por ahora se embolatan.

El Partido Conservador también termina con las cuentas alteradas para el próximo año.

Dentro de los procesos que anunció Martínez fue salpicado el exalcalde de Piedecuesta Ángel de Jesús Becerra por intentar cambiar el uso del suelo de 22 predios de ese municipio.

Él estaba inscrito como precandidato en la lista azul a la Cámara pero con el anuncio de su imputación es muy probable que no lo dejen entrar, algo que deja al partido sin su segunda ficha con más votos en Santander.

Por su parte, el efecto para 2019 estará ligado a lo que pase en los próximos dos años.

Con las imputaciones hasta ahora inician los juicios, pero si en lo que viene se prenden ventiladores, resultan más funcionarios implicados y hay vencidos en juicio, el tema se mantendrá lo suficientemente vigente como para terminar beneficiando a todos los candidatos independientes en dos años. 

Esa línea de candidatos podrá tener más impulso aún si Hernández cierra su periodo cumpliendo con la mayor parte de sus promesas y manteniendo el nivel de popularidad, algo que también le pondrá el camino más cuesta arriba al Partido Liberal, que para ese año tiene sus apuestas enfocadas en recuperar la Alcaldía y mantener las mayorías en el Concejo de Bucaramanga.

Las contralorías ¿Las de la vista gorda?

Tanto con las capturas de la Iglesia Manantial de Amor como con las del PAE en Santander, el gran interrogante que se abrió fue el de las actuaciones de las contralorías.

En los dos casos, esos entes de control, que en el papel están encargados de vigilar la inversión de los recursos, no vieron nada de lo que estaba sucediendo, pese a que fue denunciado en medios y por veedurías.

Por un lado, el contralor de Bucaramanga, Jorge Gómez Villamizar, le confirmó a La Silla hace dos meses que en todas las investigaciones sobre la contratación vinculada a la iglesia de Lucho Bohórquez no había encontrado ninguna irregularidad y que las había archivado. 

Por otro, el contralor de Santander, Diego Fran Ariza, tras una auditoría exprés al PAE dijo que las únicas inconsistencias que había advertido eran administrativas y también decidió archivar.

Tanto Gómez como Ariza tienen en común que son aliados políticos de quienes están vigilando. Mientras que el primero llegó a ese cargo como cuota liberal y durante su primer año tenía que revisar todas las actuaciones del gobierno de Lucho Bohórquez, el segundo viene de ser parte del grupo político de Tavera y una de sus manos derechas. 

Ahora que la Fiscalía reveló que en los dos casos se perdió plata (alrededor de $4.500 millones en los de la iglesia y poco más de $2 mil millones en el PAE), queda sobre la mesa la actuación de los dos funcionarios y lo que pasó en las auditorías que adelantaron.