La restitución se le enreda a las mujeres

Evina Morales tiene 70 años, una leve cojera y una hinchazón permanente en el brazo derecho que le quedó de una golpiza. Isabel Zárate, un par de años menor, tiene diabetes y un problema de columna, mientras que Graciela Hernández y Estelia Fuentes -ambas sexagenarias- casi ni pueden moverse.

Ellas, igual que otras sesenta mujeres, temen morirse sin recuperar un predio en el sur de Magdalena que el Gobierno les dio a mediados de los años noventa y del que tuvieron que salir huyendo hace 15 años, pero al que siguen soñando con volver.

Detrás de ese temor se esconden razones de peso. Ya murieron ocho de las reclamantes originales, en un grupo de 75 mujeres donde dos terceras partes son adultas mayores. Otras tres de ellas fueron asesinadas por intentar recuperar sus parcelas en la finca de Los Playones, en Pivijay.

Hace apenas dos meses murió otra de ellas. Ese domingo 21 de septiembre, Vicenta Segobia -una mujer de 46 años, madre de seis hijos y una de las más jóvenes del grupo- comenzó a sentir un dolor en el pecho en la mitad de un taller con la Unidad para las Víctimas, que buscaba arrancar el proceso de reparación colectiva con ellas. La internaron en un hospital de Santa Marta pero murió esa noche, de la hemorragia que resultó de una aneurisma de la aorta.

“Se nos han muerto ocho mujeres esperando la restitución y la reparación. Con Vicenta se nos ha ido la ilusión”, dice Belinda Márquez, vivaracha y segura fuera de su pueblo natal, más dada a mirar con nervios hacia todos los lados cuando está en él.

Ella es hoy la líder de todas, después de que su primera lideresa Luisa Barrios -a quien cariñosamente le decían “la campesina cotizada”- fuera asesinada en la carretera de Los Playones a El Retén en 1999.

El caso de estas campesinas, reunidas en una asociación llamada Asomuproca y considerado por el gobierno Santos como uno de los casos emblemáticos de restitución de tierras a mujeres, refleja la realidad de que muchos casos simbólicos de la restitución siguen empantanados.

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El informe crítico de Amnistía Internacional sobre la restitución de tierras ocasionó un contrapunteo entre la ONG y el gobierno Santos II.

En los últimos dos días la restitución de tierras, una de las banderas de la Ley de Víctimas del presidente y una pieza central en el proceso de paz, ha estado en el ojo del huracán.

Amnistía Internacional le cuestionó al Gobierno los magros números tres años después de su puesta en marcha, en un informe en el que concluye que la mayoría de víctimas se siente defraudada y advierte que sin correctivos los avances “no serán más que meros gestos vacíos”.

El Gobierno se defendió diciendo que es el único país del mundo que está reversando el despojo en medio del conflicto, un argumento veraz pero que no explica por qué -tras tres años de Ley de Víctimas- el proceso sigue tan lento. Hasta el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien nunca habla del tema, salió a defenderlo.

No es la primera vez que llueven estas críticas. Hace un año José Manuel Vivanco y Human Rights Watch advertían que la seguridad es el principal palo en la rueda de todo el proceso, algo que también han cuestionado León Valencia y líderes de restitución como Gerardo Vega. El observatorio de restitución que montaron cinco universidades y que dirige Francisco Gutiérrez Sanín calculó -con una proyección más rigurosa que la de Amnistía- que diez años no serán suficientes.

Aunque Santos prometió hace un año meterle el acelerador, en dos años van 842 sentencias que le han devuelto sus tierras a 1.467 familias campesinas. El proyecto de ley que presentaron en abril Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera -los ex congresistas que apadrinaron la Ley de Víctimas y hoy son altos funcionarios de Santos II- para agilizar el trámite sigue estancado en el Congreso.

“Son los legados nefastos de un país en guerra. Identificar un predio sigue siendo muy difícil porque no hay un catastro rural. Ya hay zonas seguras, pero que están llenas de minas. Uno no puede pretender que eso no es así”, dice Ricardo Sabogal, la cabeza de la Unidad de Restitución.

A diferencia de lo que ve Amnistía, hay avances notables. Como contó La Silla, una encuesta que acaba de hacer el Observatorio de Restitución arrojó que entre 75 y 79 por ciento de los campesinos despojados saben que pueden comenzar el trámite para recuperar sus predios. Eso significa que, en restitución, cuatro de cinco víctimas ya la conocen.

La vivienda para campesinos restituidos que retornan, que depende del Banco Agrario y que era otro palo en la rueda, finalmente arrancó. Hace dos semanas se entregaron formalmente las primeras casas en Ataco, en el sur del Tolima, y en total ya van por un centenar.

Sin embargo, muchos casos están demostrando ser más complejos y enredados de lo que se imaginaba. Apenas hay un fallo colectivo para comunidades indígenas, en el Alto Andágueda chocoano, y ninguno para afro.

Lo mismo ocurre con las mujeres, como lo evidencia el caso de la Asociación de Mujeres Productoras del Campo (Asomuproca), que -pese a tener al Colectivo Mujeres al Derecho (Colemad) ayudándolas legalmente e impulsando el caso dentro y fuera del país, pese a llevar su caso a la OEA en Washington, pese a tener el apoyo de varias embajadas y ONUMujeres- sigue enredado.

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Durante una jornada de trabajo con la Unidad de Víctimas en Santa Marta hace dos meses, una de las integrantes de Asomuproca fue hospitalizada y murió.

A pesar de las jornadas de trabajo con las Unidades de Víctimas y Restitución las mujeres de Asomuproca sienten que su caso no avanza.

Las sesenta mujeres de Asomuproca están a punto de cumplir diez años desde que comenzaron a reclamar sus predios -hoy sembrados de palma- en Pivijay, que abandonaron en 1999 por presión de los paramilitares y el ELN.

En esa década, su caso ha avanzado y retrocedido como un funicular. Ganaron un fallo de la Corte Constitucional y expusieron su caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero llevan quince años sin pisar su tierras.

Casi todas han sido amenazadas, incluso las que viven en Ciénaga y Pueblo Viejo, a más de tres horas de sus antiguas fincas. Pocas de ellas se atreven a hablar públicamente, muchas se sienten vigiladas. Cuando La Silla se sentó a hablar con un grupo de ellas en un pueblo del Magdalena, se acercó un hombre -un bulto camuflado en la cintura- a preguntar quién era el visitante. La zozobra en la que viven, aún lejos de su predio, es permanente.

Tras 17 meses de proceso administrativo en la Unidad de Restitución, su caso está a punto de llegar a manos de un juez (una vez pase el paro judicial). Esto, aunque suena promisorio, tampoco les asegura una pronta resolución: la demanda irá a la cola de los 5.844 casos que ya tienen los apenas 39 jueces y 15 magistrados de tierras que hay. Es decir, la espera aún será larga.

Encima de todo, hoy no tienen tierras, pero sí una deuda de 6500 millones de pesos que no pueden pagar. Esto porque, cuando el extinto Incora les entregó en 1996 de manera colectiva una gran finca de 1322 hectáreas en una vereda de Pivijay, lo hizo bajo una modalidad que entonces les pareció inofensiva y que terminó devolviéndoseles como un bumerán.

Era el '70 – 30', un esquema en el que el Estado les regalaba dos terceras partes del valor de la tierra que había comprado y ellas iban pagando a plazos el resto. El problema es que -solo tres años después de recibir Los Playones, de desmontarlo, cercarlo y comenzar a cultivar plátano y maíz- tuvieron que salir por amenazas. Sin tierras, desplazadas, asustadas, se quedaron sin cómo pagar.

Sobre todo porque esa deuda arrancó un extraño peregrinaje en el que pasó del Gobierno nacional a un privado. La Caja Agraria -tras quebrarse y entrar en liquidación- le entregó su cartera de deudas a la Central de Inversiones (Cisa), una administradora de recursos que a su vez se las cedió a Covinoc, una empresa de cobranza, para que recuperara la plata.

La deuda inicial de 300 millones de pesos de Asomuproca se disparó hasta los 6500 millones. Terminó en manos de un hombre llamado Salomón Meléndez, que pidió el remate de las tierras para recuperar su inversión y que -según cuentan las mujeres- se acercó a la casa de varias de ellas para pedirles que les firmara un documento convirtiéndolas en 'socias'. A ellas nunca les notificaron de la venta de su crédito. Y el abogado que actuaba en el proceso, desde que salió del 'banco público del campo' hasta que llegó a un particular en El Retén, resultó siendo el mismo.

El suyo no es un caso singular, sino parte de un tipo de despojo raro ligado al manejo de las deudas de asociaciones campesinas y más bien invisibilizado, pero que se ha repetido en varios rincones de la Costa.

“No se sabe cuántos hay, pero sí hay suficientes -en Montes de María, en Córdoba, en Magdalena- como para ver que fue hay un patrón de comportamiento”, dice Donny Meertens, la investigadora que ha mirado más de cerca el tema y que lideró el informe sobre tierras del Centro de Memoria Histórica.

Para estas 75 mujeres de seis municipios del Magdalena, el calvario arrancó poco después de que recibieran las tierras, una promesa que le hizo la entonces ministra de Agricultura Cecilia López Montaño a un grupo de pescadoras de la Ciénaga Grande afectadas por la gran mortandad de pescado de 1994. Era uno de los casos pioneros de adjudicación de tierras de reforma agraria exclusivamente para mujeres.

No era una vida fácil la de Los Playones, en un terruño sin siquiera una vía de acceso. Para llegar tenían que tomar el bus hasta El Retén, cambiar a la buseta que recorría el camino destapado a la vereda de Chivita y luego terminando a pie. A unas les tomaba un par de horas, a las más lejanas hasta ocho, siempre llevando comida para quince días -según una de ellas- “como mulas de carga”.

Las tierras no eran malas pero estaban cuarteadas y necesitaban adecuación, una asistencia que les prometieron y que nunca recibieron. Tampoco había servicios públicos. “Nos tocaba tomar del jagüey donde tomaban las vacas. Nosotros purificábamos el agua echándole [frutas de] corozo. Esa era nuestra metodología para poder usarla”, dice Belinda.

Hace 15 años que la mayoría de mujeres de Asomuproca no pisa la finca Los Playones, que recibieron del Gobierno en 1996 y que están intentando recuperar desde hace una década.

A la deuda y al desplazamiento, se le sumaron otros problemas. O, como dice Belinda, “más páginas que a Cien años de soledad”.

En 2004 el Incora -que estaba en liquidación- les inició un proceso por abandono de las tierras, pese a que la mayoría de ellas estaban registradas ante la Red de Solidaridad como desplazadas desde hacía años.

El dueño de su deuda pidió rematar las tierras, un paso que ellas lograron evitar con una tutela -que falló a su favor la Corte Constitucional- cuando ya había un perito asignado para tasarlas. Sus tierras quedaron técnicamente protegidas por las medidas cautelares de ese fallo, que buscan evitar las transacciones dudosas, pero ellas siguen oyendo historias de compraventas y de contenedores que salen llenos de la madera de ceibos y robles que ellas plantaron.

Los papeles de las tierras -que estaban a nombre de Asomuproca- sufrieron decenas de extrañas deformaciones, como resultado de ventas que ellas nunca aprobaron. A Evina Morales le metieron el papel por debajo de la puerta, con una firma que ella no había garabateado. Algunas mujeres arrendaron su predio y recibieron el primer pago, pero en el papel la transacción quedó registrada como una venta. Otras malvendieron por 400 mil pesos, máximo 2 millones de pesos. A todas las decían “No se acerque por acá que esa tierra la perdió”, les decían.

Hasta su certificado de Cámara de Comercio como asociación campesina y femenina mutó. Tras cuatro cambios aparecen hoy como socios una serie de personas a quienes ellas no conocen, incluyendo a varios actuales ocupantes que llegaron -según ellas- en un repoblamiento de esa región que lideró el jefe para 'Jorge 40'.

Como dice Dolores Borja, otra de las lideres, “el caso emblemático de mujeres campesinas tiene entre sus titulares más de 50 hombres”.

Hoy las sesenta mujeres -es decir, las 75 menos unas diez que se quedaron y se alinearon con los ocupantes- están repartidas por todo Magdalena: 18 de ellas en Puebloviejo, 20 en Ciénaga, otra veintena entre Pivijay, El Retén y Aracataca. La mayoría no tiene trabajo con qué pagar una deuda que -dividida entre todas- sale a 86 millones de pesos por cabeza.

“No tienen derecho a las tierras, pero sí se les mantiene la deuda”, dice Luz Estella Romero, la abogada del Colectivo Mujeres al Derecho (Colemad) que investigó el caso y que lo ha asumido legalmente. “El Estado no puede iniciarles un cobro de deuda cuando es el primer incumplido. Tenía que haber adecuación de las tierras y proyectos productivos que nunca hubo”.

Ni con un alto perfil público, ni siendo consentidas de la cooperación internacional, ni tampoco estando en las mesas de víctimas de los siete municipios y el departamento, las cosas han sido más expeditas. Belinda Márquez, su líder, fue una de las víctimas que habló en el Congreso cuando apenas se esbozaba la Ley de Víctimas. Ese mismo día recibió una llamada, diciéndole que “no busque lo que no se le ha perdido”. Hace un mes expusieron el caso en la CIDH en Washington, tras haberse reunido ya con su ex relatora para los derechos de la mujer Luz Patricia Mejía.

Pero, pese al alto perfil que ha agarrado su caso, ellas se sienten lejos de la restitución. Sobre todo desde hace un mes que murió Vicenta, justo el día en que le reclamaban a la Unidad de Víctimas por la lentitud en el proceso de reparación colectiva.

“Nos han dejado un trauma. ¿Qué tal que de una emoción o un susto vaya a caer otra de nosotras muerta? Para mí que ella se emocionó mucho. Nunca hemos tenido ni siquiera la asistencia de un psicólogo”, dice Nellis Gutiérrez, quien reemplazó a su mamá María Elena Guerrero -una de las reclamantes fallecidas- en el proceso.

Aunque hace un mes la Unidad de Restitución les notificó que ya están oficialmente inscritas en el registro de personas despojadas y su caso le llegará pronto a un juez, la mayoría no se sienten demasiado optimistas de ver sus tierras.

“Si no tenemos acompañamiento de abogadas, de Ongs internacionales, de la ONU pasarán los diez años de la Ley de Víctimas y nosotras no vemos nada. ¿Cómo sería si no los tuviéramos?”, dice Belinda Márquez.

En la respuesta a esa pregunta están muchas de las claves para que la restitución de tierras siga avanzando.

Esta historia es parte de una serie sobre la Ley de Víctimas, cuya reportería fue financiada por la Unión Europea y Oxfam.