La vice busca proteger a los “soplones” en la reforma contra la corrupción

Gutiérrez, quien se desempeñaba en el cargo desde mayo de 2020, había denunciado actos de corrupción en la antigua administración del hospital, e irregularidades en la contratación con un sindicato que tercerizaba a los empleados del centro asistencial. 

Existen sospechas de que lo asesinaron por estas denuncias, así como al médico Óscar Pastrana, quien también trabajó en el Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia.

Estos casos ponen de presente, una vez más, la importancia de que exista un mecanismo de protección para quiénes denuncien actos de corrupción. 

El proyecto de ley de Transparencia que presentó la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez al Congreso, como contamos, crea uno. Los expertos creen que representa un avance, pero no se hacen muchas ilusiones.

La denuncia de Luis Octavio

Desde el 2012 al 2020 el Hospital César Uribe Piedrahita, un hospital de tercer nivel en Caucasia, estuvo administrado por Orlando José Rodríguez Álvarez, miembro del “Clan Rodríguez”, un grupo político que maneja el poder en el Bajo Cauca antioqueño y cuyo padrino en el Congreso, según Cuestión Pública, es el senador del Partido de la U Germán Hoyos Giraldo.  

Durante esos ocho años, el hospital contrató con varios sindicatos y empresas aliadas del clan, como el Sindicato de Profesionales y Trabajadores Independientes de la Salud de Antioquia (Sintrasant), quien tercerizaba el personal del hospital. 

Este sindicato, según una investigación de Sergio Mesa, investigador de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), tuvo como único contratante al hospital, y además fue constituido irregularmente, pues en la misma investigación se demuestra la suplantación de la identidad de uno de los fundadores del sindicato.  

En 2019, como contó Vorágine, el médico anestesiólogo Óscar Pastrana, quien trabajaba en el hospital, denunció esas contrataciones irregulares ante la Fiscalía y Procuraduría y un año después, en diciembre de 2020, fue asesinado.

Por esos hechos denunciados, la Contraloría General de Antioquia auditó en 2019 el hospital, y para la vigencia de 2018 encontró un peculado por 863 millones a favor de cinco contratistas del hospital, entre los que se encontraba Sintrasant y otros sindicatos aliados al Clan Rodríguez. 

Por estos hechos la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria al gerente del hospital, y también al hoy alcalde encargado de Caucasia, Félix Olmedo Arango Correa, quien ostentaba el cargo de subdirector Científico y Financiero del hospital en su momento. 

Una vez finalizada la administración de Orlando Rodríguez, en mayo de 2020, Luis Octavio Gutiérrez fue designado gerente del hospital por el gobernador Aníbal Gaviria. 

Gutiérrez venía de dirigir el Hospital San Juan de Dios de Ituango, y además había sido candidato a la alcaldía de ese municipio en 2019. 

Cuando llega al hospital, y tal cual lo reportó en el informe de rendición de cuentas anual de 2020, Gutiérrez encuentra unas deudas por pagar de más de 23 mil millones de pesos. Además, el sindicato no había pagado la nómina durante el último año y se excusaba en que era el hospital el que no les pagaba, cuando no era así. Incluso encontró una infraestructura deficiente y un hospital sin insumos.  

El nuevo gerente puso en conocimiento a la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia el detrimento patrimonial del hospital, así como las irregularidades en contrataciones. Esto llevó a la Contraloría General de Antioquia nuevamente a auditar el hospital, reportando un deterioro acumulado de cuentas por cobrar por 6.074 millones de pesos, hallazgos fiscales de 50 millones, e incluso incumplimiento de gestión documental para la vigencia de 2019. 

En enero de 2021, Gutiérrez cambió los contratistas del hospital: contrató de manera directa los servicios de imagenología, la tercerización de los empleados del hospital, el servicio de ambulancias y de alimentación y lavandería. 

Este cambio “generó molestias en el Clan Rodríguez, pues se quedaron sin los contratos del hospital que les generaban recursos”, afirma Sergio Mesa. 

El 26 de marzo, en la rendición de cuentas anual del hospital, Gutiérrez dio cuenta de su gestión y nuevamente denunció los estados financieros, el retraso en pagos a la nómina y el estado de la infraestructura del hospital que recibió. 

Veinte días después unos sicarios le dispararon, ocasionándole su muerte al día siguiente. Aunque no se conoce públicamente si Luis Octavio recibió amenazas, el gerente del hospital nunca denunció recibirlas.

El salvavidas de la Ley de Transparencia

El 78 por ciento de los colombianos no se atreve a denunciar actos de corrupción por miedo a represalias, según un estudio de Transparencia por Colombia.  Y a muchos que sí llegan a denunciar, como Luis Octavio, se les paga con su muerte. 

Y es que en Colombia no existe un régimen de protección al quejoso de actos de corrupción.

A pesar de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) protege a testigos de procesos penales que lo requieran, “aquella persona que se atreve a declarar un acto de corrupción, que genera una alerta, que genera reportes, sin que se convierta formalmente en un denunciante, está casi completamente desprotegido”, dice Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, ONG que trabaja para ponerle fin a la corrupción en el país. 

Incluso organismos internacionales de los cuales Colombia hace parte, como la Ocde, desde el 2019 ha alertado al Estado sobre la situación de los denunciantes, y sobre el incumplimiento de los estándares internacionales en su protección.  

De aprobarse el proyecto de ley de la vicepresidente, tal cual lo presentó la Secretaría de Transparencia, las personas que denuncien ante los entes de control delitos contra la administración pública, el patrimonio económico, actos de soborno transnacional y financiación del terrorismo, podrán recibir protección. También si reciben amenazas. 

Aunque Luis Octavio no denunció amenazas en su contra, habría recibido protección por denunciar las irregularidades que verificó la Contraloría. 

Según el proyecto de ley, la Procuraduría General de la Nación deberá coordinar la protección de los denunciantes de actos de corrupción en articulación con la Fiscalía y la UNP, la misma que protege a medias a los líderes sociales. 

La Procuraduría sería, además, la encargada de investigar las amenazas que haya contra los denunciantes, con el fin de que no se interrumpan las investigaciones de los actos que denuncian. 

En proyecto de ley también plantea protección para los denunciantes de corrupción en el sector privado. Es decir, si algún trabajador denuncia actos de corrupción dentro de su empresa, también sería protegido por la ley y con la ayuda del Ministerio de Trabajo.

Salvavidas a medias

Actualmente la UNP protege a algunos denunciantes de corrupción, pero bajo su esquema de protección a defensores de derechos humanos. 

Según un estudio de Transparencia por Colombia, quien denuncia corrupción en Colombia no cuenta con protección específica en el programa de protección de la Fiscalía General de la Nación, a menos de que adquiera la calidad de víctima o testigo, caso que pocos denunciantes acceden. 

Según cifras de la Fiscalía, los denunciantes en calidad de testigos protegidos entre 2008 y 2013 fueron de sólo el 2,5 por ciento respecto del total del programa de Protección. Entre el 2014 y 2015 fue del 14 por ciento, pero entre 2016 y 2017 solo una persona vinculada al programa de protección era denunciante de corrupción. De 2018 en adelante la Fiscalía no presenta las cifras correspondientes en sus informes de rendición de cuentas.  

Además de los pocos denunciantes de corrupción protegidos actualmente por el Estado, la UNP se demora en asignarles el esquema de seguridad y en girarles recursos para ello. 

“Llevo más de 10 años denunciando corrupción y solo el 4 de febrero de 2019 decidieron asignarme un esquema de seguridad de dos escoltas y una camioneta”, cuenta Sergio Mesa, quien ha investigado el poder y el conflicto en el Bajo Cauca antioqueño. 

Sergio ha recibido múltiples amenazas, e incluso salió ileso de un atentado. Dice que no solo se demoraron en asignarle un esquema de seguridad, sino que los pagos del combustible de su camioneta y de los viáticos de sus escoltas corren muchas veces por su cuenta. Le asignan 8 días de viáticos mensuales a sus escoltas y 500 mil pesos de combustible mensual para su camioneta, algo insuficiente para sus múltiples recorridos mensuales. 

Para otros como Sandra Peña Chocué, gobernadora indígena del Resguardo de La Laguna de Caldono, Cauca, la UNP ni siquiera atiende llamados. El martes pasado fue asesinada después de que denunciara la venta de terrenos baldíos para fines ilícitos. Recibió amenazas en contra de su vida, las cuales notificó a la UNP en varias ocasiones según Blu Radio. 

Para Mesa la protección de los denunciantes de actos de corrupción es necesaria pero difícil, según las condiciones actuales de la UNP. “Si para uno que lleva denunciando múltiples casos de corrupción es difícil tener la protección, para una persona que solo pone una denuncia va a ser muy complejo recibirla”, dice, argumentando que los costos de la UNP se aumentarán y será insostenible para la entidad lograr un esquema eficaz para todos los que lo necesitan.  

Sin duda la Ley de Transparencia es un avance en la protección al denunciante de corrupción, y si funciona, salvaría vidas como la de Luis Octavio. Sin embargo, queda un camino largo para que aquel que sepa de un acto de corrupción en Colombia logre ser protegido integral y eficientemente por el Estado.