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El plan de Enrique Peñalosa para urbanizar un sector del norte de Bogotá no toca la Reserva, pero los ambientalistas lo demandarán por considerar que es el primer paso para acabarla. Todo eso le da combustible a la revocatoria.
Lagos de Torca cambia de nivel la pelea entre Peñalosa y ambientalistas
La primera gran pelea entre el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y los defensores de la Reserva Thomas Van der Hammen comenzó a librarse el viernes, cuando el alcalde firmó el proyecto Lagos de Torca, que asegura espacio para meter 150 mil viviendas en el norte de Bogotá, y así la revocatoria recibió nuevo combustible.
La razón es que, aunque el proyecto está ubicado en suelo urbano y no toca la Reserva (que es rural), ese grupo de ambientalistas asegura que será el primer paso para acabar con la función ecológica que ella cumple, que es importante no solo para Bogotá, sino para la sabana.
Y que, si el urbanismo de Peñalosa se propaga como las ciclorrutas y los sistemas tipo Transmilenio después de su alcaldía pasada, puede convertirse en antecedente para otras ciudades.
Los ambientalistas ya anuncian acciones legales
Hoy firmó decreto Lagos de Torca @EnriquePenalosa, si no se modificó será el FIN d la propuesta de conectividad de la Reserva Van der Hammen pic.twitter.com/N5CuICBdsX
— Daniel Bernal (@danielbernalb) March 3, 2017
#CityNoticias por @Citytv . Para @CamiloPrietoVal, Dir. de @MAmbientalista , el proyecto en Lagos de Torca afectará la @ReservaThomas . pic.twitter.com/0p5VbVZr7s
— J.SebastiánNavarrete (@juanse_91) 4 de marzo de 2017
y éstas caldearán más el debate político en un momento en el que Peñalosa cae más en las encuestas y la defensa de la Van der Hammen es un punto de honor de la oposición y una bandera de la campaña por la revocatoria.
No toca la Reserva, pero...
Lagos de Torca, conocido técnicamente como el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte de Bogotá (POZ Norte), es una de las apuestas de Peñalosa para expandir la ciudad al norte y evitar que quienes necesiten casa tengan que irse a los municipios vecinos, ante la escasés de suelo en la ciudad.
La posibilidad de dar luz verde a la construcción está en el POT desde el 2000 (primera administración Peñalosa), y aunque estuvo en el tintero de los alcaldes desde entonces, solo Samuel Moreno (2008-2011) expidió un POZ Norte, que no salió adelante porque dejó muchos aspectos pendientes, como la financiación.
Peñalosa lo retomó y propone un desarrollo urbanístico en 1.803 hectáreas al oriente de la Reserva (una extensión similar a la de una localidad de Bogotá como Tunjuelito) que tendrán viviendas de todos los estratos, ciclorrutas, parques y troncales de Transmilenio.
La oposición que ha surgido ante la propuesta no es contra todo el proyecto, pues incluso críticos del alcalde como María Mercedes Maldonado, urbanista y exsecretaria de Planeación de Gustavo Petro, aceptan que de alguna forma la ciudad debe crecer.
El problema radica en los desarrollos planeados en una parte de Lagos de Torca que, a juicio de las organizaciones ambientales, afectarían la Reserva.
Su argumento viene de una decisión del Ministerio de Ambiente de 2000, cuando le pidió a la CAR que declarara como zona de reserva las 1.600 hectáreas que hoy se conocen como la Van der Hammen, acogiendo el concepto de un panel de expertos.
Para ese grupo de académicos, era necesario dejar una franja entre los cerros orientales y el río Bogotá (que luego quedó definida en 800 metros de ancho), para garantizar entre uno y otro extremo la conectividad biológica: de fuentes hídricas y de rutas de animales.
Esa franja no solo cruza la reserva, sino también una zona al lado que es urbana y se conoce como Corredor de la Autopista Norte, a lado y lado esa vía, más o menos entre las calles 219 y 235.
Ese corredor, como es urbano y el POT permite intervenirlo, está incluido dentro del proyecto Lagos de Torca y es el detonante del actual conflicto.
Para los ambientalistas, si se desarrolla urbanísticamente el Corredor, se golpearía la conexión biológica entre los Cerros y la Reserva que el Minambiente ordenó mantener hace 17 años.
La base del argumento está en la resolución en la que ese Ministerio exigió crear la reserva, que dice que en el Corredor “se deberá propiciar la conformación de áreas verdes y la preservación de la conectividad”.
Por eso, en una carta del 20 de febrero, cuatro organizaciones ambientales, entre ellas la Veeduría creada para defender la reserva, le expresan a Peñalosa que “es desafortunado que dentro de la Franja de Conexión se vayan a autorizar usos urbanos intensivos, a pesar de las directrices señaladas por las autoridades competentes, del pronunciamiento de organizaciones ciudadanas y de la comunidad científica”.
De esa veeduría hacen parte, entre otros, Sabina Rodríguez van der Hammen, nieta de Thomas Van der Hammen, y Maldonado, así como comerciantes y habitantes del sector.
Temen, puntualmente, que se desate el desarrollo industrial en el sector, dado que el POT vigente, de 2000, permite ese uso del suelo en una parte del sector.
Diana Chamorro, vocera de la Veeduría, le dijo a La Silla que pedían que el POZ estableciera allí “un uso restrictivo, que garantice que se mantenga la conectividad, por ejemplo con parques de usos pasivos donde la gente vaya a caminar, pero no realice actividades de alto impacto”.
El blindaje de la Alcaldía
Antes de firmar el decreto, la administración concertó su propuesta con la CAR y consultó al Ministerio de Ambiente. Ninguno les cerró la puerta a sus pretensiones.
El Ministerio respondió que “el desarrollo urbanístico será permitido en dicha zona siempre y cuando tenga en cuenta y priorice la preservación y conectividad de los sistemas hídricos y corredores biológicos”.
La CAR también acordó con la Alcaldía que se permitirá el desarrollo urbano en ese sector. La condición es que los constructores, que están obligados a ceder área para parques y equipamientos similares, lo hagan en esa misma zona.
Allí, entonces, se verán en un futuro edificios de apartamentos distribuidos en manzanas pequeñas y con parques alrededor, puntualiza Juan Camilo González, un ingeniero industrial que proviene del sector financiero y que fue contratado por el Distrito para estructurar Lagos de Torca.
Sobre la posibilidad de adelantar desarrollos industriales, agrega: “Eso lo permite el POT y debemos respetarlo, pero no es nuestro interés porque soñamos una ciudad residencial y de servicios. Con la CAR y la Secretaría de Ambiente concertamos que cualquier uso industrial debe tener el permiso de la autoridad ambiental. Ahora bien, también es posible que salga una propuesta de una industria supremamente limpia”.
La conectividad biológica, concluye, la mantendrán a partir de la preservación de corredores naturales (más estrechos que la franja de 800 metros) como las rondas de las quebradas La Floresta y Las Pilas, y el Humedal Torca-Guaymaral, que tienen incidencia en el Corredor de la Autonorte.
Maldonado responde que proteger la ronda de las quebradas es obligatorio, pero no garantiza la conectividad, que debe mantenerse en la franja de 800 metros de ancho.
Pero la opción de tener un corredor de únicamente zonas verdes la descarta la administración porque, añade González, implicaría que el Distrito invierta en la adecuación de esas zonas, y “el alcalde ya dijo que no le meterá plata pública a este proyecto”.
Esto debido a que el modelo de financiación propuesto es que los constructores pongan la plata para urbanizar, y que las urbanizaciones cedan el área que sirva para adecuar zonas verdes.
Esas diferencias entre uno y otro lado desembocarán en un litigio jurídico, ya que la vocera de la veeduría, Diana Chamorro, anunció que demandarán el decreto que le da vida a Lagos de Torca.
El choque de dos visiones
Las demandas judiciales atizarán el debate político, que se deben en parte a la tensión entre la visión de una ciudad que crezca ordenadamente en la Sabana, de Peñalosa, y la de una ciudad más concentrada que no urbanice más la Sabana, que porponía Petro (quien en su gobierno propendió densificar el centro).
La decisión ya demostró que puede afectar incluso a la alianza peñalosista, pues no solo se manifestaron en contra concejales del opositor Polo Democrático, sino sectores de la Alianza Verde (en el Concejo y el Congreso) e incluso un concejal tan peñalosista como el cristiano Marco Fidel Ramírez, el "concejal de la familia" que fustiga a los líderes de la revocatoria y critica a Petro de forma permanente.
Justamente, como la defensa de la Reserva van der Hammen es uno de los caballitos de batalla de quienes promueven la revocatoria, la decisión de Lagos de Torca la alimenta justo cuando los comités están recogiendo firmas para llevar la revocatoria a las urnas.
A eso se suma que Camacol y los constructores se han pronunciado a favor del proyecto (un apoyo clave para que tenga éxito, pues el modelo para desarrollarlo es que ellos inviertan unos 4 billones de pesos y el Distrito nada), lo que encaja en el discurso de los opositores de Peñalosa de que está gobernando en favor de ellos, justamente el sector que en mayor medida financió su campaña a la alcaldía.
Por eso, a pesar de que Peñalosa recordó que el plan tiene el aval del Minambiente y la CAR como autoridades ambientales -hasta el punto de que el director de esta última, Néstor Franco, lo acompañó en la firma del decreto - y de que un desarrollo ordenado en Bogotá puede ayudar a detener un deterioro ambiental por el crecimiento desordenado de municipios vecinos (un efecto que también pordría lograr una densificación del centro), el efecto político difícilmente va a ser favorable a él.
De ahí que el ambiente político quede más caldeado, y eso que falta que Peñalosa presente formalmente el proyecto con el que sí pretende urbanizar dentro del área declarada reserva. Eso sería en el segundo semestre, ligado a la discusión del nuevo POT, justo cuando la revocatoria podría llegar a las urnas.
