Las grandes historias de 2021

La vacunación masiva

La pandemia del Covid-19 terminó dándole un norte al Gobierno de Iván Duque, y, como contamos, lo que el Presidente logre con la vacunación y el pronto retorno a la normalidad del país, incluida la reactivación económica, serán la vara con la que lo medirán.

A mediados de diciembre, Duque anunció que el país tendría disponibles este año 40 millones de dosis de vacunas (10 millones de Pfizer, 10 millones de Astrazeneca y 20 millones por el mecanismo Covax), que servirían para vacunar a 20 millones de personas.

La meta es ambiciosa porque aunque el país tiene un sistema de vacunación relativamente bueno, el plan es inmunizar a 10 millones de personas en 11 meses, algo así, como aplicar unas 33 mil dosis al día.

Según los anuncios del Ministerio de Salud, si los tiempos se cumplen, en marzo iniciará formalmente el plan de vacunación que se hará por fases (mayores de 60 años, personal de la salud y personas con comorbilidades, tendrán la prioridad), pero los anuncios aún no son suficientes.

Esos 20 millones representan el 58,4 por ciento de la población y para llegar a la inmunidad de rebaño (cuando el índice de contagio disminuye drásticamente) se necesitan vacunas para otras 14 millones de personas más. Además, aún hay varias preguntas abiertas sobre cómo se llevaría a cabo el plan masivo de vacunación y el Plan de Vacunación que presentó el gobierno no las aclara pues no hay un cronograma específico, no están definidas las competencias, no son claras las metas de vacunación en el tiempo, etc.

Así que las otras negociaciones que haga el Gobierno Duque para terminar de inmunizar al país, así como la logística para garantizar que llegue a todas las regiones equitativamente y con criterios eminentemente técnicos y no politiqueros ni de conexiones sociales, serán clave; y no solo por salvar vidas sino porque de eso también depende que se reactive completamente la economía.

Duque, además, va a jugar con el espejo de los avances de los demás países de la región para acabar con la pandemia; si queda rezagado, es muy probable que se lo cobren no solo a su gobierno sino al uribismo, cuando por los tiempos, todo está dado para que el país vaya a las presidenciales aún sin la inmunidad de rebaño garantizada.

La encrucijada de Carrasquilla y de Duque frente a la reactivación

El gran reto del país en 2021 será poner en marcha la reactivación económica del país cuando la pandemia -si el plan de vacunación se cumple- iría de salida.  Pero, para lograrlo, el presidente Duque, y en particular, su ministro de Hacienda enfrentarán grandes tensiones entre lo que exige la economía y lo que es políticamente rentable.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ya dijo que en febrero se presentaría una tributaria con la que planean recoger 2 puntos del PIB, algo así como 20 billones de pesos, que representan más de tres veces lo que se presupuestó con la tributaria pasada de Duque.

Aún no se sabe la letra menuda de esa reforma, que es clave porque si el Gobierno no logra recaudar al menos una buena parte de esa plata, el país podría perder el grado de inversión, que es el estándar con el que las calificadoras miden la salud financiera de un país, y, entre otros, permite endeudarse con tasas bajas.

Sin embargo, como la reforma será tramitada en el Congreso en un año preelectoral y seguramente generará resistencia, el aumento de impuestos en la previa a la búsqueda de votos (de hecho Álvaro Uribe ya se ha manifestado en contra de gravar a la clase media), habrá más cálculo político del usual en esta tributaria.

Como contamos en esta historia, el Gobierno reajustó sus metas luego de que en noviembre pasado se conociera que el comportamiento del PIB en el segundo semestre del año fue menor que el pronosticado, y de que, como lo analizamos aquí, quedara claro que la construcción del presupuesto para 2021 se hizo con base en cuentas alegres. 

Así que tanto el trámite de la tributaria, como lo que resulte de la reforma luego de pasar por el Congreso, marcarán una buena parte de la agenda mediática del país este año.  

Además de la tributaria, el gobierno tendrá que decidir si tramitar varias reformas que han sido aplazadas y que también serán importantes para recomponer económicamente el país por los efectos de la pandemia.

Se espera que el Gobierno también radique las reformas pensional y laboral, que no logró presentar en sus dos primeros años porque no contaba con el capital político para hacerlo. La pregunta es si lo tendrá este año, el tercero, que normalmente se considera el "año del Congreso" pues es cuando los congresistas se preparan para su reelección y están menos dispuestos a aprobar cualquier decisión impopular, aún cuando sea razonable económicamente.

En todo caso, como se esperan varios cambios en el gabinete, este año Duque probablemente terminará entregando definitivamente su bandera antimermelada.

Las relaciones con Biden y el cambio de Embajador

La relación con el nuevo presidente de Estados Unidos arrancó con el pie izquierdo. Como contamos, a pesar de que Iván Duque felicitó al nuevo presidente de Estados Unidos incluso antes de que muchos medios en Estados Unidos reconocieran su victoria, al día de hoy Joe Biden no le ha devuelto la llamada a su homólogo colombiano, con lo cual le cobró la abierta campaña que el uribismo le hizo al expresidente Donald Trump con el beneplácito del Presidente o por lo menos sin que éste se los reprochara en público o en privado.

Biden, incluso, prefirió llamar primero al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se demoró 40 días en reconocer su victoria.

Este año se sabrá si esa frialdad con la que arranca la relación tendrá consecuencias más allá del plano simbólico. En todo caso, durante este primer año se sabrá si, por ejemplo, entre las prioridades del gobierno de Estados Unidos para Colombia se mantiene la insistencia en la fumigación de cultivos ilícitos o si, por el contrario, se inclinarán por creer el informe de la Comisión de la Cámara de Representantes de ese país que concluyó que la política frente a la coca, incluyendo la erradicación aérea, ha sido un fracaso. 

El 'veredicto' llegará a tiempo pues Duque está en la recta final de cumplir los requisitos que le impuso la Corte para reanudar las fumigaciones, cuyas probabilidades de éxito en reducir los cultivos son inciertas, pero que sin lugar a dudas provocaría grandes movilizaciones rurales.

Y más allá del impacto del nuevo gobierno gringo en políticas específicas en Colombia, el cambio de tono en la Casa Blanca sin duda se reflejará en el del gobierno Duque y del establecimiento colombiano, una historia que La Silla cubrirá.

Una de las primeras historias relacionadas con este tema será el futuro de Pacho Santos en la Embajada de Washington, dadas las sospechas que pesan de que él personalmente intervino a favor de Trump durante la campaña.  Pacho ha tenido varias salidas en falso, entre ellas, su incapacidad para lograr la extradición de Saltavotore Mancuso a Colombia. El exjefe paramilitar sigue en su trámite para pedir asilo en Estados Unidos.

El arranque formal de la precampaña presidencial 2022

Todas las movidas que empezaron a tomar forma el año pasado seguramente tocarán tierra este 2021 cuando se concretarán alianzas, nombres de candidatos y estrategias para poner el reemplazo de Iván Duque en la Casa de Nariño.

El año arranca, como contamos, con un partidor de 34 caras repartidas entre la izquierda, el centro y la derecha; y con varias puntadas de potenciales acuerdos.

Mientras que los que quieren ocupar el centro empezaron a reunirse desde octubre del año pasado y están explorando la manera de llegar a acuerdos; el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien casi que le dio un banderazo de salida anticipado a la campaña con su frase “ojo a 2022”, ya se reunió con la casa del poderoso clan Char de Barranquilla y con la baronesa electoral del pacífico y actual presidenta de La U, Dilian Francisca Toro, y ya ha anunciado varios personajes de la farándula que quisiera 'ver' en la lista al Senado.  Y, en la izquierda, Gustavo Petro ha comenzado a ampliar su coalición con figuras tan cercanas a las prácticas políticas que él ha tradicionalmente criticado como Armando Benedetti. Hasta Duque ha comenzado a reunirse con los precandidatos.

Las definiciones para 2022 también tocarán al gabinete.

Este año empiezan a correr las inhabilidades para funcionarios que quieran aspirar en 2022 (en marzo las de Congreso y en mayo las presidenciales) y, por ejemplo, se sabrá si Carlos Holmes y Pacho Santos saldrán del Ministerio de Defensa y de la Embajada de Washington, respectivamente, para unirse a la baraja del Centro Democrático; y si la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez decide lanzarse al ruedo presidencial una vez más.

El caso Uribe

La principal noticia política del 2020 va a seguir dando de qué hablar este año.

En febrero se vencen los 120 días que tiene el coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, para decidir si lleva a juicio o pide la preclusión del proceso que lleva contra Álvaro Uribe Vélez por presuntamente torcer testigos.

Los delitos por los que el Expresidente está procesado son fraude procesal y soborno, y en estos momentos Jaimes se encuentra revisando todas las pruebas que fueron recaudadas por la Corte Suprema, que dejó de ser competente para investigar a Uribe cuando éste renunció a su curul en el Senado, para tomar una decisión. 

Además de esa determinación, en febrero la Fiscalía también arrancará formalmente el juicio contra Diego Cadena y Juan José Salazar, los abogados de Uribe, que ya fueron acusados por los mismos delitos por los que Expresidente es investigado.

Este año, también hay varios casos que tocan a la familia Uribe que es probable que tengan decisiones: el 26 de enero continúa la etapa final del juicio por presuntas relaciones con paramilitares contra Santiago Uribe, hermano del Expresidente; y el Consejo de Estado fallará el proceso que hay contra sus hijo, Tomás y Jerónimo Uribe, por el lote en la zona franca de Mosquera.

Los primeros fallos de la JEP

El 2021 será clave para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) porque dará a conocer las primeras resoluciones de conclusiones sobre los macrocasos de secuestro y falsos positivos, que son los más avanzados (tiene 7 abiertos). 

Una vez se publiquen esos informes, también se conocerán los nombres de los máximos responsables y los llamarán para que acepten su responsabilidad. Si lo hacen, podrán enfrentar penas alternativas -sin cárcel- de 5 a 8 años, pero si no lo hacen podrían pagar una condena de hasta 20 años de cárcel.

El contenido de ese informe es muy importante porque aunque la JEP ha emitido varias decisiones en temas más pequeños, el secuestro y los falsos positivos hacen parte de la médula espinal del conflicto y una de las principales críticas a ese tribunal es que en tres años no ha arrojado resultados. 

Esos fallos se conocerán cuando el uribismo estará impulsando su referendo contra la JEP como trampolín para la campaña de 2022, así que lo que resulte de la resolución le dará o le quitará munición electoral al Centro Democrático en ese frente.

En enero de este año también se le vence el plazo para entrar en la JEP a los dos directivos de la multinacional carbonera Drummond, que fueron acusados por la Fiscalía de nexos con paramilitares. Si deciden hacerlo, serían los primeros altos empresarios del país en aceptar su relación con el conflicto.

El informe de cierre de la Comisión de la Verdad

En noviembre de este año acaban los tres años de mandato que tenía la Comisión de la Verdad para armar un informe que ayude a entender las causas y las dinámicas del conflicto armado, y así contribuir con el esclarecimiento de la verdad para las víctimas.

El trabajo de campo lo arrancaron en el segundo semestre de 2019 y desde entonces han entrevistado a más de 11 mil personas entre víctimas, victimarios, y personas que conocen el conflicto en todo el país.

Este año deberán consolidar la información (además de las entrevistas individuales, incluye 842 entrevistas colectivas y 469 informes provenientes de entidades públicas y privadas), definir qué falta dentro de lo que han recaudado, contrastar la que usarán, escoger los patrones que han contribuido a que el conflicto persista en el país y elaborar el informe final. 

Ese documento traerá varias recomendaciones, cuya implementación será verificada por un comité.

El informe será uno de los resultados más esperados del Acuerdo de La Habana, y sobre lo que cuente hay mucha expectativa no solo por el relato en sí mismo, sino porque el sector privado y la derecha han cuestionado la objetividad de los comisionados, y el documento final les dará o les quitará argumentos a sus críticos.

Las grandes decisiones de la Anla

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, este año tendrá que definir si le da vía libre a varios proyectos y programas del Gobierno que están a la espera del aval ambiental para arrancar.

Por un lado está la decisión sobre la posibilidad de hacer fracking en el país. Ya la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, firmó los primeros contratos para los pilotos, uno de ellos es de Ecopetrol en Puerto Wilches, Santander, pero están a la espera de que la Anla entregue su veredicto para arrancar. Es probable que tome una decisión a finales de este año.

Esa entidad además tendrá que pronunciarse sobre la aspersión con glifosato. Después de varias trabas por la pandemia, a mediados de diciembre se realizó la audiencia pública en la que la Anla escuchó a todas las partes involucradas y que era el requisito previo para decidir si le da vía libre o no al Plan de Manejo Ambiental para asperjar. 

Esa decisión la tomará cuando se sabe que la comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para revisar su política de drogas concluyó que la aspersión no era efectiva en la lucha contra el narcotráfico. El informe fue construido por asesores del nuevo presidente gringo, Joe Biden, y eso anticipa que si Duque quiere tener plata para asperjar es probable que no tenga un gran aliado.

La tercera gran decisión de la Anla será en Santander con el megaproyecto de la minera árabe Minesa, que quiere extraer oro en las inmediaciones del páramo de Santurbán durante 25 años.

En octubre, esa entidad decidió archivar la solicitud de licencia porque consideró que la minera  no había respondido todas las solicitudes de información adicional. Minesa apeló y este año la Anla deberá decir si archiva el proceso definitivamente y la minera tendría que arrancar de cero su solicitud de licencia ambiental, o si continúa el estudio con lo que le presentaron.

La consolidación de los gobiernos locales

Este año, luego del embate del Covid-19, los gobernantes locales tienen el reto de reactivar económicamente sus ciudades y de paso aterrizar, al menos, las propuestas macro de sus planes de desarrollo.

Como contamos, buena parte de los planes de reactivación económica en las principales ciudades del país se traducirán en la construcción de infraestructura como motor para generar empleo.

En Bogotá, la alcaldesa Claudia López tendrá 1,8 billones (metro, clave aéreo y cicloalamedas); en Cali, Jorge Iván Ospina entrará a invertir este año un crédito de 650 mil millones distribuidos en 19 grandes obras; en Medellín, Daniel Quintero, le meterá un billón a la construcción del metro de la 80 y al ‘valle del software’; y en Barranquilla, Jaime Pumarejo, tiene en la mira varios megaproyectos que implicarían una inversión de 5,2 billones.

Además de eso, en varias ciudades empezarán a tomar forma las campañas para revocar mandatos.

Hasta ahora el caso más visible es el de Bucaramanga. El grupo del exalcalde Rodolfo Hernández, y quien apadrinó la aspiración del actual mandatario, Juan Carlos Cárdenas, anunció que empezará a recoger firmas para sacar a su pupilo del cargo, tras la ruptura política. 

En Medellín, los anuncios de revocatoria no tienen mucha fuerza, pero, como contamos, han sido usados por Quintero para ganar popularidad. Así que habrá que ver si sus opositores consolidan la idea de buscar su salida o si terminan sirviendo de plataforma para el Alcalde.

La fragmentación del conflicto

La posibilidad de que la tensión escale entre las disidencias, seguramente ocupará parte de la agenda informativa del país.

Desde la desmovilización de las Farc se han creado 29 grupos de disidencias, que aproximadamente suman 2.500 hombres, en las regiones donde la extinta guerrilla tuvo dominio.

Aunque esas estructuras están ligadas al narcotráfico y a otras economías ilegales como el contrabando, su acción responde a lógicas regionales y no necesariamente están integradas en una línea de mando.

Por esa razón, por ahora, la aparición de esos grupos no ha representado un riesgo para el Estado en general, sino más bien un desafío territorial para evitar que sigan creciendo y copando espacios que dejaron las antiguas Farc o que se están disputando con otras bandas criminales en varias regiones del país.

Sin embargo, en todo el país se ha reportado que existe tensión entre la disidencia de ‘Gentil Duarte’, el primer comandante de las exfarc en apartarse del Acuerdo de La Habana, y la Segunda Marquetalia, creada por ‘Iván Márquez’ y ‘Santrich’.

La de Duarte es la más fuerte en el país y tiene acuerdos cerrados con varias estructuras -por ejemplo, en el Pacífico, en Catatumbo y en Arauca, se reconocen como sus aliadas-, y aunque se sabe que la de Márquez se ha fortalecido, aún es un misterio su capacidad militar porque se está consolidando en Venezuela. 

Por esa razón, si escala la tensión y se desata una guerra entre disidencias en el pacífico, en el sur y el oriente del país, así como en el sur de Córdoba, el conflicto puede arreciar, algo, que de paso, impactaría aún más la fallida bandera de seguridad de Duque, criticada hasta por su padrino Álvaro Uribe.

Bonus: el rol de las redes sociales en la regulación del discurso en Colombia

Después de que Twitter y Facebook censuraron la cuenta del presidente de Estados Unidos Donald Trump por incitar a los manifestantes a la violencia en el Capitolio de ese país la semana pasada, y de que Amazon y Google 'desenchufaron' la app Parler a donde se habían ido Trump y los extremistas de derecha, la naturaleza de las redes sociales se transformó radicalmente pues dejaron de ser meras plataformas a moderar el contenido. La pregunta es si ese poder exhorbitante que demostraron esta semana lo replicarán ahora en otros países y el impacto que eso tendrá sobre el discurso de nuestros líderes políticos.