Los aliados súper poderosos de los afros e indígenas

La ex directora del Incoder, (entidad clave para la Ley de Restitución de Tierras y la Ley de Desarrollo Rural) entre 2012 y 2013 fue clave para solucionar conflictos de tierras y es una de las personas con más trayectoria en desarrollo rural en el país.

Como directora del Incoder promovió unas mesas interétnicas para frenar y solucionar enfrentamientos por tierras entre los tres pueblos en el Cauca: afros, indígenas y campesinos. En estas mesas, que siguen funcionando hasta hoy, los actores discuten sus problemas sin necesidad de recurrir a la violencia.

Durante su periodo también consiguió 90 mil millones de pesos para restituir y titular tierras en el Cauca, reanudó la titulación de tierras en el Caribe específicamente en el César y la baja Guajira y por ejemplo, ayudó a que los Wiwa, que no tenían tierra, la tuvieran. En el Vaupés amplió los resguardos indígenas de 500 mil a casi un millón de hectáreas logrando preservar 10 lenguas. Así como también promovió la titulación de tierras en el pacífico.

Según las fuentes, Miriam Villegas se ha caracterizado por ayudar a cumplir los acuerdos del gobierno con las comunidades como por ejemplo en el paro agrario del 2013 y a aplicar la Ley 160 del 94 que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y reformó el antiguo Incora.

Desde 1998 y durante 15 años Villegas fue la mano derecha del padre Francisco de Roux en el Programa de Desarrollo y Paz en el Magdalena Medio manejando temas como la gerencia de proyectos de economía campesina, los créditos asociativos y el del retorno de poblaciones desplazadas a sus territorios. Antes de trabajar en temas campesinos, tuvo una larga carrera como investigadora y asesora en temas textiles en proyectos para el Banco de la República, Colcultura, el Fondo Cultural Cafetero y Artesanías de Colombia.

Esta paisa, ingeniera agrónoma y especialista en planeación y desarrollo rural ha enfocado su trabajo en el diseño y coordinación de proyectos de formalización, restitución y ordenamiento de derechos sobre tierras y desarrollo rural. Lo ha hecho como enlace entre las comunidades étnicas y el Gobierno a través de organizaciones internacionales como ACDI/VOCA y Usaid, que financia buena parte de los proyectos productivos de las comunidades afro e indígenas.

Desde estas organizaciones, Mejía trabajó entre 2012 y 2016 como Gerente de Tierras y Territorios en el Programa para afrodescendientes e indígenas, realizó los 17 estudios de caracterización de afectaciones territoriales para que la Unidad de Restitución pudiera hacer las demandas ante los jueces para titular tierras, realizar planes de ordenamiento territorial, constituir resguardos y hacer restituciones.

También logró la titulación del territorio colectivo del Naya en Cauca, de Palenque y la Boquilla en Cartagena.

Su experiencia en asunto de tierras y con comunidades étnicas viene desde 1991 donde acompañó y participó de la comisión creadora de la ley 70 de 1993 como parte del plan nacional de rehabilitación del gobierno. Y formó parte del grupo, por parte del Gobierno, que coordinó la creación de los decretos 4633 y 4335 del 2011 que exigen la atención diferencial a víctimas de la población afro e indígena.

Actualmente coordina un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y ACDI/VOCA para lograr la entrega de subsidios de reforma agraria para campesinos. Mejía también ha hecho consultorías para el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha trabajado con la defensoría del pueblo y la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados, Acnur.

Este antropólogo oriundo de Sibundoy, Putumayo es el actual director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior. Sin embargo, entró a este conteo por su trabajo cuando fue Defensor del Pueblo delegado para asuntos étnicos, desde el 2008 al 2013.

Estando en ese cargo en el 2009, a través de informes que presentaba a la Corte Constitucional, incidió en la expidión del auto 004 que plantea, entre otras, la concertación e implementación de planes de salva guarda en pueblos con riesgo de exterminio físico y cultural.

En 2011 también trabajó en la construcción e implementación de los decretos que reglamentaban la Ley de Víctimas para brindar una atención y reparación diferencial a los pueblos indígenas y afros. Y presentó informes técnicos a la Corte y medió en los procesos de concertación entre las comunidades y el gobierno, además de servir de garante de la consulta de los mismos.

Guerrero ha trabajado por la defensa de los derechos de las comunidades desde hace más de 30 años desde la academia, organizaciones, y recientemente desde la institucionalidad.

Actualmente desde el Ministerio del Interior, Guerrero ha coordinado consultas con indígenas de las leyes que han salido a raíz del proceso de paz como las de la JEP, Pdts, el catastro multipropósito y tiene a su cargo coordinar la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz.

Guerrero es magíster en desarrollo comunitario con estudios de doctorado en desarrollo sustentable y especialista en proyectos educativos y comunitarios, gerencia de servicios de salud y epidemiología.

Este neoyorquino, es uno de los mayores expertos de la Amazonía en el país y una de las voces más respetadas del sector ambiental. Es el creador de la Fundación Gaia Amazonas que desde 1990 trabaja para proteger y luchar por los derechos indígenas y por el fortalecimiento de sus sistemas de gobierno. Desde entonces ha trabajado con 17 organizaciones indígenas, que suman 23 mil personas.

Su trabajo ha logrado la titulación de resguardos y parques naturales de unas 35 millones de hectáreas, por lo que Hildebrand es considerado unos de los más grandes protectores de la selva amazónica.

El trabajo de este antropólogo, sociólogo y etnólogo con los indígenas se remonta a los años 80, cuando se adentró en las selvas para investigar para su doctorado lo que dio paso a la creación, en 1981, del primer resguardo indígena del país, Mirití, de un millón de hectáreas.

Además, fue el primero en impulsar la etnoeducación en Colombia, y la mayor política de creación de territorios colectivos para los indígenas en el país.

En la última década von Hildebrand ha liderado procesos de conservación como los del Parque Nacional Chiribiquete (el mayor del país) o el de Yaigojé-Apaporis, donde Gaia ha liderado la batalla contra la minera canadiense Cosigo Resources, que reclama un título minero dentro de los linderos del área protegida.

Actualmente está intentando conectar los resguardos y parques naturales colombianos con los de Venezuela y Brasil, para crear un gran corredor ecológico.

Este abogado y sociólogo de Nóvita, Chocó, especialista en derecho agrario, derecho ambiental y derechos étnicos, entró al conteo porque es una de las personas que más conoce sobre la ley 70 de 1993, conocida como la ley de comunidades negras, y ha trabajado en los procesos de constitución de consejos comunitarios y titulación colectiva de tierras desde el antiguo Incora, hoy agencia Nacional de Tierras, donde trabajó durante 20 años.

Desde allí, hizo parte de la comisión que redactó la Ley que es una de las conquistas más grandes de la población afro porque reivindica sus derechos étnicos y territoriales, y desde entonces ha participado de su reglamentación. Un tema clave y que está en plena vigencia porque ahora, el Gobierno y el espacio nacional de consulta afro están trabajando en reglamentar los capítulos 4, 5 y 7 de esa ley después de 23 años de haberla promulgado.

También en el Incora, Garcés dirigió la política de titulación colectiva de tierras para las comunidades negras que ha titulado 5 millones 700 mil hectáreas hasta el 2016.

En 2016 dejó su cargo para ser asesor del despacho del Ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo y subdirector de Educación Ambiental y Participación Comunitaria del mismo ministerio.

Garcés renunció en agosto de este año porque se va a dedicar a la política con miras al 2018. Aunque le dijo a La Silla que él no se va a lanzar, va a apoyar y asesorar candidatos que asuman la bandera de modificar la reglamentación de las circunscripciones especiales afro para que las dos curules en la Cámara de Representantes sean ocupadas sólo por líderes sociales y comunitarios y no por políticos, deportistas y personas que no sean afros como ocurrió en 2014.

Esta abogada indígena embera, e integrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) es quien ha estado a cargo de las grandes demandas a la Corte Constitucional, sobretodo en temas de tierras, y a particulares que violan los derechos de los pueblos indígenas.

Por ejemplo, logró que el convenio UPOV 91, aprobado en el Congreso en el 2012, y que obliga a los agricultores a utilizar semillas patentadas de las empresas, no aplique a las comunidades indígenas. También estuvo detrás de la demanda que suspendió la desviación del rÍo ranchería en la Guajira en 2012 que pretendía hacer Cerrejón para explotar carbón presente debajo del río y ha impulsado la titulación de tierras para resguardos indígenas en la frontera con Panamá.

En el 2013 y luego del paro agrario, coordinó la redacción y el debate con el Gobierno del decreto 2333 del 2014 que crea las reglas para la protección de los territorios ocupados ancestralmente por los indígenas. También fue la coordinadora de la consulta del Plan Nacional de Desarrollo entre el Gobierno y los pueblos indígenas en el 2014. Ha sido consultora de Naciones Unidas y recientemente integró la comisión que redactó el capítulo étnico en los acuerdos de la Habana.

Junto con la Onic, Codhes, y otros abogados, apoyó la realización de informes para la Corte Constitucional que contribuyeron a que sacar el auto 004 de 2009 que protege los derechos fundamentales de las personas y pueblos indígenas en situación y riesgo de desplazamiento.

Y recientemente redactó la demanda a nombre de la Onic para obligar a Séptimo día a rectificar por haber emitido tres programas en 2015 que señalaba a los indígenas de tener nexos con la guerrilla y con actos de corrupción.

Tobón también ha trabajado activamente por los derechos de las mujeres indígenas. Por ejemplo, desde el 2007 ha buscado erradicar de su comunidad embera la mutilación genital femenina y la violencia de género.

Es indígena del pueblo Kankuamo, abogada de la Universidad de los Andes, asesora e integrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, creadora, junto con Patricia Tobon, y directora de la Comunidad de Juristas Akubadaura que trabaja por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Desde el 2013 es la secretaria técnica de la Mesa Permanente de Concertación espacio donde los gobiernos, nacional e indígena, se sientan a negociar y desde donde le hace seguimiento a los más de mil acuerdos existentes.

Todo el trabajo de Ochoa, quien también ha sido abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gira en torno a la defensa y consecución de derechos de los pueblos indígenas, políticas públicas, a la defensa de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas con enfoque de género.

Ha participado en muchas de las demandas ante el Estado y, como secretaria de la Mesa Permanente de Concertación, es el puente entre el gobierno nacional y las comunidades.

Así ocurrió en el 2014 cuando las comunidades le exigieron al gobierno ser consultadas en el Plan Nacional de Desarrollo. En este espacio las comunidades socializaron el Plan en todo el país e hicieron 102 propuestas que luego, Ochoa y su equipo, unificaron y concertaron para presentarlas al Gobierno y llegar a un acuerdo.

Resultado de ello, el Gobierno reservó 8 billones de pesos para invertir en los pueblos indígenas y articularon las propuestas en las bases del Plan con mecanismos claros de seguimiento.

Esta abogada, especialista en derecho administrativo y magister en protección de derechos humanos jugó una papel fundamental para sacar adelante el capítulo étnico de los acuerdos de paz desde el Gobierno.

Viana entró a trabajar en el 2016 como asesora para asuntos étnicos en la oficina del Alto comisionado para la paz y tuvo a su cargo la negociación del capítulo con las comunidades, así como la asesoría jurídica y política. En últimas fue quien definió qué debía quedar o no en el capítulo para que fuera incluido en los acuerdos sin problema. Además, fue quien destrabó el proceso en la escogencia de los voceros de las comunidades que integrarían el comité negociador.

Según una líder afro que hizo parte del comité que redactó el capítulo, Andrée cuidó el lenguaje que se debía usar, sobre qué cosas debían incluirse o no y, sobre todo, fue muy cuidadosa en que ningún asunto fundamental para los pueblos étnicos se quedara por fuera.

Entre esos asuntos estuvo la inclusión del derecho a la objeción cultural, que aún no es reconocido explícitamente por ninguna norma en Colombia, pero se deriva de los principios constitucionales vigentes. Con  esto, el acuerdo busca que los pueblos que han sido víctimas de despojo o desplazamiento, y retornen, puedan decir no a proyectos que impidan el ejercicio pleno de sus derechos territoriales. Con esto se garantizaría el principio de no repetición, funcionando, la objeción cultural, como salvaguarda para evitar que los pueblos vuelvan a ser víctimas.

Viana también fue asesora del ministro del interior Fernando Carrillo, del 2012 al 2013, desde donde luchó para que el gobierno se tomara en serio la consulta previa, logrando algunos encuentros con las comunidades que vivían cerca de La Ruta del sol para escuchar sus reparos frente a la construcción de la carretera. Sin embargo, la intención sólo le duró un año pues salió del puesto junto con Carrillo.

Actualmente, Viana trabaja nuevamente junto a Carrillo como procuradora delegada para asuntos agrarios y restitución de tierras, donde colaborará de la mano con Richard Moreno, nuevo procurador para asunto étnicos, y Elena Ambrosi, procuradora delegada para el apoyo a las víctimas del conflicto armado y los desmovilizados, quien tuvo un papel fundamental para lograr el proceso de paz con las Farc.

El actual Procurador Regional de Chocó entró a este conteo porque es una persona que viene del corazón de las organizaciones sociales y étnicas, donde lo conocen y lo respetan, y ahora que tiene un puesto dentro de la institucionalidad, los pueblos afros e indígenas lo ven como su mayor aliado.

Antes de llegar a la Procuraduría donde Moreno fue nombrado justamente por esta razón, ya había sido Asesor del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Fisch, y Presidente de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Acia). Además hace parte del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano y de la junta directiva del Consejo Comunitario Mayor de la Acia. Además, es muy cercano a uno de los super poderosos del Pacífico, la Iglesia Católica, que creció con los padres claretianos del Chocó y años después trabajó como asesor jurídico de la Diócesis de Quibdó.

Por eso, Moreno ya ha jugado un rol clave como garante  para lograr levantar los paros tanto de Chocó como Buenaventura. Además, ha sido vocero de las denuncias por la crisis humanitaria que vive el Chocó en medio de la guerra entre el ELN y las AGC por la disputa de los territorios y fue clave para lograr que el ELN acogiera parte del Acuerdo Humanitario que pidieron los chocoanos. Antes, también hizo parte de la comisión que redactó el capítulo étnico en los acuerdos de paz de la Habana.

A partir de este lunes, además, Moreno se posesionará como Procurador para asuntos étnicos, una dependencia nueva que creó la entidad y que acompañará los asuntos étnicos a nivel nacional, sin abandonar su función como Procurador regional de Chocó. 

Es una académica experta en la defensa de derechos indígenas, consulta previa y conflictos ambientales que gracias a su trabajo de investigación ha contribuido a que la Corte Constitucional y la sociedad tengan sustento teórico para entender en qué consisten esos derechos, cómo se deben garantizar y cómo solucionar los conflictos.

En el tema del derecho a la consulta previa sus investigaciones y publicaciones han nutrido intelectualmente los debates en la Corte y han servido de sustento conceptual. Rodríguez ha sido invitada por la Corte para dar conceptos en más de noventa casos como por ejemplo en La Ley General forestal, en el estatuto de desarrollo y en el caso de la sentencia, T-129 del 2011, que ordena que se consulte previamente y se construya con las comunidades, en los resguardos de Chidima Tolo y Pescadito en chocó, los proyectos que afectan sus territorios.

También ha logrado posicionar el tema étnico en la agenda académica como por ejemplo creando la cátedra “vida intercultural” en la Universidad del Rosario, premiada por el ministerio de educación como la cátedra de educación inclusiva más importante de Colombia. Desde allí, ha he hecho publicaciones importantes como ´De la consulta previa al consentimiento previo libre e informado a pueblos indígenas de Colombia´,´Principales escenarios internacionales de protección ambiental y del conocimiento tradicional para los pueblos indígenas´ y ´La consulta previa a pueblos indígenas´.

Rodriguez también apoyó informalmente la consulta previa en la Sierra Nevada de Santa Marta para la construcción de la ruta del sol asesorando al gobierno sobre cómo hacerla. 

Rodríguez es abogada con maestría en medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional y doctora en sociología jurídica e instituciones políticas del Externado. Actualmente dirige la especialización y línea de Investigación en derecho ambiental en la Universidad del Rosario.