Los súper poderosos de la política de drogas - 2016

El Presidente es el mayor súper poderoso de la política de drogas porque suma dos facetas:  su influencia en el plano nacional y en el internacional.

Afuera ha sido uno de los proponentes más visibles de una política enfocada en derechos humanos que aborde el consumo como un asunto de salud pública y que le dé autonomía a las naciones para regularlo. Por ejemplo, en 2012 junto al presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, y al de México Enrique Peña Nieto, le propuso a la ONU que celebrara las sesiones especiales (Ungass) sobre el problema. Y en ellas Colombia se ubicó como un país progresista.

Pero ese liderazgo parece no traducirse a la política nacional, donde Santos es súper poderoso por su cargo pero no porque tire línea en su Gobierno. Allí los ministros de Salud y Justicia han propuesto políticas progresivas como el decreto que regula la marihuana medicinal o el apoyo a programas para entregar material higiénico para las personas que se inyectan heroína, mientras que Defensa ha defendido la visión represiva logrando, por ejemplo, la aprobación de la fumigación terrestre con glifosato.

Este tipo de contradicciones ha hecho que su política de drogas no refleje lo que dice afuera. Su más reciente anuncio que muestra su poder fue la creación de la Dirección para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas en Presidencia y a cargo de Eduardo Díaz. Falta ver si se convierte en la pieza clave para que el Santos de afuera coincida con el de adentro.

En el ranking del 2013 fue el entonces ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, ahora es Luis Carlos Villegas y, como nos dijo una fuente, en los próximos años será el que ocupe esa cartera. La razón es sencilla: la mayoría de las decisiones de la guerra contra las drogas las toma ese Ministerio, en cabeza de su Ministro.

Como explicamos en el ranking pasado, la Policía Antinarcóticos depende de Defensa, que por eso controla la erradicación de cultivos. Las Fuerzas Armadas, que también dependen de Defensa, se encargan de la interdicción, es decir, de incautar los cargamentos, destruir los centros de producción y monitorear los cultivos y rutas. Defensa tiene, incluso, control de Dare, el programa educativo de prevención de consumo de drogas más grande del país cuya ejecución está a cargo de la Policía Nacional.

Además de esa autonomía en la ejecución de la política, el Ministro incide en crearla. Un ejemplo de la capacidad de Villegas fue la desición del Consejo Nacional de Estupefacientes de aprobar la aspersión terrestre con glifosato cuando, un año antes, había eliminado la aérea por sus posibles efectos cancerígenos, y a pesar de las objeciones de los ministros de Justicia, Salud, y Ambiente y de las opiniones de expertos en políticas de drogas.

En decisiones como ésta los ministerios se terminan alineando con Defensa porque éste tiene argumentos de su ejecución y porque, al final del día éste, es el que la obligación de mostrar resultados.

Hubo consenso entre los expertos en que un súper poderoso de la lista tenía que salir del ministerio de Justicia, porque la cartera ha financiado proyectos de distribución de jeringas y material higiénico para adictos a la heroína, ha propuesto la creación de tribunales especiales para personas que cometen delitos por su adicción a las drogas y fue parte del bloque del Consejo Nacional de Estupefacientes que logró que se suspendiera la aspersión aérea con glifosato.

El puesto en el ranking sería del ex ministro Reyes pero, como dejó la cartera para aspirar a la Fiscalía, el título de súperpoderoso le queda a Javier Flórez, director de política de drogas del ministerio. Casi todas las fuentes lo mencionaron como la pieza clave en la forma en que Justicia se ha aproximado al problema de las drogas.

“Flórez hace trabajo de campo, articula Justicia, Cancillería y Salud, le da línea a los ministros y jefes para que intervengan en escenarios internacionales. Es conciliador y técnico y tiene capacidad de convocar a la sociedad civil”, dijo una de las fuentes que trabaja en una ONG que asesora la política de drogas.

Antes de llegar al ministerio Justicia, fue director de cultivos ilícitos de la difunta Unidad de Consolidación Territorial en el que estuvo encargado de ejecutar la política de sustitución de cultivos, que pertenece a la visión menos policiva de la lucha contra las drogas y que ahora es pieza clave de los acuerdos con las Farc.

También tiene entrada a los estamentos militares porque es hijo de Javier Flórez Aristizabal, General de las Fuerzas Armadas y lider de la subcomisión técnica que está asesorando a los negociadores del Gobierno en La Habana en temas de desmovilización, dejación de armas y reintegración.

Gaviria, como Ministro de Salud, es la otra mitad de la dupla que con el ministerio de Justicia ha logrado que la política de drogas se vuelva más progresista y eso lo hace un súper poderoso según la mayoría de las fuentes consultadas para nuestro ranking.

Fue su cartera la que lideró la regulación del uso de la marihuana con fines medicinales a través de un decreto firmado por el entonces ministro de Justicia Yesid Reyes y el de Agricultura, Aurelio Iragorri. Ese documento allanó el terreno para el proyecto de ley del senador liberal Juan Manuel Galán que le dio fuerza de ley a la legalización de la planta para el tratamiento de enfermedades y que fue aprobado a finales de mayo.

Hace un mes, Gaviria confirmó que se está preparando un decreto para que la hoja de coca y la amapola sean reguladas en el mismo sentido. Estos esfuerzos, según las personas consultadas, son claves para enmarcar el problema de las drogas como uno de salud pública.

El Ministro, junto con Justicia y Salud, tiene un asiento permanente en el Consejo Nacional de Estupefacientes solicitó la suspensión de la aspersión aérea de glifosato. Además, como presidente de la Comisión Asesora en Política de Drogas lideró la formulación de las recomendaciones al gobierno para una nueva política de drogas.

En el 2013 las Farc ocuparon el quinto lugar del ranking de superpoderosos. Siguen en la lista porque tienen el control de la mayoría de los territorios donde se produce la coca pero ahora lo comparten el puesto con otros grupos criminales, pues a medida que se ha ido acercando el fin de las negociaciones de La Habana, la cadena del negocio cocalero se ha convertido en una maraña cada vez más compleja en la que suelen colaborar algunos frentes de las Farc con miembros de otros grupos como el ELN y el EPL y las Bacrim.

Todos ellos juntos han logrado, según estadísticas de la Casa Blanca publicadas en enero, sembrar extensiones que no se veían desde el 2007: 159 mil hectáreas de coca. Esa actividad de los grupos criminales, según uno de los expertos consultados, hace que el gobierno tenga que tomar medidas reactivas y no estratégicas en la lucha contra los cultivos ilícitos, lo que muestra su poder.

Aunque bajó seis posiciones en el escalafón, Estados Unidos, representado por Barck Obama, sigue siendo un superpoderoso de la política de drogas. La forma de influencia que la mayoría de nuestras fuentes mencionaron fue la económica: USAID el brazo del gobierno de Washington que se encarga de la cooperación internacional tiene una billetera para invertir en el país de unos 140 millones de dólares para este año, el segundo más alto de la región.

Además de eso, Estados Unidos prometió 600 millones de dólares para el posconflicto y el Plan Colombia contempla una inversión anual de unos 450 millones entre el 2017 y el 2022. Uno de los destinos de este dinero son estrategias de interdicción y erradicación de cultivos ilícitos, lo cual le da poder a Estados Unidos de influir en la manera en que se trata el problema de las drogas en el país.

Ocho de nuestras fuentes están de acuerdo en que Rodrigo Uprimny, cabeza de Dejusticia, es el representante más visible de la fuerza que han cogido diferentes centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil para influir en el discurso sobre las drogas y llevarlo a una línea menos policiva.

Uprimny ha defendido el decreto de la marihuana medicinal, las estrategias de reducción del daño y la reforma del sistema judicial para hacerlo menos prohibicionista.

Junto a él han estado diferentes organizaciones como Fundación Ideas para la Paz (FIP) e Indepaz trabajando en el tema de la relación entre el narcotráfico, el conflicto y las regiones, y Acción Técnica Social (ATS) atendiendo poblaciones de drogadictos y ejecutando campañas educativas sobre el consumo. Según nuestras fuentes, este sector ha sido un respaldo importante para que la política de drogas cambie hacia estrategias y enfoques más progresivos.

Uprimny y la directora de la FIP María Victoria Llorente, por ejemplo, fueron parte de la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia que, junto con los ministros de Justicia, Defensa y Salud, formuló las recomendaciones al gobierno para la política de drogas del país.

Además de ser un súper poderoso de la movilización social, lo es también de la política de drogas porque es con las comunidades campesinas que reúne con las que van a tener que negociar el gobierno y las Farc para aterrizar gran parte de los acuerdos sobre el problema de las drogas. Los programas de erradicación, sustitución y desarrollo del campo tienen que pasar por las comunidades agrarias.

La Cumbre Agraria ya ha demostrado que tiene poder de convocatoria y visibilidad en el tema de cultivos ilícitos: a mediados del año pasado reunió más de 500 cultivadores de coca para redactar una “Constituyente de la coca, amapola y marihuana”, documento en el que quedaron consignadas las necesidades de este sector de cara al aterrizaje de los acuerdos. Aunque la cumbre no fue masiva, demuestra que los cultivadores se pueden organizar en el futuro para interpelar al gobierno y pueden organizarse en las regiones.

Además se unieron al Consejo Andino de Cocaleros con Bolivia y Perú e invitaron a expertos bolivianos para hablar sobre las posibilidades que tienen sus cosechas para fines medicinales, alimenticios y cosméticos. Con la Constituyente dejaron claro que, para la implementación de un programa de sustitución de cultivos, el gobierno se va a encontrar con un campesinado con poder de interlocución.

El Procurador se ha convertido en uno de los más visibles contradictores de los discursos progresistas de Salud y Justicia y las organizaciones de la sociedad civil. Entre otras cosas ha criticado la suspensión de la aspersión aérea, se opuso al decreto de la marihuana medicinal y se pronunció en contra de la definición de la Corte Suprema de Justicia de la dosis mínima.

Los expertos ven su influencia por dos vías: por un lado, tiene un asiento en el Consejo Nacional de Estupefacientes donde, si bien no puede por si mismo tomar decisiones o evitarlas, sí puede ponerle trabas y demorar los procesos con los que no esté de acuerdo.

La otra forma en que influye es usando la visibilidad que tiene en los medios para producir titulares como “Colombia está nadando en coca” y afirmar que medidas como la suspensión de la fumigación son un “desmonte de la política pública contra las drogas”, que pueden golpear la legitimidad para tomar decisiones que van en el camino del cambio de enfoque de la política hacia uno menos represivo.

Por un lado, Thoumi es una de las autoridades académicas más respetadas en política de drogas en el mundo. Sus propuestas para la negociación con las Farc han sido un importante insumo durante las conversaciones en La Habana y, como Uprimny y el resto de expertos de la sociedad civil, ha impulsado un discurso progresivo en materia de estupefacientes.

Por otro lado, es representante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), organismo independiente que vigila que los países cumplan con los tratados internacionales. Es, por ejemplo, el organismo con el que el Gobierno va a tener que negociar los cupos que tiene para cultivar la marihuana que, con el decreto y la recién aprobada ley, va ser usada para aplicaciones medicinales.

Según cuatro de los expertos consultados, Thoumi ha trabajado para que la Jife sea más flexible en la interpretación de las convenciones y le dé más libertad a los países para buscar soluciones al problema de las drogas.