Los superpoderosos de los toros

Este abogado que gerencia la Corporación Taurina de Bogotá lideró la batalla jurídica que permitió que en 2013 la Corte Constitucional ordenara el regreso de los toros a Bogotá y fallara que las corridas sí son espectáculos culturales, el triunfo más importante para los taurinos en los últimos años.

Ha sido liquidador de empresas como el Seguro Social, y hoy cumple esa función con Caprecom

Fuera de sus conocimientos jurídicos, Negret también tiene contactos de alto nivel. En la junta de la Corporación Taurina trabaja con Enrique Vargas Lleras (hermano del Vicepresidente Germán Vargas). Es hermano del Defensor del Pueblo, Carlos Negret. Y sabe moverse en el Congreso: “Él y sus abogados han hecho lobby cuando se legisla sobre el tema”, le dijo una fuente a La Silla.

Por último, “no es solo un gran lobista, sino un gran comerciante”, agrega esa fuente, que lo conoce de cerca. “Cuando la Plaza de Santamaría no estaba a cargo de la Corporación, no generaba dividendos. Y cuando él llegó, lo primero que hizo fue vender los palcos y administrar la Plaza se volvió una empresa rentable”. Y mantener el negocio a flote es clave para convocar la afición.

Las mayorías del Congreso han legislado tradicionalmente en defensa de las corridas, al punto que las leyes más importantes sobre animales han protegido, hasta ahora, la fiesta brava.

El año pasado, precisamente, cuando se aprobó la Ley de protección animal, quedaron exentas de sanciones las corridas, pues el Congreso las siguió considerando un espectáculo cultural que merece protección.

El poder de influencia para que allí se tomen decisiones como esta se lo atribuyen a un grupo de congresistas, entre los cuales las fuentes consultadas nombraron sobre todo al senador conservador caldense Luis Emilio Sierra, y al ex presidente Álvaro Uribe, cuyo hermano Santiago (capturado por sus presunta vinculación con el grupo paramilitar de Los 12 apóstoles) era dueño de la ganadería La Carolina, hasta hace poco protagonista de las principales ferias del país. También mencionaron al representante conservador por Boyacá, Humprey Roa, cuya familia tiene vínculos con la organización de corridas en ese departamento.

Esa capacidad de influir sobre sus colegas se pondrá a prueba de nuevo, ahora que el debate volverá al Congreso por orden de la Corte.

El bloque de magistrados de corte progresista (Gabriel Eduardo Mendoza, María Victoria Calle, Aquiles Arrieta, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas) acaba de armar una mayoría que declaró inconstitucional la excepción de sanciones contra las corridas, cambiando el precedente bajo el cual se había pronunciado anteriormente la Corte Constitucional, que había protegido esa práctica.

Aunque le delegaron al Congreso la función de regular esos espectáculos, en un periodo de dos años, y no zanjaron la discusión de una vez, sí dejaron por sentado que si el Legislativo incumple, estos espectáculos taurinos quedarán prohibidos en todo el país.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esos cinco magistrados terminan sus periodos entre febrero y abril, por lo que es incierto si con la nueva composición esta jurisprudencia se mantendrá.

A diferencia de los magistrados liberales que pronto se irán, a Luis Guillermo Guerrero (foto) y Alejandro Linares, magistrados reconocidos por sus posiciones en defensa de la fiesta brava, aún les queda un buen tiempo en el alto tribunal y pueden ser, dependiendo de cómo quede conformada la Corte, la punta de lanza de un posible bloque conservador mayoritario.

Eso es relevante porque, por más que el balón hoy esté en manos del Congreso para que defina sobre el futuro de las corridas, cualquier demanda de inconstitucionalidad sobre lo que allí se decida volverá de nuevo a la Corte.

Los antitaurinos le cobran a Guerrero que haya sido magistrado auxiliar y muy cercano al exmagistrado Rodrigo Escobar, que fue apoderado de la Corporación Taurina de Bogotá.

En la reciente decisión que tomó la Corte, la magistrada Gloria Ortiz, a la que también le falta por cumplir más de la mitad de su periodo de ocho años, se alineó con los otros dos al conceptuar que las corridas deben mantenerse.

A pesar de no tener una organización fuerte que los agrupe, los ganaderos tienen poder económico y conexiones políticas nacionales, y sobre todo locales, que les sirven de vínculo con otras instancias decisorias, como alcaldías o el mismo Congreso. Además, cuentan con el respaldo de Fedegán.

El nombre del caldense Miguel Gutiérrez fue muy citado por las fuentes. Viene de una familia de ganaderos que, a su vez, ha tenido vínculos con la política de Caldas: Ernesto Gutiérrez Arango, su padre, fue alcalde de Manizales dos veces, y su hermano Julián fue el gobernador que en 2013, cuando ganó las elecciones atípicas y terminó con la hegemonía del yepobarquismo.

Miguel Gutiérrez también está al frente de la Asociación de Criadores de Toros de Lidia (Asoastolco), que, le dijo él a La Silla, piensa meterse en la pelea que se viene para que el Congreso legisle de nuevo a favor de las corridas.

César Rincón, por su parte, se convirtió en ganadero después de su carrera como el torero más importante que ha tenido Colombia.

“Su influencia está dada por su trascendencia y por las relaciones que mantiene ahora que vive en España”, le dijo un empresario taurino a La Silla. “Aunque con bajo perfil, su opinión ha influido mucho en la lucha en pro de las corridas”, aseguró un ganadero.

El nombre de Luis Fernando Castro, que presidió la Plaza de Toros de Cali a principios de la década de 2000 y cuya ganadería es Guachinoco (en el Cauca), también lo mencionó una fuente como una voz influyente dentro de ese gremio.

A pesar de que el Congreso ha legislado tradicionalmente en favor de las corridas, las fuentes consultadas reconocen que se ha venido fortaleciendo un bloque de congresistas que está dando las puntadas para que en un futuro pueda ser bloqueado allí cualquier intento de mantener esa práctica. Hoy en día, además, ese puede ser rentable desde el punto de vista electoral.

El senador liberal Guillermo García Realpe (foto) fue mencionado por animalistas como un político que los escucha y sirve de portavoz de su causa desde hace años.

A Juan Manuel Galán le reconocen haber defendido en el Senado la recién aprobada ley de protección animal y a su hermano, Carlos Fernando, que haya radicado recientemente un proyecto para morigerar el maltrato en las corridas, de la mano del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

A Armando Benedetti, a quien le hundieron una iniciativa para acabar con las corridas, le destacan su presencia constante en los medios.

Y otro de los más nombrados es el representante conservador de Antioquia Nicolás Echeverry, que radicó un proyecto para prohibir el uso de instrumentos que les hagan daño a los toros.

Las más importantes son la de Manizales, Cali, Bogotá y Medellín. Su poder no es nacional, sino local, y radica en que tienen el monopolio de la organización de las temporadas taurinas en esas ciudades, que es donde se concentra la principal afición del país.

Las de Manizales y Cali organizan las ferias más concurridas, alrededor de las cuales se mueve una economía informal que es importante para esas ciudades.

En esa medida, anota una fuente, sus dirigentes tienen la posibilidad de legitimarse ante las autoridades locales y la ciudadanía como generadores de empleo, y es impopular para los alcaldes emprender acciones para desincentivar las corridas.

En el caso de Manizales (considerada la plaza más importante del país), Cormanizales gana legitimidad en tanto le entrega las ganancias de la temporada taurina al Hospital Infantil de Caldas.

La Plaza de toros de esa ciudad, de hecho, es de la Cruz Roja. Y la vinculación entre el sector taurino y el sector social es tan fuerte, que el gerente de la Corporación, Juan Carlos Gómez, es también gerente de ese hospital.

En noviembre de 2015, Losada perdió su curul como representante liberal a la Cámara por Bogotá, ya que el Consejo de Estado determinó que le dieron más votos de los que había sacado en las elecciones de 2014. En el poco tiempo que estuvo en el Congreso, sin embargo, se volvió una referencia nacional del movimiento animalista.

Su principal logro fue haber sacado adelante la ley contra el maltrato animal. Aunque en esta quedaron excluidas las corridas, fue esa norma la que dio pie a la demanda sobre la cual se pronunció la Corte Constitucional hace un par de semanas.

Y aunque ya no está en el Congreso, prepara su campaña para volver a la Cámara, con el reconocimiento que le da, ya no solo en Bogotá sino en el resto del país, el haber sido el autor de esa ley. Va de la mano de su tía, la concejal liberal de Bogotá María Victoria Vargas.

Si algo tienen claro los taurinos consultados es que cada vez más notan mayor presencia y organización de los antitaurinos. Hoy existe, por ejemplo, la coalición Colombia sin toreo, conjunto de organizaciones que luchan por la abolición de las corridas.

Cuatro fuentes nos dijeron que en este mundo hay dos figuras cuyo trabajo es reconocido en la coyuntura actual: Natalia Parra, de la Plataforma Alto, y Andrea Padilla, de Animal Naturalis.

Mientras la primera es una organización colombiana de la que Parra es directora, la segunda es internacional.

Parra, excandidata al Senado por el Partido Verde, además de su frecuente exposición mediática, particularmente por la coyuntura vivida en Bogotá desde que llegó Petro a la Alcaldía, se ha metido a tratar de influir sobre decisiones administrativas referentes a la Plaza de Toros. Por ejemplo, sus observaciones obligaron a la Alcaldía a prohibir la publicidad exterior en la plaza de toros. También logró que el tiempo de la temporada no se extendiera hasta marzo, como se había planteado en un comienzo.

Padilla, por su parte, hizo parte de los líderes que en la campaña a la Alcaldía de 2011 lograron que Petro firmara un compromiso para cerrarles la Plaza a los taurinos, que a la postre cumplió. También es invitada frecuente a programas de debate, que para los activistas es clave.

Dentro del activismo animalista, tres fuentes consultadas nombraron además al concejal conservador de Medellín Álvaro Múnera, un extorero que obtuvo 13 mil votos en las elecciones de 2015, la votación más alta de su partido. Lo reconocen como una voz de influencia nacional.

Aunque no tienen una influencia política que se manifieste en poder definir si pasan o no pasan cosas en el mundo taurino, los cronistas taurinos soportan la opinión de la afición y legitiman la continuidad de las corridas.

Dos fuentes de lado y lado así lo reconocen, y hablan, particularmente, de Antonio Caballero y Alfredo Molano. El uno con columna en Semana y el otro, en El Espectador.

El animalista Juan Carlos Losada admite que “ambos son los voceros más complicados porque son inteligentes, pues muchas veces nos toca debatir con taurinos muy pobres en términos argumentativos”.