Los Superpoderosos del Fast Track

Todos los consultados para esta historia coincidieron en decirnos que el Ministro del Interior maneja los tiempos, las bancadas, “lleva la manzanilla”, según nos dijo una congresista y “políticamente da la última palabra” sobre los proyectos de fast track, agregó un funcionario que trabaja con él.

Cristo tiene un equipo de trabajo que le permite estar atento a todas las movidas en el Congreso, conformado por su asesor Gustavo García (hijo del senador Guillermo García Realpe) y el director legislativo del Ministerio, Óscar Cadena (un técnico que viene del Ministerio de Defensa).

Según nos dijeron un congresista, un funcionario del Congreso y otro del Gobierno, los dos organizan las reuniones de ponentes, hacen ajustes técnicos a los textos, llaman a los congresistas, ayudan a conformar el quórum y mantienen informado a Cristo de las solicitudes de los parlamentarios.

Es así como Cristo “se ha echado al hombro” el Fast Track, dijo un Senador del Partido Liberal.

El Alto Comisionado para la Paz es, para los consultados, el intérprete de los Acuerdos para construir los proyectos que lo reglamentan.

Un alto funcionario del Congreso nos dijo que los congresistas ven a Jaramillo como más técnico que político, por lo que “le ponen atención porque no tiene doble agenda”.

Otros dos miembros de la Comisión Primera dicen que en plenarias, Jaramillo ha sido clave para explicar lo que los otros miembros del Gobierno no pueden, y cuando hay proposiciones para cambiar los artículos, Jaramillo da la última palabra en aspectos técnicos.

Elena Ambrosi, de su Oficina, también es clave porque como Secretaria Técnica de la Comisión de Seguimiento y Verificación de la Implementación de los Acuerdos ella revisa todos los proyectos de ley que entran al Congreso vía fast-track.

La comisión que crea el Acuerdo y fue instalada en diciembre pasado está encargada de verificar que la implementación se lleve al pie de la letra. Por parte de las Farc están Victoria Sandino, Jesús Santrich e Iván Márquez.

Son poderosos porque ellos están pendientes de que los acuerdos que pasen vía fast-track realmente reflejen lo acordado. Y sus observaciones, transmitidas a Cristo, Pardo y Jaramillo, pueden ser estudiadas y eventualmente incluidas en los proyectos de reglamentación.

El alto Consejero para el Posconflicto tiene un papel clave porque a su despacho llegan las normas que los Ministerios quieren pasar por Fast Track (porque de otra forma o no los podrían sacar o se demorarían un año o más) y él define en primera instancia si los textos tienen o no que ver con lo acordado entre el Gobierno y las Farc.

“Dentro del Gobierno ese papel es determinante”, dijo un congresista de la Comisión Primera del Senado y en este mismo sentido hablaron los demás consultados

El papel de la Secretaria jurídica de la Casa de Nariño es tras bambalinas. Desde Palacio revisa uno a uno los proyectos de ley, ponencias y actos legislativos que deben pasar por el Congreso, después de que Pardo los aprobó.

Dos fuentes del Gobierno dicen que es la persona que da la última palabra sobre la viabilidad jurídica de los proyectos de ley, lo que su vez le da tranquilidad a los congresistas para tramitarlas y al Gobierno para defenderlas ante la oposición y la opinión.

Cinco de los consultados -dos funcionarios del Gobierno, un congresista y dos de la sociedad civil-, dicen que el ex ministro de Justicia está involucrado en la construcción de las normas que hasta ahora han sido tramitadas. Es muy cercano al ministro Cristo y éste lo escucha para hacerle modificaciones a las normas, de acuerdo con un asesor del Gobierno.

De acuerdo con el acto legislativo que dio vida al Fast Track, la Corte Constitucional estudiará obligatoriamente todas las normas que sean aprobadas en el Congreso una vez entren en vigencia. Esto también incluye a los decretos presidenciales para la reglamentación de los Acuerdos.

Si los magistrados no las aprueban las normas, podría quedar en el limbo lo alcanzado en Cuba; y si les ponen condicionamientos, podría modificar de forma sustancial lo acordado. Y su jurisprudencia definirá cómo se define la relación que deben tener las normas con el Acuerdo, con lo que puede ampliar o reducir el espectro al que aplica el Fast Track.

Actualmente la Corte revisa la ley de amnistía, para lo que tiene un plazo máximo de 180 días que se vence en junio. La próxima que revisará, según el cronograma, es la de la Justicia Especial para la Paz.

El actual fiscal General de la Nación fue mencionado por cinco de los consultados. Primero por su peso político: por haber sido Superministro de Santos, Néstor Humberto era conocido por todos los congresistas, quienes le pedían directamente citas y favores. La semana pasada, cuando envió una carta para hacer precisiones y modificaciones al proyecto que crea la JEP, logró que la Fiscalía tuviera un asiento en la reunión del Gobierno el pasado viernes, a través de dos asesores, para verificar que los cambios se hicieran con miras a la segunda ponencia.

Un funcionario del Gobierno dijo que esta movida muestra que el Fiscal “tiene la habilidad para llamar la atención del Gobierno y del Congreso”.

El segundo peso es la labor que la Fiscalía desempeñará en los puntos de justicia del Acuerdo: en la ley de amnistía tendrá que solicitar la preclusión de las investigaciones de los guerrilleros beneficiados por esta figura que estén en las zonas veredales; y en la Justicia Especial para la Paz, deberá dar los insumos para que la justicia transicional pueda procesar a quienes no hayan reconocido responsabilidad en los delitos.

El secretario general de la Presidencia tiene un papel en la trastienda del trámite en el Congreso.”Cuando se necesita apoyo para mantener a los congresistas o hacer el quórum, llaman a Vélez”, nos dijo un Senador.

Como hemos reportado la presencia de Vélez en el Congreso, y la de varios ministros, ayuda a la estrategia del Gobierno para que los congresistas no se vayan del recinto y las normas se aprueben a tiempo. En este sentido, “aunque a veces parezca un espectador” como nos dijo otro Senador (porque es muy discreto, según otra fuente), Vélez es el encargado de enviar mensajes y “tirar línea” del presidente Santos, nos dijo un funcionario del Gobierno.

La opinión del fundador de Dejusticia, investigador y columnista es escuchada por el Congreso y los magistrados de la Corte Constitucional, a tal punto que la audiencia pública que se llevará a cabo mañana como parte del proceso de la ley de la JEP se realizará, en parte, por solicitud de la sociedad civil que él representa, según nos dijo uno de los consultados.

Desde la sociedad civil Uprimny actúa como la ‘conciencia’ del Congreso y el Gobierno en la implementación. De hecho sus columnas publicadas en El Espectador sobre la refrendación progresiva de los acuerdos vía Congreso fue citada por congresistas como Claudia López y Roy Barreras en la plenaria de refrendación, y como contamos su propuesta para que la Corte Constitucional aprobada el Fast Track fue acogida por los magistrados.

El Ministro de Defensa y los miembros de las fuerzas militares, a través de los generales Juan Guillermo García (jefe jurídico del comando conjunto de las fuerzas militares y miembro de la subcomisión de fin del conflicto) y Juan Pablo Rodríguez (comandante de las Fuerzas Militares), están encargados de los proyectos.

Los tres, además de asistir a las reuniones, revisar cada coma de los proyectos y garantizar “el lugar en la historia que tendrán los militares”, como nos dijo un funcionario del Gobierno que está pendiente de la redacción de los proyectos, son los que redactaron las normas que beneficiarán jurídicamente a los militares y policías detenidos por hechos relacionados con el conflicto. O sea, la forma en que la Justicia Especial para la Paz (JEP) trate a los militares que estuvieron en el conflicto.

Sin embargo, los consultados dicen que su poder se reducirá una vez evacúen los temas referentes a la justicia y las fuerzas militares, es decir, cuando la JEP sea aprobada.