Más que obras, Buenaventura ganó conciencia

Después de 21 días, en la madrugada de hoy el Gobierno nacional y los líderes del Comité del paro cívico de Buenaventura llegaron a un acuerdo para levantar las protestas. Aunque el Comité no logró ni el mecanismo ni el volumen de plata que pidió inicialmente, sí logró acordar recursos adicionales para la ciudad y un mecanismo especial para gastarlos en unas obras claves.

Aunque algunas de esas obras ya se están construyendo y las nuevas se van a demorar, el paro tuvo sobre todo un triunfo simbólico: las protestas sirvieron para recordar que la situación de Buenaventura es excepcional y crítica, y así lograron que buena parte del país se solidarizara con sus peticiones.

Lo que pedían, lo que lograron

El paro de Buenaventura que arrancó el pasado 16 de mayo se montó casi que exclusivamente en una sola petición: que el Gobierno decretara la emergencia económica, social y ambiental de la ciudad.  

La idea de los promotores del Paro era que para corregir la situación excepcional que vive Buenaventura (que, solo para dar dos ejemplos, hoy solo tiene entre 4 y 8 horas continuas de servicio de acueducto y un único hospital público de primer nivel para casi 500 mil habitantes), se requieren soluciones excepcionales.

Por eso, esperaban que con la declaratoria, el Gobierno pudiera tomar decisiones exprés con decretos y contratar el suministro de bienes o la ejecución de obras sin acudir a los procedimientos y tiempos de la contratación estatal normal que no solo es lenta sino que es presa fácil de la corrupción.

Los demás puntos del pliego de soluciones, en cambio, eran mucho menos concretos. Por ejemplo, aunque pedían tener servicio de agua las 24 horas y servicios públicos eficientes no sugirieron un mecanismo para lograrlo. Además, pedían tener un hospital de segundo y tercer nivel funcionando, aunque en teoría las obras del Hospital departamental que fue liquidado en 2013 estarán listas en septiembre, según ha insistido Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle. También pedían educación “de calidad, pertinente y con cobertura plena”, un medio ambiente sano y atención para las víctimas, entre otras.

Es decir, todos derechos básicos pero sin propuestas específicas para conseguirlos.  

La discusión se demoró en parte por eso: el Gobierno pidió priorizar las solicitudes en propuestas concretas, pero cuando ya se sentaron, los funcionarios que podían tomar decisiones no llegaron o se demoraron en llegar. Y en parte también porque el Comité del Paro no quiso entrar a discutir los temas puntuales en mesas hasta que no tuviera una certeza sobre si el Gobierno iba a ceder o no en su pretensión de la declaratoria de la emergencia económica.

La respuesta llegó finalmente el día 11 del paro. Aunque el Gobierno dijo que la declaratoria no era viable porque era inconstitucional, al final aceptó la contrapropuesta del comité de crear un patrimonio autónomo para Buenaventura.

Las condiciones de la propuesta era que fuera único y especial para Buenaventura, que tuviera recursos adicionales al presupuesto de la ciudad, que fueran administrados por una junta directiva en la que tuviera participación no sólo el Gobierno sino los promotores del paro y veedores internacionales como la Onu, y que funcionara con una fiducia privada, es decir, bajo las reglas del derecho privado.

La idea era que así se corregiría la sensación de que el Gobierno le hizo ‘conejo’ a Buenaventura con el plan Todos Somos Pazcífico que se creó tras el paro de febrero de 2014 y que aunque destinó 400 millones de dólares para obras, terminaron siendo no sólo para sacar del atraso y abandono a la ciudad sino a todo el litoral Pacífico.  Y que hasta ahora está arrancando a funcionar después de casi tres años porque conseguir los recursos y el respaldo político fue muy complicado, según le dijo a La Silla una persona que conoce el proceso de primera mano.

La discusión se demoró todo el fin de semana hasta la madrugada de hoy -más de las 48 horas que concretaron las partes en Bogotá el viernes- por un tema clave: las fuentes de financiación del fondo. La idea inicial del Comité era que el fondo tuviera unos 8 billones de pesos para funcionar en 10 años y que sus fuentes incluyeran además de recursos del presupuesto nacional, un porcentaje de los impuestos aduaneros que pagan las 8 empresas que tienen concesiones portuarias en Buenaventura.

Lo que quedó en el acuerdo firmado hoy es que el fondo de Buenaventura contará con unos 1.5 billones de pesos cuyas fuentes serán por un lado un crédito externo por 76 millones de dólares y el 50 por ciento del impuesto a la renta que pagan los puertos, aprovechando un artículo de la reforma tributaria que se aprobó en diciembre del año pasado y que permite que las empresas paguen sus impuestos con obras.

Este era un punto de honor para el Comité porque parte de la pelea era que Buenaventura sólo es importante para el país porque por allí se mueve el 56 por ciento de toda la carga que entra y sale por el Pacífico y donde al año se mueven más de 5 billones de pesos, que no se quedan en la ciudad que vive sumida en la miseria.

Justamente por eso es que casi desde el primer día del paro, la ciudad quedó militarizada por la Policía y el Esmad que se atrincheraron alrededor de las caravanas que sacaban la mercancía del puerto. La gente las atacaba por indignación, porque aunque se redujo el volumen de la carga, fue lo único que no se paralizó del todo en los 21 días de paro.

Por eso, aunque el Comité no obtuvo todos los recursos que esperaba, es un triunfo haber logrado que parte de esa plata que ingresa al país por el puerto se gaste en obras para la ciudad.

Por ahora, los intríngulis del fondo serán definidos en un proyecto de ley que redactará el Gobierno con voceros del Comité y la gobernadora, el alcalde de Buenaventura y la Onu que sirvió de garante. Y el Gobierno se comprometió a radicarlo el próximo 20 de julio en el Congreso y con mensaje de urgencia.

Las obras que se priorizan con este acuerdo son, entre otras, la construcción de una ciudadela hospitalaria en Buenaventura (que costará unos 240 mil millones de pesos), la financiación de la primera fase del plan maestro de alcantarillado (350 mil millones) y la unidad de cuidado intensivo en el Hospital Luis Ablanque de la Plata ($12.500 millones).

Además, el Gobierno se comprometió -aunque no está redactado así en el acta ni en los compromisos- a que en dos años, Buenaventura tendrá servicio continuo de acueducto las 24 horas del día. Y que, como ya se había comprometido la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, se habilitará la atención de segundo y tercer nivel del Hospital distrital en septiembre.

Esas obras son las mismas que el Gobierno le prometió a Buenaventura luego del paro de 2014 y aunque han tenido retrasos por más de tres años, desde antes que arrancara esta nueva movilización tanto la Gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro como el Gobierno aseguraron que ya estaban financiadas.

Es decir, las obras que quizá son más prioritarias para Buenaventura no fueron resultado de este paro. Y como dijo el mismo garante de la ONU, Todd Howland en la firma del acuerdo esta mañana, las obras que se comprometieron en este paro se demorarán porque están planteadas a 10 años. Aún así, la sensación esta mañana en el Hotel Cosmos de Buenaventura era de júbilo.

El triunfo simbólico

“Se lograron acuerdos que dejarán algunas cosas importantes para Buenaventura en temas de gestión, de obras, de recursos. Pero no son importantes por eso, sino porque los bonaverenses nos demostramos y le demostramos al mundo lo que somos, gente grande, importante, capaz”, dijo esta mañana antes de firmar el acuerdo Víctor Vidal, uno de los líderes del Comité del Paro.

“Siempre lo hemos sido, pero por circunstancias a veces se nos olvida. Pero esta vez hicimos todo eso a un lado. Logramos movilizar a Colombia, movilizar al mundo, en solidaridad con nosotros. Hemos quedado en el corazón. Para mi ya Buenaventura es otro. Partimos la historia en Buenaventura”, agregó, visiblemente emocionado.

Desde que arrancó el paro, la frase “El pueblo no se rinde, carajo” logró sumar cientos de voces movidas por la indignación que se convirtió en el motor de la protesta. La idea era que más allá de las demandas por obras, la movilización debía terminar de una vez por todas con la desigualdad y el racismo en que ha estado sumido el puerto a lo largo de su historia.

“Buenaventura ganó conciencia, ese fue el logro más grande”, le dijo a La Silla Cristian García promotor de comunicaciones de la Pastoral Social quien además hizo parte fundamental del paro.

Aparte de las 117 organizaciones sociales entre las que se encontraban el gremio de los transportadores de cabotaje y de taxistas, la asociación de comerciantes de Buenaventura y la asociación de iglesias evangélicas, al paro se sumaron varios colectivos de mujeres y jóvenes.

Las manifestaciones de solidaridad no sólo se hicieron sentir en ciudades como Cali y Bogotá sino fuera del país en París, Milán, Washington, Santiago de Chile y Buenos Aires .  Y llegaron sobre todo después del caos que se vivió en Buenaventura el viernes 19 de mayo cuando en la tarde el Esmad intentó despejar uno de los puntos de concentración del paro en La Delfina -a las afueras de la cabecera municipal de Buenaventura-, y luego en la noche se presentaron disturbios y saqueos en la ciudad.

Al día siguiente, cuando se cumplía el sexto día del paro, una movilización sin precedentes de más de 150 mil personas salió a las calles del puerto para reclamarle al Gobierno lo sucedido y dejarle claro que el pueblo no se iba a rendir a pesar de la represión.

A ellos se sumaron organizaciones indígenas y afros del Pacífico como Cococauca, la Acin, Aciva y Aconc. Tanto así que La Silla supo que si el paro no se terminaba esta semana, la Acin estaba pensando enviar mil indígenas a La Delfina para bloquear definitivamente el paso hacia Buenaventura.

También se sumaron académicos, como el decano de la facultad de Economía de los Andes, Juan Camilo Cárdenas y el ex viceministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra. Ambos firmaron una carta de respaldo al paro junto con otros 60 profesores de distintas universidades nacionales e internacionales para pedirle al Gobierno Nacional que escuchara a Buenaventura y que parara las agresiones del Esmad.

Esos enfrentamientos entre el Esmad y los manifestantes continuaron casi que durante todo el paro y entre ellos se mezclaron jóvenes que pertenecen a pandillas y bandas criminales que operan en Buenaventura, algo que reconocieron los mismos miembros del Comité. Dijeron que les hacían caso, aunque “a su manera”, como explicó el padre Jhon Reina la semana pasada.

“Ellos nos escuchan, nos reconocen y aceptan nuestras sugerencias de que esa no es la manera”, dijo. “Hay cierta rebeldía contra la autoridad, contra la norma. Nadie respeta el toque de queda ni la ley seca pero sí reconocen la autoridad del paro, legitiman nuestras directrices. Es extraordinario”, agregó.

Eso quedó demostrado primero, cuando el padre Reina lideró una cadena humana para evitar los saqueos en la Olímpica el 19 de mayo y lograron recuperar varios bienes que habían sido robados.

También el lunes 29 de mayo, cuando  “Salsa al parque”, un concierto que tradicionalmente se hace en Cali, se trasladó a Buenaventura para realizar “salsa con conciencia y crítica social” y sumar apoyos y respaldar la protesta. Aunque la Alcaldía inicialmente no dio los permisos y no quería dejar instalar las tarimas, al final el concierto se hizo y fue un éxito al que asistieron más de 10 mil personas.

“Estos momentos son momentos maravillosos para Buenaventura porque nunca en la historia se había visto en Buenaventura tanta unidad. Nunca. Este paro la gente se lo tomó en serio”, dijo el padre Jhon Reina esta mañana cuando se firmaron los acuerdos.

Por eso, aunque es probable que muchas de las obras y compromisos que se acordaron hoy se demoren, los 21 días de paro le sirvieron a Buenaventura para recuperar la conciencia perdida.