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El jueves pasado la Superintendencia de Sociedades le ordenó a Mónica Semillas devolver 2.076 millones de pesos que recibió en subsidios del Gobierno, después de que se demostraraque dividió sus predios mediante empresas de papel para conseguir más ayudas que las que le correspondían. Con este caso, se crea además un precedente político que será muy difícil de ignorar para el Ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde cuando presente el proyecto de ley sobre los baldíos, que el presidente Juan Manuel Santos prometió desde julio y que todavía no le ha presentado al Congreso.
Mónica hace más difícil salvar a 'cacaos' de los baldíos
El jueves pasado la Superintendencia de Sociedades le ordenó a la multinacional brasilera Mónica Semillas devolver 2.076 millones de pesos que recibió en subsidios del Gobierno, después de que se demostrara que dividió sus predios mediante empresas de papel para conseguir más ayudas que las que le correspondían.
Con el duro fallo contra Mónica Semillas, que recuerda las peripecias legales que utilizaron familias como los Dávila Abondano para recibir subsidios de Agro Ingreso Seguro, la Supersociedades -en cabeza de Luis Guillermo Vélez- pone en cintura a una empresa que creó un entramado para saltarse los topes legales. Y advierte que “no permitirá, bajo ninguna circunstancia, que los empresarios se refugien detrás de personas jurídicas societarias para eximirse del cumplimiento de aquellas normas que consideren inconvenientes o desatinadas”.
Con este caso, se crea además un precedente político que será muy difícil de ignorar para el Ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde cuando presente el proyecto de ley sobre los baldíos, que el presidente Juan Manuel Santos prometió desde julio y que todavía no le ha presentado al Congreso. Y en el que Santos tendrá que decidir, como contó La Silla, entre salvar a los 'cacaos' que compraron tierras en la Altillanura volándose los topes para terrenos originalmente destinados a campesinos sin tierra o el discurso que ha vendido en La Habana sobre una verdadera transformación del campo.
Y de paso el fallo confirma que las investigaciones sobre tierras que adelantaron Juan Camilo Restrepo desde el Ministerio de Agricultura, Miriam Villegas desde el Incoder y Jorge Enrique Vélez desde la Superintendencia de Notariado en los últimos dos años iban por el camino correcto, pese al viraje desde que estalló el 'chicharrón' de los baldíos en junio.
El caso contra Mónica Semillas
El fallo de la Supersociedades, en cabeza de Luis Guillermo Vélez, es el primero contra una de las empresas del 'chicharrón' de los baldíos.
La demanda contra Mónica Semillas por acumulación indebida de subsidios la presentó Finagro, en cabeza de Luis Eduardo Gómez.
Mónica Semillas, una empresa brasilera que tiene cultivos de soya y de maíz en Brasil y Bolivia, llegó a Colombia en 2008.
Ese año compró a través de la compañía Mónica Colombia Ltda (hoy Monica Colombia SAS) una finca de 973 hectáreas -llamada La Ponderosa- en Puerto Gaitán (Meta) para cultivar soya. En 2009 el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) le aprobó un subsidio llamado incentivo a la capitalización rural (ICR) por 692 millones de pesos.
Ese mismo año compró otros tres predios vecinos, usando tres compañías de nombres diferentes pero con los mismos accionistas y representantes legales intercambiados (todos miembros de las familias brasileras Marchett y Cambruzzi). Es así como Tilava SAS compró La Esmeralda, Agrocaxias SAS compró Rosa Blanca y Monicol SAS hizo lo propio con Chaparral.
Cada una de estas empresas luego solicitó un subsidio, recibiendo en total cuatro subsidios en 2009 y sumando 2.076 millones de pesos más de los que debería, ya que la ley estipulaba que una sola empresa sólo puede recibir un subsidio en un período de 12 meses. Es decir, en el fondo una sola empresa con un gran proyecto de soya pidió al Gobierno subsidios como si fueran cuatro empresas diferentes con cuatro cultivos distintos.
Por esta razón, en diciembre de 2012 Finagro -que dirige Luis Eduardo Gómez- y el Ministerio de Agricultura -entonces bajo el ala de Restrepo- presentaron una demanda contra Mónica. Y la SuperSociedades, que actúa como juez en este caso, le dio la razón en un fallo de única instancia, que no permite apelación.
Al examinar los motivos que llevaron a Mónica a fraccionar los predios, el superintendente delegado de procedimientos mercantiles José Miguel Mendoza concluyó que no se había hecho para un fin legítimo como, por ejemplo, que los socios no vieran comprometido su patrimonio más allá de lo que habían aportado (el llamado beneficio de limitación de responsabilidad, que es uno de los sustentos de la existencia de las sociedades).
“No tendría sentido, en verdad, que se hayan contemplado límites respecto del número de incentivos que pueden obtenerse para financiar un mismo proyecto, para luego permitir que los particulares ignoren esos topes mediante el simple fraccionamiento de una misma operación agrícola”, dice la Superintendencia, antes de concluir que “la única justificación verosímil detrás de la citada estructura está relacionada con la elusión de las restricciones establecidas en la legislación agrícola colombiana”.
Sin embargo, no es el único problema legal que tiene la empresa brasilera. Mónica es una de las 13 empresas que aparecen en el informe final de gestión sobre tierras del ex ministro Restrepo, porque ese mismo entramado legal le sirvió para saltarse los topes que existen para antiguos baldíos que establece la ya célebre ley 160 de 1994.
En total, Mónica posee 8866 hectáreas, en una zona donde la Unidad Agrícola Familiar (UAF) -o el máximo permitido de tierras de reforma agraria- es de 1107 hectáreas.
Y esta otra peripecia legal también la demandó el Incoder y está en curso. El paso clave, sin embargo, era que Supersociedades decretara que en efecto se trataba de que, a pesar de usar varias sociedades, en el fondo es una sola empresa y un solo proyecto.
El dilema 'baldío' de Santos
Las investigaciones por acumulación indebida de subsidios y de antiguos baldíos comenzaron cuando Juan Camilo Restrepo era Ministrio de Agricultura. Foto: Juan Pablo Pino
El proyecto de ley de baldíos es uno de los mayores retos políticos para el actual MinAgricultura Rubén Darío Lizarralde. Foto Juan Pablo Pino
Carlos Urrutia tuvo que renunciar a la embajada en Washington al descubrirse que su antigua firma legal, Brigard y Urrutia, asesoró las compras de Riopaila y Cargill. Foto: Juan Pablo Pino
El Incoder, dirigido hasta hace poco por Miriam Villegas, dirigió las investigaciones por compras saltándose los topes de la UAF. Foto: La Silla Vacía
Pero el caso de Mónica Semillas va más allá de la orden de devolver los tres subsidios que la empresa brasilera no tendría que haber recibido.
Al señalar el fallo que figuras como sociedades por acciones simplificadas (SAS) están siendo usadas para burlar la ley, la Supersociedades deja abierta la puerta para que todas las empresas que crearon andamiajes jurídicos similares para acumular indebidamente terrenos que en su origen eran para campesinos sin tierra, sean también castigadas.
Es ahí donde entran muchos de los casos que dieron pie al 'chicharrón' de los baldíos y que terminaron costándole el puesto al embajador en Washington Carlos Urrutia, cuya antigua firma de abogados Brigard y Urrutia asesoró varias de las compras.
Bajo este tipo de 'interposiciones societarias' -como la llamó Supersociedades en el caso de Mónica- fue que la empresa italo-española Poligrow compró 5500 hectáreas en el Meta. O que el ingenio Riopaila Castilla compró 42 mil hectáreas, que la multinacional estadounidense Cargill adquirió 50 mil hectáreas y que The Forest Service tiene 13 mil hectáreas, todas en el Vichada.
Y políticamente pone al Gobierno de Santos de nuevo en un aprieto, en momentos en que está redactando el proyecto de ley que regulará de ahora en adelante el uso de los baldíos y de los antiguos baldíos.
Aunque el ex ministro Francisco Estupiñán prometió en varias ocasiones que este proyecto no buscaría regularizar las compras cuestionadas hacia atrás, al final varios de los tempranos borradores sí buscaban -como contó La Silla- salvarle el negocio a los 'cacaos' que compraron estas tierras saltándose los topes.
Una primera versión proponía una fórmula de contrato temporal para los predios enproblemados donde había un proyecto productivo en marcha. En esos terrenos, las empresas perdían la titularidad de la tierra pero conservaban la tenencia hasta por 30 años, en una especie de arriendo o ‘leasing’ que los obligaría a mantener la productividad, a pagar impuestos sobre ésta y a asociarse con -y no sólo contratar- campesinos.
Una segunda versión eliminaba estos contratos, pero incluía la idea -expuesta por el ex ministro Néstor Humberto Martínez, abogado de cabecera de Luis Carlos Sarmiento y asesor del gobierno en el proyecto- de que si los antiguos baldíos no tenían ninguna prohibición de compraventa claramente señalada en sus matrículas inmobiliarias era imposible para sus compradores saberlo y que, por lo tanto, las transacciones tenían que haber sido de buena fe.
La Silla supo que en agosto altos funcionarios de Agricultura y de la Secretaría jurídica de Presidencia concluyeron que no había manera de salvarle las inversiones a estos cacaos, una conclusión que parecía haber sido definitiva y que incluso llegó a la mesa de diálogos en La Habana.
Con la salida de Estupiñán, la llegada de Lizarralde al ministerio y el revolcón al interior del sector agrario (que incluyó la salida de las directivas del Incoder), el proyecto de ley pasó a un segundo plano y ha venido siendo manejado en total sigilo.
Hasta ahora Lizarralde ha hablado muy poco del tema, pero su idea de que el 20 por ciento de los predios acumulados sea destinado a pequeños y medianos productores deja entrever que el Gobierno aún no ha renunciado a la idea de salvar a los cacaos.
El fallo contra Mónica Semillas se la pone más difícil a Santos, porque elimina algunas de las ideas que han hecho carrera desde que estalló el escándalo en junio. Por ejemplo, para la Supersociedades, la existencia de vacíos jurídicos -como los que esbozó Francisco Uribe, el abogado de Riopaila- no excusan las peripecias legales porque “no puede servir de excusa para defender la infracción deliberada de las limitaciones previstas”.
Y, más que nada, porque si Santos escoge salvar a los cacaos cuestionados después de que su Superintendencia de Sociedades castigara a uno de ellos, el mensaje será mucho más difícil de digerir.
