Santos ganó en el Plan de Desarrollo, pero quedó advertido

Hoy miércoles el Plan de Desarrollo quedó definitivamente aprobado por el Congreso. Excepto en algunos puntos aislados, salió tal y como lo presentó el Gobierno hace tres meses. Pero detrás de esa victoria política quedó el mensaje de que la Unidad Nacional puede volteársele al gobierno cuando hay asuntos espinosos.

Ese mensaje lo envió la plenaria del Senado, que era el último espacio para debatir el Plan, el martes por la noche. La discusión había empezado el lunes, con la coalición de gobierno votando sin mayores problemas los artículos, y la oposición de izquierda y derecha denunciando falta de garantías e incluso falta de discusión de las proposiciones que no tenían el aval del gobierno. Todo parecía listo para la aplanadora de la Unidad Nacional.

Pero el martes por la noche algo cambió y la plenaria aprobó tres cambios sustanciales y contrarios a la posición del gobierno.

El primero fue hundir las licencias ambientales exprés. La mayoría de la plenaria votó a favor de proposición de la Alianza Verde de eliminar el artículo que cambiaba el procedimiento para acortar el plazo para otorgar licencias ambientales, y que convertía lo que ya está reglamentado en un polémico decreto en una norma más difícil de modificar porque quedaba en una ley.

El segundo fue una nueva protección frente a la minería en los páramos. De nuevo, la Alianza Verde hizo una propuesta que prohibiría de tajo la minería, proyectos de hidrocarburos y agroindustria en zonas de páramos. Y de nuevo, tuvo el apoyo de las mayorías, incluyendo a senadores de la Unidad Nacional.

Y el tercero, un freno a la venta de Isagén, fue el más duro, porque se le atravesaba al corazón de una de las apuestas más fuertes del gobierno, el desarrollo de la infraestructura.

Golpe al corazón

La decisión de ponerle un freno a la subasta de las acciones que el gobierno tiene en Isagen, y que está prevista para el 19 de mayo, enredaba el cierre financiero de las concesiones viales de cuarta generación, una de las apuestas más grandes de todo el gobierno de Juan Manuel Santos y uno de los macroproyectos de infraestructura que está manejando el super poderoso vicepresidente Germán Vargas.

La venta de Isagen está directamente atado a ese gran proyecto porque la plata que recoja el gobierno, y que se calcula en unos 5 billones de pesos, se va a ir a financiarlas a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, en un esquema que permite que esos 5 billones garanticen préstamos a la FDN por unos 25 billones. Y esa plata sería la que pondría la FDN en las vías.

>Ese dinero es especialmente importante porque conseguir la financiación de un programa tan grande no es fácil, y menos con una economía creciendo lentamente. Sin la plata de la venta de Isagen es difícil que se puedan financiar las carreteras, como ha explicado el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, y por eso esa votación era un golpe tan duro para el gobierno.

Sobre todo para Vargas, cuya aspiración presidencial para 2018 se beneficiaría de unas carreteras en construcción o entregadas. El Vicepresidente ha venido construyendo la imagen de ser el gran ejecutor del Gobierno desde que pasó de la cartera de Interior a la de Vivienda en 2012, pero ese capital podría quedar en duda si las 4G no arrancan.

La oposición a la venta no es nueva, y Cárdenas, de hecho, está bajo la amenaza de una moción de censura por la venta. Quienes han impulsado esa posibilidad aprovecharon la ocasión de anoche para ponerle un freno por otra vía a la venta: los liberales Viviane Morales, Sofía Gaviria y Horacio Serpa propusieron meter un artículo que condicionaba las ventas de activos de la nación en el sector energético (como Isagen) a una aprobación del Congreso.

Es decir, tres senadores de uno de los partidos de la Unidad Nacional impulsaron una norma que frenaba la subasta -que será en menos de 15 días-, porque el gobierno antes tendría que pedirle permiso al Congreso para eso. E inluso, podría hundir totalmente la venta.

Esa propuesta tuvo el respaldo esperable y unánime de las bancadas de oposición del Centro Democrático, la Alianza Verde y el Polo. Pero el golpe para el gobierno fue que la Unidad Nacional no lo respaldó, ni siquiera el pleno del partido del Vicepresidente.

De los nueve senadores de Cambio Radical, tres se quedaron con el gobierno (Daira Galvis, Rosmery Martínez y Antonio Guerra) y cuatro en contra (Bernabé Celis, Arturo Char, Carlos Fernando Galán y Juan Carlos Restrepo). Otros dos no votaron.

De los 21 de La U, nueve apoyaron al gobierno y seis votaron a favor del nuevo artículo.

Y en el Partido Liberal solo dos (Andrés Cristo, hermano del ministro de Interior, y Álvaro Ashton) se quedaron con el gobierno, mientras que otros ocho votaron en contra del gobierno.

Las bancadas que sí respaldaron al gobierno fueron la del viejo PIN (los cuatro senadores que votaron lo hicieron en contra del artículo) y conservadora (solo Samy Merheg votó a favor de la propuesta).

Al final, el artículo fue aprobado por 46 a 29.

Ese rechazo de la bancada gobiernista dejó un mensaje claro: la Unidad Nacional está lejos de ser aliada incondicional del Gobierno.

La comisión de salvación

Entre esos cambios y otros más pequeños, al final 26 de los más de 260 artículos quedaron diferentes en los textos aprobados el martes en el Senado y el jueves pasado en la Cámara. Y por eso entró en juego una comisión de conciliación, como la famosa de la reforma a la Justicia de 2012.

Esas comisiones son muy usuales, pues son el mecanismo que prevé la ley para definir cuál es el texto final cuando hay diferencias entre los que aprueban las dos cámaras.

Eso ocurre casi siempre y la conciliación es un acto sin grandes problemas: los presidentes de Senado y Cámara designan un número pequeño de conciliadores, éstos se reúnen, definen qué texto va a quedar al final en los puntos en que haya diferencias, y elaboran un informe. Luego este llega a la plenaria y lo votan (necesariamente en bloque, porque no peuden reabrir las discusiones) sin mayores problemas.

Pero en casos como el del Plan de Desarrollo, cuando están en juego tantas cosas, la conciliación deja de ser de trámite. En este caso, era la última oportunidad para definir si el gobierno salía derrotado o no.

Es esta ocasión había otro elemento que le daba aún más poder a la comisión: el tiempo. Por ley, el Plan de Desarrollo tenía que estar totalmente aprobado por el Congreso hoy, y ayer a las 10 de la noche todavía faltaba que el Senado terminara de votar, que se armara la comisión de conciliación, que ésta se reuniera y decidiera, y que las plenarias lo aprobaran.

Encima, y también por ley, había que publicar el texto del informe de conciliación antes de citar a la plenaria, para que los congresistas lo pudieran conocer.

Con ese afán, poco antes de las 11 de la noche la plenaria terminó de votar y los presidentes de Cámara y Senado, respectivamente el liberal Fabio Amín y José David Name de La U, corrieron a definir sus conciliadores.

Eran cuatro por cada Cámara. Amín designó a la liberal por Bogotá Olga Lucía Velásquez, el conservador antioqueño Horacio Gallón, la verde boyacense Sandra Ortiz y el caucano de La U John Jairo Cárdenas. Name a Juan Carlos Restrepo de Cambio Radical, el rojo Luis Fernando Duque, Germán Hoyos de La U y el azul Efraín Cepeda.

Con esa conformación, las cosas empezaron a pintar mejor para el Gobierno, porque cinco eran de la Unidad Nacional - y, dos más, conservadores santistas. Sin embargo, tampoco era obvio el resultado pues algunos santistas, como Restrepo y Hoyos, habían estado en la orilla contraria al gobierno en las derrotas de plenaria.

La comisión trabajó rápido y en menos de una hora tenía listo el informe. Según supo la Silla, los conciliadores decidieron que tenían suficiente ilustración sobre los 26 artículos en debate y que, por lo tanto, podían entrar directamente a decidir. Y que lo que hicieron fue votar.

Según dos fuentes que conocieron el funcionamiento de la comisión por dentro, en los artículos más duros el votación fue ajustada, de cinco a tres. Y, aunque no pudimos verificar si fue así en todos los artículos, por lo menos en el de Isagen las dos fuentes afirman que los tres que votaron en contra de la posición del gobierno fueron Ortiz, Restrepo y Hoyos.

En cualquier caso, el informe salió antes de media noche y favorable a las posiciones del Gobierno. Y hoy, aunque luchando por lograr el quórum necesario para eso, lo ratificaron las dos plenarias a principios de la tarde.

En la del Senado, donde el Gobierno había sido derrotado menos de 24 horas antes, pasó por 57 a 26. Es decir, una veintena de senadores que habían aprobado impedir la venta de Isagen, ahora cambiaban de posición. De la coalición de gobierno solo las liberales Sofía Gaviria y Viviane Morales, y Eduardo Pulgar de La U, votaron en contra.

Dos congresistas de la Unidad Nacional que habían votado en favor de frenar la venta de Isagen y en plenaria aprobaron el informe, le explicaron a La Silla que una cosa es oponerse a un artículo y otra tumbar todo el Plan de Desarrollo.

En cambio, varios congresistas de la oposición dijeron que el cambio se debía a que el Gobierno había repartido mermelada. “Dicen que esta mañana varios congresistas pasaron por Presidencia. Aseguran que les garantizaron inversiones regionales. Pero no lo puedo asegurar”, dijo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Sin embargo, ni esa fuente ni los demás opositores consultados tienen pruebas de esa presión y La Silla tampoco pudo verificar los rumores.

Al final, por mermelada o porque el Plan toca muchos más puntos que la venta de Isagen, el Gobierno logró su cometido y la Unidad Nacional volvió a alinearse con el gobierno. Pero el campanazo quedó claro: la coalición no es incondicional, la venta de Isagen es impopular en el Senado y ni siquiera hay unidad en el partido del vicepresidente Germán Vargas, quien sería el más beneficiado políticamente de la venta de Isagen.

Por eso, la amenaza de moción de censura contra Cárdenas no es hueca, pero es casi imposible que se cumpla antes de la venta, el 19 de mayo.