Tras el incendio por las cifras de líderes en la Fiscalía, Barbosa encarga a su Vicefiscal

Justo cuando el fiscal General, Francisco Barbosa, quedó en el ojo del huracán porque será el encargado de unificar todas las cifras de líderes sociales asesinados en el país, esta semana se concretó una nueva movida interna dentro del búnker.

La Silla supo por dos fuentes con acceso a la información interna de la Fiscalía, que la vicefiscal General, Martha Mancera, quien goza de mucha credibilidad entre los defensores de derechos humanos, volverá a estar al frente de la Unidad Especial de Investigación, UEI.

Mancera asumirá ese encargo, al mismo tiempo que se desempeña como Vicefiscal. 

La UEI es la unidad que se encarga de investigar, entre otros, los asesinatos de líderes sociales y fue creada en 2017 como parte del cumplimiento del Acuerdo de La Habana.

Mancera es la titular formal de esa unidad desde 2017, cuando la JEP la eligió para ocuparla por un periodo de cuatro años; sin embargo, desde hace un año dejó de estar al frente de ella por su nombramiento como Vicefiscal General.

Mancera se convirtió en Vicefiscal inesperadamente tras la reculada de Juan Francisco Espinosa al nombramiento que había anunciado Barbosa.

Desde entonces en esa Unidad han estado dos encargados reemplazándola: Luisa Obando, mano derecha de Mancera quien a mediados de diciembre fue nombrada como Delegada de Seguridad Ciudadana, y Aníbal Arbeláez quien entró a suplir esa vacante y solo completa dos meses en el cargo. 

La decisión, según una de las fuentes que nos lo contó a condición de no ser citado, se da para calmar los ánimos en el sector de los derechos humanos por el anuncio de que Barbosa quedará al frente de llevar las cifras de líderes sociales asesinados en el país.

Como contamos en esta historia, organizaciones como Dejusticia han dicho que hay un conflicto de intereses, porque la Fiscalía es la entidad que tiene que combatir el asesinato de líderes y ella misma sacará las cifras con las que se evaluará su propio desempeño.

Además, Human Rights Watch criticó la decisión por significar “un retroceso” en la materia; “Esta medida daña la credibilidad de los esfuerzos del gobierno colombiano para prevenir y sancionar estos hechos”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de esa ONG.

Encima, está el precedente de que Barbosa siendo Consejero para los Derechos Humanos de Iván Duque, intentó sacar pecho con indicadores sobre reducción de asesinatos de líderes sociales, que, según reconocidos expertos en el tema, estaban manipulados. 

“Barbosa genera mucha resistencia. Martha tiene credibilidad con las organizaciones y entonces Barbosa le da el tema a alguien con credenciales para que no puedan criticarlo”, le dijo a La Silla una de las fuentes. “Barbosa toma la medida para aplacar las críticas”.

Esa versión sobre la credibilidad que genera Mancera, fue confirmada por otras dos fuentes del sector de los derechos humanos que conocen su trayectoria en la Fiscalía.

Una de ellas, el director de la ONG Indepaz, Camilo González Posso, además le contó a La Silla, que desde que Barbosa llegó a la Fiscalía se perdió el contacto que solían tener las organizaciones defensoras de derechos humanos con el búnker.

“Anteriormente existían reuniones que servían para el flujo de información. En el último año, todos esos acercamientos se acabaron. Ha habido un retroceso”, explicó González Posso.

La coordinadora de la ONG Somos Defensores, Lourdes Castro, le dijo a La Silla que incluso están esperando la reactivación del subgrupo de investigación que es un espacio que justamente se creó para discutir las estrategias de investigación de las agresiones a líderes sociales y lleva tiempo sin sesionar, pese a que hace parte de la Mesa Nacional de Garantías.

Nos comunicamos con Mancera para obtener detalles de la reasignación de funciones, pero no contestó los mensajes que dejamos en su WhatsApp. 

Con ese enroque de funciones, Barbosa podría apagar el nuevo incendio. Sin embargo, como Mancera tendrá doble condición, falta ver si la movida solo se da para calmar la aguas o si su retorno logra en el fondo otra cara de la administración Barbosa en el tema de derechos humanos. 

Lo segundo, en todo caso, es ciertamente complicado. Este año la JEP tendrá que entregar una nueva terna para que se defina el nombre de quien ocupará la UEI por los próximos cuatro años, así que en principio el retorno de la Vicefiscal puede funcionar más como una estrategia de imagen, que como una decisión de Barbosa para cambiar temas de fondo en una de las patas cojas de su Fiscalía.