¡No más regalos envenenados a costa nuestra!

Dec 11, 2018

Leopoldo Fergusson

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Les tengo no una, ni dos, ni tres, sino siete razones (y no es por tomarle el pelo al Presidente) para mirar las exenciones con recelo.

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A nadie le gusta pagar impuestos. Pero son inevitables (tanto como la muerte, dice el adagio). Ausente una utopía libertaria, los necesitamos para financiar al Estado.

Lo que definitivamente a nadie le gusta y que sí podríamos evitar es pagar impuestos cuando otros, que también podrían poner su parte, no lo hacen. Y eso es lo que sucede en Colombia. Lo más grave es que esta tragedia (porque lo es) la promueve el propio Estado al incorporar en su estatuto tributario un costal de regalos injustificados (una exención por acá, un subsidio por allá). Como lo he dicho antes, la Ley de Financiamiento que hoy promueve el gobierno incorpora aún más gabelas arbitrarias. Demostrando que toda mala idea es susceptible de empeorarse, la propuesta revisada que ahora se aprueba (a “pupitrazo”) en el Congreso exacerba aún más el problema.

La situación es verdaderamente grave y coge a los ciudadanos con los pantalones abajo. Nadie quiere hablar de impuestos (¿hay tema más aburrido?) y mucho menos cuando llega diciembre (“con su alegría”). El público se pierde entre la maraña kafkiana de artículos y tecnicismos.

Pero es urgente que ejerzamos presión ciudadana para que se frenen estos envenenados regalos navideños por los que pagaremos usted y yo. Deberíamos exigirles a nuestros congresistas que eliminen de la ponencia todos los artículos que generan beneficios a grupos y sectores especiales. Y deberíamos ir más allá: incorporar en esta reforma un mandato para que el gobierno examine y elimine todas las exenciones y tratamientos diferenciales que hoy tenemos cuando éstas no tengan justificación válida.

A continuación, explico por qué las exenciones y beneficios tributarios son una mala idea en general. Deben adoptarse en algunas ocasiones, claro, pero son casos excepcionales y bien justificados. No deben ser la norma como es el caso en Colombia. En la tabla, reviso algunas de las exenciones que promueve hoy el gobierno, y demuestro que lejos de estar justificadas son costosos goles que pagaremos la mayoría de los contribuyentes.

Les tengo no una, ni dos, ni tres, sino siete razones (y no es por tomarle el pelo al Presidente) para mirar las exenciones con recelo.

Primero: como es obvio, las exenciones erosionan el recaudo. No se entiende que el gobierno entregue un festín de beneficios, subsidios y exenciones cuando lo que hace falta es subir el recaudo para ordenar las finanzas públicas. Y lo que perdemos en esas gabelas lo tendremos que conseguir por otro lado: más impuestos para quienes ya contribuimos.

Segundo: al crear un sistema más complejo, las exenciones y beneficios vuelven más costosa la administración tributaria. Los ciudadanos deben dedicar más tiempo y recursos para declarar sus impuestos. Y la Dian para recaudarlos. Recursos que, en cambio, podrían usarse para fines más productivos.

Tercero: en este sistema complejo se dificulta el control de la evasión. Y no es solo porque para la Dian es más difícil controlar el cumplimiento de un estatuto barroco. Hay otro efecto directo sobre la evasión porque las gabelas incentivan a los ciudadanos a disfrazar una actividad, bien o servicio de “exento” para obtener su aguinaldo.

Cuarto: las gabelas producen inequidad. Cuando abusamos de las exenciones, los que pueden echar mano de los artículos del caso en el estatuto terminan pagando menos impuestos que otros que, con igual mérito pero menos tiempo, recursos, o asesores, pagan una porción más grande de la cuenta. Para dar solo un ejemplo, está demostrada la enorme diferencia en las tasas que efectivamente pagan distintas empresas en Colombia. Encima, no es fácil encontrar ninguna justificación técnica clara de estas diferencias, mientras que se pone en riesgo la supervivencia de quienes pagan altos impuestos (para subsidiar las exiguas contribuciones de otros). Lo mismo sucede con los impuestos sobre la renta de las personas.

Quinto: los incentivos tributarios son una forma muy poco transparente de entregar rentas. Como es plata que el gobierno renuncia a recaudar, ni siquiera es fácil cuantificar su magnitud. Pero son recursos cuantiosos que servirían para hacer más escuelas, carreteras, acueductos, sistemas de transporte masivo, o apoyar a los más pobres. Además, como nunca se recaudan, es fácil olvidar que estamos haciendo esta gigantesca transferencia de recursos.

Sexto: una vez se entregan, es muy difícil quitar estos beneficios. Los afortunados hacen presión política por conservarlos. Y los demás ciudadanos (pagando el plato roto al financiar un ineficiente sistema tributario) nos perdemos en la maraña de artículos y parágrafos y tenemos pocas herramientas para exigir que no se desperdicien nuestros aportes.

Séptimo: la abundancia de regalos promueve la búsqueda de nuevos regalos. Se reproducen como una cultura de bacterias. En lugar de pensar cómo hacer más productivos nuestros negocios y actividades, cuando vemos que otros reciben subsidios corremos a preguntar por nuestra tajada. “Cómo voy yo” en lugar de “todos ponen”.

Y si usted está leyendo este artículo y piensa “yo mejor no me uno al reclamo porque a mi me sirven una o varias de estas gabelas”, se equivoca. Por entrar en esa lógica es que tenemos un sistema fiscal que no da abasto, que lo premia por un lado pero lo aprieta por otro, y que debe ser reformado cada dos años buscando nuevos recursos. Y con esa inestabilidad, y el Frankestein fiscal que vamos creando, perdemos todos. Y ni hablar del eventual costo (ya no tan improbable) de que perdamos credibilidad frente al resto del mundo por violar la regla fiscal.

Por todo esto, las exenciones deberían usarse con extrema cautela. Son como un desfibrilador: si un corazón deja de latir, la descarga eléctrica puede salvarle la vida al paciente. Pero uno no anda repartiendo “corrientazos” por doquier a cualquier persona. Por ejemplo, por razones de equidad los colombianos más pobres no deben pagar impuesto de renta. Sería injusto pedirle parte de su ingreso a una familia que no puede cubrir sus necesidades básicas. En algunos casos, por motivos de eficiencia, también pueden justificarse algunas exenciones. Por ejemplo, dado el costo para la salud de los combustibles fósiles y su impacto sobre un calentamiento global que avanza más rápido de lo predicho, podría justificarse una exención para tecnologías más limpias. Pero el gobierno no atina a esta aplicación criteriosa de las exenciones: una mirada a la tabla revela que más bien parece un médico principiante y maniaco estrenando desfibrilador.

Por todo esto, los colombianos perderemos con estos envenenados regalos a costa nuestra. Luchemos contra ellos.

Adenda: ¿Por qué se echó para atrás el gobierno en gravar los patrimonios mayores a los 3.000 millones de pesos? ¿Este no es el gobierno de la equidad? Si lo es, tiene todo el sentido pedirle una contribución a estos capitales que bordean el millón de dólares, como pretendía la ponencia original.

Exención

¿Por qué es una pésima idea?

Los hoteles nuevos y aquellos que sean remodelados tendrán una tarifa reducida a menos de una tercera parte del valor normal para los demás negocios: 9% por 10 años.

Aunque es bienvenido el apoyo al turismo, ¿por qué darles este regalo a estos empresarios y no a otros? ¿No sería mejor invertir estos recursos en bienes públicos (aeropuertos, vías, capacitación en idiomas) que no solo benefician a estos sino a muchos sectores? ¡Claro que sí!

Peor aún: ¿de donde sacamos que el freno al turismo es la falta de hoteles? De ningún lado, porque simplemente no lo es. Una mirada rápida así lo constata: no tenemos un problema de sobre ocupación (más bien al contrario).

Esta gabela no refleja un diagnóstico cuidadoso. Ilustra, más bien, el poder político de sus beneficiarios. En el 2016, a pesar de las presiones se logró limitar este beneficio para hoteles en municipios con menos de 200.000 habitantes. Aunque también cuestionable, por lo menos se acota su alcance y quizás podría argumentarse que se busca abrir nuevos mercados.

La “economía naranja” tendrá exención en impuesto de renta por 5 años, por inversiones con un mínimo monto cercano a los 400 millones de pesos y 10 empleados. Los proyectos son aprobados por un comité de economía naranja del Ministerio de Cultura.

La justificación brilla por su ausencia. Los sectores que podrían acceder a este beneficio son tan numerosos y variopintos que desnudan la improvisación del gobierno.

Desde la fabricación de artículos de piel, hasta actividades de impresión, muebles, transporte de pasajeros (y sumen que, en otra parte de la reforma, se les dan además 15 años de exención si se trata de transporte fluvial con embarcaciones y planchones), software, telecomunicaciones, jardines botánicos y zoológicos, parques temáticos, investigaciones en las ciencias sociales, actividades en arquitectura e ingeniería, para un total de más de 70 (¡sí, 70!) subsectores podrán pagar cero impuesto de renta.

¿Y quién dijo que estos sectores no florecen por culpa de los impuestos? ¿Y quién que los que requieren un apoyo son los que inviertan más de 400 millones? Nadie. De hecho, la evidencia muestra que por lo general los gobiernos son muy malos para elegir sectores estratégicos con subsidios y beneficios.

Cuando lo que seguramente nos hace falta es más infraestructura, educación, buena regulación, etc., el gobierno da a manos llenas un regalo cuyo monto desconoce.

Además, basta recordar experiencias recientes para temer que la nueva burocracia (el comité del Mincultura), pueda terminar favoreciendo proyectos que no lo merecen y/o se aproveche políticamente.

Las mega-inversiones tendrán beneficios en renta y podrán suscribir contratos de estabilidad jurídica.

No queda claro por qué quienes están en capacidad de invertir cerca de 1 billón de pesos (tan pocos que casi tiene nombre propio este regalo) pueden recibir un impuesto de renta reducido (27%) entre otros beneficios (como dividendos exentos). Como si fuera poco, se exigen mínimo 250 empleos, que es muy modesto para semejante suma.

Finalmente, estabilidad jurídica es lo que tendríamos todos si abandonamos estas ínfulas de papá Noel. Lo de venderle la estabilidad jurídica a quienes pueden pagar por ella (como en este caso), no es otra cosa que la paramilitarización de la buena regulación.

Las grandes inversiones en el campo tendrán exención en impuesto de renta por 10 años por inversiones cercanas a los 800 millones de pesos y 10 empleados. Los proyectos son aprobados por el Ministerio de Agricultura.

Bienvenido el apoyo al campo. Pero surgen las mismas preocupaciones que en la economía naranja.

¿Por qué necesitan este apoyo las grandes inversiones? No lo sabemos. Menos aún cuando en el campo la productividad suele ser mayor en las unidades más pequeñas.

Al contrario, lo que sí tenemos claro es que los bienes públicos brillan por su ausencia en el campo colombiano. Estos recursos estarían mejor empleados en ello.

Y eso sin hablar de los riesgos de atrapamiento político y corrupción de la burocracia que dará los regalos en Minagricultura (“el que no conoce su historia…”).

Se excluyen nuevos bienes y servicios del pago de IVA. (*)

El listado es tan extenso que no puede copiarse acá. Ver Artículo 11 de la reforma.

Como lo mostró la Comisión de Expertos, el principal problema del IVA en Colombia es su baja productividad: para la tasa que tenemos (muy alta ya), recaudamos muy poco. Además de la evasión, la abundancia de exenciones explica este problema.

Pero en otra muestra de incoherencia, el gobierno que pretendía de un “tramacazo” gravar al 18% a la canasta familiar (debió sugerir algo mucho más modesto mientras se probaba y construía confianza sobre la compensación para los más pobres) no tiene en cambio problema de sumar a los exentos un numeroso conjunto de bienes y actividades.

Algunos suenan loables (alimentación para fuerzas militares, servicios funerarios). Pero recuerden las 7 razones: no podemos acudir a las exenciones para cada actividad meritoria. Al final, todos pagaremos el plato.

Se aumenta el descuento en impuesto de renta por el IVA pagado en bienes de capital.

Ahora se convierte en deducible del impuesto (y no de la base, mucho más generoso) y hasta que se agote (no sólo en el año de la compra).

Aunque esta deducción se justifica como instrumento para promover la inversión y porque las compras de maquinaria no son descontables de IVA en Colombia, es un gran error volver el incentivo más generoso.

Primero, la evidencia sugiere que esta medida no ha promovido la inversión. Segundo, ahora se podría durar años sin pagar impuesto de renta por la compra de una maquinaria costosa. Eso sin contar los enormes incentivos a inventarse las compras (o a disfrazar de “bienes de capital” los que no lo son).

Como si fuera poco, desaparecen del artículo el parágrafo que aclaraba que si es por leasing se pierde el beneficio al renunciar a la compra y el que definía y acotaba qué son bienes de capital.

Se incluyen algunas exenciones nuevas en impuesto de renta. Entre ellas, a la prima por costo de vida de servidores diplomáticos (artículo 36-4), y al exceso de salario básico para policías y militares (artículo 24).

Como en el caso de las nuevas exenciones en IVA, algunos de estos regalos suenan loables. Pero: ¿verdaderamente pasan el estándar de justificación conociendo los siete problemas? No.

La mayoría de los colombianos sentimos enorme agradecimiento y admiración con las fuerzas militares. Pero también con nuestros médicos, enfermeros, maestros, trabajadores sociales, entre otros. ¿Por qué el regalo para unos y no a otros?

Y lo mismo se puede decir sobre los funcionarios diplomáticos que, además, reciben un salario más que digno por lo que tampoco cabe una justificación de equidad.

(*) Me aclaran que muchos de estos bienes exentos ya tienen la exención hoy. Importante entonces reconocer que, en este caso, la Ley de financiamiento no está empeorando las cosas. Pero más que refutarlo, este punto refuerza mi argumento de fondo por partida doble. Primero, porque una mirada a varias de esas exenciones muestra que no todas, aun si suenan loables, son realmente justificables. Segundo, porque confirman que nuestro estatuto es tan complejo que confunde hasta quienes (como yo) nos sometemos al doloroso esfuerzo de mirarlo artículo por artículo. Y, por supuesto, aun si las cosas no se ponen peor en el IVA es claro que en los demás impuestos asistimos a una injusta feria de regalos.