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Las Farc fueron una autoridad ambiental
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La presencia de las Farc en los territorios colombianos sirvió como mecanismo para minimizar la deforestación en dos sentidos, uno indirecto y otro directo.
Indirectamente, la presencia de la guerrilla en la amazonia - donde ahora se concentra la gran mayoría de la deforestación - funcionaba como desincentivo para que los acaparadores de tierras se aventuraran a buscar nuevas tierras o expandir las fronteras de sus fincas. Porque, en primer lugar, el riesgo de ser víctima de la guerrilla – sea por extorsión o secuestro – era una preocupación real para muchos. Y en segundo, las tierras en zonas de presencia guerrillera solían ser baratas, con poca oportunidad de generar ganancias a futuro siempre y cuando la guerrilla estuviera presente.
Directamente, las Farc generaron una suerte de reglas de manejo ambiental en las comunidades bajo su control que incluían, por ejemplo, normas sobre la cantidad de tierra que se podía “tumbar”.
Es importante tener en cuenta el papel indirecto de la guerrilla en evitar la deforestación pues ayuda a explicar, en el caso del Guaviare y posiblemente a nivel nacional, el hecho de que el aumento de la misma empezó antes de la firma del Acuerdo de Paz.
La deforestación comenzó a crecer a comienzos del 2015, después del anuncio del cese unilateral permanente por parte de la guerrilla como parte del proceso de negociación.
Tal anuncio generó una ventana de oportunidad para aquellos que estuvieran dispuestos a aprovecharla, en el sentido de que la probabilidad de ser víctima de la guerrilla por tener tierras en áreas bajo su control era menor. Por lo tanto, los acaparadores de tierras buscaban aprovechar no necesariamente la desmovilización de la guerrilla sino la disminución de la probabilidad del uso de violencia como mecanismo para controlar los territorios.
De hecho, testimonios de campesinos del Guaviare indica que durante los años 2014 y 2015, hubo compraventa masiva de tierras por parte de grandes terratenientes con el fin de concentrarlas en fincas más grandes. Ello indica que algunos de ellos estaban ya previendo un mejor escenario de inversión por el proceso de paz y la disminución del riesgo de violencia a futuro.
Una negociación exitosa con la guerrilla, en teoría, significaría la salida de las Farc del territorio, con lo cual aumentaría el precio de la tierra por la disminución del riesgo de ser extorsionado o secuestrado. El proceso de paz creó un incentivo para que algunas personas aprovecharan la informalidad y especulación en el mercado de las tierras en zonas de poca presencia estatal para adueñarse de tierras y aumentar el tamaño de sus fincas.
Eso, según El Espectador, ha sido el plan del gobernador actual de Guaviare, Nebio Echeverry, quien según dichas denuncias ha dirigido con terceros la deforestación de grandes extensiones de tierra en el departamento con el fin de aumentar el tamaño de sus propiedades, acusaciones que él niega.
Al mismo tiempo, no muy lejos de San José del Guaviare, hay plantaciones de palma africana que, según denuncias de Semana Sostenible, también se han extendido en los últimos dos años. En zonas como la ribera del río Inírida ha aumentado la deforestación para cultivar coca. En Miraflores, existen casos como el de un campesino que tumbó varias hectáreas de monte para poder producir más caña de azúcar y panela para su negocio. Los motivos son varios y van mucho más allá de la coca, como se suele escuchar. Lo claro es que en Guaviare predominan medio y grandes terratenientes que buscan usar la selva y la tierra desforestada como fuente de mayores ingresos.
Las Farc fueron una autoridad ambiental
Pero esto es solamente un parte de la historia. Las Farc, durante el conflicto, actuaron como una autoridad ambiental en varias zonas del país. En lugares como Putumayo, Guaviare, Meta y Caquetá crearon sus propias reglas de manejo ambiental que podían hacer parte de manuales de convivencia completos o que eran reglas simples como no pescar con dinamita o con cierto tipo de redes, o decidir cuántas hectáreas se podía deforestar cada verano. También, la guerrilla fue quien hacía cumplir las normas ambientales definidas por muchas de las Juntas de Acción Comunal.
Una mirada a estos manuales muestra el papel exacto que las Farc jugaban y las reglas que imponían, lo que, desde la dejación de armas, el Estado colombiano ha sido incapaz de hacer. El frente 32 en Putumayo, por ejemplo, tenía una “Guía para el buen funcionamiento y protección del medio ambiente…”. Incluía reglas como “no se permite la colonización de los terrenos baldíos”; “todo fincario (sic) deberá conservar un porcentaje de reserva de montaña establecido…”; “todo fincario (sic) de la comunidad deberá consultar al Comité Ambiental para la tumba de montaña y cañero…”; “toda vereda conformará un Comité de Medio Ambiente, que coordinará con (la guerrilla)”.
En Mapiripán y San José del Guaviare, el frente 44 manejaba un manual de convivencia que incluía reglas como “se prohíbe la tumba de montaña por razones de orden ambiental”; “Está prohibida la compra-venta de montaña”; y “No se permitirá la acumulación de tierras en pocas manos en el área del frente”.
Las Juntas de Acción Comunal creaban sus propias reglas que las Farc hacían cumplir, por ejemplo, “Las JAC no permitirán más colonización en zonas de reserva…”. Para la guerrilla el tema era político: así fungían como un Estado local; pero también era estratégico pues en el bosque era más fácil esconderse durante las operaciones militares.
En el resto del Guaviare, las Farc manejaban este tipo de controles. Tanto así, que cuando se concentró la guerrilla en las zonas veredales, varios líderes de las comunidades fueron a preguntarles cuáles eran las reglas de tumba de monte para ese verano, cuántas hectáreas se podían talar en ese momento. Los comandantes respondieron que ese ya no era un tema de ellos y que eso lo tenía que definir el Estado. Sin embargo, el Estado no lo hizo.
Actualmente, la disidencia del Frente Primero ha vuelto a definir unas directivas en cuanto a la vida social, pero entrevistas con campesinos en el departamento indican que ya no genera las reglas para el manejo del medioambiente. No es clara la razón detrás de esta apatía, pero ha contribuido a que en efecto haya un caos aprovechado por grandes terratenientes para expandir sus linderos y apropiarse de más tierras.
El tema de la deforestación, en el fondo, es un tema de gobernanza. Las Farc jugaban el papel de autoridad ambiental - aunque parcialmente y no de manera ideal – en los territorios lo cual minimizaba la deforestación y sus efectos.
El Estado necesita urgentemente mejorar su capacidad para hacer cumplir las leyes relacionadas con el medio ambiente, castigar a los que están detrás de la deforestación, trabajar con las comunidades para prevenir la tala indiscriminada de bosques y que estos puedan generar ingresos provenientes de actividades relacionadas con la protección de la selva.
Por ahora, el Estado colombiano ha optado por abordar el problema por medio de presencia militar lo cual va más allá de la capacidad y competencia de la Fuerza Pública e ignora la informalidad y el adueñamiento ilegal de tierras que está haciendo de la deforestación de nuestra selva una actividad supremamente rentable.
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