José Jair Cortés, el personaje del Pacífico en el 2017

Silla Pacífico

En el año que el Pacífico mostró que es la región más propensa a reciclar la guerra tras la desmovilización de las Farc, el asesinato de este líder refleja esa nueva realidad y encarna los riesgos que enfrenta la implementación de la paz. 

En el 2017, el Pacífico mostró que es la región del país más propensa a reciclar la guerra tras la desmovilización de las Farc y Tumaco es el municipio que mejor refleja esa nueva realidad.

Por eso, La Silla Pacífico escogió como su personaje del año a José Jair Cortés, líder afro del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera que, tras defender la sustitución de cultivos en el municipio con más coca de todo el país, fue asesinado por una de las disidencias de las Farc que se quieren quedar con el negocio.

Su muerte encarna los riesgos que enfrenta la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc en un territorio que fue uno de los que más padeció el conflicto con esa guerrilla y que es una ruta clave del narcotráfico que hoy se disputan más de 11 grupos armados distintos. Una situación que se repite en casi todo el Pacífico.

José Jair Cortés nació cerca al río Chagüí, en zona rural de Tumaco pero desde hacía nueve años vivía en en Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera de donde es su esposa. Desde que llegó, se dedicó a buscar cómo generar proyectos productivos para la comunidad.

Por ejemplo, hizo parte del equipo de planeación de la construcción de la carretera binacional que pretende conectar a Ecuador con el Pacífico nariñense, y trabajó para buscar recursos para construir tanques de almacenamiento de agua dentro del consejo. Un proyecto que sólo hasta su muerte se hizo realidad.

Desde hacía ocho años, era uno de los 16 miembros de la junta de gobierno de ese consejo (tenía el cargo de vocal que es una especie de veedor). Y representaba a la vereda Tiestería, que hace parte de la zona 4 del consejo comunitario y limita directamente con el Ecuador.

 

Esa zona y la zona 5 (donde fue asesinado el pasado 17 de octubre), son las que más se llenaron de coca tras la llegada de miles de campesinos cocaleros que se desplazaron desde el sur del país huyendo del Plan Colombia del ex presidente Álvaro Uribe hace más de 10 años.

Desde que llegaron, los campesinos se organizaron en asociaciones como Asominuma y comenzaron a presionar, a instancias de las Farc, para entrar en las juntas y usurpar la representatividad de los afro en su propio territorio, como advirtió el Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia en un informe del 2010.

Así, el Alto Mira -que tiene un poco más de 20 mil hectáreas-, se convirtió en el lugar con más cultivos de coca en el municipio con más cultivos de coca de todo el país. De hecho, hasta el 2015 y según cifras de Unodc, allí crecía el 4 por ciento de todas las plantas de coca que tenía Colombia).

Y de paso, se desató un conflicto por la tierra entre los líderes afros y los campesinos que llegaron a ocupar sus tierras colectivas. En medio de esa pelea, fueron asesinados más de tres líderes del consejo comunitario, incluido Genaro García, el ex presidente de la junta, y por cuyo crimen las Farc ya pidieron perdón.

Aunque después del crimen de Genaro la situación en Alto Mira y Frontera se mantuvo en una tensa calma, con la política de erradicación forzada y la descoordinación de ésta con la sustitución de cultivos se volvió a encender.

Por un lado, la junta del consejo comunitario y José Jair Cortés defendieron la sustitución de cultivos desde el principio. Tanto, que fueron una de las primeras organizaciones que alzaron la mano para firmar acuerdos voluntarios de sustitución desde finales de enero, incluso antes de que el Gobierno lanzara el Programa de Sustitución en mayo.

Por otro, los campesinos rechazaron de tajo la erradicación forzada y aunque mostraron intención de hacer acuerdos de sustitución, pusieron 'peros' ante la desconfianza de que el Gobierno cumpliera, lo que retrasó la entrada del programa al territorio.

En medio de estas tensiones y de la lentitud de la Agencia de Sustitución de Cultivos de la Presidencia para firmar acuerdos individuales con los cocaleros, la erradicación forzada sí avanzó, a pesar de que en el Acuerdo con las Farc se pactó como el último recurso. Eso, sumado a la presión de las disidencias, hizo que en Tumaco estallara la bomba de la coca, como lo había advertido el propio José Jair.

“Que si hay sustitución, la gente está de acuerdo. Pero si van a venir a hacer erradicación forzosa la gente va a entrar en confrontaciones. Se va a volver esto un diluvio porque la gente no está en condiciones de dejarse quitar lo que los está sosteniendo”, dijo el líder en una entrevista en julio. Y el diluvio llegó.

La bomba

En septiembre, las disidencias de las Farc citaron a varias reuniones a los líderes del consejo comunitario y a los campesinos y les ordenaron ‘hacerle frente a frente a la erradicación”. Incluso, como contó La Silla Pacífico, los amenazaron diciéndoles que “el que no saliera iba a tener por familia dos muerticos”.

Aún así, la junta del consejo comunitario, incluyendo a Jair Cortés, siguieron defendiendo la sustitución. Incluso, en una de esas reuniones, el líder pidió la palabra para hacer pública la decisión de las autoridades afro. La gente lo aplaudió.

“Era muy directo y desparpajado en decir lo que pensaba, no era prudente y no le tenía miedo a las armas. Él quería que su comunidad saliera de la coca porque creía que todos sus problemas venían de ahí”, le dijo a La Silla una fuente que lo conoció y que trabajaba con él en el consejo comunitario.

Aunque sus palabras no ocasionaron confrontaciones verbales, tras ese episodio toda la junta del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera se tuvo que desplazar al casco urbano de Tumaco, huyendo de las amenazas de las disidencias de las Farc.

Además, el diluvio que había anunciado José Jair se hizo realidad. El 5 de octubre, la Policía Antinarcóticos se enfrentó a campesinos cocaleros que estaban impidiendo la erradicación, algunos presionados por las disidencias y en hechos que aún no son claros (a pesar de que la Fiscalía dijo que iba a priorizar el caso), fueron asesinados 6 campesinos al parecer a manos de la Policía, según dijo la Defensoría del Pueblo. Todas las víctimas eran de Asomunima, la asociación con la que el consejo comunitario de Alto Mira tenía viejas tensiones por la tierra.

La masacre llenó los titulares de prensa y el Vicepresidente Óscar Naranjo viajó a Tumaco y se reunió con José Jair Cortés y con los demás líderes del consejo comunitario. Ellos le contaron sobre la situación y le pidieron no sólo medidas de protección para poder regresar a su territorio sino ayuda para agilizar los acuerdos de sustitución de cultivos en el Alto Mira.

Sin embargo, al día siguiente, José Jair Cortés fue asesinado por disidentes de las Farc al mando de alias ‘Guacho’ mientras estaba viajando al Alto Mira para ver a su esposa que estaba enferma. El celular y el chaleco antibalas que le dio la UNP fueron inútiles.

Por ese hecho, el 7 de noviembre, la Policía capturó al jefe de sicarios de esa banda, alias ‘El Cholo’.

Paradójicamente, tras el asesinato de José Jair y la masacre de los campesinos, la sustitución de cultivos en el Alto Mira finalmente despegó, luego de que la Vicepresidencia ordenara a finales de noviembre priorizar el caso.

Había estado detenida durante meses porque la Agencia de Sustitución aseguraba que no tenía garantías de seguridad para terminar el proceso y porque, tras el desplazamiento de la junta del consejo comunitario, en el territorio no quedó quién lo liderara.

Hoy, en todo caso, de las 4.700 familias que viven en ese territorio, más de la mitad (3.334) ya firmaron acuerdos individuales y esta semana comenzarán los pagos para una parte de ellas.

Aún así, asesinato de José Jair disparó la incertidumbre entre las comunidades de Alto Mira que ven como las disidencias se fortalecen en el territorio y temen que “el que se oponga a sus reglas pueda correr la misma suerte”, como le contó a La Silla Pacífico una fuente que conoce el territorio por dentro. 

Es la misma olla a presión en la que viven otras comunidades del Pacífico como las del norte del Cauca o las del Bajo Atrato y el San Juan en el Chocó. Una en la que la vida de los líderes queda en medio de disputas por el control de las rutas del narcotráfico entre nuevos y viejos actores armados, a las que se le suman líos históricos por la tierra y los efectos de la descoordinación entre la zanahoria de la sustitución y el garrote de la erradicación.

Mientras tanto, el Gobierno sigue reaccionando de coyuntura en coyuntura.

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