El golpe al PAE estremece los cimientos de la Alcaldía de Cúcuta

La captura y posterior medida de aseguramiento que le impusieron esta semana al secretario de Hacienda de la Alcaldía de Cúcuta, Telésforo Blanco, a una de las asesoras jurídicas de la administración, Lola Carvajal, y a tres contratistas por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE, sacudió los cimientos del grupo político del condenado exmandatario de esa ciudad Ramiro Suárez Corzo.

Aunque hasta ahora inicia el juicio que determinara si los capturados son culpables de los delitos de celebración irregular de contratos y de peculado por apropiación, la apertura de la investigación formal, puso en la cuerda floja al alcalde César Rojas, quien además de haber anunciado a quién le entregaría el millonario contrato desde su campaña, ha sido socio de uno de los integrantes del consorcio al que se lo adjudicó.

El contrato anunciado

Aunque por su cuantía lo común con los contratos de alimentación escolar es que se sometan a procesos de selección públicos con el fin de dar garantías de transparencia, en Cúcuta se sabía desde la campaña de 2015 que el millonario contrato se entregaría a dedo en caso de que quien ganara esas elecciones fuera César Rojas. 

Él mismo lo anunció en uno de los discursos previos a las votaciones, en el que dijo que el programa no volvería a ser ejecutado con irregularidades, como históricamente ha pasado en ese departamento, y en el que además anticipó que la iglesia católica sería la que lo operaría.

La promesa la cumplió y a un mes de posesionado inició todos los trámites para que a través de la Secretaría de Bienestar Social, en ese entonces dirigida por Telésforo Blanco, se entregara el contrato a organizaciones afines a la iglesia. 

Para hacerlo, la administración de Rojas envió dos invitaciones. Una fue a la Corporación del Servicio Pastoral Social de la Diócesis de Cúcuta, Cospas, y la otra fue a la Corporación Social y Educativa Paz y Futuro, una ONG cuyo representante legal es un viejo conocido del Alcalde.

Según le explicó a La Silla Israel Bravo, bicario general de la diócesis, las dos terminaron asociándose porque en el caso de Cospas se dieron cuenta que aunque tenían experiencia no tenían capacidad para ejecutar el programa solos y les propusieron ir unidos.  

Así que al final suscribieron una Unión Temporal llamada ‘Dadles vosotros de comer’, que fue a la que la Alcaldía de Rojas le adjudicó el contrato por $19 mil millones para repartirles alimentos a 58 mil niños vulnerables de la ciudad durante 122 días. 

Las denuncias iniciaron una vez se adjudicó el contrato y empezó la ejecución. 

Veedurías pidieron que se investigara el contrato porque el precio aumentó en $5.400 millones con respecto al del año anterior sin que mediara explicación de fondo, por la modalidad bajo la que se celebró y porque una vez empezaron a entregarse los alimentos no se cumplió con las condiciones exigidas por ley para este tipo de convenios. 

De todas las críticas se ha defendido el consorcio diciendo que todo se cumplió a cabalidad y que si el contrato era más caro fue porque se mejoró el tipo de alimentos que recibieron los niños.

Pero más allá de eso, hubo una denuncia en particular que tuvo que ver con la relación del Alcalde y uno de los integrantes del consorcio que recibió el contrato. 

La superpoderosa fundación y el viejo socio del Alcalde

Paz y Futuro lejos de ser una pequeña fundación de Cúcuta, es una superpoderosa organización que solo en los últimos 7 años ha recibido contratos directos por más de $200 mil millones en Norte de Santander. 

Solo entre 2016 y 2017 ha ejecutado 14 contratos en ese departamento por al rededor de $90 mil millones para la atención a los niños menores de cinco años en los municipios del Catatumbo y para la administración de los colegios de esa región.

Aunque Paz y Futuro se creó en el 93 como un proyecto de la iglesia católica integrado por varias comunidades religiosas y un grupo de feligreses profesionales y en el 2000 fue reconocida como una institución eclesiástica, en la práctica ha sido manejada por los privados que la ayudaron a fundar. 

En el 2001 José Antonio Manrique Torres, un abogado y profesor, se convirtió en su representante legal y desde entonces ha sido su cabeza visible. 

Bajo la batuta de Manrique, en 2015 Paz y Futuro traspasó las fronteras de Norte de Santander y empezó a contratar en Córdoba, en la administración del cuestionado exgobernador Alejandro Lyons, quien tiene 20 investigaciones abiertas por presuntos hechos delictivos durante su administración en Colombia, se convirtió en informante de la DEA y fue ficha clave en la captura del corrupto exdirector anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno. 

En el periodo de Lyons, Paz y Futuro recibió un contrato por $32 mil millones para administrar los colegios en municipios apartados del departamento, y en los primeros meses del nuevo gobernador, Edwin Besaile, quien como ha contado La Silla Caribe, llegó impulsado a ese cargo por Lyons, su hermano Musa Besaile (quien confesó haber pagado $2 mil millones a magistrados de la Corte Suprema a cambio de que le frenaran un proceso por parapolítica) y el Ñoño Elías (asegurado por su presunta participación en el escándalo de coimas de la corrupta multinacional Odebrecht), recibió otros que sumados llegan a los $24 mil millones para ese mismo fin.

Precisamente por los contratos de Córdoba el año pasado Paz y Futuro mojó prensa nacional cuando la entonces ministra de Educación, Gina Parody, denunció que habría cobrado por estudiantes fantasma.

Manrique se defendió diciendo que las afirmaciones no eran ciertas y que la Corporación solo cobró por los estudiantes que atendió, pero eso aún está en investigación.

A la par de la crecida de Paz y Futuro, Manrique Torres también se dio a conocer en Norte porque se convirtió en accionista del Cúcuta Deportivo. La Silla no logró precisar la fecha de su ingreso, pero sí comprobó que antes de 2010 integró la junta directiva del equipo y que en 2013 fue designado presidente del Club. 

De ahí es que data su relación comercial con el Alcalde. 

César Rojas, al igual que Manrique fue otro de los accionistas del Deportivo Cúcuta, junto a Paola Suárez, la hija mayor del condenado Ramiro Suárez.

Esa relación comercial salió a flote con las denuncias sobre el PAE cuando una de las veedurías de la ciudad publicó dos escrituras en las que quedó constancia que el grupo Cadena, los empresarios que compraron al Cúcuta Deportivo en 2014, les dieron en parte de pago a los socios del equipo dos lotes en Santa Marta que suman $3.378 millones.

La Silla intentó hablar con Manrique para conocer si aún comparte con el Alcalde y la hija de Suárez la propiedad de esos terrenos y para preguntarle sobre su relación con ese grupo político, pero no contestó las llamadas ni los mensajes dejados en su celular. 
 

El golpe al grupo de Ramiro Suárez

Además de las relaciones que podrían poner en la mira de la Fiscalía al Alcalde César Rojas en el marco de la investigación, está el sacudón político que se vivió en Cúcuta con la captura de Telésforo Blanco. 

Blanco es conocido en la capital de Norte por ser un viejo allegado del condenado Ramiro Suárez Corzo, y como lo contó La Silla, una vez Rojas definió el gabinete él fue uno de los funcionarios que llegó como su cuota directa. 

Aunque es funcionario de planta de la Alcaldía desde el 97, Blanco fue secretario de Hacienda en el periodo del controvertido exalcalde, cargo al que también llegó en la administración de Rojas meses después de estar en Bienestar Social.

También en la Cúcuta política Blanco es conocido por ser uno de los líderes de Loma de Bolívar, uno de los barrios populares de la ciudad en el que el grupo de Ramiro Suárez tiene parte de su fortín.

“Es una mano derecha de Ramiro, el golpe indudablemente es para él más que para el mismo César”, le dijo a La Silla un político de Norte que prefirió no ser nombrado. “Es como si le quitaran a uno de sus alfiles”.

Dos políticos más que lo saben porque se mueven dentro de la Alcaldía, además le dijeron a La Silla que aunque en medios el Alcalde Rojas ha salido a decir que hay tranquilidad porque “saben de la inocencia” de los funcionarios, dentro del edificio municipal hay tensión por la posibilidad de que se abran otras investigaciones

“Hay muchos otros contratos que son incluso más problemáticos que este, como por ejemplo el de la corporación de empleo Cambari, que la usaron para hacer política”, dijo una de esas fuentes.

Como hasta ahora el juicio está iniciando, falta ver qué más pruebas destapa la Fiscalía y cómo juegan dentro del proceso las relaciones del Alcalde con uno de los contratistas y el hecho de que desde su campaña hubiera anunciado quién se quedaría con la ejecución del programa.