El desminado será el primer aterrizaje real de La Habana

A pesar de que la regla de oro en La Habana es que nada está acordado hasta que todo esté acordado, ayer los equipos negociadores de las Farc y el Gobierno la rompieron. Lo hicieron para llegar a un primer acuerdo que se aterrizará desde ya: comenzar a excavar las minas antipersonal sembradas en el país, como una primera medida para realmente irle poniendo fin a la guerra. Esa será la primera señal concreta que tendrá la gente más azotada por el conflicto de que éste puede terminar algún día.

“En el marco del desescalamiento, para avanzar en la construcción de confianza y con el fin de contribuir a generar condiciones de seguridad para los habitantes que se encuentran en zonas de riesgo por la presencia de minas, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra, y de dar garantías de no repetición a las comunidades, el Gobierno y las Farc-EP hemos acordado solicitar a la organización Ayuda Popular Noruega (APN) liderar y coordinar la implementación de un proyecto de limpieza y descontaminación”, dijeron las Farc y el Gobierno.

En concreto, según el comunicado conjunto de las dos delegaciones, el Gobierno y las Farc escogerán una serie de lugares donde arrancar a desminar. Crearán una mesa técnica -en donde estarán sentados ambas partes- que se encargará de que se identifiquen dónde están realmente sembradas las minas (algo que en Colombia aún no se conoce bien), de coordinar el desminado (que harán los batallones especializados del Ejército y otras ONG de desminado), de vincular a las comunidades locales y, finalmente, de entregar la tierra libre de sospecha de minas.

Una parte importante de estas labores recaerán en Ayuda Popular Noruega, una ONG noruega especializada en desminado que es financiada por el gobierno de su país (uno de los garantes de los diálogos) y que trabaja en 18 países. Como APN aún no está acreditada para trabajar en Colombia, ese será uno de los pasos prioritarios.

Todas esas son tareas que ya ha venido haciendo el Gobierno, aunque -como contó La Silla- con magros resultados y poco interés.

A su vez, las Farc -que no desminarán, sino que contarán dónde están las minas y acompañarán el proceso- se comprometen a no volver a sembrar minas en las áreas desminadas.

Ese será un paso grande para una guerrilla que hasta hace poco justificaba su uso como -en palabras de Iván Márquez- “una forma de respuesta de las organizaciones populares a un ejército superior en fuerza”. Ayudar a desminar las minas que sembraron podría darles una mano para ir construyendo una legitimidad política que no tienen en muchos lugares y sectores de la sociedad.

Una primera misión para el posconflicto

Esta decisión de desminar, mano a mano el Gobierno y las Farc, es un gana-gana para el proceso de paz porque le da una primera tarea concreta que beneficia directamente a la gente en muchas zonas rurales.

A diferencia de los tres acuerdos temáticos que ya se firmaron, que crean las bases para una transformación del país a mediano y largo plazo, acá los resultados serán visibles en apenas algunos meses.

“La Habana tiene en el desminado un diamante en bruto. Un diamante porque será la primera vez que las Farc y el Gobierno se sienten a trabajar juntos. Y no solo el Gobierno, sino el Ejército, las autoridades locales, los gobernadores y las comunidades. Eso es matar el coco de que con las Farc me toca sentarme, pero hay que saberlo pulir para que dé todo el brillo”, dice Álvaro Jiménez, el coordinador de la Campaña Colombiana contra Minas (la más importante ONG del país en el tema) y quien viene insistiendo desde hace dos años en un acuerdo humanitario de este tipo.

Sobre todo porque, sin desminado, todo lo demás que se pacte quedará en el papel: la restitución de tierras que no ha podido avanzar en muchas regiones, el desarrollo del campo más abandonado o la erradicación de los cultivos de coca.

El desminado tiene un peso simbólico porque es un punto en el que todas las partes -incluidos muchos opositores y críticos del proceso- están de acuerdo.

Marta Lucía Ramírez prometió, durante su campaña presidencial, continuar con La Habana si las Farc se comprometían a no sembrar más minas y entregar los mapas de dónde están, además de no reclutar niños, no violar mujeres y no atentar contra la población civil.

El uribista Óscar Iván Zuluaga, quien fue ablandando su postura sobre terminar con La Habana, adoptó esa misma condición tras aliarse con la candidata conservadora.

Pacho Santos -quien le dio prioridad al tema cuando era vicepresidente y lo tenía bajo su órbita- le reconoció a La Silla que "es un buen paso" aunque advirtió que el diablo está en los detalles como verificar que las Farc no vuelvan a minar esas zonas y que, de todos modos, si no hay un compromiso definitivo de la guerrilla por no minar más será "un paliativo, otro show para la tribuna”.

En todo caso, el desescalamiento del conflicto arranca con un paso que no tendrá mayor oposición porque se trata de una cuestión humanitaria.

En la práctica, desminar tiene varias implicaciones políticas.

La guerrilla tendrá que comenzar a contar en dónde ha sembrado minas, un arma letal prohibida por el derecho de la guerra que usa para cerrarle el paso a las tropas del Ejército, cortar el transporte de carreteras o defender sus cultivos de coca.

Tanto que son los “más prolíficos usuarios de minas entre los grupos rebeldes del mundo”, en palabras del 'Landmine Monitor', el reporte anual que llevan la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas y su directora Jody Williams para seguir cómo avanza cada país en cumplir la Convención internacional de Ottawa que prohíbe las minas y obliga a eliminarlas.

El Gobierno tendrá vía libre para desminar en muchas zonas donde antes no podía hacerlo por razones de seguridad, pero también deberá cesar sus operaciones militares allí (algo que también tendrá que hacer la guerrilla). Es decir, pactarán una suerte de cese del fuego bilateral en lugares muy concretos.

Pero, sobre todo, desminar tendrá un impacto real y rápido en muchas de las zonas más pobres del país, cuyos habitantes viven en medio de la zozobra de no saber dónde pueden moverse y dónde no.

Un buen ejemplo es San Miguel, un municipio del Putumayo donde -como contó La Silla- la población de 17 de sus 25 veredas está prácticamente sitiada desde diciembre. Desde que el frente 48 de las Farc decidió minar todos los caminos veredales y rastrojos para frenar una operación de erradicación forzosa de cultivos locales de coca, la gente vive en un estado de perpetuo temor.

Esa fue precisamente la propuesta que la Campaña Colombiana contra Minas llevaron a La Habana en agosto pasado: una lista con 57 lugares “de interés comunitario” -escuelas, fuentes de agua, caminos y zonas de recreación- en todo el país que necesitan una intervención urgente. Fue la misma lista que Jody Williams, la Nobel de Paz en 1997, volvió a entregarle en enero a Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle.

Una de las mayores dificultades es que las Farc no tienen información exacta sobre dónde han sembrado las minas a lo largo de las décadas. Sin embargo, en casos como el de San Miguel, tienen la memoria fresca. Como las sembraron hace apenas tres meses, puede ser un buen lugar para arrancar.

Las minas, el coco de las comunidades

El acuerdo para desminar es una medida para bajarle la intensidad al conflicto, uno de los temas que se discuten en La Habana. Pero también está íntimamente relacionado con otro punto medular: el de las víctimas, ya que la mayor petición que le han hecho a las Farc las personas afectadas por minas es que muestren dónde las han sembrado.

“La verdad que más esperamos de ellos es el mapa de las minas que sembraron, para contener los daños. Porque lamentablemente seguimos esperando más víctimas”, le dijo a La Silla hace un mes Siervo Antonio Bacca, un líder de víctimas del Catatumbo, una zona con fuerte influencia de las Farc.

Bacca perdió su pierna derecha de la rodilla para abajo, una amputación con la que -a los 18 años- se despidió de su sueño de ser futbolista.

Como Bacca hay 12.250 colombianos, todos víctimas directas de minas, municiones sin explotar y otros artefactos explosivos. Una cifra que convierte a Colombia en uno de los países más afectados del mundo.

Y eso que esta cuenta que lleva la Unidad de Víctimas sólo incluye a las personas heridas o fallecidas por culpa de una mina, mas no a sus familiares ni a las comunidades que se saben rodeadas de ellas.

“De las patas chuecas que le quedan a nuestro país son las minas y la gente desaparecida. Que las Farc y el Gobierno se pongan de acuerdo en desminar es un paso gigante, porque ya están de verdad hablando de algo que impacta al ciudadano de a pie”, dice Pastora Mira, una conocida líder de víctimas en el Oriente antioqueño, una de las zonas históricamente más afectadas por las minas en el país. “Poder volver al territorio con confianza, volver productivo un terreno donde hay minas reales o psicológicas, es una forma de reparación. Y también una garantía de que no se va a volver a repetir”.

Su municipio de San Carlos, donde se han registrado 236 víctimas de minas (una de ellas su sobrino), fue el primero declarado libre de sospechas de minas en el país y apenas uno de cuatro que hasta ahora tienen esa buena suerte.

Desminar también generaría confianza en muchas comunidades rurales, que se sienten frustradas de saber dónde hay posiblemente minas -porque una vaca explotó o hay pedazos sospechosos de plástico- y no ver ninguna acción correctiva.

Como dice Mira, “la información es como el pescado: si usted lo descongela y no lo consume, se intoxica. Si usted no transmite la información y le da buena ruta para que los resultados sean los que las comunidades esperan, se genera desconfianza. Hay un trabajo muy grande en crear esa confianza”.

Una segunda oportunidad para las minas

Este acuerdo también implicará un cambio grande para el gobierno Santos, para quien -como ha contado La Silla- el desminado ha sido todo menos una prioridad.

Esa realidad, sin embargo, está cambiando desde que el programa antiminas pasó de la vicepresidencia (donde Angelino Garzón le paró pocas bolas) al ‘ministerio del posconflicto’ que lidera el general retirado y negociador Óscar Naranjo. Y sobre todo desde que otro general retirado, Rafael Colón, asumió las riendas del tema.

Aunque Colón solo lleva dos meses en el cargo, ya se ven cuatro cambios que han ido volviendo el desminado un tema más humanitario que de seguridad y que serán claves a la hora de aterrizar el acuerdo con las Farc.

Primero, se incrementará el número de desminadores. El Ejército ya prometió 10 mil hombres a futuro para sus batallones de desminado (20 veces el número actual) y se va a agilizar de dos años a un semestre el proceso de acreditación para ONGs civiles, ya que solo la británica Halo Trust está desminando.

En camino vienen -además de Ayuda Popular Noruega- la Fundación Suiza para el Desminado (FSD), la francesa Handicap International, el Grupo de Desminado Danés (DDG) y la Campaña Colombiana contra Minas.

La lógica de solo mapear las minas donde se desminará también cambió. Antes se hacían los estudios llamados 'no técnicos', que permiten ubicar las minas y trazar unos polígonos de las áreas afectadas, cuando se despejaría ahí mismo, para que el Estado no corriera el riesgo de ser legalmente responsable de cualquier accidente.

Esa teoría, que hizo carrera los últimos cuatro años, ya fue desmontada y el general Colón -que liderará la mesa técnica en La Habana- le dijo a La Silla que “vamos a hacer una gran campaña de estudios no técnicos en todo el país desde junio”.

Este será uno de los primeros nudos ya que, como explica uno de los mayores expertos en desminado en el país, "necesitamos gente bien entrenada, militares y civiles, porque no es una encuesta de salud sino un diagnóstico que requiere capacitación de la gente, recursos, tiempo, supervisores y un monitoreo externo".

También se está reorganizando el mapa de los municipios prioritarios, ya que hasta ahora no son necesariamente los más afectados y se estaba -en palabras de Álvaro Jiménez- “poniendo el remedio donde no está el dolor”. Según Colón, el nuevo mapa de desminado incluirá 102 municipios altamente afectados: se comenzará a trabajar en 15 este año, 30 el próximo, 50 el siguiente y se completará la lista de los más críticos en 2021.

Y, finalmente, la comunidad internacional está volviendo a interesarse en financiar el desminado en Colombia, algo a lo que estaba muy reacia dado el poco interés del Gobierno. Además de Noruega, Japón dijo esta semana que quiere poner plata para hacerlo.

Con estos cambios, pero sobre todo con el impulso que les dará el acuerdo entre las Farc y el Gobierno, los vientos para el desminado en Colombia parecen estar cambiando y el desescalamiento del conflicto realmente arrancará.

Como dice Pastora Mira, “mi hijo debe estar diciendo en el cielo, 'Juemadre, ¿vieron que sí se podía?'”.