Paro Nacional 2021: ¿El Estado contra la sociedad?

1. La inversión temporal del clivaje urbano – rural

Valiosos puntos de vista se han encargado de remarcar la masividad del actual Paro Nacional. Específicamente, se ha venido discutiendo en torno del encuentro entre las históricas problemáticas rurales y los actuales contextos urbanos. Sin embargo, en el siguiente apartado sostendré una hipótesis diferente: a pesar de su innegable dispersión geográfica, el actual Paro Nacional responde sobre todo a un conjunto de variables que se manifiestan con mayor virulencia en las ciudades y las cabeceras municipales.

Antes de profundizar en este ítem, vale la pena recordar que las acciones colectivas colombianas de los últimos 20 años —dejando aparte las movilizaciones estudiantiles de la Mane y del último paro nacional universitario— se han liderado desde la ruralidad y sus actores indígenas, campesinos y afrocolombianos. Basta recordar las diversas mingas indígenas, interétnicas y transculturales del sur occidente colombiano, así como los diversos paros agrarios.

Decididamente las brechas sociales son mas profundas y precarias en la ruralidad colombiana, como es posible observar en las imágenes 1 y 2. En estas imágenes se observa claramente que los departamentos más rurales tienen índices mas agudos de pobreza multidimensional, en comparación con los que se encuentra en el centro del país y los valles interandinos.

Imagen 1.

Imagen 2.

Sin embargo, creo que fácilmente podremos ponernos de acuerdo en que a pesar de que los actores rurales se han manifestado con vehemencia en la presente coyuntura, la actual movilización —en cuanto a espesor, profundidad y densidad— se concentra en las aglomeraciones urbanas del centro y el sur occidente del país.

En este contexto surge una pregunta: ¿por qué en lo urbano, si la ruralidad parece históricamente mucho más vulnerable?

Ahora bien, tal parece que los efectos destructores de la pandemia se han sentido con mayor fuerza en los contextos urbanos. Revisemos el siguiente mapa de la evolución de la pobreza extrema en el país, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih 2019 - 2020), que el director del Dane nos presento en un evento de la Universidad Javeriana de Cali donde buscábamos comprender por qué el Valle del Cauca y Cali son epicentro de las movilizaciones.   

Imagen 3.

Si lo comparamos con los puntos de movilización y bloqueos a comienzos de mayo encontraremos que, si bien la movilización indudablemente ha tenido un alcance nacional, se manifestó con mayor fuerza en los departamentos del centro y occidente, que son diferentes a los de la imagen 1 y cuentan con mayor índice de ruralidad y mayor nivel de pobreza multidimensional.

Imagen 4.

Adicionalmente, si miramos los resultados de pobreza rural, se ha instalado todo un debate por la reducción de 4.6 puntos en la pobreza monetaria rural para el mismo periodo pandémico de 2020. Algo realmente muy difícil de explicar bajo el sentido común.

Sin embargo, es importante aclarar tres factores a tener en cuenta con respecto a cómo se calcula este indicador: primero, se esta hablando de “pobreza monetaria” (acceso a dinero), en un contexto en el que las transferencias de dinero por la vía de las ayudas institucionales del Estado para contener los efectos del covid impactaron ampliamente la población rural. Segundo, el instrumento estadístico que se toma como base para hacer este calculo es la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih), que es una medición focalizada en las ciudades, con la participación de algunos municipios rurales. Tercero, el calculo de la canasta rural toma como referencial el IPC que es una medición fundamentalmente urbana.   

En todo caso, la reducción de la pobreza rural no parece ser de ninguna manera una tendencia progresiva, se trata —sin duda— de un resultado atípico. Tal y como se ve en la siguiente gráfica, la brecha social es tan estructural, que históricamente más del 90 % de la población de los centros poblados y rurales dispersos han estado en condición de pobreza monetaria o vulnerabilidad.

Imagen 5.

¿Qué significa la reducción de la pobreza rural? ¿Qué el campo está mejor que la ciudad? Indudablemente que no. Sin embargo, existe un punto que —en este contexto de crisis— me parece fundamental: el acceso a la comida. Siguiendo la argumentación que propone Bladimir Rodríguez, este es un elemento de vieja data en el contexto nacional. De igual manera, en trabajos anteriores he buscado comprender esta situación a partir de una perspectiva dual y complementaria: de un lado la situación alimentaria en las ciudades se ha agravado de manera profunda; mientras que por otra parte, la ruralidad colombiana —a pesar de todas las dificultades—, evidencia una sorprendente resiliencia alimentaria. Es decir, cuando la gente en la ciudad pierde su empleo (formal o informal), rápidamente cae en situación de inseguridad alimentaria, mientras que campesinos y comunidades étnicas —aunque viven en condiciones de pobreza estructural— difícilmente aguantan hambre porque no han dejado de sembrar comida. A esta situación bien podríamos llamarla: un clivaje inverso y temporal de la brecha entre el campo y la ciudad.

Es así como la crisis de los dispositivos productivos y las economías urbanas —tanto a nivel formal como informal— sí fueron muy dicientes en varias ciudades del país. Entre ellos Bogotá, Cali y varias cabeceras municipales de Valle del Cauca. Pasemos a revisar esta segunda escala del análisis de los efectos estructurales del actual Paro Nacional.

2. ¿Por qué Cali y el Valle del Cauca?

Cuando se revisan las cifras de pobreza monetaria y pobreza extrema para el Valle del Cauca y Cali se comprende mucho mejor el nivel de impacto que la pandemia y las cuarentenas han tenido sobre la población de este departamento y sus principales aglomeraciones urbanas.

Por ejemplo, al revisar la evolución de la pobreza monetaria para el Valle del Cauca (ver imagen abajo) es posible constatar que este departamento registro medio millón de personas adicionales que ingresaron en esta situación entre el 2019 y el 2020. Esta cifra solo es superada por Bogotá y (como es posible advertir en la tabla) este fenómeno se presento con mayor fuerza en departamentos como Atlántico, Antioquia o Cundinamarca, que tienen una presencia significativa de aglomeraciones urbanas y un peso significativo para la economía nacional. 

Imagen 6.

Ahora bien, si observamos los tres mapas siguientes, en donde los puntos amarillos representan los lugares de bloqueo identificados con corte a mediados de mayo, es posible observar como gran parte de estos puntos cierran o abren las cabeceras municipales, incluido Cali. Así mismo, en el tercer mapa vemos como los bloqueos tienen lugar en municipios donde la pobreza multidimensional antes de la pandemia (censo 2018) no era tan grave. Lo que nos lleva a pensar que el carácter de esta movilización a escala departamental se concentro en la grave situación social intraurbana.

Imagen 7.

Imagen 8.

Imagen 9.

Si revisamos en profundidad el caso caleño nos encontraremos con un panorama aun más devastador. La grafica de pobreza monetaria muestra que Cali está por debajo del promedio nacional. Sin embargo, el hecho diciente es la fuerte varianza entre un año y otro, la diferencia de 14 puntos en Cali si es de lejos la más alta.

Imagen 10.

Las imágenes siguientes son aún más dicientes en la medida que se trata de pobreza monetaria extrema. En la primera grafica, Cali sí supera el promedio nacional. Mientras que en la segunda se observa que la pendiente regresiva es más fuerte que la media nacional y regresa la ciudad a indicadores peores que los del 2012.

Imagen 11.

Imagen 12.

En resumen, si sumamos las 934.350 personas que entraron en pobreza monetaria y los 342.438 que fueron identificados bajo la situación de pobreza monetaria extrema, podemos afirmar que de los 2.2 millones de caleños, más de la mitad (1.2 millones) cayeron en situación de vulnerabilidad monetaria para el 2020.

Por último, el panorama descrito, no solo expandió la pobreza, sino que también significó la profundización de la desigualdad. La afirmación anterior se soporta al analizar las siguientes dos imágenes, donde —en la primera— observamos la fuerte pendiente del coeficiente de Gini en la ciudad y —en la segunda— se observa como la variación del ingreso real per cápita por quintiles, donde los quintiles 1 y 2 representan a la población con menor acceso a ingresos. De este binomio de datos se puede plantear, de manera provisional, que para la ciudad de Cali el periodo entre 2019 y 2020 significó que los pobres fueron más con menos y los que tenían mayores ingresos fueron menos con más.  

Imagen 13.

Imagen 14.

3. Las sedimentaciones espaciales de la desigualdad

Sin duda la pandemia y, en especifico la cuarentena, significaron una afectación muy poderosa a la economía caleña. Sin embargo, bien vale la pena constatar que esta situación ya venia gestándose y sedimentándose previamente en un amplio conjunto de la población y con una sorprendente recurrencia espacial.

A continuación, en la imagen 15 ubicamos los diferentes puntos de bloqueo a comienzos de mayo, cuando más extendido se presento este fenómeno en la ciudad. Posteriormente comenzamos a iterar estos puntos junto a diferentes vectores de desigualdad en la ciudad que provienen de la espacialización de los resultados del último censo poblacional del 2018 (imágenes 16 a 19).

Imagen 15.

Imagen 16. 

Imagen 17. 

Imagen 18.

Imagen 19.

Del anterior ejercicio podemos verificar dos patrones: la apreciación mas significativa es que parece el mismo mapa con colores diferentes, lo que indica una sorprendente recurrencia espacial de los vectores de desigualdad, tanto en las áreas o comunas con indicadores positivos como en las que se encuentran mas vulnerables; y que los puntos de bloqueo demuestran una cercanía entre estas comunas con fuertes rezagos de pobreza multidimensional y las vías principales que las bordean, por lo que se podría decir —a modo de conclusión provisional— que las personas en movilización provienen de esos mismos sectores.   

Un ejercicio muy interesante y que lleva más lejos la reflexión en términos de racialización de la desigualdad en el Paro 2021 se puede revisar en el siguiente texto de Ojulari y Cuero.

4. Las preexistencias en seguridad y la diversidad de actores en movilización

En un texto anterior, se buscó caracterizar las potencialidades dialogantes que el Estado colombiano ha acumulado a lo largo de los últimos años, frente a la decisión actual de “securizar” la protesta social en el caso del Paro Nacional 2021.

Bajo el contexto anterior, una de las tesis fuertes que esgrime repetitivamente el Gobierno central es la de la manipulación tanto estratégica como logística de las guerrillas en los puntos de bloqueo. Esta tesis se repite tanto en los organismos de Gobierno, como en sus cabezas dialogantes, y, también, de manera preocupante en organismos que —bajo el diseño constitucional— deberían ser independientes de la narrativa oficialista como la de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría. 

Esta tesis de la subversión todopoderosa —que parece un leitmotiv constante en los diseños de estigmatización estatal en nuestro país— choca frente a tres elementos que conviene tener en cuenta a la hora de analizar esta difícil colisión entre seguridad y movimientos sociales.

El primer elemento que habría que aclarar es que a Cali no están llegando armas en este contexto del Paro Nacional. Cali ya ha estado armada desde hace mucho tiempo, de cierto modo, la ciudad es lo que podría llamarse una sociedad en armas, donde una gran parte de la sociedad civil tiene acceso a diversos tipos de armamento ligero y pesado. Lo anterior es fácilmente constatable, por diversas fuentes que preceden la pandemia y el mismo Paro Nacional.

Un antecedente relevante para verificar la afirmación anterior es una entrevista que en el 2013 dio Andrés Santamaría, el personero de Cali de ese entonces, al Diario el Espectador. Ya desde esa fecha el personero afirmaba que Cali era considerada como una de las ciudades más violentas y armadas del planeta y que necesitaba urgentemente un plan de desarme, no para las bandas criminales, sino para los ciudadanos con posesión legal de armas. Sin embargo, el punto mas remarcable de la entrevista fue la singular respuesta que el comandante de la Tercera Brigada de Cali le dio al personero cuando este le pregunto por qué había tantas armas en la ciudad: “como en Colombia la justicia no funciona y hay pobreza, los ciudadanos tienen derecho a armarse”.

Una fuente complementaria puede verificarse en el estado del arte que en 2017 realizó la Fiscalía General de la Nación sobre el tema. De acuerdo con este documento, existe una alta correlación en Cali entre porte de armas, asesinato, intolerancia y microcriminalidad: “en Cali, Bogotá y Medellín es considerable la proporción de homicidios cometidos con arma de fuego asociados a problemas de intolerancia, como riñas, o a la delincuencia común, como el hurto”. Pero mientras en Medellín esa relación es del 14 % y en Bogotá es de 21 %, en Cali esa cifra llega al 42 % de los asesinatos cometidos.

Un segundo elemento es la función estratégica de la ciudad y la región en los entornos de la macrocriminalidad nacional. En el mismo documento de la Fiscalía General se presentan los siguientes mapas, donde es posible observar la relación entre armas, homicidios y mercados ilegales del crimen organizado. La imagen 20 muestra la distribución geográfica de las tasas de homicidio y los porcentajes de homicidios con arma de fuego. Para 2015, 17 municipios tenían altas tasas de homicidios y altos porcentajes de homicidios con armas de fuego. Como es fácilmente observable 10 de estos municipios están en Valle del Cauca. En la imagen 21 se observa la situación de microcriminalidad preexistente al Paro Nacional para el caso de la ciudad de Cali.

Imagen 20.

Imagen 20.

Imagen 21.

Mientras que la imagen 21 confirma que el homicidio y la presencia de armas también pueden estar relacionados con actividades ilícitas llevadas a cabo por la criminalidad altamente organizada o macrocriminalidad. En este mapa, se observa como en el Valle del Cauca se concentra un número considerable de municipios con altas tasas de homicidios, un porcentaje elevado de homicidios con arma de fuego y un número elevado de noticias criminales por tráfico, porte o fabricación de estupefacientes. Tuluá, Buga, Yumbo, Palmira, Cartago y Cali

Imagen 22.

Imagen 22.

Como venimos de observar, la función estratégica de Cali articula de manera poderosa macrocriminalidad con microcriminalidad. Mucho se ha venido trabajando en la vinculación entre ambas expresiones delictivas. Quizás una de las tesis más solidas al respecto es la del out-sourcing criminal planteada por Valencia y Sinisterra. Un trabajo de reportería de terreno sobre los múltiples vectores de violencia en Cali y su relación con el actual Paro Nacional se puede consultar en el juicioso trabajo de La Silla Vacía realizado por Tatiana Duque y Nicole Bravo.

Un tercer elemento, que pone en entredicho la teoría estatal en la materia, es la efectiva diversidad de actores que se encuentran en los diversos puntos de bloqueo. La Red de Universidades del Sur Occidente (Cidesco) delegó en la Universidad Javeriana de Cali el trabajo de caracterizar socialmente los puntos de bloqueo en Cali a efectos de aportar datos valiosos para una salida dialogada a la presente situación. En dicho ejercicio, es posible apreciar como cada punto presenta una composición diversa desde un punto de vista social y organizativo. Como se puede ver en las imágenes 23 y 24 (abajo), existen puntos de bloqueo como el de Siloé, Puerto Resistencia, La Loma de la Cruz o el Paso del Comercio que registran entre 22 y 18 procesos organizativos diferentes en cada lugar. Barristas del América y del Cali, juntas de acción comunal, estudiantes de universidades públicas y privadas, iglesias de diferente tipo, procesos étnicos, ambientalistas, derechos humanos, campesinos, jóvenes y de mujeres hacen parte del heterogéneo panorama.

Imagen 23.

Imagen 24.

Igualmente, a la heterogeneidad de actores identificados corresponde una amplia diversidad de pliegos de demandas, que fueron emergiendo en cada uno de los cerca de 23 puntos de bloqueo que hay en Cali y que han tenido una manifestación permanente a lo largo del mes de Paro Nacional.

Un cuarto y último argumento es la preocupante cifra de desaparecidos que se registra en el contexto de este Paro Nacional en la ciudad de Cali. La Misión de Verificación del Paro Nacional en Cali —que han contado con el acompañamiento de La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo— relacionan un subregistro de 155 registros de personas reportadas como desaparecidas en la ciudad, de los que han aparecidos vivos 54 y aún no se tiene información de 100 personas. Abajo (en la imagen 25) podemos ver una espacialización al 10 de mayo de este preocupante fenómeno que responde directamente con los puntos de bloqueo.

Imagen 25.

Entonces, para redondear, resumo algunas ideas que permiten analizar con mayor complejidad la tesis prima del actual Gobierno con referencia a la manipulación logística y estratégica de la guerrilla al Paro Nacional 2021:

• Si bien es muy posible que existan infiltraciones de macrocriminalidad en los puntos de bloqueo —porque efectivamente Cali juega un papel estratégico en la misma— difícilmente existe una lógica de articulación mecánica entre dichas estructuras y la microcriminalidad. En una lectura rigurosa de la seguridad en Cali, mínimamente se deberían diferenciar ambos tipos de estructuras y no uniformizar todo bajo el apelativo del enemigo interno.
• El poder de fuego desplegado a lo largo y ancho de la ciudad, tanto en estratos populares como en los acomodados, es un antecedente ampliamente señalado en la ciudad. Difícilmente tendría sentido explicar la presencia de esas armas por el proceso de movilización del paro actual.
• Las estructuras a la extrema izquierda del espectro político, por lo general, tienen lógicas de representación profundamente verticales que conllevan a liderazgos y representaciones muy definidas, que a su vez expresan puntos muy precisos de demandas. Sin embargo, esta lógica —que podríamos denominar como tradicional— no cuadra por ningún lado con los repertorios de movilización del actual Paro Nacional. No solamente se tratan de liderazgos difusos y muy horizontales, al punto que ha tomado casi 20 días construir un interlocutor aceptado socialmente, como es la naciente Unión de Resistencias Caleña (URC). Igualmente, y posterior a la caída del proyecto de reforma tributaria, ha sido evidente la diversidad y profunda territorialización de las demandas en las diferentes comunas que corresponden con los puntos de bloqueo.
• Finalmente, si la presente es una lógica de movilización fundamentalmente manipulada e impulsada por la guerrilla, hay dos hechos facticos que son problemáticos: de un lado, los episodios de civiles fuertemente armados disparándole a la gente en los bloqueos con la connivencia de unidades de la policía, ¿indicaría entonces que esos civiles también son guerrilleros? Y si es así, ¿la infiltración también llegó hasta el nivel amplio de la Policía? De otro lado, ¿cómo entender el alto numero de personas reportadas como desaparecidas? ¿Acaso los actores armados, que supuestamente tienen intereses en aprovisionar logística y estratégicamente los puntos de bloqueo, estarían igualmente interesados en “desaparecer” su misma base social? Algo parece hacer falta en este rompecabezas, mínimamente, parece una verdad a medias.  

5. ¿El Estado contra la sociedad?

Son varias las encrucijadas que parecen cernirse sobre el destino del país: orden o derecho a la protesta; bloqueos o corredores humanitarios; dialogo o guerra; lo económico o lo social. Las anteriores dicotomías parecen instalarse sobre nuestro —ya polarizado— tejido social y generan una especie de bucle de retroalimentación. La polarización escinde la sociedad en dos campos y no existe nada en medio.

Las disyuntivas que acabamos de mencionar —que para cualquier sociedad moderna no tendrían necesariamente que significar aporías, sino terrenos fértiles donde la democracia podría florecer— parecen incubar, en nuestro caso, el reciclaje de nuestro conflicto armado, aun más virulento que el que vivimos a lo largo del siglo XX.

"La Sociedad contra el Estado" es un clásico de la antropología política. En dicho trabajo, Pierre Clastres reflexiona sobre como discurre el poder en sociedades en las que no existe la noción de Estado, en dichas aglomeraciones humanas la representación política es más un deber que un privilegio. ¿Quién quiere ser líder si eso no significa una compensación material sino al contrario perder horas de trabajo en función de los intereses de todos? La llegada del Estado significa la institucionalización y profesionalización de la política, así como la dominación de las estructuras verticales de la representación política sobre las horizontales de lo social y la cultura.

“Del campo a la ciudad” parece ser la maldición de los siguientes cien años de nuestra soledad neomacondiana. A punta de repetir dicho mantra, a la izquierda y derecha del espectro político, estamos ad-portas de convertir un profundo y extendido clamor popular en un vórtice de las violencias futuras. La extrema derecha parece estar convencida que cerrando las puertas de cualquier dialogo conjura la situación por la fuerza, al mismo tiempo que quema el fusible de la actual presidencia, dándole alas a los sectores mas radicales de su partido para llegar con fuerza en las próximas elecciones presidenciales.

¿Hasta qué punto privilegiar la salida militar sobre el dialogo no significa invertir la premisa de Clastres? No es la sociedad la que reacciona contra la institucionalización del Estado, sino que es el Estado quien termina ahogando lo social, aplazando esa necesaria conversación que la pobreza, la pandemia y la desigualdad arraigaron. Lo preocupante es que el aplazamiento del dialogo y la participación de los excluidos es una temporalidad que no se mide en años sino en muertes.

En términos de Víctor Turner: la estructura termina hegemonizando la antiestructura o communitas. Sin embargo, la antiestructura emerge periódicamente, con toda su potencia, en arrebatos de horizontalidad. La communitas es el momento y el espacio social en el que las leyes verticales de la estructura se atenúan. 

Sin duda, este Paro Nacional se está convirtiendo en un momento de inflexión comunitaria y critica a la desigualdad. La communitas surge de forma reconocible durante el período liminal, donde los privilegios se flexibilizan y los individuos se vuelven a sentir bajo la horizontalidad de la comunión, que solo un proceso ritual es capaz de inducir.

Como lo sostiene Turner, en "El proceso ritual: estructura y antiestructura": en toda sociedad tiene que haber un equilibrio entre la estructura y la communitas, ya que —en caso contrario— perdería adaptabilidad y las tensiones sociales podrían hacer inviable el cuerpo social.