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A pesar del énfasis del nuevo gobierno gringo sobre el acuerdo de paz, el presidente insiste en una mirada estrecha al tema, fijada en la lucha contra el narcotráfico.
Duque repotencia la seguridad con más de lo mismo, en un empaque para el 2022
El presidente Duque en la presentación del Conat, un comando especial del Ejército contra narcotráfico con 7 mil uniformados. Foto: Presidencia.
Entrando al cierre de su tercer año, el presidente Iván Duque busca repotenciar una de sus asignaturas pendientes más críticas: la seguridad.
Tres de las iniciativas para hacerlo muestran que Duque le jugará más a las presiones políticas internas por lograr resultados a corto plazo del Centro Democrático, que a una estrategia de largo plazo, como la que vienen pidiendo algunos Demócratas en Washington.
Las tres son: la instalación de un comando especializado contra el narcotráfico, la demolición de "ollas" de expendio de drogas, y la aspersión con glifosato.
Estas iniciativas, en la medida que son los ejes principales de una estrategia de seguridad para cerrar su mandato, resaltan que el Gobierno sigue entendiendo los problemas de seguridad casi exclusivamente como problemas de lucha contra el narcotráfico.
De manera similar a la Seguridad Democrática, de su antecesor y mentor Álvaro Uribe. Solo que más de una década después, luego de un acuerdo de paz, y en medio de una gran fragmentación del conflicto.
A Duque no le preocupa la presión gringa
Desde que arrancaron los contactos oficiales entre el gobierno de Joe Biden y el de Iván Duque, en febrero, la Casa Blanca ha hecho énfasis en la necesidad de la implementación del acuerdo de paz.
Eso quedó claro en las declaraciones oficiales de la Casa Blanca tras las llamadas de Anthony Blinken, secretario de Estado, con Claudia Blum, Canciller de Colombia de febrero; y la más reciente del 11 de marzo entre Jake Sullivan, asesor en seguridad de Biden y Diego Molano, el ministro de Defensa.
“Discutieron la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, así como la importancia de defender los derechos humanos”, dice el comunicado oficial de la Casa Blanca sobre esa conversación.
“Ese problema de masacres y asesinatos necesita mucha más atención”, había dicho el embajador en Colombia, Philip Goldberg, a El Tiempo en enero.
Más fuertes han sido algunas de las voces del partido Demócrata. Por ejemplo, la del senador Patrick Leahy, presidente encargado del Senado gringo, y cabeza del comité de apropiaciones (que define los recursos). Hace ocho días, Leahy criticó la falta de presencia del Gobierno en los territorios más afectados por el conflicto en el país.
“No se logra simplemente enviando fuerzas armadas”, dijo a El Tiempo. “Esta Administración hará lo que pueda para que los derechos humanos sean una prioridad para el Gobierno de Duque”, dijo a su turno el representante James McGovern, uno de los que más conoce al país, la semana pasada a La W.
Para la redacción del informe de la comisión de drogas del Congreso norteamericano de diciembre, donde participaron aliados de Biden, asesores norteamericanos insistieron en preguntar a sus pares colombianos cuál era el plan a largo plazo, más allá de la erradicación y la lucha contra el narcotráfico.
“La pregunta era: ¿cuál es el plan de largo plazo que tiene Colombia?, y los gringos piensan en un cambio a largo plazo, más allá de Duque”, nos dijo un investigador colombiano que acompañó esas visitas. “Y lo que hay, más allá de Duque, es la implementación del Acuerdo”.
No obstante, en la Casa de Nariño ven que Colombia tiene el espaldarazo de Biden.
“Una cosa es la manifestación de los congresistas y otra es la de la Casa Blanca”, nos dijo una alta fuente de Palacio, que trabaja en el tema. “El Ejecutivo norteamericano es supremamente duro y nos apoyarán”.
Esa fuente insistió a La Silla que una muestra clave de Biden fue la certificación en lucha antidrogas expedida por Estados Unidos a inicios de marzo, que desbloquea 25 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, esa certificación es resultado del anterior gobierno de Donald Trump.
“Colombia tendrá que continuar con la erradicación manual e implementar la meta colombiana de restaurar la segura, limitada y efectiva erradicación aérea”, dice el informe.
Contrario a lo que dicen los congresistas gringos, en Palacio esperan una política de mano dura de Biden. “Prevemos una ruptura entre lo que digan ellos (Leahy y McGovern) y el Departamento de Estado. Biden en esto (la lucha antidrogas) fue uno de los grandes gestores del Plan Colombia y no será contradictorio a eso”, dijo la fuente en Palacio.
En una línea similar nos habló el ministro Diego Molano. Nos dijo que su llamada con Sullivan, el asesor de Biden, va en la misma línea de la certificación y se mantiene en el apoyo norteamericano al programa de erradicación de cultivos ilícitos, una de las bases de su política contra el narcotráfico para dejar resultados visibles en 2022.
Repotenciar más de lo mismo
Las metas para este año del Gobierno incluyen repetir la cifra de 130 mil hectáreas erradicadas, implementar la aspersión con glifosato e ir por los llamados objetivos de alto valor: cabecillas de las disidencias, Los Pelusos, el Clan del Golfo y el ELN.
“La prioridad del Gobierno es la disminución de las hectáreas cultivadas ilícitamente. Los colombianos deben entender que esta es la mayor amenaza, a más hectáreas hay homicidios colectivos, asesinatos, desplazamiento y violencia”, nos dijo Molano. “Lo más importante es disminuir toda la cadena de narcotráfico, y esa es la prioridad”.
”Los colombianos deben entender que esta es la mayor amenaza”
Es decir: a menos coca, más seguridad. Un planteamiento que retoma la Seguridad Democrática de Uribe y con el que Duque ganó las elecciones de 2018.
Según expertos, la idea es mostrar resultados inmediatos. “Es una agenda mediática sin fondo y titulares que busca crear brigadas y ya”, nos dijo Daniel Mauricio Rico, experto en políticas antinarcóticos. “El Gobierno entiende como estrategia de seguridad la estrategia antinarcóticos”, nos dijo Juan Carlos Garzón, director del área de conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Garzón dice que el problema de esa lógica “es que el desafío ha mutado. Ya no es la misma violencia que en 2001”.
Como contamos acá, buena parte de las 76 masacres del 2020 responden a una fragmentación más local de la violencia armada que, además de luchar por rentas ilegales, trata de mantener su influencia política y social en los territorios.
Para el analista Rico las metas que tiene el Gobierno son muy ambiciosas, con menos recursos que antes, y poco tiempo para ejecutarlas.
“El Plan Colombia costó 8 billones de dólares y nos daban mil millones de dólares anuales. Ahora estamos sobre los 400 millones de dólares en ayuda. Y tenemos metas más ambiciosas que hace 20 años, que es desmontar el 70 por ciento de los cultivos”, dijo.
En su versión 2021, la lucha contra el narcotráfico tiene dos componentes visibles: la creación del Comando Unificado contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) y el Plan 100 contra el microtráfico, para derribar "ollas" de expendio en las ciudades.
El Conat tiene 7 mil uniformados del Ejército y está encabezado por el general Juan Carlos Correa. Duque lo presentó en una ceremonia militar en Tolemaida en febrero.
Se enfocará en ubicar a los líderes de las bandas que trafican especialmente en cuatro zonas: Norte de Santander, Santander, Cauca y Nariño, que agrupan 77 mil hectáreas de cultivos de coca (la mitad de los cultivos del país) según el último informe de monitoreo de la ONU.
“Lo que hicieron fue quitarle gente a los batallones para ese ‘empaque’”, nos dijo Rico.
Molano defiende el Comando, dice que su creación tiene detrás meses de análisis e investigaciones internas en el Ministerio. Dice que lo novedoso de este cuerpo es lo que llama “la concentración de recursos” contra el narcotráfico.
“Solo estará actuando contra el narcotráfico por todo el país: estará a cargo de la erradicación, de la búsqueda de los cabecillas, de su reducción y captura, de toda la cadena”.
Por otro lado, el plan contra el microtráfico se enfoca en las ciudades. La Policía, al mando del general Jorge Luis Vargas, director de la entidad desde diciembre, puso la meta de hacer 117 operaciones contra el microtráfico en cien días -que acaban a finales de abril. Esto incluye eventos mediáticos para derribar casas donde supuestamente vendían drogas, con Presidente y MinDefensa a bordo.
Así ocurrió el 5 de marzo, con operaciones simultáneas: mientras Duque y Molano estaban en Ibagué para la demolición de una "olla" en el centro de la ciudad, otros once comandantes de Policía en igual número de ciudades, como Quibdó, Cartagena y Yopal, en el mismo plan.
A corte del viernes, van 68 casas derribadas, 1.743 personas capturados y se han incautado 1.2 toneladas de coca.
“Esa política de seguridad es funcional a los réditos políticos, porque son resultados fáciles de mostrar: la casa destruida atrás, las capturas”, señaló el analista Garzón.
“Es una manera de decirle al país que se olviden de otros temas: no hablemos de masacres, de control territorial, hablemos de coca. Es un discurso reduccionista”, dice el investigador Rico.
Dentro del Gobierno creen que esta estrategia ayuda a mejorar la percepción de inseguridad, una preocupación que se trepó en la última encuesta Invamer de febrero. “Al pie de las ollas envician a los jóvenes, vienen los conflictos familiares y los reclutan para el primer delito y arranca un círculo del mal”, nos dijo Molano.
Siguen anuncios de aspersión
El ministro de Defensa Molano nos dijo que mantiene su fecha para iniciar la aspersión “focalizada” en dos semanas, en abril. Eso, pese a que como contamos el MinJusticia sigue sin comprometerse a una fecha.
Aún faltan conceptos de la Anla y el INS que muestren que están tomando todas las medidas para fumigar sin afectar a la salud y el medio ambiente, según ordenó la Corte Constitucional. Y en las zonas donde hay cultivos ilícitos todavía no hay ambiente.
El jueves hubo marchas en Tumaco contra la aspersión. Un mes atrás, los cuatro alcaldes del pacífico nariñense (Tumaco, Barbacoas, El Charco y Ricaurte) y el gobernador Jhon Rojas le pidieron al Gobierno no asperjar en su territorio.
”tenemos metas más ambiciosas que hace 20 años, que es desmontar el 70 por ciento de los cultivos”
En los reportes de octubre de 2020 y enero de este año, la Misión de Verificación de la ONU recalcó que las comunidades “siguen exhortando al Gobierno a que dé prioridad a la sustitución voluntaria frente a otras estrategias de erradicación”.
El componente social de toda la estrategia de seguridad viene con las Zonas Futuro. Es una priorización de 51 municipios en cinco zonas del país (Pacífico nariñense; Bajo Cauca y sur de Córdoba; Catatumbo; Arauca; y Parque nacional de Chiribiquete y aledaños) para atender con programas sociales y protección de líderes sociales a los territorios más inseguros del país.
Lo lanzó Duque en 2019 y fue estructurado por su consejero de seguridad, Rafael Guarín. Y aunque el plan, según nos dijo el analista Rico, estuvo bien estructurado, hay poco para mostrar.
En julio de 2020 Presidencia informó que el consejo de seguridad había aprobado los Planes de Intervención para estas zonas. Entre otros, ordena a los ministerios acelerar la implementación de los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdets) que creó el acuerdo (que quedaron con menos plata para 2020 como contamos).
La Silla Vacía solicitó al consejero Guarín la información sobre el avance del proyecto que creó. Al cierre de esta historia, el funcionario y las cinco consejerías que apadrinan esas zonas no nos habían contestado nuestra solicitud.
Según el Ministerio del Interior, para diciembre de 2020 “la implementación de la política solamente había empezado en Pacífico Sur”, según le dijo esa entidad a la ONG Human Rights Watch.
En una región con tres disidencias y casi 34 mil hectáreas de cultivos, “las autoridades habían aumentado el número de investigadores judiciales e iniciado acciones de mejoramiento de 40 escuelas y la intervención de más de 15 parques”, dice el más reciente informe de ese organismo.
La apuesta en 2022
“Ojalá el presidente Duque empiece lo más pronto posible con la fumigación”, dijo el mentor político del Presidente, el exsenador Álvaro Uribe, en la última convención del uribismo el 13 de marzo.
Esa advertencia es una muestra de la preocupación que dentro del partido de Gobierno hay con el impacto de la política de seguridad de cara a 2022.
La última encuesta bimensual de Invamer mostró que el Gobierno Duque destruyó esa bandera de seguridad: 90 por ciento de los encuestados dijo que la inseguridad estaba peor, la peor medición en los últimos 13 años.
Consultados por La Silla, seis congresistas del CD nos repitieron un discurso similar: a Duque le tocó “la herencia de los fallidos acuerdos de paz” y le dejaron “un país nadando en coca”.
”el desafío ha mutado. Ya no es la misma violencia que en 2001”
No obstante, en reuniones privadas con el ministro Molano, en el que éste les explicó su plan para 2021, expresaron sus preocupaciones de mejorar los indicadores. Congresistas de Bogotá le propusieron que hiciera consejos de seguridad por localidades, algo que Molano no ha decidido “porque eso sería entrar en pelea con la Alcaldesa”, nos dijo una fuente enterada.
“El Ministro está recién desempacado, pero es consciente que tiene que fortalecer la seguridad, ser más estratégicos porque los grupos armados, la delincuencia común, han hecho que el tema de seguridad sea uno de los puntos más importantes para 2022”, nos dijo la representante Margarita Restrepo.
Y aunque Duque “le habla a la base electoral haciendo exactamente lo que dijo que haría en campaña”, como nos dijo el analista Garzón, uribistas de línea dura, como el precandidato Rafael Nieto, nos dijeron que la estrategia del Presidente falla porque “no hizo más”.
“Lo que Duque hace es retomar algunas herramientas, como la erradicación forzada, pero mantiene la columna vertebral igual a lo que hizo Santos”, nos dijo en referencia a mantener los incentivos económicos a los campesinos cultivadores para que los sustituyan, ordenados por el acuerdo.
En el año largo que tiene Duque para recuperar esa bandera de seguridad los retos son enormes. Más aún cuando la presión para mostrar resultados no solo viene de los gringos, las comunidades afectadas por la violencia, sino de su propio partido.
