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En 1998, Bucaramanga tomó la decisión más importante de su historia: establecer un Distrito Regional de Manejo Integral (Drmi) con el fin de proteger sus ecosistemas más importantes y garantizar estabilidad en las cárcavas que se erosionan con gran facilidad, junto a la orden de conservación sobre áreas boscosas claves para la regulación del clima y la protección de ríos. Fue una decisión sabia cuyo mandato de cumplimiento quedó en el Área Metropolitana de Bucaramanga y la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb).
Con el paso de los años, el compromiso con la protección al medio ambiente dio paso por el canje de favores e intereses a los nuevos industriales de la construcción: algunos de ellos testaferros de narcotraficantes; otros, mafiosos de la contratación pública que limpian el dinero y el nombre de sus empresas con la construcción desenfrenada de viviendas y centros comerciales. Así estalló Bucaramanga, que se llenó de edificios, de carros, y deterioró tanto su calidad del aire que ya pasamos por nuestro primer pico y placa ambiental.
Aparecieron personas como Fredy Anaya, que se apropió de la Cdmb, recibida como fortín político. Mientras los ecosistemas siguieron su deterioro, el señor Anaya se volvió un potentado del pueblo: de cobrador de impuestos a empresario impecable.
Estos señores, que nunca son condenados, se convierten en pillos buena gente, admirados por sus proezas con la administración pública y por repartir contratos a dedo, en vez de usar los recursos y el poder para salvar el bien más importante que tenemos: nuestro ecosistema.
Frente a los ojos de las autoridades ambientales excluyeron de las áreas de protección lotes que conservaban estoraques centenarios, y la comuna 14 de Morrorico empezó a crecer sin control; la transversal oriental fue invadida y la ciudad no amplía su capacidad de tratamiento de aguas servidas desde hace décadas.
Lo que más vergüenza nos da es que el único intento serio por salvar los cerros orientales ha sido torpedeado hasta el cansancio por un grupo de políticos locales que carecen de principios, que sirven como mercenarios de una guerra al mejor postor y sobre todo, que les importa todo menos la ciudad en la que todos vivimos, en la que existe la mayor cantidad de cosas que amamos en la vida.
Con la salida del director del Área Metropolitana de Bucaramanga termina por hacer carrera la cooptación de estas entidades que son claves para proteger ecosistemas tan importantes como el Valle de Guatiguará, comprado por partes por los señores de nuestra macondiana ciudad, y ahora se llena de casas sin ningún control, sin ninguna planeación. Incluso con plata pública les construyen infraestructuras obsoletas como el intercambiador del ICP o el de San Francisco, porque además la autopista Bucaramanga–Piedecuesta ya no da más: está muy deteriorada y su diseño geométrico es un peligro para los usuarios de la vía. Pero acá a nadie le importan esos muertos.
Siento vergüenza porque el Alcalde de Bucaramanga, que debería ser el llamado a liderar esta defensa de los intereses públicos, tiene demasiados compromisos sociales con el sector de la construcción: perteneció a Camacol y no se ha mostrado independiente respecto de la voluntad de algunos líderes gremiales más interesados en su factura que en la consecuencia de sus negocios en la vida de las personas y el medio ambiente.
Este es un llamado urgente por los cerros de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta, por el Valle de Guatiguará y la Chocoa, por los ríos Oro y Suratá. Tenemos que cambiar el rumbo ahora mismo; no tenemos mucho tiempo.
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