Hacia una metodología para la deliberación social

Jun 02, 2021

Juan David Parra

Ante la agitación social que vive hoy nuestro país, parecería que la única salida viable es el diálogo. Pero dialogar no equivale a simplemente expresar la opinión propia y cerrarse a la de los demás. Tampoco creo que consista en un acto de pluralismo ilimitado, donde toda visión sea igual de válida y relevante, al menos para el tema específico sobre el que se intenta llegar a un acuerdo. Hablo desde mi experiencia y análisis cuando sugiero que necesitamos urgentemente una mejor metodología para dialogar. En esta entrada me gustaría trazar algunas reflexiones al respecto.

El primer paso en un diálogo consiste en reconocer el problema, o al menos que existe algo que genera tensión entre diferentes actores sociales. Hago esta segunda aclaración porque es evidente que si cada quién ve el mundo desde su propio prisma y se niega a salir de ahí, puede que el mismo diagnóstico sea motivo de controversia. ¿Qué mejor ejemplo que el caso de la doble lectura de la última propuesta de reforma tributaria, una presentándola como la salida al status quo y otra como un canal de reproducción de privilegios sociales? El punto no es quién tuviera la razón en ese momento, sino que por algún motivo hubo un estallido de frustración social. Esto último es un hecho objetivo y negarlo —acusando a otras voces de ignorantes, politiqueras, y demás— equivale a negarse a dialogar.

También es difícil dar paso al diálogo fructífero cuando imperan prácticas demasiado tecnocráticas en el que hacer gubernamental. Por tecnocracia me refiero a la visión de una administración pública fundamentada en conocimiento experto o científico y alejado, por tanto, de sensibilidades políticas. El problema es que esta mirada tiende a reducir las fallas en las intervenciones del Gobierno a errores de interpretación por parte de sus implementadores o beneficiarios, más que a imprecisiones en su diagnóstico o diseño. Es decir, sale de la ecuación la posibilidad de que una comunidad tenga una visión (o ideología) distinta de una problemática y que, por tanto, reciba soluciones “eficientes” con escepticismo y poca disposición de seguir los protocolos de implementación. La falta de una verdadera interdisciplinariedad —o la apertura a la mirada de aspectos no técnicos del razonar público— en los niveles de toma de decisión es, por tanto, una barrera al diálogo social.

Ahora bien, ¿en qué consiste la deliberación? Eileen Munro y sus colegas proponen ver este proceso en términos de un acto de pensar sobre y reflexionar acerca de “qué es lo que se necesita tener en cuenta para hacer una buena decisión”. Además de los elementos señalados arriba, deliberar implica, por tanto, poner a prueba diferentes teorías para interpretar un problema, sus causas y mecanismos para darle solución (lo que en ciencias sociales se conoce como un ejercicio de abducción). Las grandes narrativas (como, por ejemplo, el libre mercado versus proteccionismo, ciencia versus cultura) aportan muy poco a este fin. La buena deliberación se hace punto por punto, problema por problema, contrastando teorías con evidencias (de todo tipo), hasta culminar con la historia más convincente posible.

Todo lo anterior depende —y a lo mejor en eso sí me atrevo a generalizar— de que existan grados mínimos de credibilidad entre las partes que dialogan y deliberan. Me apego en este punto a lo que alguna vez escribió el premio nobel en economía George Akerflof: “se puede argumentar de manera plausible que gran parte del atraso económico en el mundo puede explicarse por una falta de confianza mutua”. Visto así, el hecho que el Gobierno Nacional goce de una muy baja popularidad entre la población debería ser centro de atención entre analistas y comentaristas políticos.

Cierro parafraseando al macroeconomista Eric Lonergan y al politólogo Mark Blyth, para quienes una de las fuentes de la actual polarización política extrema —casi a escala global— es el sentimiento de miles de personas de haber sido excluidas del ritual de la democracia. En su libro “Angrynomics”, que fue reseñado hace unos meses por un exministro de Hacienda colombiano, relacionan este hecho político a las fisuras de un modelo económico y social que reproduce —casi sistemáticamente— diferentes formas de inequidad. En Colombia, ese fenómeno está más que documentado, pero pareciera, por alguna razón extraña, que quisiéramos ignorarlo en nuestras reflexiones sobre cómo buscar salidas dialogadas a la crisis social.