La coca y la irrelevante utilidad de la aspersión aérea

Apr 23, 2021

Juan Carlos Garzón Vergara

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El debate sobre el glifosato es tan importante como para ponernos a hablar por días sobre su reactivación y tan intrascendente como para que su regreso cambie muy poco la dinámica de la producción de cocaína en Colombia.

Esta columna fue escrita en coautoría con Ana María Rueda.

Luego de una larga carrera para reactivar la aspersión área, el Gobierno está más cerca de la meta. Aunque aún falta que el Consejo Nacional de Estupefacientes se reúna y es probable que el Ejecutivo enfrente nuevos recursos legales, hay una alta probabilidad de que en 2021 veamos despegar las avionetas rumbo a las zonas cocaleras.

Esta imagen traerá a la memoria un programa que, en el marco del Plan Colombia, llegó a fumigar más de un millón de hectáreas de coca. Sin embargo, bajo las condiciones actuales, sus dimensiones, recursos y muy seguramente su duración serán notablemente distintos. El Ejecutivo no contará con los mismos fondos de la cooperación de Estados Unidos, cuyo embajador ha dicho que su país no financiará esta intervención. Además, las condiciones fijadas por la Corte Constitucional imponen importantes restricciones que limitan la fumigación a menos de la tercera parte de las zonas con cultivos de coca.

En este punto, el impacto real del uso de esta herramienta en los cultivos de coca o si hay un plan para responder a la resiembra y contar con estrategia que sea sostenible pasan a un segundo plano. La reactivación de la aspersión se ha vuelto un asunto de honor para el Gobierno, cuyo hito más importante será la foto de la avioneta asperjando, así al día siguiente esta tenga que quedarse en tierra por alguna decisión judicial. De esta manera, Duque habrá cumplido su promesa de campaña, mostrando que, aunque hizo todo lo posible para eso sucediera, la justicia no le permitió responder de manera contundente a los cultivos ilícitos.

Por eso, el problema no está en la financiación de la aspersión, o si los aviones y los pilotos están listos. En la antesala de la contienda electoral, el principal objetivo es que despegue a como dé lugar.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

El gobierno de Duque comenzó su mandato con la cifra más alta de hectáreas sembradas con coca (171.000) y sin una estrategia clara para reducir los cultivos ilícitos. En el discurso se señaló que se usarían todas la herramientas para responder a este desafío; en la práctica, la desarticulación del uso de estas herramientas y las otras intervenciones del Estado continuó en una carrera por disminuir el número de hectáreas, pero sin un plan para evitar la resiembra y avanzar en la transformación territorial.

La apuesta del Ejecutivo fue aumentar a tope la erradicación manual forzada, mantener – sin mucho entusiasmo – el programa de sustitución de cultivos ilícitos y poner todas las cargas en activar la aspersión aérea, bajo el convencimiento de que podría propiciar un punto de quiebre. La primera movida fue solicitar a la Corte Constitucional una audiencia para intentar suavizar la condiciones impuestas en la Sentencia 236 de 2017, la cual condiciona la reactivación del programa de aspersión a la protección de la salud y el medio ambiente.

Aunque al interior del gobierno la percepción fue que la Corte había entendido el sentido de urgencia y la necesidad de contar con la aspersión para contener el narcotráfico –la principal amenaza para el país–, lo cierto es que el tribunal no solo ratificó los condicionamientos, sino que incluyó la obligación de cumplir con el Acuerdo de Paz. Por eso, al Ejecutivo no le quedó otro camino que intentar cumplir estos requisitos.

Recientemente y luego de transitar por un espinoso camino, el Gobierno suscribió el decreto que establece la regulación del programa de aspersión para garantizar, precisamente, la protección del medio ambiente y la salud. Lo hizo 15 meses después de su primera publicación para observaciones. Días más tarde, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en un proceso marcado por cuestionamientos e interpelado por decisiones judiciales, dio vía libre al Plan de Manejo Ambiental. Ahora, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) deberá reunirse para autorizar nuevamente la aspersión, dando por contado que habrá conceptos favorables por parte de los Ministerios de Salud y Medio Ambiente.

Y aunque el Gobierno buscó blindarse de nuevos pronunciamientos judiciales, escogiendo su propio juez a través de un decreto que establece que el Consejo de Estado es la autoridad competente para decidir sobre tutelas instauradas contra el presidente en temas de seguridad nacional y del uso del glifosato, la interposición de recursos judiciales todavía sigue siendo uno de los principales obstáculos.

La realidad es que en este momento todas las actuaciones del programa de aspersión pueden ser demandadas. Por ejemplo, la autorización de la Anla tiene una tutela en curso ligada a la necesidad de realizar procesos de consulta previas en las comunidades étnicas que estarían ubicadas en las áreas en las que la Policía Antinarcóticos pidió autorización para asperjar. Los conceptos previos de salud y ambiente, e incluso el procedimiento administrativo ante la CNE, podrían ser objetos de litigios estratégicos movidos por organizaciones que buscan darles un alcance en el ámbito jurídico internacional.

¿Qué podría venir y cuáles serán sus posibles efectos?

El escenario más probable es que en 2021 comience la aspersión en una decena de municipios –en uno de los seis núcleos en los que la Anla ya dio la autorización–, preferiblemente en los meses en los cuales se tomen la últimas fotos satelitales para estimar el número de hectáreas de coca que tuvo el país en este año. En todo caso, el informe de monitoreo de los cultivos ilícitos de Naciones Unidas, que se publica usualmente en junio, lo recibirá el nuevo presidente, lo cual disminuye los incentivos de este Gobierno para montar un programa robusto y de gran escala, del cual se tendrá que hacer cargo la próxima administración.

Si bien el Ejecutivo planea focalizar la aspersión en algunas zonas, el mensaje para las comunidades es que cualquier territorio podría ser el próximo. Por esta razón, la foto del avión asperjando causará tensiones y movilizaciones que ya se han ido anticipando. Más allá de la discusión de que las resistencias de las comunidades sean orgánicas, espontáneas o presionadas por los grupos armados, esta será una situación difícil de manejar para el gobierno en un contexto de alta inconformidad social que se ha ido acumulando a lo largo de la pandemia. Esta puede ser la chispa que dispare y cohesione las protestas y los bloqueos.

Alguien podría argumentar que el gobierno no debería dejarse “chantajear” por la amenaza de la movilización social y que su obligación es cumplir la ley. Pero aquí el problema es que no hay capacidades ni un plan para responder a ese escenario, y que los costos podrían superar los beneficios esperados. Por esto es importante preguntarse si la reactivación de la aspersión aérea –en su versión actual– tiene la capacidad de afectar la producción de cocaína o si generará condiciones aún más adversas para la intervención estatal.

En cuanto a los efectos en la salud y el medio ambiente, es importante señalar que parte de la evidencia de los impactos que tuvo la aspersión con glifosato en el país –como parte de la política de drogas– se basa en evaluaciones de un programa que, en su versión anterior, fue implementado de manera intensa, extensa y bastante ineficaz. Para decirlo más claro: chambonamente.

Ahora la pregunta es cómo esos efectos se podrían evitar con un método que –promete el Gobierno– tendrá “precisión” y que será más restringido. Como señaló A. Hirschman, una medida más allá del papel es su implementación, y en ese ámbito las dudas y advertencias persisten.

El Gobierno tendrá que demostrar que el nuevo programa no generará impactos en salud y medio ambiente, que será efectivo y acorde a los contenidos del Acuerdo de Paz. De ahí la importancia de que la información sea abierta y que se haga un monitoreo y evaluación independiente; un asunto sobre el que no hay claridad.

Y seguimos a ciegas

Las cifras del Gobierno han dado para todo. Mientras que en la audiencia en la Corte Constitucional, con información de un derecho de petición, se afirmó que la sustitución de cultivos de coca es menos costosa que la aspersión aérea (“entre 2003 y 2014 el costo promedio de la sustitución fue de $32 millones y el de la fumigación de $72 millones”), recientemente la información del Ministerio de Defensa señaló lo contrario: una hectárea sustituida valdría $3,2 millones y una fumigada $1,8 millones.

Como señaló Daniel Rico, este no es un costo fácil de estimar, y la manera como se calcula sigue siendo un misterio. Entre 2016 y 2017, un grupo de investigadores de la Fundación Ideas para la Paz y Fedesarrollo, coordinados técnicamente por Planeación Nacional, intentaron infructuosamente aclarar este tema al no tener respuesta por parte del Ministerio de Defensa.

También hay dudas y cuestionamientos sobre los autoreportes de hectáreas erradicadas forzosamente, así como sobre las estimaciones de la resiembra. Esto incluye también al Pnis, cuyos informes se basan en los lotes reportados por las familias beneficiadas, pero no en las zonas aledañas.

Los tomadores de decisiones muchas veces navegan a ciegas en medio de la inercia entre lo que se presume que ha dado resultados y los grandes vacíos de información sobre los costos y beneficios. Más allá de las posiciones ideológicas, tendremos que aceptar que la política de drogas tiene serios problemas: no sabemos cuánto cuesta, tampoco tenemos información fiable de lo que la Fuerza Pública hace –en términos de lo que se erradica, incauta o se destruye– ni tenemos verdaderas evaluaciones de impacto.

Bajo estas condiciones, de nuevo estamos atrapados en el debate sobre la irrelevante utilidad del glifosato, tan importante como para ponernos a hablar por días sobre su reactivación y tan intrascendente como para que su regreso cambie muy poco la dinámica de la producción de cocaína en Colombia.