La confianza en los docentes: un activo invaluable ante la pandemia

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Enfrentar con éxito los retos que surgen ante la pandemia global para planear el retorno a clase dependerá, en gran medida, de un pacto de confianza entre actores del sector educativo.

En tiempos de incertidumbre, como los que vivimos por cuenta de la pandemia global, es esperable, y ciertamente deseable, el surgimiento de diferentes propuestas para acelerar el retorno a clases. Diría que no son momentos de asumir posturas tajantes -salvo, quizás, que se trate de defender los derechos de niñas, niños y adolescentes- ni mucho menos de cerrar espacios para la creatividad y la experimentación. Necesitamos nuevas ideas y, como desarrollaré brevemente en este espacio, estas deben centrarse en la búsqueda de la construcción de un nuevo pacto social con docentes y directivos escolares.

Menciono esto último pues, en días recientes, oí dos propuestas de dos voces influyentes que pueden ir en contravía del principio que enuncio arriba. Una de ellas, proveniente del muro de Twitter de una congresista, y a la cual hizo eco un académico en Bogotá, sostiene que, ante la negativa de gremios docentes de permitir el reinicio de clases presenciales, debería explorarse la implementación de un esquema de bonos escolares para vincular al sector privado en la prestación del servicio público de educación.

La segunda surgió en un debate organizado por La Silla Vacía, donde una reconocida experta en evaluación de políticas educativas habló de la importancia de trabajar hacia la implementación de un currículo único nacional. En su opinión, si ya existiese hoy ese instrumento, sería más fácil alinear esfuerzos en el contexto covid para planear la reapertura de colegios.

Si bien estas ideas difieren en las rutas concretas de política que secundan, considero que comparten un elemento en común: tomadas a la ligera, podrían contribuir a desempoderar un actor escolar clave en la actual coyuntura. Y es que ambas visiones reproducen el discurso (sobredimensionado) del control y la rendición de cuentas como mecanismos de mejoramiento del desempeño individual de los docentes, pese a las advertencias explícitas en la literatura especializada sobre el cómo coartar la autonomía de un educador es equivalente a suprimir su pasión y su identidad profesional.

Podemos entonces estar frente a dos iniciativas bienintencionadas que, no obstante, ignoran mensajes de expertos en dirección y liderazgo escolar, sobre como “la desconfianza general, además de ser muy injusta, desactiva la atmósfera necesaria para educar”.

Ahora bien, matizaría un poco mi crítica si considerara que, pese a mis prejuicios como comentarista, las propuestas citadas tuvieran un respaldo explícito en análisis de factibilidad (técnica y política). En el caso de los bonos escolares, no creo que esa sea la tónica o intención del argumento planteado.

Pese a que su interlocutor busca apoyo en resultados de la evaluación de impacto de las becas Paces, no se reflexiona en lo absoluto, como sugiere la literatura contemporánea sobre la teoría de la evaluación, si las necesidades educativas actuales son iguales a las que justificaron esos beneficios en su momento o si existe hoy la capacidad de instituciones privadas de recibir alumnos del sector oficial (con condiciones de bioseguridad) y en una magnitud y cobertura geográfica que garantizara equidad en esa medida. Es decir, se apela a la política basada en evidencia, pero se increpa poco o nada sobre las condiciones necesarias que hagan factible reproducir aprendizajes del pasado.

Frente a la segunda propuesta, es importante mencionar que, en efecto, Colombia es de los pocos países de la región que no cuenta hoy con un currículo único nacional. Es posible también argumentar que, si bien la normatividad sectorial prevé márgenes importantes de autonomía escolar, la existencia de exámenes estandarizados contribuye a una armonización curricular de facto.

Este último es un debate amplio y que sobrepasa el alcance del presente comentario, razón por la cual enmarco mi crítica concreta en la pertinencia de traerlo a colación en un momento de crisis que exacerba tensiones históricas entre el Ministerio de Educación y Fecode. Más cuando este segundo gremio, que también ha sido importante en la construcción de la institucionalidad educativa a nivel nacional, se ha pronunciado tácitamente en contra de un lineamiento de política semejante, pues, a su juicio, pone en riesgo “conquistas consignadas en la Ley General de Educación”.

Llegado a este punto, el mensaje subyacente de este escrito no es hacer un llamado a ignorar voces expertas, ni tampoco a privilegiar la ideología sobre la razón. Mi visión es, si se quiere, más pragmática, pues si bien no desconoce la posibilidad del egoísmo en el accionar político de ciertos actores sindicales, tampoco ignora el éxito limitado de las políticas de calidad educativa de décadas recientes como para argumentar, de forma ingenua, que lo ideal es regresar a lo que se venía haciendo antes de la pandemia.

En dicho contexto, pensaría que una ruta más prometedora de política consiste en buscar ese gran pacto con los gremios docentes, donde sea con ellos, y no a pesar de ellos, que se construyan estrategias sostenibles para acelerar el retorno escolar (como también lo sugieren expertos).

Sobre propuestas más concretas para avanzar en esa dirección, retomo acá mis comentarios en entradas pasadas de este espacio, donde argumento a favor de la experimentación curricular y la profundización de la descentralización política, como mecanismos para generar capacidad en adaptabilidad ante emergencias educativas. Sin duda, el aspecto central y común en estas reflexiones es profundizar, antes que retroceder, en pactos de confianza entre diferentes actores escolares.

Por todo ello, y con respeto para los colegas cuyas propuestas he citado, invito a que todos contribuyamos en construir ambientes de cooperación, en lugar de ponerlos en riesgo en nombre, eso sí, de posturas que puedan desconocer la integralidad del reto histórico que enfrentamos.

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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