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Ni el director de la Modelo se inventó la corrupción masiva en la cárcel, ni la Fiscalía y el gobierno van a atajarla con ruedas de prensa.
La corrupción carcelaria no se arregla con ruedas de prensa
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El director de la cárcel la Modelo de Bogotá, Julio César Ceballos, fue detenido el 30 de enero bajo cargos de dirigir una organización criminal que cobraba dinero a personas privadas de la libertad y a sus familiares por obtener diversos bienes y servicios, como acceso a drogas y alcohol, prostitutas, visitas en horarios no reglamentarios, traslados de patio y ubicación en mejores patios.
En una mediática rueda de prensa, el Fiscal General de la Nación, junto con la ministra de Justicia y el secretario de Transparencia, anunciaron detalles de la captura y reafirmaron el compromiso de sus instituciones en la lucha contra la corrupción que se ha tomado a las cárceles colombianas.
Lo que muy pocos medios cubrieron días después, y sin el mismo despliegue de la captura, es que una jueza de Control de Garantías suspendió la audiencia de imputación de cargos y de medida de aseguramiento en contra de Ceballos.
Para la jueza, las pruebas y sustento jurídico de la Fiscalía distaban mucho de ser las bases del caso irrebatible, perfectamente construido y cargado de evidencia que el fiscal y la Ministra presentaron a los medios. Los argumentos de la imputación de delitos a cargo de la Fiscalía, así como las pruebas en que supuestamente se basaban, le resultaron confusos y poco fundados a la jueza, quien decidió suspender la audiencia para darle a la Fiscalía la oportunidad de hacer mejor su trabajo.
El caso del director de la Modelo deja un muy mal sabor de boca, especialmente si se considera bajo el contexto de una Fiscalía como la de Néstor Humberto Martínez, que se ha caracterizado por su afición a las ruedas de prensa para presentar resultados espectaculares en casos mediáticos que mejoran su imagen pública, pero que luego se debilitan al conocerse las evidencias cuestionables en que se basan, además de los intereses, poco ceñidos al derecho, que motivaron su prematura publicidad.
Los ejemplos son varios y recientes: casos como los de Jorge Enrique Pizano y Luis Fernando Andrade, acusados y acosados por la Fiscalía después de que denunciaran u obstaculizaran la corrupción masiva de Odebrecht y de varias compañías colombianas involucradas en proyectos de infraestructura; o el caso de Mateo Gutiérrez, estudiante de la Universidad Nacional, quien estuvo casi dos años detenido a solicitud de la Fiscalía, por su supuesta participación en atentados terroristas en Bogotá, a quien un juez penal declaró inocente por falta de pruebas en su contra.
Estos casos tienen en común lo sensibles que resultan para una sociedad que se siente acosada por el delito y la impunidad; la forma prematura y altisonante en que la Fiscalía lanza acusaciones que parecen incontrovertibles, pero basadas en una investigación poco seria o incluso sesgada, para mostrar resultados.
Esto es preocupante, pues la Fiscalía y las entidades a cargo del aparato coercitivo del Estado pierden credibilidad y se vuelven amenazantes al parecer estar orientadas a producir golpes de opinión, cuando no a tender cortinas de humo que terminan por desviar las investigaciones contra los responsables de serios delitos, que en no pocas ocasiones son personas influyentes y poderosas.
Y al hacer esto, pervierten la justicia y violan los derechos y garantías constitucionales de las personas acusadas, que ven significativamente mermadas su capacidad de defensa y su presunción de inocencia.
El caso del director de la Modelo puede ser uno más de la lista, pues reúne todos los ingredientes mencionados.
La Fiscalía aseguró tener pruebas concluyentes, que hasta ahora no conocen ni los medios, ni la opinión pública ni la juez que lleva el caso.
El acusado es el sospechoso ideal: un alto funcionario corrupto que forma parte de una institución corrupta, cuya culpabilidad se he mostrado a los medios como un asunto incontrovertible.
Y, por lo poco que se sabe hasta ahora, esta también podría ser una cortina de humo que cumple varias funciones: ocultar una corrupción sistemática y de altos niveles al interior del Inpec (el director de la Modelo se habría enfrentado a quienes manejan estos hilos de poder y por eso habrían ido tras él); mejorar la imagen del fiscal y del Gobierno, que lo acompañó en sus declaraciones; al señalar un chivo expiatorio, que bien podría ser inocente, simplificar un problema complejo y estructural, el de las prisiones colombianas, que no se resuelve achacándolo a unas manzanas podridas; y preparar el escenario para una serie de soluciones, también efectistas y políticamente ventajosas, pero que probablemente poco harán para resolver la crisis carcelaria, de la cual la corrupción es solo un síntoma, no la causa.
Dichas soluciones seguramente pasarán por construir más y mejores cárceles; nombrar funcionarios incorruptibles; reestructurar el Inpec y por qué no, liquidarlo y crear una nueva entidad; privatizar las cárceles pues le sale más barato al Estado y se evita la corrupción de los funcionarios públicos, como si Odebrecht no nos hubiera demostrado que los particulares pueden ser más corruptos y costarle aún más al Estado y a los ciudadanos que lo financiamos; diseñar una política criminal más severa con los delincuentes, que terminarán, en mayor número, en las mismas cárceles, indignas y deficientes.
Lo que seguramente no nos dirán ni el fiscal ni el Gobierno es que llevamos décadas intentado estas soluciones políticamente rentables y oportunistas, pero completamente ineficaces para resolver el problema carcelario. Todo lo contrario, lo han empeorado.
Durante las últimas dos décadas se ha gastado dinero y se han construido cárceles como nunca antes; se ha endurecido la política criminal, a través del aumento de penas, la creación de delitos y la restricción de beneficios y garantías procesales para quienes terminan en prisión.
Y como resultado tenemos establecimientos más hacinados e inhumanos, con funcionarios mal pagados, poco reconocidos y sobrecargados de trabajo. Lugares salvajes que no sirven para reducir la criminalidad pues no rehabilitan a nadie; en tales condiciones la resocialización de las personas es imposible, además de ser la última prioridad de la política penitenciaria, donde se invierte alrededor del 1 por ciento del presupuesto en esta actividad, que debería ser la razón de ser del sistema.
Bajo estas condiciones, la corrupción no dejará de existir, pues en un sistema tan precario e inhumano, donde prima la ley del más fuerte o del que más tiene, siempre habrá alguien dispuesto a ofrecer algo por fuera de la ley, y alguien dispuesto a aceptarlo.
Ni el director de la Modelo se inventó la corrupción masiva en la cárcel, ni la Fiscalía y el gobierno van a atajarla con ruedas de prensa que ocultan más de lo que muestran.
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