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Los retos de los nuevos mandatarios para que aterrice el Acuerdo de Paz en el Caribe (III)
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Como ya ha sido mencionado en los anteriores artículos que conforman esta serie, la construcción de paz en el Caribe colombiano implica, además de transformar las condiciones de violencia del territorio, solidificar las instituciones y mejorar las condiciones de vida de quienes lo habitan.
En ese sentido, el profesor Luis Trejos analizó lo que significaba la paz territorial como concepto y, posteriormente, escribí un artículo considerando las condiciones actuales de violencia a las que se enfrentan algunos municipios en Montes de María. Ahora será necesario abordar el caso de la subregión Sierra Nevada, Perijá y Zona Bananera, en donde están emergiendo nuevos actores armados y se está reconfigurando el escenario de violencia.
La subregión Sierra Nevada, Perijá y Zona Bananera está conformada por 15 municipios, al igual que la subregión montemariana. Sin embargo, esta presenta una heterogeneidad mucho más marcada al comprender municipios de tres departamentos: Cesar, La Guajira y Magdalena. Asimismo, como puede ser deducido de su nombre, difícilmente puede considerarse una subregión unificada y resultaría mucho más acertado comprender la presencia de dos espacios diferenciados: el de la Sierra Nevada y el de los municipios con territorios en la serranía del Perijá.
En estos municipios hicieron presencia las guerrillas de las Farc y el ELN, grupos de autodefensas como los de Hernán Giraldo y Adán Rojas que, posteriormente, terminarían doblegándose ante el Frente Resistencia Tayrona, adscrito al Bloque Norte de las AUC y otros frentes de esta misma organización como el Mártires del Valle de Upar, Juan Andrés Álvarez y el Resistencia Motilona.
En cuanto al contexto contemporáneo de conflicto, si bien la situación en términos generales no evidencia altos niveles de violencia armada, sí existe una mayor conflictividad en comparación con la subregión Montes de María. La Alerta Temprana N° 045-18 de la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la amenaza a la que están sometidos pueblos indígenas como los Kogui, Malayo, Arhuaco y Kankuamos debido a la reaparición del ELN en Dibulla y zona montañosa de Santa Marta, pero, sobre todo, por la existencia de Los Pachencas y Los Rojas, dos Grupos Delictivos Organizados (GDO).
El primero surgió en el 2013 al mando de quien, un año antes, había sido capturado por ser el cabecilla del Clan del Golfo en la Sierra Nevada de Santa Marta, Jesús Aguirre Gallego, alias “Chucho Mercancía”. Luego de quedar en libertad, Los Pachencas empezaron a financiarse a través de la extorsión y actividades relacionadas con el narcotráfico.
De hecho, como la Fundación Paz y Reconciliación muestra, alrededor del 60% de la actividad comercial en zona rural de Santa Marta y el 30% en su casco urbano está siendo extorsionada por este grupo delictivo. Según la Alerta Temprana 045-18, Los Pachencas establecen impuestos de hasta el 10% del valor total de la compraventa de predios y valores similares para otros intercambios comerciales en los territorios en los que tienen presencia sostenida (Ciénaga - especialmente en los corregimientos de Palmor, Siberia, San Pedro y San Javier -, Dibulla y Santa Marta).
Sobre “Los Rojas”, o el “Clan Rojas”, la información disponible es escasa y se limita a mencionar que, luego de que Rigoberto Rojas (hijo de Adán Rojas) fuera capturado, este grupo fue “desarticulado”. Alias “Rigo”, como también era conocido, había salido de la cárcel en el 2016 producto de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Al parecer desde entonces había conformado una organización armada asentada en Ciénaga (específicamente en el corregimiento de Palmor) que recibió el nombre de “Los Rojas”.
El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, también los ha mencionado como grupos armados posdesmovilización, aunque sin ofrecer mayores detalles sobre su estructura (El Tiempo, 2019a).
Aunque el alcalde de Santa Marta llegó a criticar la alerta temprana de la Defensoría por considerar que “dista mucho de la realidad” de la ciudad, el asesinato de tres líderes sociales en los primeros meses del 2019 y hechos como el secuestro de una empresaria muy cerca del corregimiento de Minca por el “Clan Rojas” en el 2018 permiten entrever que el anuncio de la entidad tenía asidero en la realidad. De igual manera, en mayo del 2018 el Ejército reforzó su presencia en Minca debido a la posible amenaza del ELN.
Además de lo anterior, desde comienzos del 2019 se había manifestado que existía una pugna entre el Clan del Golfo (que pretendía ingresar a la Sierra Nevada) y Los Pachencas por el control de las rutas del narcotráfico. Lo anterior, aunque se trataba de una hipótesis, terminó siendo aceptado en julio de ese año por el ministro de defensa, Guillermo Botero, quien, luego de una ola de asesinatos en los meses anteriores visitó Santa Marta y afirmó que había una “dura lucha” entre ambas organizaciones, sin ofrecer mayores detalles.
Esta disputa entre actores ilegales se haría más evidente luego de que “Chucho Mercancía”, hasta entonces líder de Los Pachencas, fuera dado de baja por la Policía. Posterior a su muerte, aparecieron varios panfletos amenazantes intimidando a la comunidad. Uno de estos panfletos lamentaba la muerte de “Chucho Mercancía” y llamaba a que por 72 horas los negocios estuvieran cerrados y las personas no salieran de sus casas.
No obstante, el mismo día un panfleto firmado por las AGC afirmaba que esta organización estaba presente en el territorio e instaba a que todos los negocios permanecieran abiertos y con una bandera blanca. Quienes no cumplieran con estas órdenes, “no serían protegidos” por ellos, según el panfleto.
Según el Centro de Pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte, entre enero del 2018 y mayo del 2019 se presentaron 8 acciones armadas en esta subregión y 8 infracciones al Derecho Internacional Humanitario, lo que representa cerca del 12,3% del total de la región Caribe. Solo 4 de los 15 municipios no han tenido manifestaciones de violencia, lo que evidencia la fragilidad de este territorio. Así, han sido asesinados seis líderes sociales, uno sufrió un atentado y 42 personas fueron desplazadas luego del asesinato de un miembro de la comunidad de Playa Salguero.
¿Cómo va el Pdet?
Quienes habitan los municipios de la Serranía del Perijá advierten que, en julio del 2019, seis meses después de la firma del Patr subregional, no ha sido ejecutado ninguno de los proyectos relacionados con las pequeñas infraestructuras comunitarias (PIC) que habían priorizado durante la discusión de los PDET.
Además, líderes sociales de Becerril (Cesar) cuentan que, aunque desde la ART se les comunicó que en octubre empezaría la ejecución de las obras, el orden de implementación será el que decida el Estado y no en el orden de prioridades que las comunidades eligieron. Por ejemplo, aunque los campesinos habían mencionado que se necesitaba inversión para la siembra de maíz, plátano y, como tercera opción, cacao, el Gobierno nacional solo priorizó recursos para la siembra de cacao.
No obstante, es posible que esa sensación responda al hecho de que solo tres municipios de la subregión fueron priorizados en el corto plazo (Manaure Balcón del Cesar, La Paz y Fonseca). En estos tres se han puesto en marcha 41 proyectos relacionados con vías terciarias y obras PDET (23 terminados y 18 por ejecutarse), 14 proyectos productivos relacionados con cultivo de yuca, piscicultura, hortalizas y otras actividades económicas y ambientales y, en Santa Marta, se cofinanció un proyecto productivo a fin de apoyar la siembra de café.
De igual forma, es necesario mencionar que en septiembre del presente año la ART confirmó que varias obras PIC que ya estaban haciéndose antes de que empezara en forma la implementación del PDET iban a ser consideradas como parte de los mismos. Esto, para algunos líderes de la subregión, significa un cambio de condiciones dado que “los recursos PDET son muy distintos a los recursos de las Pequeñas Infraestructuras Comunitarias, que son PIC”.
Es decir, aunque previamente se había dicho que estas pequeñas infraestructuras comunitarias eran para generar confianza antes de la implementación de los Pdet, terminó por asumirse que estas eran, en sí mismas, parte de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Lo cierto es que en Manaure y La Paz ya se han entregado 15 obras PDET que superan los dos mil millones de pesos en inversión, lo que evidencia un avance, al menos para estas comunidades.
Aunque es pronto para elaborar un análisis particular de lo alcanzado a través de los Pdet, lo cierto es que la violencia no da espera y parece amenazar la tranquilidad de la subregión. Tan solo en Santa Marta se registró hasta junio del presente año un aumento del 22% en el número de homicidios producto de confrontaciones entre organizaciones criminales y, como ya ha sido mencionado, organizaciones como Los Pachenca parecen estar dispuestos a hacerse con el control de la actividad violenta. Los nuevos mandatarios deberían tener esto en cuenta a fin de agilizar, desde sus posiciones, la implementación de los PDET y evitar que, nuevamente, el conflicto se tome esta subregión. En el Caribe se construye paz al tiempo que la violencia se transforma y adquiere manifestaciones cada vez más complejas.
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