Dos exmandatarios en líos penales, un artista y hasta las bandas criminales, entre los grandes poderes del Magdalena. Así continúa nuestro especial de superpoderosos del Caribe.
Dos exmandatarios en líos penales, un artista y hasta las bandas criminales, entre los grandes poderes del Magdalena. Así continúa nuestro especial de superpoderosos del Caribe.
Continuamos armando el rompecabezas del poder en el Caribe con nuestro especial de 'los superpoderosos'. Ya sacamos los de Bolívar y hoy seguimos con los del Magdalena.
Para hacer este ranking hablamos con doce fuentes, entre periodistas, empresarios, excongresistas, un político importante y altos funcionarios de la Alcaldía y de la Gobernación. Con relación a la versión del top en nuestro especial del 2015, se nota la salida del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, tras su estruendosa derrota en las presidenciales del año pasado.
El poder por el que averiguamos para hacer estas historias es aquel entendido como la capacidad de mover los hilos, por encima o por debajo de la mesa, para que pasen o dejen de pasar cosas con incidencia en lo público.
El exgobernador vargasllerista es el superpoderoso del Magdalena porque dirige el grupo que hace ocho años controla la Gobernación, con una fuerza que le permitió el año pasado pasar de tener un representante (Fabián Castillo) a sumar un representante (Carlos Mario Farelo) y un senador en el Congreso (Castillo ‘subió’ al Senado).
Jefe de Cambio Radical en el Magdalena y una de las puntas de lanza (junto a su amigo, el alcalde barranquillero Álex Char) de ese partido y del vargasllerismo en el Caribe, el Mello tiene, además, 15 de 30 alcaldías del departamento, poder burocrático en el Sena regional, la CAR Corpamag y en la Universidad del Magdalena.
También tiene una coalición sólida en la Asamblea, gracias a la cual la gobernadora Rosa Cotes (tía del Mello) gobierna cómodamente.
Además, un primo del Mello, José Francisco Zuñiga Cotes (hijo de la Gobernadora), es el director de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira Asbama, la más grande de la región en ese gremio.
Aunque los bananeros del Magdalena han demostrado ser principalmente uribistas en su mayoría, que los Cotes tengan este vínculo les da el poder de las buenas relaciones y la interlocución directa con varios de los grandes empresarios que financian campañas en el departamento, generan empleo y eventualmente pueden poner votos.
Todo esto lo ha logrado el Mello, a pesar de los líos que enfrenta: está imputado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por supuestamente haber ayudado a direccionar la licitación del chance que, en 2012 y bajo su gobierno, se ganó la criminal exempresaria Enilce López ‘La Gata’.
Y además a él y a su tía les abrieron en la Procuraduría investigación por los retrasos de la polémica Vía de la Prosperidad, la megaobra más grande de los últimos años en el Magdalena.
Siendo el poder más grande de su departamento, Cotes volverá a apostar fuerte este año de regionales, lanzándose a la Gobernación nuevamente.
Desde hace ocho años, el exalcalde samario es el mandamás de la Alcaldía de Santa Marta (primero en cabeza propia y luego tras heredarla al actual alcalde, Rafael Martínez).
Con ese poder, y como lo hemos contado, se reúne con secretarios para tirarles línea como si aún fuera mandatario y hasta decide a quién le dan contratos por prestación de servicios y a quién no.
Su poder es tal, que dentro de la Alcaldía muchos se refieren a él como “el jefe”.
Quizás la mayor evidencia de la incidencia de Caicedo en el ente territorial del que ya oficialmente no está a cargo es que su grupo, llamado Fuerza Ciudadana, usa la Alcaldía para beneficiar los proyectos políticos y electorales en los que se monta el exalcalde, como también lo hemos contado en varias ocasiones.
La fuerza que ha logrado con su movimiento le dio a Caicedo el año pasado para lanzarse como precandidato presidencial y competir con Gustavo Petro en la consulta de la izquierda (en la que sacó poco más de medio millón de votos), lo que lo hizo mojar prensa y darse a conocer a nivel nacional.
Actualmente es aspirante a la Gobernación, al tiempo que enfrenta dos imputaciones, y está a la espera de una tercera, por presuntas irregularidades en la contratación.
También está investigado por concierto para delinquir y homicidio, en un caso de asesinato en la época en que era rector de la Universidad del Magdalena.
Recordados por haber sido beneficiarios de Agro Ingreso Seguro, son el grupo empresarial más grande y acaudalado del Magdalena, con gran poder económico y también político, vía las excelentes relaciones que tienen con el poder local y nacional, especialmente con el senador Álvaro Uribe.
Los Daabon son los dueños de las haciendas de palma y banano más grandes del Caribe, de grandes cultivos de café, cacao y aguacate en la Sierra Nevada y de un negocio de ganadería de carne integrado por unos cinco mil bovinos.
Exportan a Europa y Japón y tienen oficinas en ese país y en Estados Unidos, Australia y Alemania.
Además, manejan, a través de varios vehículos de inversión, la Sociedad Portuaria de Santa Marta y la zona franca Las Américas, que tiene 315 mil metros cuadrados y que -según publicó Daniel Coronell en 2009- fue aprobada por la Dian previo visto bueno de cinco ministros de Uribe en 2008.
Según sus cifras, generan más de tres mil empleos en el departamento. La industria del banano que lideran produce el siete por ciento del PIB del Magdalena, con lo cual mueven el corazón de uno de los principales motores de la economía allí.
En cuanto a lo político, son consultados por mandatarios locales, el sector privado y hasta ministros y, aunque no se meten a hacer campañas abiertamente, cuando dan guiños suelen ser determinantes, como por ejemplo cuando apoyaron a Carlos Caicedo en su primera aspiración.
Uribistas de vieja data, en las presidenciales del año pasado fueron uno de los mayores activos de Iván Duque en el Magdalena y para las legislativas financiaron la campaña de Honorio Henríquez, el único senador del Centro Democrático del departamento.
Su cabeza, Manuel Julián Dávila, tiene línea directa con Uribe y, de hecho, en ese partido lo andan proponiendo para que se lance a la Gobernación con el aval del Centro Democrático.
Han sido tradicionalmente una de las familias más poderosas del Magdalena, con gran influencia tanto en lo político como en lo económico.
Tienen su raíz en el fallecido dirigente liberal José Ignacio Díaz-Granados Alzamora, quien fue ministro de Salud, congresista y gobernador del Magdalena.
También han manejado la Alcaldía de Santa Marta y contado con burocracia local y nacional, especialmente en el pasado Gobierno de Juan Manuel Santos, de quien fueron aliados.
Sus rostros más visibles son los primos Sergio Díaz-Granados (expresidente del Partido de La U, exministro de Comercio y actual director ejecutivo del BID por Colombia y Perú), Eduardo Díaz-Granados (exrepresentante de La U) y Juan Pablo Díaz-Granados (exalcalde, exviceministro de Desarrollo Rural y expresidente de la Agencia de Desarrollo Rural).
Además, el hermano mayor del exministro Sergio, José Ignacio ‘Nachito’ Díaz-Granados, es uno de los representantes legales de la empresa Inversiones Portuarios BNX S.A.S, que hace parte de la junta directiva de la Sociedad Portuaria de Santa Marta.
Este clan actualmente cuenta con una credencial en el Congreso (el representante de La U Hernando Guida), controlan la CAR Corpamag, tienen cuotas en la Gobernación de los Cotes (la Secretaría de Hacienda y una asesoría de despacho) e influencia en la Agencia de Desarrollo Rural con sede en Santa Marta y el Hospital Universitario Fernando Troconis.
El ingeniero civil Pablo Vera es el rector de la Universidad del Magdalena desde el 2016. Aunque tiene una relación de vieja data con Carlos Caicedo, llegó respaldado por una parte de Fuerza Ciudadana (el movimiento de Caicedo) y también lo apoyó el grupo del Mello Cotes, tiene vuelo propio y se maneja de manera autónoma.
El poder que da manejar el claustro, que tiene 16 mil estudiantes, no es poco: hoy la Universidad cuenta con un presupuesto anual de 140 mil millones de pesos (la mitad por transferencias de la Nación y el Departamento) y la posibilidad de contratar unos 500 profesores hora cátedra y otros 250 empleados por órdenes de prestación de servicio en la parte administrativa.
Carlos Vives tiene el poder de su buena imagen y su música para convocar poderosos que ponen plata para proyectos en Santa Marta y su región de influencia (incluyendo la Sierra Nevada).
Lo ejerce a través de su fundación ‘Tras La Perla’, que nació en 2015 y desde entonces reporta haber gestionado recursos por 10.240 millones de pesos para iniciativas de desarrollo, como construcción de establecimientos de atención a la primera infancia en barrios vulnerables, la creación de fondos de agua para Santa Marta y la Sierra Nevada y becas universitarias.
La plata no la maneja directamente la fundación, sino que la administran y ejecutan algunos de los distintos aliados de ‘Tras la perla’, entre los que están el Banco Interamericano de Desarrollo, otras fundaciones como Bancolombia, Carulla y Fútbol con Corazón, la Alcaldía de Santa Marta y la Universidad del Magdalena.
La directora es su esposa Claudia Elena Vásquez.
Anualmente, Vives realiza un concierto, cuyas ganancias son destinadas todas a este proyecto.
Por esto, y porque sus inquietudes sociales no son nuevas (Vives siempre ha defendido públicamente a los indígenas de la Sierra Nevada, ha trabajado como embajador de Usaid por la inclusión de las minorías, ofrecido conciertos por las víctimas del conflicto y también participó en la iniciativa Casa Grande Caribe, que lidera el rector de la Universidad del Norte Adolfo Meisel), le han ofrecido varias veces que se lance a la Alcaldía.
La más reciente lo hizo el presidente Iván Duque.
Al alcalde barranquillero, cabeza del poderoso clan Char del Atlántico, le llegan las manos hasta el vecino Magdalena porque de ese departamento son algunos de los congresistas de la bancada propia con la que llegó pisando fuerte al nuevo Congreso el año pasado.
Los Char cuentan con las credenciales de los senadores de origen magdalenense Antonio Zabaraín y Fabián Castillo y del representante de ese departamento Carlos Mario Farelo, todos de Cambio Radical.
Aunque ellos tienen grupos propios distintos (Castillo y Farelo, por ejemplo, son de la cuerda del Mello Cotes), hicieron alianza con los Char para las legislativas, ese grupo los respaldó, y les copian a ellos.
Las dos principales bandas criminales que operan en el Magdalena y se pelean por el control de las rutas del narcotráfico tienen el poder del miedo y la violencia.
Estos grupos pelean a sangre y fuego por el control del puerto, por donde trafican droga, y también por el acceso a algunos municipios de la zona bananera, territorio en donde ya se han conocido casos de narcotráfico camuflado en banano de exportación, según ha escrito la exsecretaria de Gobierno de Santa Marta Priscila Zúñiga.
Sobre la capital del departamento, ejercen control en algunas zonas rurales, tienen extorsionado al comercio formal e informal en el área urbana y también a los indígenas de la Sierra Nevada.
El año pasado, la Defensoría advirtió que las comunidades indígenas ubicadas en la Sierra Nevada estaban en peligro debido a la presencia de Los Pachenca y otros grupos armados de la zona.
Por otra parte, debido al aumento de extorsiones, este año la Asociación Cívica de Empresarios de Santa Marta (Asocie) le solicitó a la Fuerza Pública mayor eficacia para controlar esta situación.
El terror en Santa Marta alcanzó un punto crítico el pasado 12 de febrero, cuando en menos de 24 horas fueron asesinadas cuatro personas, entre ellos Juan Carlos Pedrozo, director de recursos humanos del Grupo Daabon. Según la revista Semana, para la fecha ya eran 16 los homicidios en Santa Marta, cuatro más que en el mismo periodo del año anterior.
Según información de la Fiscalía, Los Pachenca, liderados por el exjefe paramilitar ‘Chucho Mercancía’, ordenaron los homicidios del empresario Juan Carlos Pedrozo, del guardaparques de la Sierra Nevada Wilton Orrego y de la líder social Maritza Quiroz.
Por situaciones como estas el alcalde Rafael Martínez realizó un consejo de seguridad extraordinario desde el que le pidió al Presidente Duque aumentar el pie de fuerza en la ciudad.
Uno de los cinco representantes del Magdalena, hijo del condenado por parapolítica Franklin Lozano Andrade, tiene el poder obvio de su credencial, que no es poco porque se trata de uno de los dos congresistas sobrevivientes en el país del viejo PIN (que perdió su personería en las pasadas legislativas).
Lozano cuenta con poder burocrático en las alcaldías de Remolino y Pijiño del Carmen (cuyos grupos lo respaldaron) y maneja la Secretaría de Salud en la Gobernación, porque apoyó a los Cotes a la Gobernación.
Es otra de los cinco representantes del Magdalena y única liberal, por lo que funge como cabeza de este partido en el departamento, en donde obtuvo la segunda votación a la Cámara (52.385 votos).
Su jefe político y pareja es el excongresista investigado por parapolítica Rodrigo Roncallo, quien a su vez es amigo de la casa Gaviria.
Esto le dio poder a Kelyn en las últimas legislativas porque, como contamos, Simón Gaviria le dio la posibilidad a ella de conformar la lista del Partido a Cámara por el Magdalena, desplazando de esa función al excongresista Joaquín ‘Jota’ Vives, uno de los bastiones rojos en ese departamento.
Actualmente, Kelyn y Roncallo tienen influencia en la Alcaldía de Salamina, cuyo alcalde José Díaz Marchena es primo de Rodrigo Roncallo. (En 2017, Díaz le agradeció públicamente a Kelyn por la gestión de 3.679 millones de pesos destinados a la recuperación de la Plaza Principal, obra por la cual está investigado por presuntas irregularidades).