¿Tierras robadas? Debates sobre la historia en la Sierra Nevada

Jul 16, 2020

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Una controversia reciente que tuvo lugar en Pueblo Bello (Cesar) nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre una realidad histórica que nadie podrá negar: las tierras que conforman el país que hoy llamamos Colombia fueron robadas a los pueblos indígenas.

El 13 de julio de 2020, fue subido en las redes sociales un video en el cual aparece Seynarin Torres, primera Concejal arhuaca del municipio de Pueblo Bello (Cesar), donde manifiesta que los habitantes no-indígenas de Pueblo Bello deberían ser agradecidos de poder vivir en un territorio indígena. La persona que subió el video manifestó su indignación al escuchar las palabras de la Concejal:

"Como pueblobellano me siento indignado con la declaración de la Concejal Seynarin Torres donde expresa que tenemos que darles gracias al pueblo arhuaco por dejarnos vivir aquí. @seynarintorres uno no elije donde nacer pero lo que si puedo asegurar es que me siento muy honrado de haber nacido y verme criado aquí en este terruño y que por muchos años hemos podido convivir en sana paz con el pueblo arhuaco. No llene de odio ni de rencor a la nuevas generaciones. La tierra no es de nadie pero si es de todos."

Muy rápidamente, el video se hizo viral (considerando el tamaño del municipio). Muchos habitantes lo compartieron y los comentarios se multiplicaron, rechazando de manera casi unánime la declaración de la Concejal Seynarin Torres.

Me parece que estas palabras – y la indignación que generaron – constituyen una buena oportunidad para reflexionar sobre una realidad histórica que nadie podrá negar: las tierras que conforman el país que hoy llamamos Colombia fueron robadas a los pueblos indígenas. Los procesos de despojo iniciaron con la Conquista española y continuaron durante la República. En todas las regiones del país, los pueblos indígenas han tenido que enfrentar amenazas constantes y, hasta el día de hoy, pocos pueden vivir con tranquilidad en sus territorios ancestrales.

La Sierra Nevada de Santa Marta no es una excepción. Como muchas otras regiones de Colombia, ha sido objeto de una colonización violenta y sería una ilusión creer que las partes más altas de la Sierra – en las cuales viven hoy la mayoría de las familias arhuacas – constituyen su único territorio tradicional. Se han asentado allí porque las tierras ubicadas en las zonas bajas que cultivaban y sobre las cuales vivían (incluyendo la región del actual municipio de Pueblo Bello) fueron usurpadas por colonos – con el consentimiento del gobierno – en el marco de un proceso que duro hasta la mitad del siglo XX. Personas mayores de la región – tanto en el pueblo arhuaco como en el mundo bunachi (no-indígena) – recuerdan todavía esta época de Pueblo Bello como territorio indígena.

Existen también muchos documentos de archivos y fuentes históricas que permiten reconstruir esta historia. Evidencian la violencia cruda del proceso de colonización en la Sierra Nevada. A lo largo del siglo XX, los arhuacos que intentaron quedarse en las zonas más bajas – y más fértiles – de la Sierra Nevada fueron objeto de maltratos físicos o matriculados como trabajadores esclavizados en las haciendas de café. En la misma época, las autoridades separaron a la fuerza muchos niños arhuacos de sus familias, para educarlos en un supuesto “orfelinato”, donde se pretendía borrar todos los rasgos de su pueblo (la lengua, el vestido, el pensamiento, etc.).

Ahora bien, los arhuacos no respondieron a la violencia física con más violencia: decidieron sencillamente buscar refugio en lo más profundo de las montañas. Desde allí, sin embargo, siguieron librando una lucha espiritual para conservar su autonomía y proteger su territorio: no solamente la reducida parte que fue reconocida como resguardo en 1984, sino todas las tierras y aguas incluidas en la Línea Negra que rodean a la Sierra. Esta lucha política y espiritual no ha sido fácil: muchos mamus, líderes y liderezas fueron objetos de persecución y maltratos. Algunos, como el mamu Adolfo Torres en 1928 o como Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Hughes Chaparro en 1990, fueron asesinados. Pero la lucha siguió.

Gran parte de los comentarios que fueron publicados en las redes sociales en respuesta a las declaraciones de Seynarin Torres revelan – más allá de los insultos abiertamente racistas y discriminatorios – que muchos jóvenes ignoran todo de esta historia de despojo y colonización, pero también de dignidad y resiliencia. Esta situación no tiene porque sorprendernos. No se trata de una historia que se enseña en las escuelas y colegios no indígenas de la región. Tampoco de una historia que ha sido objeto de reconocimiento público por parte de las autoridades locales o regionales.

Lo más triste es que muchas de las personas que hoy rechazan las declaraciones de Seynarin Torres vienen de familias que fueron víctimas de estos mismos procesos de despojo. Familias que, por la violencia de la estigmatización, aprendieron a avergonzarse de ser arhuacas y a esconder sus conexiones con este mundo. Todo bajo la pretensión ilusoria de ser reconocidos como “civilizados”.

Ahora bien, considero que es necesario escuchar y tomar en serio las preocupaciones de las personas no-indígenas que se sienten amenazadas, indignadas o atemorizadas por las declaraciones de la Honorable Concejal. Muchas de estas personas nacieron y crecieron en Pueblo Bello o en la Sierra Nevada. Tienen un amor sincero por su región y preocupaciones genuinas por su futuro. No son, por lo general, terratenientes despojadores, sino familias humildes que han luchado para tener su casa y sacar adelante a su familia. Quisiera, respetuosamente, detenerme en algunos de los argumentos que han sido avanzados en la discusión.

1. Es mejor no hablar del pasado para no despertar antiguos dolores

Un primer argumento consiste en afirmar que sería mejor no hablar de los asuntos dolorosos del pasado por miedo a que vuelvan a surgir. Este argumento remite a un dilema moral fundamental sobre el papel de la memoria en relación con contextos históricos marcados por las violencias y los maltratos de un grupo hacia el otro. ¿De qué sirve hablar de un pasado doloroso? No hay una respuesta sencilla para esta pregunta.

Algunos defienden la necesidad imperiosa de un “deber de memoria”, recordando la famosa cita: “Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Otros – incluyendo muchas víctimas o familiares de víctimas – consideran, al contrario, que revivir las atrocidades del pasado no servirá buenos propósitos. Se conforman con la idea de que el olvido es menos doloroso y prefieren guardar el silencio.

Uno puede pensar, por ejemplo, en los abuelos y las abuelas amazónicas del genocidio cauchero que no querían “abrir los canastos de la memoria”, por miedo de dar una nueva vida a escenas y situaciones atormentadoras. Uno puede pensar también – para hacer referencia a otro suceso reciente en la vida pública de Pueblo Bello – en las víctimas de violencia de género, que prefieren no denunciar a sus victimarios por miedo a la “revictimización”. Uno puede pensar, finalmente, en algunos hombres y mujeres arhuacas, que fueron víctimas de abusos diversos cuando crecían en el orfelinato de San Sebastían de Rabago y nunca quisieron hablar al respecto (ni en espacios públicos de debates, tampoco en el espacio privado de la familia).

Si estas decisiones son moralmente complejas, son obviamente respetables y nunca se debería obligar las víctimas a realizar un “deber de memoria” si no es algo que deseen explícitamente. Me parece, sin embargo, que el caso aquí discutido es diferente. Siento que las víctimas (y sus descendientes) tienen la voluntad de que las múltiples formas de despojo y violencia que las afectaron sean públicamente evaluadas y discutidas. Si es efectivamente el caso, considero que el resto de la comunidad debería apoyarlas.

2. Es mejor no hablar del pasado para no generar divisiones

Un segundo argumento para callar las violencias y los asuntos dolorosos del pasado se relaciona con la voluntad de evitar divisiones en el presente. Muchos temen que hablar abierta y explícitamente de los múltiples atropellos que sufrieron las familias indígenas de la región solo puede producir nuevas divisiones. ¿Por qué generar conflictos entre las actuales generaciones de indígenas y bunachis por culpa del pasado?

Esta idea me convence mucho menos que la anterior. Quisiera argumentar, al contrario, que el reconocimiento y la discusión pública de los hechos pasados constituyen una condición indispensable para iniciar un proceso de reconciliación entre jóvenes de distintas comunidades. A mi modo de ver, el resentimiento y la desconfianza seguirán prevaleciendo mientras el silencio permanecerá como la principal manera de relacionarse con el pasado: las cosas que no se hablen tampoco pueden resolverse.

Además, no se puede tapar el sol con un dedo: pensar que una historia tan profunda de colonialismo y opresión puede desaparecer mágicamente porque no hablemos de ella, es profundamente ilusorio. No solamente porque esta historia ha dejado sus huellas por todas partes en nuestro presente, sino porque una gran mayoría de los jóvenes indígenas escucharon estas historias del despojo en sus familias. Ahora bien, el desfase entre memorias privadas y memorias públicas tiende a generar mayores disgustos e incomprensión.

Es por esta razón que, en muchos países marcados por formas similares de colonialismo (Australia, Canadá, Sudáfrica, etc.), se han creado Comisiones para la Verdad y la Reconciliación. La lógica era sencilla: para poder “reconciliarnos”, tenemos que iniciar con el reconocimiento y entendimiento de las lógicas que crearon la división. Estos esfuerzos no han sido siempre exitosos, pero constituyen modelos interesantes para el municipio de Pueblo Bello.

En este sentido, la actual polémica podría brindar una oportunidad para abrir una discusión pública seria y profunda sobre los daños que sufrieron los pueblos indígenas en la región. De hecho, ya existen muchos documentos que permiten iniciar esta discusión (como el informe ‘Voces de la Madre Tierra’ que fue entregado por la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena EIDI, del Centro de Conflictos y Paz de la Universidad del Rosario, a la Comisión de la Verdad y que presenta la historia de la resistencia y violencias contra las mujeres arhuacas).

3. Es mejor no hablar del pasado porque no tiene que ver con el presente

Un tercer argumento deja entender que el robo de las tierras y los otros atropellos que sufrieron los indígenas remiten a “historias antiguas”, que ya no tienen relevancia en el mundo actual. Es verdad que la colonización de la Sierra Nevada inició con la llegada de los europeos a América hace más de 500 años. Sería un error, sin embargo, imaginar que los procesos de despojo se limitaron al periodo colonial.

De hecho, las investigaciones históricas revelan que las violencias contra los indígenas en la Sierra Nevada tuvieron lugar mucho más recientemente de lo que se suele reconocer (y que algunas de ellas continúan hoy en día). Así, en el caso del pueblo arhuaco, todas las prácticas más violentas del colonialismo se desplegaron con más fuerza en el siglo XX: despojar a las personas de sus tierras, separar a los niños de sus familias, prohibir a las personas el uso de su cultura y de su idioma, matricular a los trabajadores en sistemas de servidumbre, etc. No veo quién podría negar que esta historia muy reciente sigue produciendo efectos tremendos sobre las generaciones actuales y sigue pertinente para entender el mundo en el cual vivimos.

4. Es mejor no hablar del pasado porque terminamos acusados de cosas de las cuales no somos responsables

Un cuarto argumento que formulan algunas personas no-indígenas para rechazar las discusiones sobre el pasado se relaciona con la sensación de sentirse acusadas de crímenes y acciones que no han realizado. ¿Por qué las generaciones actuales deberían sentirse culpables por algo que hicieron otros? Es verdad que sería absurdo acusar una persona del siglo XXI por crímenes cometidos en el siglo XX.

De nuevo, sin embargo, existe un malentendido. Los pueblos indígenas no pretenden obligar las personas no-indígenas del presente a aceptar una culpabilidad individual por asuntos pasados: es muy claro que ellas no fueron directamente involucradas en el robo de sus niños, en el despojo de sus tierras o en la imposición de condiciones inhumanas de trabajo. Solicitan sencillamente un esfuerzo colectivo para reconocer que estos sucesos sí tuvieron lugar y analizar críticamente sus efectos vigentes.

Las generaciones no-indígenas actuales no tienen porque tenerle miedo al análisis critico del pasado porque no tienen responsabilidad en él: nadie podrá acusarlas de haber sido involucradas en eventos y situaciones que tuvieron lugar antes de su nacimiento. En cambio, sí se les puede acusar de querer silenciar o disimular el pasado. Ahora bien, se trata de dos formas de responsabilidad muy diferentes. Contrario a lo que muchos intuyen, reconocer los atropellos cometidos por nuestros antepasados puede convertirse en una experiencia muy positiva. Lejos de hacernos sentir como criminales, el trabajo memorial nos puede dar la satisfacción de saber que actuamos de manera correcta y que contribuimos a la construcción de un país más justo.

Quisiera, para cerrar este punto, insistir sobre la situación particular de las instituciones (como el Estado Colombiano en sus dimensiones locales, regionales y nacionales, la Iglesia, etc.). Las instituciones tienen una vida mucho más larga que las personas naturales y sus acciones y pensamientos perduren en el tiempo. Así, a diferencia de los habitantes actuales del municipio de Pueblo Bello, el Estado colombiano si había nacido cuando se cometieron los atropellos mencionados en este texto. Es más, muchos de ellos fueron realizados en su nombre o, por lo menos, con su consentimiento explícito o implícito.

En este sentido, a diferencia de los habitantes actuales del municipio de Pueblo Bello, el Estado sí puede asumir responsabilidad por lo que sucedió y tomar medidas para corregir algunos de los efectos de las políticas pasadas sobre las generaciones actuales. A diferencia de muchos otros países marcados por el colonialismo y la violencia contra los pueblos indígenas (como Australia y Canadá), el Estado colombiano no ha reconocido aún los daños causados a los pueblos indígenas. No ha presentado excusas públicas por haber patrocinado lo que podríamos llamar una máquina de despojo y tampoco ha formulado propuestas compensatorias.

Existen, sin embargo, muchas maneras relevantes y significativas a través de los cuales el Estado podría actuar para corregir sus errores. Algunas se relacionan con los derechos sobre la tierra y el agua, pero otras tienen que ver con la educación, el reconocimiento cultural, la justicia, etc. Quisiera enfatizar aquí la posibilidad de incluir las historias de las cuales hemos hablado en los programas escolares de las escuelas y colegios de la región y para construir narrativas públicas relacionadas con ellas.

5. Es mejor no hablar del pasado porque, en nombre de los atropellos vividos, nos quieren quitar nuestras propiedades

El quinto argumento utilizado para rechazar los debates sobre el pasado se relaciona con el miedo que tienen algunos habitantes no-indígenas de perder la casa o el terreno por el cual han luchado durante años por culpa de los procesos de restitución de tierra. ‘Si es verdad que el territorio de Pueblo Bello ha sido robado a los indígenas, ¿será que nuestras propiedades están en peligro?’, se preguntan. Este tipo de temores – que muchas personas opuestas a las luchas indígenas difunden y alimentan para generar divisiones entre poblaciones indígenas y campesinas – han sido muy comunes a nivel mundial, en contextos de reconocimiento de la violencia colonial.

En una inversión radical del estigma, se construye la imagen de los grupos indígenas como agentes despojadores, que representan un peligro para el resto de la población colombiana, y, en particular, para otros grupos tradicionalmente marginalizados (campesinos, población afrocolombiana, etc.).

Si bien los arhuacos siempre han enfatizado, a lo largo de las décadas, la importancia de su lucha territorial, no hay que malinterpretar su mensaje. Cuando los cuatro pueblos indígenas de la Sierra (Arhuacos, Kankuamos, Kogis y Wiwas) hablan de la Línea Negra para señalar su territorio “tradicional”, no manejan una definición de la propiedad basada en la exclusión y la exclusividad (como es el caso de la propiedad privada en el derecho no-indígena). Solamente quieren señalar la responsabilidad espiritual que tienen de cuidar este territorio (en particular sus lugares sagrados) y de velar por el bienestar de sus habitantes.

En este sentido, los habitantes no-indígenas de la Sierra no tienen porque sentir que sus casas y tierras están amenazadas: podrían más bien intentar de entender la profundidad del trabajo espiritual que, desde hace generaciones, han realizado los mamus para cuidar un territorio que, hoy, se encuentra amenazado por la contaminación de los humanos. ¿Quién podría negar que los cuatro pueblos de la Sierra han tenido el conocimiento para manejar y administrar sosteniblemente las tierras que tienen bajo su responsabilidad?