La democracia, como forma de gobierno y de organización social, en su versión contemporánea, es un desarrollo muy reciente. Hasta fines del siglo XIX en ningún país existía el sufragio universal, donde todos los adultos, sin excepción, pudiesen votar. En las nacientes democracias europeas, por ejemplo, solo hombres que cumpliesen ciertos criterios, en cuanto a propiedad raíz, pago de impuestos, nivel educativo o similares, podían votar o ser electos. De hecho, solo hasta la década de 1920 se introdujo el sufragio femenino, y en Colombia solo hasta la década de 1950.
¿Democracia o hooliganismo?
Por lo tanto, la democracia basada en el sufragio universal es aún un concepto en desarrollo, aunque ampliamente aceptado y alabado alrededor del mundo.
El paquete “democracia” generalmente incluye el contrapeso que se hacen los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Mucho se especula sobre la dirección que tomarán las democracias. El hecho de que todas las personas, sin distingo alguno, tengan votos de igual valor y el hecho de que cualquier persona pueda llegar a ocupar las posiciones de poder ejecutivo o legislativo pueden teóricamente resultar en gobiernos muy ineficaces e incapaces de promover el desarrollo económico y el bienestar social. La mayoría no necesariamente es sabia y los electos no necesariamente tienen un mínimo de voluntad, educación o capacidad intelectual para desempeñar sus funciones.
No obstante, Colombia, como muchos países, ha abrazado con gusto y fervor nacional el concepto de “democracia” en su más amplia acepción: un gobierno de las mayorías a todos los niveles, acotado por la adopción de los Derechos Humanos como base al respeto por las minorías, el individuo y sus derechos personales.
Tenemos una significativa tradición democrática desde la independencia, reforzada por la Constitución de 1991. La democracia colombiana permite a cualquier ciudadano exponer libremente sus ideas y ser electo para altos cargos en los órganos ejecutivos y legislativos locales, zonales y nacionales (alcaldías, concejos, gobernaciones, asambleas, presidencia, congreso).
Desde el pasado 28 de abril se han presentado alrededor del país numerosas marchas de cientos y ocasionalmente de algunos miles de personas que reclaman ser “escuchados”. Esto por supuesto es bienvenido y normal. ¿Quién podría negarse a conocer nuevas ideas y a considerar propuestas de superación y potencial prosperidad? Lo preocupante es cuando algunas de estas personas pretenden representar a los colombianos y presumen que el Gobierno debe no solo “dialogar” sino “negociar” con ellos. Y, paralelamente, otros grupos de personas se abrogan el derecho a bloquear las principales arterias de Colombia, asfixiando toda la logística nacional y violando con esto los derechos fundamentales de la población entera.
Las marchas, aunque visualmente puedan tornarse intimidatorias, no otorgan ninguna legitimidad democrática. Para tener perspectiva, el total de marchantes en toda Colombia, con los estimados más exagerados, en ningún momento ha sido superior a 100 mil; ni el 0,3 % de la población colombiana (50 millones), ni siquiera el 0,3 % de los 35 millones de votantes.
¿Dónde está la representatividad? Las marchas, que, entre su folclorismo, pilatunas y vandalismo, parecen inspiradas en los legendarios “hooligans” ingleses, no deben suplantar en momento alguno los muy bien establecidos mecanismos democráticos. De lo contrario iremos a la dictadura del “hooliganismo”.
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