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La expresión “los buenos somos más”, que simboliza la reacción de una parte de la sociedad contra el paro, es odiosa, clasista, divide a la sociedad en dos: los buenos, que supuestamente son más, se autodefinen como moralmente mejores, decentes, trabajadores, honrados, innovadores; y, los “malos”, que aunque numéricamente son la mayoría, son estigmatizados por los buenos como violentos, criminales, vagos. La expresión “los buenos somos más” está acompañada de odio, el cual se muestra como un odio de clase, racial —contra las poblaciones indígenas—, de discriminación por diferencias ideológicas y políticas, de hostilidad contra los estudiantes, profesores, obreros, campesinos, indígenas. Este odio ha ido evolucionando a lo largo de este paro hacia el ataque armado por parte de los llamados “camisas blancas”, quienes dispararon indiscriminadamente contra una manifestación de indígenas el 9 de mayo en la ciudad de Cali y lo volvieron a hacer el fatídico 28 de mayo cuando murieron 14 personas, mientras los blancos acompañantes cantaban los himnos “los buenos somos más” y somos “la gente de bien”.
“Los buenos somos más”
La expresión “los buenos somos más”, que simboliza la reacción de una parte de la sociedad contra el paro, es odiosa, clasista, divide a la sociedad en dos: los buenos, que supuestamente son más, se autodefinen como moralmente mejores, decentes, trabajadores, honrados, innovadores; y, los “malos”, que aunque numéricamente son la mayoría, son estigmatizados por los buenos como violentos, criminales, vagos. La expresión “los buenos somos más” está acompañada de odio, el cual se muestra como un odio de clase, racial —contra las poblaciones indígenas—, de discriminación por diferencias ideológicas y políticas, de hostilidad contra los estudiantes, profesores, obreros, campesinos, indígenas. Este odio ha ido evolucionando a lo largo de este paro hacia el ataque armado por parte de los llamados “camisas blancas”, quienes dispararon indiscriminadamente contra una manifestación de indígenas el 9 de mayo en la ciudad de Cali y lo volvieron a hacer el fatídico 28 de mayo cuando murieron 14 personas, mientras los blancos acompañantes cantaban los himnos “los buenos somos más” y somos “la gente de bien”.
Ideológicamente es un odio que de la estigmatización se está transformado en la matanza, como lo expresó la médica paraca de Cali: “¡Que vengan las autodefensas y maten mil indios!”. Han dicho también, entre himno e himno, “maten a todos los delincuentes”.
Esta pretensión de exterminio, esta pasión por la matanza, la masacre, no es nueva en nuestro país. En los años ochenta del siglo pasado, sectores de la élite económica y política, que en ese entonces no vestían de blanco pero eran “gente bien”, crearon y financiaron a grupos paramilitares para enfrentar y reducir a las guerrillas de las Farc. Se autolegitimaron como fuerzas contrainsurgentes y, aunque fracasaron en su propósito, terminaron dándole otro sentido a su misión, asesinando a millares de campesinos, indígenas, desplazándolos de sus territorios y expropiándoles sus tierras y bienes. Sus crímenes fueron atroces —jugaron fútbol con las cabezas de sus víctimas, arrojaron cadáveres a los ríos, los incineraron en hornos crematorios—, algunos pagaron hasta ocho años de cárcel al acogerse a la Ley de Justicia y Paz, otros fueron extraditados a los Estados Unidos, y otros se reencaucharon en las nuevas bandas paramilitares dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal.
Como se puede ver, los “camisas blancas”, armados con pistolas y fusiles, han disparado al lado de “despistados” policías que “miran sin ver y escuchan sin oír” ni entender. Los “camisas blancas” tienen una reconocida tradición en el arte de matar, que se remonta a los chulativas de Boyacá, los matones de León María Lozano, El Cóndor, el DAS, el MAS de Pablo Escobar. Y las tradiciones en política, y especialmente en política para la muerte, son uno de los aspectos más importantes para construir una sociedad exclusivamente para “gente buena y de bien”. “Alemania es para la raza aria; fuera los judíos, gitanos comunistas”, propuso Hitler. Eran políticos que respetaban viejas tradiciones, como lo hicieron los nazis en la Alemania de 1930, que adoptaron un saludo con los brazos rígidos y empezaron a llevar camisas marrones —no blancas—. Organizaron mítines en los que el creciente grupo de matones del Mariscal Röhm transmitía un aura de amenaza. ¡Qué buenas ideas nos da la historia!
El odio de clase contra las poblaciones indígenas, contra los pobres, los marginados, expresa una posición racista y clasista que ha marcado la historia de muchos pueblos. Tiene su tradición, que inició con la Inquisición, continuó con la campaña contra los Hugonotes, los franquistas contra los republicanos, los nazis contra el pueblo judío, de Pinochet contra los socialistas etc.; en estas situaciones se interpretó la persecución racial y de clase como la forma moderna de la intolerancia religiosa y de la cacería de brujas y herejes.
En Alemania, las leyes de Núremberg de 1935 legalizaron la discriminación contra la minoría judía; estas leyes violaban los derechos y libertades nacionales constitucionales. Pero cuando Hitler declaró que el pueblo alemán no quería judíos en Alemania y que, además, deseaba que la totalidad del mismo desapareciera de la faz de la tierra, surgió en la historia un nuevo crimen, el crimen contra la humanidad, como lo recuerda Hannah Arendt. Este crimen permitió nombrar un nuevo tipo de acto jurídico: a saber, el genocidio que se perpetró contra un pueblo simplemente porque los nazis consideraron que los judíos eran cierto tipo de seres que no tenían derecho a estar en esta tierra. El genocidio requiere alguna forma de pensamiento racista como base, porque su objetivo es la eliminación de un pueblo en virtud de las características colectivas que se considera que posee. Todo genocidio es una forma de "limpieza étnica", dice la filósofa y politóloga Seyla Benhabib.
De esta forma vamos comprendiendo mejor, al reconstruir algunos momentos de la historia, los significados de las formas de odio, exclusión, estigmatización que proponen los “buenos somos más” en sus alegres y “pacíficos” cánticos de paz y de supuesta reconciliación. Cánticos que van abriendo el camino de la solución genocida con la que ha soñado nuestro Führer que, hablando en plazas, RCN y Semana, emplea una y otra vez los mismos verbos de acción: aplastar, destruir, aniquilar, militarizar.
El racismo y el odio de clase han sido descritos como ideologías designadas para defender y justificar derechos ciudadanos desiguales. En estas marchas se ha manifestado precisamente la idea de que la “gente de bien” reclama tener más derechos de los que tienen los otros, los indígenas, los pobres, los estudiantes de las universidades públicas. Así, los que han tenido oportunidades de estudiar en colegios privados, universidades prestigiosas y en el exterior, que tienen por herencia o por capacidad recursos suficientes para desarrollar proyectos e inversiones económicas, procuran hacer valer como legítima su pretensión de que los derechos ciudadanos son desiguales.
La desigualdad estructural que tiene el país está determinada, entre muchos otros factores, por la forma como se ha tributado en las últimas décadas. El esquema es simple: las políticas tributarias se construyen en función del favorecimiento de las personas y empresas más ricas, mediante el sostenimiento de un sistema impositivo que reduce el impuesto sobre los beneficios de las empresas, exceptúa los dividendos y otros ingresos financieros y mantiene la multiplicidad de exenciones, deducciones y tratos diferenciales. Este esquema, que está en el origen del paro actual, ha permitido, entre otras cosas, el mayor enriquecimiento de los más ricos y el empobrecimiento de los más pobres. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo en términos de ingreso, riqueza, propiedad y tenencia de la tierra.
“Según las declaraciones de renta del año 2017, el decil 10 (superricos) concentró el 95,4 % de la riqueza total de las personas jurídicas del país, mientras que el decil 1 de los más pobres aglutinó tan sólo el 0,001 %”, afirman los investigadores Garay y Espitia en su libro “Dinámica de las desigualdades en Colombia”, publicado el año pasado.
El resultado es deplorable para una parte importante de la población: el Dane reveló el mes pasado que la incidencia de la pobreza en el país en 2020 llegó a 42,5 %, es decir, 21.021.564 personas. Según el informe, 7.420.265 personas (15, 1% de la población) no ganan lo suficiente para comprar los alimentos mínimos requeridos para sobrevivir —la magra canasta básica de $ 145.004 por persona al mes—.
Esta situación es de facto injusta y absolutamente inequitativa, pero hay que insistir en que la defensa que hacen “los buenos somos más” de derechos desiguales es excluyente y anti-igualitaria. Desde un punto de vista formal, la idea de derechos desiguales no está en la Constitución; sin embargo, sí está en la organización de la estructura económica y política de la sociedad, puesto que estas esferas se han constituido a lo largo de muchos años como un sistema real de derechos y oportunidades desiguales.
Frente a esto, el Paro nacional plantea partir la torta de la riqueza social y del poder político de otra forma, es decir, se requieren nuevas reglas, probablemente una nueva Constitución, para redistribuir bienes, recursos y oportunidades, más en función de las necesidades de los pobres, los indígenas, los campesinos, los estudiantes, sin menoscabar un umbral de derechos y libertades de los grupos históricamente más favorecidos. Esto haría posible alcanzar el nivel de una sociedad equitativa, justa, democrática, en la cual los grupos sociales mejor posicionados acepten los imperativos económicos y sociales de un bienestar para todos, sin tener que arrastrar con la carga del odio, el racismo y el clasismo que están implicados en la defensa de este orden injusto. Este programa redistributivo, que no es una revolución, enfrenta hoy la reacción salvaje y violenta de la ultraderecha más radical de Uribe, Duque, el Centro Democrático, Cambio Radical y los nuevos paramilitares uniformados de camisas blancas. Han producido en el primer mes de paro una masacre: 56 personas han perdido la vida, hay denuncias sobre 132 personas desaparecidas, al menos 87 actos de violencia sexual cometidos presuntamente por agentes de la Fuerza Pública. Han fallecido también 2 policías, 977 resultaron lesionados y 25 estaciones de policía han sido atacadas, algunas con sevicia.
Este proceso no es aún una revolución, pero, como escribe Ralf Dahrendorf: “En cierto sentido la revolución es otra palabra para la esperanza, aquel principio imprescindible de la vida. Quién sabe, ¡a lo mejor tendremos la verdadera revolución! A los hombres no se les pregunta si ellos quieren la revolución o no. Las revoluciones tienen lugar cuando no hay ninguna otra salida. De hecho, son como una tormenta o un terremoto. Ciertamente, son hechas por los hombres, pero los hombres actúan siempre bajo circunstancias sobre las cuales, sólo tienen un control muy limitado. La humanidad se plantea tareas que ella puede realizar”.
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