Con la estatutaria de la JEP, Duque definirá su uribismo

Si la firma, iría contra su electorado; si la objeta, podría perder su imagen de respeto a las instituciones. 

Entre el domingo y el lunes subió la presión para cualquier decisión que tome el presidente Iván Duque sobre la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, JEP, que tiene hasta el 11 de marzo para decidir si la firma o la devuelve al Congreso con objeciones.

La revista Semana, decenas de líderes de opinión, organizaciones sociales y la misma JEP le pidieron que la firme, mientras que varios uribistas y el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, le solicitaron objetarla por inconveniencia. La decisión que tome será la medición más clara del termómetro de su uribismo desde que se posesionó.

Duque, que suele mostrarse respetuoso de las instituciones, no se ha metido desde que llegó a la Casa de Nariño en el debate sobre la existencia o composición de la JEP, que ha sido muy criticada por el uribismo, y no metió la mano en ningún sentido frente al proyecto de su copartidaria, la senadora Paloma Valencia, de crear una sala especial para que esa justicia transicional juzgue a los militares.

Eso le ha permitido mantener un punto medio y una posición institucionalista, presidencial, frente a uno de los puntos más álgidos de la implementación del Acuerdo con las Farc - y una posición evasiva con otros temas, como cuando este fin de semana respondió reiteradas veces con su apoyo a un cerco diplomático a Maduro para no hablar de un posible uso de Colombia para invadir a Venezuela.

Eso muestra que Duque es más de buscar consensos, como lo ha intentado hacer con sus llamados a hacer pactos y su discurso de unidad, que de decisiones tajantes que alejen a sectores importantes.

Pero ahora le toca decidir si avala o no una ley que ha sido criticada desde sus inicios, y que sigue produciendo debates.

El debate viene de atrás

La ley estatutaria de la JEP aterriza la forma en la que debe funcionar esa justicia. Aunque hasta ahora lo ha hecho sin esa ley, la falta de claridad en varios puntos han sido motivo de discusión desde su génesis.

El primer proyecto que presentó el Gobierno Santos, y que había sido motivo de debates dentro del mismo Gobierno como contó La Silla hace casi dos años, ya demostraba lo candente de la ley: evitaba zanjar, dejando en una ley de procedimiento posterior, por menos cinco puntos cruciales, como exactamente qué penas podrá imponer la JEP o qué pasa si el victimario que se sometió a la JEP incumple sus obligaciones.

La discusión fue tal que el proyecto se enredó, el Gobierno lo tuvo que retirar y luego lo volvió a presentar en agosto de 2017, cuando el fast track se estaba acabando y metiéndole un sapo con cara de mico que habría permitido que los victimarios que condena pudieran pagar solo la mitad de su pena ya reducida en la cárcel.

FInalmente el Congreso la aprobó en noviembre de 2017, después de que la Corte Constitucional avaló la reforma constitucional que creó la JEP pero quitándole la posibilidad de juzgar a expresidentes y de obligar a los empresarios y civiles a presentarse frente a ella. Aunque dejaba preguntas como qué hacer con los magistrados que ya había elegido un Comité de Escogencia independiente.

Eso destrabó la votación en el Congreso y llevó el proyecto a la Corte Constitucional, que debía revisarla antes de que la firmara el Presidente Santos, por ser una ley estatutaria. Sin embargo tardó varios meses, solo le dio luz verde en agosto, con Duque recién posesionado, y publicó la sentencia completa en diciembre.

Ahí zanjó varios de los puntos polémicos, como cuando dijo que la JEP sí puede decretar pruebas cuando haya solicitudes de extradición contra desmovilizados, como el caso Santrich.

También hizo cambios en tres puntos sustanciales: que los delitos sexuales pueden ser considerados conexos al delito político y por lo tanto que los puede procesar la JEP en el caso improbable de que entienda que delitos sexuales concretos se cometieron en función del conflicto; que las solicitudes de extradición por hechos posteriores al Acuerdo se manejan iguales a las de hechos previos; y que los impedimentos de sus magistrados son los normales.

Eso dio lugar a nuevas críticas, como las de Néstor Humberto Martínez desde el año pasado, y que retomó ayer. Y que son semejantes a las que tuvo Duque como Senador.

Duque, el anti JEP

Hasta ahora, el Gobierno Duque solo había criticado de la sentencia de la Corte que haya abierto la puerta a que procese delitos sexuales, pero no pasó de ahí. Por ejemplo, Duque no se movió para apoyar a Paloma y Uribe, que presentaron una reforma constitucional, para cerrar esa puerta.

En contraste, como senador Duque fue un duro crítico de la ley que ahora le toca firmar u objetar.

En noviembre de 2017 creó el hashtag #PerlasDeLaJEP para enumerar diez críticas, incluyendo a puntos que hoy contiene.

Por ejemplo,

#PerlasDeLaJEP 9. La reglamentación de la JEP permite a los cabecillas de las Farc ir al Congreso aún con condenas, es decir, se podrán presentar a los cargos de elección sin siquiera haberse presentado ante la justicia (Artículo 31). #NoALaJEP

— Iván Duque (@IvanDuque) November 8, 2017

O

#PerlasDeLaJEP 6. “El deber de aportar verdad, no implica aceptar responsabilidad" y si hay verdad no hay cárcel (Artículo 20). Cualquier cabecilla habla largas horas de su tradición criminal sin aceptar culpa, y ya se considera que dijo toda la verdad y recibe los beneficios...

— Iván Duque (@IvanDuque) 8 de noviembre de 2017

También hizo otras críticas que la Corte acogió como que la reglamentación no definiera un tiempo de competencia para la JEP y al final la Corte aclaró que el tiempo máximo de duración debía ser 20 años.

Aunque no ha retomado esas críticas desde que llegó a la Presidencia, esa postura de atrás y la de su partido ahora lo ponen en un dilema.

Una salida que parece fácil

Duque tiene el aliento de voces uribistas o del No para objetar la estatutaria, y no solo por lo que contiene la ley sino por el mensaje anti JEP que significa.

Por ejemplo, en Twitter y con #PorLasVictimasNoMasJEP, se fueron contra esa jurisdicción congresistas uribistas como Carlos Felipe Mejía y Edwin Ballesteros,  ex senadores como Alfredo Rangel o la tuitera Claudia Bustamante, y algunos le pidieron directamente a Duque que la objete.

Duque debe objetar ley de JEP para que confesiones de criminales de FARC sean públicas y frente a victimas, y no clandestinas, sin testigos y ante jueces amigos. Es necesario ajustar la JEP para rechazar la impunidad.

— Alfredo Rangel (@AlRangelS) February 18, 2019

Objetar la ley estatutaria de la @JEP_Colombia sería la mayor garantía para las víctimas. Farc afectó a la mayoría de los colombianos en estos 50 años. La Jep es la trinchera jurídica de las Farc. Allí se cubren y desde allí se van a enrocar para acabar con el Estado de derecho. https://t.co/DHKMmBpZr4

— Herbin Hoyos Medina (@herbinhoyos) February 9, 2019

De hecho, anoche en Twitter el ex presidente Álvaro Uribe se despachó contra la JEP, retomó los argumentos del Fiscal y agregó los de delitos contra menores y de supuesta casi prohibición de extradición, y pidió objetarla como segunda mejor opción para su futuro

JEP 7. Bueno que objeten la JEP, mejor eliminarla

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 19 de febrero de 2019

Por eso, si Duque objeta la ley, probablemente obtendría un mayor apoyo entre las bases uribistas, algo que no le ha sido tan sencillo mantener firme, pues sería prueba clara de su uribismo. Además, sería coherente con las críticas que hizo en el pasado.

El dilema

Sin embargo, objetarla también le trae riesgos.

Uno es que se metería en un camino sin antecedentes que podría debilitar su imagen de presidente que defiende a las instituciones.

Aunque un presidente puede objetar una ley por inconveniencia (razones políticas o de política pública, como decir que no es el momento para tener más gasto público) o por inconstitucionalidad, hacerlo por lo segundo cuando la Corte ya falló es un sinsentido jurídico, pues además la objeción iría a la Corte.

De hecho, no hay antecedentes de que un presidente objete una ley estatutaria que ya haya revisado la Corte Constitucional por ninguno de esos motivos.

Sería especialmente complejo si retoma argumentos del Fiscal, que en su carta de ayer esencialmente manifestó su desacuerdo con la sentencia de la Corte en cuatro puntos.

Aunque Martínez alegó que sus argumentos eran de inconveniencia, en varios puntos como al decir que la ley no debía permitir que la JEP solo persiguiera los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad sino a todos porque eso viola el Tratado de Roma, presentó justificaciones de inconstitucionalidad.

Y eso pondría a Duque a chocar directamente con la Corte.

Incluso si usa argumentos de pura inconveniencia, se podría abrir el debate de si puede objetarla cuando ya la Corte la avaló, y si al hacerlo desconoce la sentencia en la que la Corte decidió “REMITIR al Presidente del Congreso de la República el texto del Proyecto de Ley Estatutaria (...) para que el texto sea ajustado de acuerdo con el resolutivo de la presente sentencia (Anexo I), se firme por los presidentes de ambas cámaras y se remita al Presidente de la República para su sanción y promulgación.”

Además, como la misma JEP le pidió ayer a Duque firmar la ley, entraría en un choque que hasta ahora ha evitado el Presidente.

Otro riesgo, que viene del debate legal de si puede objetar, es el crear un fantasma de inseguridad jurídica, un anatema para la doctrina uribista en general y para Duque en particular, que hizo de la seguridad jurídica uno de sus caballitos de batalla en campaña.

Eso porque sin una ley estatutaria, las decisiones de la JEP podrían quedar en duda, así sean beneficiosas para militares que ya se sometieron a ella, como los generales Mario Montoya o Henry Torres Escalante.

Un tercer riesgo, parecido al que ha evitado con sus constantes mensajes de que apoya la implementación de lo no transformador del Acuerdo, es poner en duda la disposición del Gobierno de mantener beneficios acordados en La Habana.

Eso puede darle un nuevo argumento a los disidentes para reclutar ex guerrilleros que tengan dudas de seguirle apostando a la reinserción, y reforzaría discursos de incumplimiento de los jefes farianos que están menos jugados por la implementación, como Iván Márquez.

El cuarto riesgo es que se enfrente a un Congreso que no controla y que tendría en sus manos aceptar o rechazar sus objeciones por inconveniencia. La derrota política, si el Congreso las rechaza, sería potencialmente más dura que las que ya tuvo el semestre pasado.

El fiel de la balanza probablemente estaría en la bancada de Cambio Radical, que defendió los acuerdos hasta hace más o menos un año y que si bien podría apoyar a la coalición duquista para lograr una mayoría, tendrían la sartén por el mango justo cuando sus relaciones con Duque no son las mejores.

Además, entre quienes se han manifestado en la campaña en redes para que Duque firme la ley sin objeciones hay figuras de ese partido, como el ex ministro y hombre de confianza de Germán vargas, Luis Felipe Henao, o el representante a la Cámara por Bogotá, José Daniel López.

La otra bancada clave sería la liberal, que ha sido gran defensora de la paz.

Por todo eso, y por la presión que está creciendo desde la sociedad, no es tan obvio que Duque objete la ley.

Sin embargo, lo más probable es que lo haga y demuestre su uribismo, lo que no aclara cuál será el final de la novela de una ley que incluye un proyecto retirado por Santos, una sentencia de 900 páginas que casi no se conoce, una impresora que no funciona en la Presidencia del Senado.