El subsidio del Gobierno a los medios crea más riesgos que beneficios

Ayer en la mañana la ministra de TIC, Karen Abudinen, presentó la convocatoria del Gobierno para entregar 85 mil millones de pesos a medios de comunicación para ayudarlos, como parte de la reactivación económica tras la pandemia. 

Muchos medios atraviesan una crisis profunda, pero la forma en la que el gobierno de Iván Duque propone entregarlos podría convertir el remedio en un mal peor que la enfermedad y golpear la ya mermada credibilidad del periodismo.

Esto porque el proyecto, tal como está pensado, crea riesgos de terminar convirtiendo ese apoyo en una suerte de ‘mermelada mediática’ (como la bautizó el experto Guillermo Franco) y para aquellos medios cuyos dueños menos lo necesitan; además de que no es claro cómo ayudaría a resolver la crisis estructural que vive todo el ecosistema de medios por el impacto que ha tenido internet sobre el modelo de negocio.

La convocatoria, que por ahora es un borrador que recibe comentarios hasta el viernes 19, viene de un artículo del presupuesto que aprobó el Congreso para este año y que había pasado bajo el radar de la opinión pública. La Silla Vacía no va a participar en la convocatoria.

Esa norma dice que FonTIC, el multimillonario fondo que maneja el Ministerio para financiar el acceso a las TIC y fortalecer la TV pública, “podrá financiar la implementación de planes, programas y proyectos para fomentar y apoyar la transformación digital de los medios de comunicación, en cualquiera de las etapas del negocio”.

Es decir, que el Ministerio puede usar plata de la que pagan los canales privados o los operadores de telefonía para ayudar a que los medios hagan una transformación digital. Y para ello ya apropió la plata.

Ese tipo de convocatorias para medios no son inusuales, y existen apoyos directos a medios privados en muchos países ricos como Francia, Canadá o Suecia (o el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos), aparte de apoyos indirectos como tasas menores de IVA. Además, por la pandemia, varios países europeos anunciaron ayudas a la prensa.

Pero en Colombia no tiene antecedentes. 

Por eso, porque busca que un Ministerio le dé plata a quienes deben informar sobre el Gobierno, el anuncio de ayer ha suscitado reacciones de rechazo similares a las que se han dado en países como Estados Unidos, muestra de los riesgos políticos de la propuesta:

'Nuestro Telesur, nuestro RT' https://t.co/WiAiqHyYQH

— Rafael Noguera (@ranoguera) March 8, 2021

Qué clase de idea es esta? En efecto hay crisis, pero es el gobierno el llamado a solucionar dando recursos? Los canales regionales viven de milagro gracias a la operación logística de eventos de entidades del estado, lo que ha llevado en algunos de ellos a actos de corrupción. https://t.co/Im53JLrgsX

— Catalina Ceballos C. (@Catalizate) March 8, 2021

Medios de comunicación que dependen de la financiación del gobierno, ¿qué podría salir mal? https://t.co/bHKXgrLarb

— Diego Fuerte (@DiegoFuerteB) March 8, 2021

Un llamado de auxilio

La convocatoria y el artículo no aparecieron de la noche a la mañana. Vienen de un trabajo de lobby de hace por lo menos tres años de algunos medios y Asomedios y la Asociación de Medios de Información (AMI), los dos grandes gremios del sector (La Silla Vacía no pertenece a ninguno de ellos).

Werner Zitzman, director de la AMI, explica que desde 2018 contactaron al Gobierno para buscar apoyo, dada la crisis del modelo de negocios de los medios y su impacto en el periodismo.

Es una crisis real y para todos. Para los grandes medios, como muestra que en 2019 (los datos más recientes disponibles) El Espectador perdió más 12 mil millones de pesos, RCN casi 24 mil y la Casa Editorial El Tiempo más de 25 mil; para los regionales, como contamos para el caso del Chocó; y que es sistémica.

A pesar de la gravedad de la situación para la información, Zitzman cuenta que no tuvieron mayor impacto el año pasado, ni siquiera cuando intentaron que el Gobierno protegiera a los periodistas que cubrían la pandemia de covid en la calle.

Cuenta que, finalmente, el presidente Duque empezó a ser receptivo y metió el artículo 105 en el presupuesto; y que ayudó la llegada de Karen Abudinen al Ministerio, pues asumió esa preocupación como parte de su agenda.

Al tiempo que hacían lobby con el Gobierno, los grandes medios y los gremios se movieron con los partidos. Por eso, la bancada de Cambio Radical presentó, con firma de 30 congresistas, un proyecto de ley en diciembre para ayudar a los medios a conseguir ingresos más fijos.

Para eso propone

Ese proyecto de ley busca beneficios similares a los que han logrado sectores como el editorial o el de hotelería y turismo. 

Además, tiene la ventaja para los medios que crearía un régimen que los beneficiaría a todos, sin tener que depender de la voluntad política de cada Gobierno, como ocurriría con la convocatoria. 

El proyecto ya recibió el apoyo oficial vía carta de congresistas liberales, de la U y conservadores, que con Cambio estarían cerca de asegurarle las mayorías. 

Pero como tiene un costo fiscal, solo puede salir adelante con el aval del Gobierno. Y este no está garantizado porque Duque tiene en el horno una demorada reforma tributaria que busca recoger más plata y porque ha dicho que la construirá en parte con los insumos de la comisión de expertos sobre beneficios tributarios para eliminar algunos de las millonarias exenciones que existen.

Como es difícil que lo avale o lo incorpore en una tributaria que sube impuestos y elimina beneficios, la convocatoria para repartir 85 mil millones entre los medios se ha convertido en el plan A del Gobierno y de los medios que la impulsaron. Pero trae muchos riesgos.

El diablo en los detalles

La convocatoria funciona como los estímulos de las artes: los medios deben cumplir unos requisitos para poder concursar y presentar un proyecto para su fortalecimiento o transformación digital. Y el Ministerio decidiría si lo financia.

Eso deja abierta la puerta a una discusión grande sobre quién decide qué proyectos se aprueban y bajo qué criterios, cosas que no deja claro el borrador de la convocatoria, como explicó en su columna de ayer en La República el experto Guillermo Franco.

El borrador explica en detalle la mala situación de los más de 2.400 medios que mapeó, así como los requisitos para poder presentar un proyecto (deben ser medios establecidos como tales, que paguen impuestos y prestaciones sociales, que ya estén funcionando y que no tenga sanciones, entre otras).

Sobre la revisión de las propuestas dice poco: aclara “El MinTIC/FONDO ÚNICO DE TIC designará un evaluador” y  “Dicho evaluador deberá realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en la convocatoria pública”. Y que presentará un informe.

Luego explica que el MinTIC repartirá el presupuesto a los proyectos y que lo hará por bolsas de cinco grupos grandes como radio o impresos, cada uno con subcategorías como revistas nacionales o canales regionales, que tienen de 660 a apenas 3 medios.

Para cada subcategoría crea una bolsa de dinero y un rango de valores de proyectos, calculando el impacto que tuvo la pandemia en cada tipo de medio. Queda así el mapa de medios que presenta la convocatoria (pueden terminar siendo menos en algunas categorías, por los requisitos):

• En la radio pintaría pelea dura

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  • Comercial: concursarán por poco más de 19.129 millones. Como pueden presentar proyectos por 100 a 500 millones de pesos, máximo saldrán beneficiadas 191 cadenas de radio o programas; y son 660.

  • Comunitaria: hay una bolsa de 3.043 millones, pero pueden presentar proyectos de 50 a 100 millones. Máximo pueden ganar 60 de las 624 que encontró el MinTIC.

  • De interés público: una bolsa de 260 millones en proyectos de 20 a 50 millones da para máximo 13 proyectos, pero hay 92 emisoras. 

• En la televisión irían a la fija

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  • Nacional. Los tres canales (Caracol, RCN y Canal UNO) tienen una bolsa de 4.507 millones de pesos. Como el tope es de 1.502 millones cada uno y no hay piso, es la única categoría en la que todos pueden ganar.

  • Local: con proyectos de 50 a 500 millones cada uno, los 22.182 millones de pesos alcanzarían para hasta 443 canales cuando hay 378. Pero si algunos participan por el tope de 500, se podrían quedar algunos por fuera.

• En los impresos habría puja

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  • Nacionales: los cinco diarios (que entendemos son El Tiempo, El Espectador, Portafolio, La República y El Nuevo Siglo) concursarían por poco más de 3.980 millones de pesos. Como sus proyectos no tienen piso y son por hasta 1.000 millones, uno de ellos se podría quedar por fuera

  • Regionales: los 23 diarios tendrían 18.311 millones de pesos; con proyectos también de hasta mil millones, se podrían quedar hasta cinco por fuera.

  • Local: 46 diarios tienen una bolsa de 3.244 millones y proyectos de 50 a 100 millones; si todos van por el piso todos podrían aspirar a un subsidio, pero si van por el máximo se quedarían 14 por fuera.

• Las revistas también pelearían

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  • Nacional: 13 revistas (que no encontramos como medios de comunicación nacionales) compiten por una bolsa de casi 5.998 millones de pesos con proyectos de hasta 1.000 millones, por lo que podrían quedar por fuera hasta 7.

  • Local: las apenas dos revistas locales que encontró el Ministerio tendrían una bolsa de 92,2 millones. Pero como la convocatoria los pone a hacer proyectos de 50 a 100 millones, una necesariamente se quedaría por fuera o recibiría solo parte de la bolsa

• Digitales, a pelear a muerte: los 620 medios digitales que mapeó el Ministerio competirían por 4.250 millones. Con proyectos de máximo 100 millones, podrían quedar por fuera casi 580 de ellos a pesar de que uno de los objetivos de la convocatoria es fortalecer la transformación digital.

Esas cifras pueden cambiar, pero muestran que, tal y como está formulada la convocatoria, sus beneficios serán desiguales.

Costos altos

De entrada, por el formato, los costos para acceder a ella pueden ser difíciles para medios pequeños, nuevos o de regiones apartadas, pues hay que formular los proyectos, recoger documentos, hacer cotizaciones y demás.

Encima, las cifras del borrador dejarían una enorme diferencia entre los canales de televisión, que tendrían casi asegurado un subsidio, y las emisoras y medios digitales. Y al final, se beneficiarían máximo 760 de los más de 2.200 medios que el Ministerio encontró.

Y por otro lado, por los requisitos de parafiscales, muchos medios digitales y locales no podrían acceder.

Todo eso sin entrar a discutir la desigualdad que hay dentro de muchos medios, donde figuras mediáticas pueden ganarse 50 o hasta 100 millones de pesos.

Encima, el riesgo de que el proceso termine en medio de una gran polémica es enorme, y no solo porque pone a un ministerio a entregar dinero a medios de comunicación en un año preelectoral que promete, además, una gran polémica por la reforma tributaria.

También, porque los documentos no dicen qué pasa si los proyectos aprobados en una categorías suman más dinero que la bolsa disponible; lo que deja a la libre discreción de un funcionario o equipo de funcionarios del Ministerio que decidan sin criterios establecidos.

Como no dice que un conglomerado de medios no pueda buscar proyectos por varias vías, podrían sumar mucho: Caracol TV, Blu Radio, Pulzo y El Espectador, del Grupo Santodomingo; o RCN Radio, RCN TV y la República, de la Organización Ardila Lülle, podrían fácilmente sumar 3 mil millones de pesos cada uno, o más.

Todo eso con la limitante de que no resolvería la necesidad de ingresos de los medios en el mediano plazo, ni exige que los proyectos busquen la sostenibilidad de los medios. 

Y eso es al fin y al cabo lo que necesita una democracia, como explicó el experto Germán Rey hace 10 días en La Silla Llena.

Abudinen, a quien La Silla buscó para consultarla sobre esta nota, habló ayer en la mañana en Caracol Radio para presentar el proyecto y explicarlo.

Dijo que en el procedimiento se incluirá un concepto previo de una universidad, pero que todavía no la han definido y que espera que sea pública. 

Ese paso no aparece en los borradores de ayer y, aunque podría ayudar a moderar la discusión, ya se ha visto en el pasado que no es garantía de transparencia, como en el caso de la elección de contralores locales o de gerentes de hospitales.

Por eso, todo indica que la convocatoria tal y como está lo que deja servida es una polémica política fuerte, un riesgo que puede terminar en hacer más difícil un apoyo público transparente a los medios a cambio de beneficiar a solo algunos de ellos sin garantizar su sostenibilidad.

Eso, dándole plata a los grandes medios que son de las personas más ricas del país en plena crisis económica por la pandemia, cuando hay demandas sociales muy agudas y la pobreza está creciendo, es un cóctel para la impopularidad y el desgaste.

No solo para el Gobierno sino también para los medios, que estamos en medio de una crisis de confianza y favorabilidad fuerte que muestran encuestas como la reciente Invamer Poll.

Cubrir la próxima reforma tributaria o los beneficios de otros sectores, mientras por el otro lado reciben subsidios públicos o se goza de exenciones, no parece ser una fórmula para recuperar la confianza.