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¿Deben los medios de comunicación privados recibir dineros públicos?
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El proyecto de ley discutido en el Congreso de la República y apoyado por el Ministerio de Tecnologías para destinar dineros públicos a los medios de comunicación privados —que se conoce como proyecto 746 (“Por medio del cual se expide una regulación para la estabilidad económica y la operación de los medios de información en Colombia”)— muestra no solo la situación que viven como resultado de la pandemia, sino en general la realidad que experimentan desde hace años, y plantea un conjunto de preocupaciones que la sociedad debe conocer y discutir.
Declive y transformación de los medios
El declive de los medios de comunicación tradicionales no es el resultado únicamente de la expansión del virus, sino también de otros factores entre los cuales se pueden señalar: la fractura de su modelo de negocio supeditado a la relación entre publicidad-anunciantes-circulación y funcionamiento; el descenso de la credibilidad y confianza en los medios como lo confirman las mediciones desde hace años; la transformación progresiva del paisaje mediático; el cambio de la lecturabilidad de los medios impresos que tiene sus principales audiencias en la población de mayor edad; el vedetismo de no pocos representantes del oficio; la desertificación de la información, como ha llamado la Fundación para la Libertad de prensa al fenómeno de disminución de medios en muchas zonas del país; el asesinato, las amenazas y los perfilamientos de periodistas; el aumento de los delitos contra la libertad de expresión; el ascenso de un periodismo sensacionalista en tiempos de polarización política que tiene seguidores, pero también rechazos; los problemas en la calidad de la información; el auge de los medios digitales y de las redes sociales; la concentración de la propiedad; y una modificación profunda de las rutinas de la gente frente a la información, a su acceso y a su uso social, entre otros.
Por eso, es posible que el proyecto de ley no cumpla con lo que su título promete, puesto que insiste en una “estabilidad” muy difícil y casi imposible en los medios de comunicación contemporáneos.
La pandemia ha golpeado a los medios de comunicación como lo ha hecho con otros sectores de la sociedad que han recibido apoyo financiero, créditos blandos, medidas fiscales, aportes a las nóminas y salvavidas contra el desempleo. La eficacia de las medidas y los sectores que han sido más beneficiados han empezado a formar parte de la discusión pública, mientras algunos estudios están comprobando que programas sociales semejantes no han logrado los impactos buscados ni han sido distribuidos con la equidad pregonada.
La situación se complicará aún más
Al agregarse los efectos de la pandemia con los problemas acumulados durante años, la situación de los medios de comunicación en el país es muy grave. Sin embargo, se debe tener conciencia del efecto temporal de las medidas frente a una realidad que no es coyuntural, sino que tiende a complicarse aún más hacia el futuro próximo. Serán necesarias otras decisiones y acciones, algunas de las cuales están en manos de los propios medios de comunicación y otras de los Estados y de la jurisprudencia internacional. En este último caso se debaten asuntos relacionados con las grandes corporaciones que tienen inmediatas derivaciones en la realidad nacional y local como por ejemplo la defensa de la privacidad de los usuarios, el control de los contenidos discriminatorios, racistas o de odio, la llamada tasa Google, la extraterritorialidad fiscal o el pago de los contenidos informativos que se agregan en las grandes plataformas sin pagar derechos a sus productores (una cuestión que empieza a zanjarse con la reciente controversia entre Facebook y Google, y el gobierno de Australia).
Las repercusiones de todos estos problemas han sido muy variadas y complejas: desaparición de medios, reducción dramática de redacciones, aumento de la precarización del trabajo periodístico, reducción de recursos necesarios para un periodismo de calidad (por ejemplo, del trabajo de campo, el tiempo de elaboración de la información, el chequeo, los desplazamientos de los periodistas o las medidas de seguridad), el fortalecimiento de las ediciones digitales y, en general, de la incorporación de los medios al mundo de las nuevas tecnologías (lo que ha significado inversión económica, formación y cambios en las rutinas periodísticas, modificación de los perfiles tradicionales del oficio para afrontar mayor número y diversidad de tareas —notas para la web, fotografías, videos, producciones de sonido, etc.—), entre otros efectos directos.
¿La información es un bien esencial?
Durante años, en el mundo se ha generado una reflexión constante y documentada sobre la importancia de los medios de comunicación en las sociedades modernas. Se resalta su papel en la existencia de la democracia y en la visibilidad indispensable para la vida pública, en la fiscalización de todos los poderes y en la promoción de la participación de los ciudadanos y las ciudadanas. También en el aporte a la agenda pública, el seguimiento de temas prioritarios para la sociedad, la expresión de sectores sociales no debidamente reconocidos y la reconstrucción de la memoria colectiva. Hasta tal punto, que en numerosas instancias sociales, como en este proyecto de ley, se pide su consideración como bienes esenciales para la comunidad con las consecuencias que se deriva de ello. El ministro de cultura francés ha señalado que está en juego nada menos que su modelo cultural, siguiendo una tradición que en el pasado se concretó en la cláusula de excepción cultural dentro de las negociaciones de libre comercio y las tesis sobre la cuota de pantalla para las producciones audiovisuales francesas y europeas. Una tesis que en el caso de Colombia se ha roto por las negociaciones comerciales y más recientemente por las peticiones de los gremios de los medios de comunicación.
Sin embargo algunos de estos consensos empiezan a resquebrajarse, especialmente por el poder que configuraron los medios, la visión de los populismos y de otras opciones del poder político y económico. El ejemplo de Donald Trump, que declaró enemigos públicos número 1 a los medios de comunicación, se ha replicado de manera nefasta y extendida en otros países.
La importancia de la información nunca se había acrecentado como en nuestros días de la mano de las oleadas de desinformación, noticias falsas, circulación de argumentos de odio, apertura de todo tipo de debates en las redes, teorías conspirativas y una incidencia inmensa de los nuevos soportes, plataformas y, en general, mecanismos digitales de información que existen en el planeta. En lo que sí hay consenso es en la necesidad, hoy más que nunca, de un periodismo de calidad, riguroso y pluralista.
Surgen entonces muchas preguntas que los medios, los legisladores y la sociedad deben hacerse: ¿deben los dineros públicos en un país con graves necesidades de educación, salud, protección social, vivienda, seguridad, medio ambiente, dedicarse a medios de comunicación privados? ¿Es la información un bien de carácter esencial? ¿Se ha hecho una evaluación rigurosa del funcionamiento y manejo económico de los medios de comunicación colombianos en los últimos 20 años y cuáles son sus resultados concretos? ¿En puntos específicos está amenazada su sostenibilidad? ¿Se ha verificado cuáles han sido las inversiones realizadas por los medios en este periodo, el valor y rentabilidad de las ventas de los medios y a quiénes han favorecido, la ruta de la distribución de sus dividendos, el proceso de compra de otros medios, la participación y utilización de los medios en negocios diferentes a la información, el presupuesto destinado a las redacciones y la evolución de los montos de salario de los periodistas por años? ¿Se conocen con certeza las diferencias entre los salarios de los directivos de los medios y los salarios de sus periodistas, o la realidad de la situación laboral de las mujeres periodistas en los diferentes medios de comunicación del país? ¿Se han aumentado los mecanismos de evaluación social y rendición de cuentas de su labor? ¿Y si es así, por qué en este periodo han disminuido, por ejemplo, los defensores del lector, o se ha pedido que durante el confinamiento se retiren de la pantalla los programas de los defensores del televidente que cumplen con esas funciones de autorregulación, pedagogía y vigilancia interna? ¿Cuáles son los mecanismos de chequeo de la información, los procesos de participación de las audiencias y los mecanismos de procesamiento y respuesta de las quejas y demandas de la ciudadanía sobre la información producida por los medios?
Hacia dónde van los dineros públicos
La asignación de dineros públicos por parte del Estado siempre ha sido objeto de debate en el mundo de la comunicación, el periodismo y los medios, entre otros motivos porque se considera –y es un consenso básico- que ellos deben ser siempre independientes y plenamente autónomos frente a todos los poderes.
El manejo de la pauta oficial ha sido un motivo de permanentes debates, polémicas y preocupaciones por sus implicaciones en la independencia de los medios, en los criterios de selección aplicados para concederla y en las discriminaciones e injusticias que han generado en no pocos casos. Preocupa que se diga explícitamente en el proyecto de ley que “se requiere también que las entidades administrativas del orden nacional y territorial destinen una porción de su presupuesto para la asignación equitativa a los medios de información, para pago de servicios de comunicación y/o publicidad”. No son las necesidades de los medios, por más graves que sean, las que deben determinar esto, sino los intereses generales, los propósitos públicos y el bien común por encima de cualquier actor de la sociedad, incluyendo por supuesto a los medios de comunicación, las instituciones del Estado y el propio Gobierno.
Por otra parte, y a raíz de la reciente ley de telecomunicaciones (que cumple un año de promulgada), hay una discusión en la sociedad sobre el futuro y los mecanismos de la financiación de los medios públicos, que cumplen un papel fundamental y completamente necesario en la sociedad que, por supuesto, también debe ser juiciosamente evaluado. Estas tensiones forman parte de otras que existen cuando decisiones que favorecen a actores privados terminan lastimando los intereses de instituciones públicas, como universidades, hospitales o, en este caso, los medios públicos.
La argumentación inicial del proyecto de ley debe armonizar la definición constitucional contemplada en el artículo 20 sobre los medios, con todos los demás derechos y deberes defendidos por la Constitución. No hacerlo es instaurar una indebida prevalencia que no fue ni contemplada ni aprobada por el ente constituyente. Igual sucede con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No hacerlo de manera explícita al inicio del proyecto deja una mala impresión. Si la responsabilidad es la otra cara de la libertad, tanto la una como la otra se articulan entre sí. No se trata de una obsesión jurídica o de un formalismo santanderista, sino de una constatación fundamental para la argumentación total del proyecto y para la delimitación de sus alcances.
El proyecto de ley se orienta hacia la concesión de incentivos tributarios como descuentos del impuesto de renta, exención de IVA a los servicios de publicidad, como la concesión de una “porción” del presupuesto aplicado por entidades públicas a la pauta institucional y el apoyo con dineros públicos de planes y programas de transformación digital (de lo que ya ha hablado la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a nombre del gobierno frente a una inversión de 85.000 millones de pesos).
Eximir a los medios de comunicación por 20 años del impuesto a la renta parece ser inicialmente una gabela indebida que se suma al panorama de las exenciones tributarias tan criticadas en el país precisamente cuando se está iniciando el debate de otra reforma tributaria liderada por el gobierno. Estas medidas deberían ser estudiadas por los centros independientes de investigación fiscal, como el de la Pontificia Universidad Javeriana, para explorar si generan inequidades y nocivas regresividades.
Lo que está pasando con este tema en otros países
Todas estas medidas no son muy diferentes a lo que otros países europeos han decretado. En España, las patronales de anunciantes, medios de comunicación y agencias de creatividad y publicidad se han unido para pedir al Gobierno que apruebe exenciones fiscales a la inversión publicitaria, una medida que ya se ha puesto en marcha en Italia. En concreto, el gobierno de ese país permite que los anunciantes se deduzcan de sus impuestos el 30 por ciento de toda la inversión publicitaria en periódicos y medios online. Asimismo, ha aprobado medidas especiales para entregar periódicos a los ancianos y para que los quioscos se deduzcan hasta 4.000 euros. En ese país se ha hablado del apoyo necesario a la “información de proximidad”, un concepto que debe tenerse en cuenta en el caso colombiano.
En Alemania, el sector de los medios de comunicación está cubierto por el paquete de ayudas económicas de 50.000 millones de euros para la industria cultural, mediática y creativa, que también abarca subvenciones para los trabajadores por cuenta propia y las pequeñas empresas. En Dinamarca, el gobierno anunció un plan de apoyo de 24 millones de euros para compensar el 60 por ciento de las caídas de publicidad, a todos los periódicos que pierdan más del 30 por ciento de su facturación respecto al 2019. Las compañías con pérdidas superiores al 50 por ciento serán compensadas por el 80 por ciento de la pérdida. Francia anunció un paquete de 22 millones de euros para el sector cultural que contempla una garantía de hasta el 70 por ciento de los préstamos concedidos por los bancos o el establecimiento de una franquicia de pago de capital en sus propios préstamos. En Hungría, la prensa recibirá una exención fiscal debido a la pérdida de ingresos publicitarios. De paso, el primer ministro, Víktor Orban, caracterizado por su autoritarismo, ha decretado prisión de entre dos y cinco años a los periodistas que difundan información falsa sobre el coronavirus.
En Bélgica, el gobierno ha aceptado lanzar una campaña de salud pública de concientización de 3 millones de euros a través de los medios de comunicación para mitigar el desplome de la inversión y ha incluido a las editoras de periódicos entre las empresas que pueden solicitar procesos de despido por fuerza mayor. Así, los empleados pueden recibir parte de sus salarios más una compensación mensual del gobierno. En Grecia, a los periodistas independientes se les concede una prestación de desempleo de 800 euros. En líneas generales, en todos los países de la UE (Reino Unido, Portugal, Irlanda) se ha considerado a la prensa como un servicio esencial.
Entre los principios que según el proyecto regirán sus normas –válidas además por cinco años– se echan de menos el de responsabilidad social y el de rendición de cuentas, que garantizan que las medidas de ayuda tengan una debida retribución pública por parte de los medios (más allá de las enunciadas en el proyecto) y una manera concreta de responderle a la sociedad por las medidas adoptadas a su favor.
Algunas precauciones necesarias
La iniciativa del Ministerio de las Tecnologías que está en debate debe tener en cuenta varios asuntos fundamentales en la aplicación de las medidas.
Primero, debe partir del conocimiento adecuado del paisaje mediático colombiano y extremar el cuidado en los criterios y mecanismos de asignación de los dineros públicos para que no salgan beneficiados los que más tienen o han tenido, y desprotegidos los que más los necesitan.
Segundo, debe proponer una estrategia que no parta de arriba hacia abajo, sino de los medios de proximidad a los grandes medios nacionales y regionales. La filosofía del “rico Epulón” suele hacer que de la mesa de los señores caigan apenas las migajas hacia los Lázaros del paseo. Es fundamental pensar en los medios locales, ciudadanos y comunitarios, así como en los medios digitales, en los medios universitarios y en los proyectos informativos innovadores y de proximidad.
Tercero, no puede permitir que el dinero público vaya hacia bodegas de generación digital de información que tienen como propósito apoyar campañas electorales y diseminar contenidos discriminatorios, polarizantes y de odio con propósitos fundamentalmente de activismo.
Cuarto, en cuanto al proceso de asignación, debe ser transparente y con mecanismos de rendición de cuentas públicos sobre los usos de los dineros recibidos.
Quinto, debe generarse un grupo y un proceso eficiente de seguimiento –en que participen representantes de periodistas, medios, organizaciones ciudadanas, fundaciones y universidades– que haga veeduría a la distribución y uso de los recursos públicos.
Quien recibe dineros públicos debe retribuir a la sociedad por el aporte recibido. Si bien la retribución de los medios debe ser su independencia, su manejo pluralista de la agenda informativa, su rigor y calidad, existen retribuciones específicas que deberían ser parte de un compromiso de los medios favorecidos. Se deben tener en cuenta algunas de las siguientes acciones: el apoyo a la inserción de jóvenes periodistas en los medios, la promoción de experiencias de periodismo independiente, la atención especial a medios digitales informativos de calidad, la promoción de ligas o grupos de audiencias, el estímulo a procesos de formación y actualización de los periodistas, el fomento de asociaciones de periodistas, el monitoreo independiente y riguroso de la aplicación de los dineros públicos que abre la ley así como de las medidas fiscales que se aprueben, o la rendición pública de los resultados de la aplicación de las medidas y sus efectos sociales.
“Toda tecnología trae su accidente”, escribía hace años Paul Virilio. Y toda ley trae sus efectos sobre la sociedad. Los medios de comunicación son los primeros que deben dar ejemplo de independencia, transparencia y servicio a la sociedad. Sobre todo, cuando las medidas y los beneficios tienen que ver con ellos mismos.
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