Las masacres muestran el viraje del conflicto en Cauca

Los crímenes son sanguinarios (como si el conflicto no se hubiera ido)

Este año en los crímenes a los que las autoridades señalan a las disidencias del Frente Sexto de las Farc (autodenominadas columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos), hay más sevicia, son más sanguinarios -incluyendo decapitaciones- e incluyen emboscadas.

• En el asesinato de la candidata Karina García en Suárez (atribuído a la Jaime Martínez), atacaron la comitiva e incineraron los cuerpos dentro del carro en que iban.

• En la masacre de cinco indígenas el martes, incluyendo a la gobernadora Cristina Bautista en Tacueyó (Toribío), atribuída a la Dagoberto Ramos, dispararon por 15 minutos a la guardia -que no usa armas-.

• En la masacre de cuatro ingenieros en Caloto el jueves, atribuída a la columna Jaime Martínez, los cuerpos fueron botados en una vereda cercana y habrían sido asesinados por elevar drones sobre cultivos ilícitos, en medio de su trabajo de campo.

• Ese mismo día, también en Caloto, fue encontrado el cuerpo de un hombre con señales de tortura envuelto en una bolsa de basura dentro de una alcantarilla. Aún no hay responsables señalados.

• Solo cuatro días después, este domingo, fue asesinado Jesús Mestizo, miembro fundador de los Avelinos, una asociación indígena fuerte en Toribío. Le dieron tres disparos y su cuerpo fue rematado con ráfagas de fusil. Horas antes, por esa misma zona, fue asesinado Alex Vitonás, de 18 años.

Todo esto demuestra que la sevicia de las disidencias va en aumento. 

Un líder indígena que trabaja en el tema de derechos humanos en el Cric y pidió no ser citado le explicó a La Silla Pacífico que el riesgo de las comunidades indígenas es mayor en este contexto porque “estos grupos por sus actuaciones han demostrado ser estructuras planas, sin ideología, principios, no respetan el Derecho Internacional Humanitario, que implica los principios de distinción, proporcionalidad del uso de la fuerza,entre otros”.

Los crímenes de los últimos meses -y en particular los de esta semana- tienen en común que la intención no es solo asesinar al incómodo, sino usar métodos crueles para mandar un mensaje, intimidar y atemorizar a la comunidad. 

La consecuencia y el principal cambio frente al conflicto que hubo con las Farc es que hay un rompimiento absoluto de comunicación entre la comunidad y los armados.

“Con las Farc siempre recurrimos al diálogo como mecanismo de protección humanitaria, (...) si había gente que se salía del DIH había algún tipo de estructura jerárquica, la posibilidad de controlarlos, ajustar cosas y dentro sus reglamentos llamarles la atención”, cuenta el líder. 

Pero con estos nuevos actores no hay con quién hablar. “Ahora no están para el debate, nunca han dado la cara ni explican por qué”, nos dijo Esneider Gómez líder de la Asociación de Cabildos indígenas del Norte del Cauca (Acin). 

“Esta vez son estructuras planas, sin respeto a ningún principio, con sevicia y así no es posible establecer ese diálogo”, dice el líder indígena de derechos humanos.

La guerra sin un rostro dominante

Según una fuente de inteligencia del Ejército las disidencias tendrían entre su gente a más de 1.500 personas -aunque hace dos meses no eran más de 300, según las autoridades-. Ambas estructuras, la Dagoberto dirigida por ‘El Indio’ y la Jaime de ‘Mayimbú, son del mismo grupo -derivados del Frente Sexto-  pero con zonas de operación diferentes. 

Además de presuntamente haber crecido exponencialmente, desde comienzos de 2018 se estarían camuflando con otros nombres para confundir.

Cuando aparecieron en el norte del Cauca comenzaron a difundir panfletos a nombre de otros grupos como las Águilas Negras y el Cartel de Sinaloa. 

Esto le sirve a las disidencias para invisibilizarse y así distraer con nombres a la opinión pública (incluido el mito de que los mexicanos tienen control sobre las zonas, lo cual como hemos contado en terreno, no ocurre) e impide que se consolide su nombre en la narrativa del enemigo común. 

(Una narrativa que funcionó con Tumaco, por ejemplo, cuando el principal enemigo público era alias Guacho, que era el más mediático pero no el más poderoso).

En septiembre, las Fuerzas Militares dijeron que Mayimbú tenía como jefe a alias Alonso (ya abatido), quien era el enlace con Gentil Duarte, quien como contamos envió emisarios para coordinar con Mayimbú la salida de la ruta ilegal.

‘Alonso’ fue señalado de planear la masacre de Karina García, pero meses atrás no estaba en el organigrama oficial del Ejército de los delincuentes en la región.

En el caso de la masacre de los indígenas de Tacueyó las autoridades indígenas de la zona señalaron como responsables a Fernando Israel Méndez alias ‘El Indio’, Gerardo Herrera Paví alias ‘Barbas’ y Eduard García alias ‘Javier’; mientras que la Fiscalía habló de ‘Barbas’, ‘El Indio’, ‘La Chinga’, ‘Arley’, ‘Colada’, ‘Canoso’ y ‘Camilo’, de la Dagoberto Ramos. 

Eso dificulta identificar a un solo poderoso dentro del grupo y pone a los indígenas en la línea de fuego frente a muchos actores.

En la última asamblea que hubo de la comunidad Nasa, decidieron que toda la comunidad responderá a nuevos ataques: ya no irán 20 a responder, sino 100 o 200. Esto, dicen, les permitirá cubrir más terreno y por lo tanto capturar y evitar hechos violentos.

Y que en seis meses comenzarán a erradicar los cultivos ilícitos de sus territorios.

Pero los deja más indefensos.

La masacre sentó a Duque con los indígenas (con medidas ambivalentes)

Paradójicamente, las dos masacres de esta semana lograron lo que en la Minga no se pudo: que Duque se sentara en territorio indígena con autoridades de cabildos.

Lo hizo en el consejo de seguridad del miércoles con el senador Feliciano Valencia, quien actuó como delegado de las comunidades indígenas.

El Senador nos dijo que sintió el cambio de tono del Presidente: “nunca había habido esa disposición abierta de reconocer, entender y respetar la autonomía indígena. Vi ese tono, ya no se señaló nuestro ejercicio de control territorial; se va avanzando en entendimiento y eso es muy importante”. 

Duque anunció medidas duras y similares a las de otras regiones de conflicto: más militares.

En diciembre llegarán 2.500 soldados más de la fuerza de reacción inmediata (Fudra) que se unen a los militares que ya hay en siete batallones en el norte del Cauca. Un anuncio similar ya ocurrió en Catatumbo, donde los líderes zonales advierten tensiones y posibles problemas de seguridad. 

Los indígenas siguen en la postura de no coordinación con el Ejército, porque eso le quitaría su carácter de organización civil, como nos explicó Giovanni Yule, consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

Simplemente porque no hay confianza. “Sí hay una parte de ellos (los militares) metidos en el negocio [del narcotráfico] porque donde están las bases pueden controlar la salida y entrada de cargamentos de coca y marihuana y no lo están haciendo”, nos dijo Yule. 

Donde Duque sí cedió fue en otras medidas que avanzan en el punto muerto en el que quedaron Gobierno e indígenas tras la minga.

• El Gobierno se comprometió a poner el acelerador a los compromisos a los que llegó con los indígenas en de la Minga indígena, como por ejemplo las inversiones por 700 mil millones en proyectos de tierras, vías, vivienda, trabajo e inversión social, que son las causas estructurales del polvorín de violencia.  

• Duque dijo que va a revisar junto con los indígenas el estado actual de los Planes de Sustitución de Cultivos (Pnis) para meterles plata, buscar salidas para implementarlos rápido o incluso crear un nuevo programa.  

• Duque aceptó implementar la ‘Carpa Blanca’ una medida que propuso la Defensoría del Pueblo: un espacio físico (posiblemente en Caloto y Toribío) en el que se sienten delegados de los gobiernos, órganos de control, militares, indígenas y ONG para reaccionar más rápido a los problemas de la región. La medida sigue en estudio por parte de los indígenas.

• La Unidad Nacional de Protección va a apoyar a la Guardia para su fortalecimiento y en las próximas semanas será la discusión de la posibilidad de darles plata para su dotación, funcionamiento y sus centro de armonización, que son el símil de las cárceles.

En todo caso este mensaje aún no es el predominante dentro de las comunidades como lo muestra este comunicado del Cric del pasado viernes en el que ponen sobre la mesa varios desacuerdos con el Gobierno.